En el 2010, antes de terminar el segundo período presidencial de Álvaro Uribe Vélez, fue puesta en funcionamiento la represa El Cercado, que hacía parte de la construcción del Proyecto Estratégico Multipropósito Río Ranchería, una ambiciosa apuesta que se supone iba a abastecer de agua a nueve municipios del sur del departamento de La Guajira y saciar la sed de sus más de 354.000 habitantes.
Represa El Cercado
La represa, ubicada en el río Ranchería en La Guajira, es de tipo enrocado con cara de concreto, altura de 110m, área inundada de 638 hectáreas y capacidad de 198 millones de m3 de agua. Con esto se abastecerían de agua los sistemas de acueducto de los municipios de San Juan del Cesar, Barrancas, Hatonuevo, Maicao, Fonseca, Uribia, Distracción y Albania.
Esa infraestructura también debía suministrar el líquido vital a gran escala para el riego de cultivos en 18.536 hectáreas y permitiría el funcionamiento de una central hidroeléctrica que llevaría energía a unas 3.000 viviendas.
Pero pasados 17 años desde que se empezó a construir y 13 desde que terminaron las obras, lo único para lo que ha servido en algo esta represa es para controlar, según las entidades ambientales, los caudales del Río Ranchería, y suministrar agua a cultivos de arroz y de palma (que no son de indígenas wayuu).
La obra final tuvo un costo aproximado de $615 mil millones de pesos y desde el 2016 al 2023, su operación y mantenimiento ha demandado al Gobierno nacional, la bicoca de $54.163 millones de pesos.
Y aunque desde un principio, el “Proyecto río Ranchería, distrito de riego río Ranchería, San Juan del Cesar, La Guajira” se definió como un proyecto estratégico y multipropósito que incluyó la represa El Cercado, el Gobierno ha dicho en varias oportunidades que no dispone de recursos, para culminar las siguientes fases cuyos costos se estiman en más de $1 billón de pesos.
Por eso, ya desde el 2018, la propia Contraloría General de la República estimaba un detrimento patrimonial de $637.369 millones de pesos, por este elefante blanco considerado el más grave en La Guajira.
Las demoras en las obras han llevado a que aún no se puedan aprovechar los recursos hídricos del río Ranchería y embalsar 198 millones de metros cúbicos de agua para su distribución.
La construcción de esta presa confirma aquello de que lo que empieza mal, termina mal, pues en el 2006, las obras iniciaron con una primera emergencia ambiental: cuando se lavó el túnel de desvío para la realización de obras asociadas con la represa, el agua se contaminó con productos químicos y estructuras de hierro ocasionando la muerte de más de 3.000 peces, lo cual se atribuyó a que la Unión Temporal La Guajira (UTG) no cumplió las recomendaciones del plan de manejo ambiental.
A pesar de eso y de las múltiples quejas de las comunidades indígenas apostadas en las zonas inundables, las obras continuaron.
En el 2010, cuando se inauguró el embalse, Colombia enfrentó el fenómeno de La Niña, que trajo consigo fuertes lluvias y crecientes de los ríos, entre esos el Ranchería, lo que anticipó el llenado en 4 meses, cuando estaba previsto que ocurriera en 2 años.
Pero ese llenado apresurado según los expertos, no fue responsabilidad exclusiva del fenómeno climático, sino de una falta de planeación y quizás reducción de costos, porque no se hizo levantamiento de biomasa ni absolutamente nada para evitar que quedaran anegados cultivos de las comunidades indígenas, ni siquiera su reubicación.
Al respecto, la Contraloría señaló en el 2019, que el llenado anticipado causó serios impactos ambientales y socioeconómicos, incluyendo la inundación de comunidades que ni siquiera se habían contemplado dentro del área de influencia del proyecto, como las comunidades de Caracolí, Piñón y Piñoncito.
A estos incumplimientos en las obligaciones de la Licencia Ambiental se le suman otros relacionados, como la falta de coordinación con las autoridades indígenas para el levantamiento de hallazgos arqueológicos y sitios de pagamento, la no compensación y mitigación de los efectos atribuidos al aprovechamiento forestal; además de la omisión en la implementación de acciones para facilitar la subienda de los peces, pues no había estructuras que lo permitieran.
La autoridad ambiental no tomó acciones efectivas sancionatorias o la suspensión de la Licencia Ambiental con miras a evitar la prolongación de los impactos en el tiempo. Todo lo contrario.
El Cerrejón escurre el bulto
Detrás del interés de construir la represa, y del intento posterior de desviar el río Ranchería, cosa que ya habían hecho con el arroyo Bruno, está la empresa carbonífera El Cerrejón.
Este afluente pertenece al río Ranchería y abastece de agua a varias comunidades aledañas. En 2017, como parte del proyecto del tajo La Puente, Cerrejón (propiedad de la multinacional suiza Glencore) desvió el arroyo a lo largo de 3,6 kilómetros, afectando inicialmente a las comunidades wayúus de La Horqueta, la Gran Parada y Paradero, quienes presentaron una tutela al considerar que la desviación vulneraba sus derechos al agua, la salud y la seguridad alimentaria. A finales de ese mismo año, la Corte Constitucional emitió una sentencia, protegiendo los derechos del pueblo indígena.
Las obras de modificación del cauce del Arroyo Bruno consistieron en desviarlo 700 metros hacia el norte, en un tramo aproximado de 3,6 km del arroyo, replicando las características del cauce natural en su cuenca baja, en predios de Cerrejón.
Ante las graves denuncias y el fallecimiento de unos 5 mil niños indígenas por desnutrición entre los años 2006 a 2015, y la evidente hambruna que golpeó a estas comunidades, la Corte Constitucional emitió la sentencia SU-698 de 2017 y ordenó al Cerrejón suspender la intervención de las aguas del arroyo Bruno y ordenó al Ministerio del Interior, a la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) y a la compañía, iniciar los trámites correspondientes para realizar el proceso de consulta previa a las comunidades del área de influencia del proyecto, «así como a las instituciones y al personal técnico que intervino en el presente trámite
». Además, debía realizar estudios técnicos para evaluar la viabilidad socioambiental del proyecto.
Resulta que el Cerrejón necesita quitar el agua para poder ampliar su zona de exploración y explotación del carbón del subsuelo guajiro, lo cual han conseguido con el silencio cómplice de las autoridades de Colombia, pues el desvío del arroyo Bruno se hizo de manera acelerada, al igual que el llenado de la represa.
En cambio, las comunidades que de manera ingenua confiaron y creyeron que este embalse les iba a facilitar el acceso al agua potable, siguen esperando que de sus grifos salga el líquido que calme su sed.
Por ahora la Contraloría mantiene mesas temáticas con las autoridades departamentales y municipales y para buscar la culminación del proyecto, considerado el ‘Mamut Blanco’ de La Guajira.