Con los crespos hechos se han quedado los habitantes del corregimiento de San José de Saco, en el municipio de Juan de Acosta en el Atlántico, que después de siete años, aún esperan la construcción de un polideportivo para la práctica del deporte.
Se supone que el complejo deportivo iba a funcionar frente al Instituto Técnico del corregimiento, jurisdicción de Juan de Acosta.
Para ello, en el 2015, se anunció por parte del Departamento de la Prosperidad Social la construcción del polideportivo. La obra, que serviría al colegio y a la población de unos dos mil habitantes, incluía graderías, camerino y cubierta. El contrato fue por $ 2.971.698.000.
Se suscribió con el Consorcio Polideportivo San José de Saco 2015; el contratista recibió un anticipo del 35 %, es decir, unos mil cuarenta millones de pesos, pero a la fecha, en la vieja cancha solo se encuentran los restos oxidados de dos arcos de fútbol; también el tablero y los aros de una cancha que se usó alguna vez para la práctica del baloncesto.
La fecha de la firma del contrato fue el 5 de noviembre de 2015; y el inicio de ejecución del contrato fue el 22 de diciembre de 2015, y el plazo de entrega era de tres meses; es decir, la obra debió estar terminada en marzo de 2016, o sea, hace casi siete años.
Pero, pasados casi siete años, no hay ni un ladrillo, ni una teja, ni una varilla, ni un kilo de cemento, en el sitio de la obra, solo hay maleza y los mismos viejos elementos de años atrás.
Lo primero por decir es que a la convocatoria de la Alcaldía de Juan de Acosta se presentó un solo proponente, el mencionado Consorcio, que integraron: JPM Ingeniería y Construcciones SAS, con un 97% de participación, la firma Dagne Ingenieros Civiles Ltda, con un 2% y Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, con un 1%.
El representante legal del consorcio fue Juan Pablo Móvil Rodríguez. Todos con sede en Riohacha La Guajira. ¿Por qué siendo Barranquilla, una ciudad con una amplia oferta de constructores seguro que mejor calificados, y hasta con más experiencia en este campo, un municipio de su departamento decide contratar una firma de La Guajira?
Además, tanto Dicon Ingeniería e Inversiones SAS, como Juan Pablo Móvil Rodríguez, hicieron parte del consorcio Vías Cartagena, contratado en el 2014, por el corrupto y cuestionado ex alcalde del Distrito cartagenero, Dionisio Vélez, para adelantar obras de reparcheo por casi $18 mil millones de pesos.
Estas obras terminaron siendo investigadas por la Contraloría que abrió proceso de responsabilidad fiscal contra el ex mandatario y los contratistas por detrimento patrimonial.
Si a este antecedente, le sumamos que el que sí resultó bien favorecido fue quien actuó como supervisor del contrato, Edgar Elías Martínez Cruz, posteriormente fue nombrado mediante concurso de méritos, en el Departamento de la Prosperidad Social, (finjamos sorpresa), mediante la resolución 01150 del 10 de mayo del 2018.
Pero, otra perla de este contrato para la construcción del polideportivo, es que la interventoría de la obra estuvo a cargo del Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca (Fondecun), el mismo que estuvo involucrado en el escándalo de contratos hechos por Coldeportes.
Ya para finales del 2018, tanto la Fiscalía General de la Nación como la Contraloría General de la República adelantaban sendas investigaciones en contra la exdirectora de Coldeportes, Clara Luz Roldán, así como a varios de sus funcionarios.
Las investigaciones tenían que ver con la firma de 474 contratos interadministrativos que Coldeportes presuntamente habría entregado a dedo y sin ninguna justificación a varias Alcaldías y municipios, principalmente en el Valle del Cauca.
Uno de los hallazgos de esa investigación estuvo relacionada con un contrato de $40.000 millones de pesos, que Coldeportes firmó con el Fondecun, para que hiciera la interventoría de 474 contratos, cuando Coldeportes misma tenía la capacidad de hacer dicho proceso.
Y adicionalmente a pesar de realizar un convenio interadministrativo, Fondecun subcontrató a seis entidades para que realizaran la intervención. Sin embargo, hoy en día se investiga si esa subcontratación se entregó a un tercero para controlar los más de $500.000 millones de pesos de recursos de Coldeportes.
A lo anterior, se suma que dicha intervención no se realizó conforme a lo establecido, pues según conoció en su momento, W Radio, Coldeportes no conocía los perfiles de los interventores ni tampoco los encontraba presentes cuando visitaban las obras.
Al final, las obras contratadas o no se terminaron, o quedaron a medias. En resumen, las interventorías y los supervisores, terminan siendo tan o peor de corruptos que los contratistas.
