El calvario de Mónica Gaitán, su esposo Genaro Olaya y sus hijos, comenzó en el 2001. Como Fiscal de Derechos Humanos le asignaron la investigación de la masacre paramilitar de Chengue, ocurrida el 17 de enero del 2001. 

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«Fui a Chengue cuando ocurrió la masacre y las imágenes y el olor a sangre nunca se me olvidan», afirma. 

Apenas unos meses después de abrir el proceso, fue asesinada la fiscal Yolanda Paternina quien le prestaba apoyo, así como dos investigadores del CTI. Paternina se cansó de pedir un traslado que nunca llegó. La siguiente en la mortal lista era Gaitán

«Sabía que me estaba enfrentando a una jerarquía de poder intocable donde no se permite llegar», dice hoy. 

A pesar de la violencia, la zozobra y los obstáculos, continuó con su tarea, y finalmente cuando consiguió expedir las órdenes de captura contra el contralmirante Rodrigo Quiñones, comandante de la Primera Brigada de Infantería de Marina en Sucre y cuatro oficiales más, recibió un ‘portazo’ del entonces fiscal general, Luis Camilo Osorio

«Limítese a investigar a paramilitares, pero a ellos no los vamos a tocar», fue la respuesta de Osorio y 3 horas después, le quitaron el expediente. 

Sola y relegada por su jefe, y sabiendo que su vida corría peligro, no tuvo otro camino que el exilio. Un 18 de abril del 2002, 15 meses después de haber asumido el caso Chengue, salió con su familia rumbo a a Estados Unidos. 

En el exilio

Viviendo en el exilio conoció la noticia de que su exjefe, Osorio, fue nombrado embajador en México y el general Quiñones, agregado diplomático en Israel. 

Cuando vio las condiciones favorables, decidió regresar a Colombia en el 2013 y entabló una demanda contra el Estado por los daños y perjuicios causados, a ella y su familia. El Tribunal Superior de Cundinamarca falló a su favor. 

Pero en un reciente fallo, el Consejo de Estado, no solo tumbó la decisión del Tribunal, sino que la condenó a la ex fiscal a pagarle a la Nación más de $38 millones de pesos

Según el Consejo de Estado, ella solo tenía plazo máximo de 2 años, luego de que obtuviera el asilo, el cual consiguió en el 2005, para que demandara al Estado. Ella interpuso la demanda en el 2013, cuando regresó al país. 

Así la ex fiscal que quiso hacer justicia, terminó siendo condenada, mientras la impunidad reina por la masacre de Chengue. 

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