Desde hace más de un año los habitantes del municipio de Salamina en el departamento del Magdalena, están en “alerta máxima” ante un nuevo evento erosivo en el kilómetro 1.7, sector de ‘Las 3 Marías’ en donde 150 metros del jarillón cayeron al río Magdalena.
El evento, que es recurrente desde años atrás, como suele ocurrir, generó una reunión en mayo de este año liderada por la Contraloría General de la República, la semana pasada en la que además participaron la Universidad del Magdalena, la Corporación Autónoma Regional del Río Magdalena (Cormagdalena) para, por enésima vez, exponer las acciones que se están llevando a cabo por parte del Gobierno nacional, con el fin de mitigar la situación que se presenta en la margen derecha del río Magdalena, en esta localidad.
Imáganes aéreas del anunciado desastre en el municipio de Salamina, Magdalena. @ANI , @MinTransporteCo ,@Cormagdalena ,@ppcurvelo #CardenalNoticias pic.twitter.com/MS9sDCoFku
— VÍCTOR LÓPEZ AROCA (@ExtraNoticiasCo) September 1, 2020
Apenas este miércoles 15 de septiembre, el río Magdalena se llevó por delante un muro de contención que servía de vía en Tenerife, y que colinda con Salamina.
Unas 150 mil personas de municipios ribereños del Magdalena y Atlántico están en grave riesgo de sufrir inundaciones por la arremetida del fuerte caudal del Magdalena, como ocurre cada año en época de invierno.
En Tamalameque Cesar también están en alerta roja; la razón, la misma: las aguas del río Magdalena amenazan con llevarse los espolones protectores.
En noviembre del 2010, con la boca llena, como se suele decir, Cormagdalena daba la gran noticia de la aprobación de recursos por más de $19 mil millones para la construcción de diques y obras de protección en los municipios que se encuentran en la orilla del río.
A este panorama se suma la problemática que también por años ha venido ocurriendo con el canal de acceso al río en la zona de Bocas de Cenizas en su desembocadura en Barranquilla.
Después de numerosas quejas por parte de la Sociedad Portuaria de Barranquilla y de la administración distrital, la Financiera de Desarrollo Territorial (Findeter) contrató la semana pasada el dragado permanente del Puerto de Barranquilla.
Al final, ganó European Dredging Company sucursal Colombia, filial de la firma Jan de Nul. Se detalló que el convenio tiene un valor de $15.000 millones de pesos.
Findeter adjudicó el contrato a European Dredging Company porque consideró que tenía la mejor propuesta para remover la sedimentación del río. Se detalló que esta incluía seguir usando la draga Bartolomeu Días, la cual realizó las labores de dragado desde el 4 de septiembre en la zona. La máquina alcanzó a remover más de 329 mil metros cúbicos en 55 ciclos y mantuvo el calado operativo en un máximo de 9.5 metros.
La Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena, fue creada por el artículo 331 de la Constitución Política , como un ente corporativo especial del orden nacional con autonomía administrativa, presupuestal y financiera, dotado de personería jurídica propia, el cual funcionará como una Empresa Industrial y Comercial del Estado sometida a las reglas de las Sociedades Anónimas, en lo no previsto por la presente Ley. ARTICULO 1o. de la Ley 161 de 1994.
Se suponía que la Corporación tenía como objeto «la recuperación de la navegación y de la actividad portuaria, la adecuación y conservación de tierras, la generación y distribución de energía así como el aprovechamiento sostenible y la preservación del medio ambiente, los recursos ictiológicos y demás recursos naturales renovables».
Sin embargo, 26 años después de su creación poco o nada ha avanzado en su propósito y lo que hay es un cúmulo de equivocaciones, prácticas corruptas, clientelismo y burocracia. Palabras más palabras menos Cormagdalena se ha convertido en un saco roto que ha terminado beneficiando a unos cuantos interesados en la privatización de terminales portuarias fluviales y contratistas especializados en dragados que tienen claro que no es una solución definitiva al desarrollo de la arteria fluvial, pero sí un excelente negocio para ellos.
La corrupción de sus funcionarios
Paralelo a estos hechos, que cada cierto tiempo vuelven a ocupar las páginas y cámaras de medios de comunicación, hace unos diez días la emisora W Radio revelaba las corruptas actuaciones de funcionarios de Cormagdalena.
Por un lado la el director de la entidad, Pedro Pablo Jurado, ha cobrado más de 70 millones de pesos de viáticos en lo que va corrido del año por viajes a Barranquilla, aunque vive allá y su familia también.
Además, la subdirectora comercial de la entidad, Claudia Patricia Morales Esparragoza, también ha cobrado sumas exageradas por ese mismo concepto aunque también tiene casa en esa ciudad.
Morales Esparragoza también ha sido cuestionada por no cumplir con todos los requisitos de ley para ocupar el cargo, pues resulta que como soporte para posesionarse en agosto de 2019, presentó un diploma de estudios de bachelor en el exterior de administración hotelera, los cuales nunca ha homologado en Colombia.
Sin contar que para ocupar dicho cargo se requieren estudios profesionales en administración pública, o contaduría o en negocios internacionales o en derecho.
Pero, para tapar un poco la falta, se le permitió mostrar una experiencia, la cual le certificó la empresa Grupo Suma, que oh sorpresa, es de su familia. Según los documentos de soporte, la mencionda compañía le certificó exactamente los 64 meses de trabajo relacionados con el cargo que necesitaba.
Y como para culminar las perlas, otra de las experiencias aportadas fue la asesoría que desarrolló en la Vicepresidencia de la República, y fue la propia vicepresidenta Martha Lucía Ramírez quien la recomendó en Cormagdalena, donde gana la nada despreciable suma de $10 millones de pesos mensuales.
El ex director de la entidad, Augusto García resultó investigado por la Procuraduría General de la Nación por contrataciones irregulares.
¿Cuánto dinero ha ‘tirado’ al río Cormagdalena? Miles de millones seguramente, pero es difícil calcularlo.
“Cada estudiante debería tener desayuno y comida gratis en la escuela. Si los presos la tienen ¿Por qué los futuros doctores, ingenieros, licenciados y artistas no?”
Carl Sagan
“La tolerancia es un crimen cuando lo que se tolera es la maldad”
Thomas Mann
Algunos casos
En enero del 2010, el entonces concejal de Zambrano, Bolívar, Rafael Teherán, expresó su molestia porque los $700 millones que invirtió Cormagdalena, a través del contrato número 0-0105 para la recuperación de la calle de la Albarrada en el municipio de Zambrano, se los llevó la corriente del mismo río. «Los recursos invertidos en este sector de la población, representados en el diseño y construcción de obras para el control de inundaciones en Zambrano se perdieron porque la muralla de contención construida en la calle de la Albarrada se desplomó tan solo tres meses después de que fueron entregados», dijo.
Entre el 2006 al 2009 a ese sector de Zambrano le habían invertido $1.100 millones en obras, para evitar que el municipio se inunde, pero de nada sirvieron.
En el 2014, el entonces director de Cormagdalena, Augusto García, declaró que el OCAD de municipios ribereños había aprobado proyectos que asciendieron a $122.000 millones.
«Desde el año 2012, Cormagdalena ha administrado el 0.05 % de las regalías, que de acuerdo con el artículo 331 de la Constitución corresponden a los municipios ribereños, a través del OCAD de municipios ribereños. Estas regalías para las vigencias 2012 al 2014 ascienden a la suma de $141.838 millones, de los cuales se tienen disponibles para el bienio el 80 % ($124.111 millones)», explicó García Rodríguez.
Mientras que el cacareado y ambicioso proyecto de recuperación de la navegación del río Magdalena recibió por parte del OCAD en ese entonces, $90.000 millones.
En enero de 2017 el entonces director encargado de Cormagdalena, Luis Fernando Andrade anunciaba la apertura de los primeros procesos sancionatorios contra cuatro concesiones portuarias del río Magdalena por, presuntamente, incumplir con la contratación del Estado, principalmente en inversiones y operación.
Las concesionarias que debían responder por estos supuestos hechos fueron las sociedades portuarias Bocas de Ceniza S. A., Riomar, Michellmar y Terminal Las Flores, las cuales funcionan en la zona de Barranquilla.
Andrade reveló que la Corporación tenía adjudicadas 45 concesiones portuarias, de las cuales solo 7 están cumpliendo los contratos a cabalidad, mientras que otras 24 ni siquiera están operando. «No han puesto una piedra», dijo.
Y agregó que la mayoría de las que no han construido el puerto ni operan obtuvieron las concesiones entre 1993 y el 2015.
Por ejemplo la Sociedad Portuaria Bocas de Ceniza, incumplió las obligaciones y caducidad del contrato suscrito en 1998. Las inversiones que debía hacer esta sociedad eran de $55.106.308 millones de dólares, que nunca hizo.
Es decir en más de 25 años que lleva funcionando la entidad, solo hasta el 2017 se dio a la tarea de ejercer una de sus funciones, que es la regulación de las concesiones sobre el río.
Bien afirman expertos que desde su creación Cormagdalena lo que ha hecho es usurpar funciones que estaban en cabeza del Ministerio de Transportes.
Una navegabilidad que naufragó en la corrupción
Pero sin lugar a dudas el proyecto que más dejó en evidencia la inoperancia, negligencia, ineptitud y corruptela de esta corporación fue el de la navegabilidad del río que con bombos y platillos se anunció en el 2014 en el gobierno de Juan Manuel Santos.
El proyecto de navegabilidad del Río Magdalena fue aprobado por el Gobierno y sus inversiones alcanzaríann unos $3,5 billones, dijo el presidente Juan Manuel Santos.
En septiembre de 2014, la agencia gubernamental Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) firmó un contrato con Navelena S.A.S. para mejorar la navegabilidad del Río Magdalena. Se trataba de un consorcio constituido por el conglomerado brasileño Odebrecht (con el 86,67% de las acciones) y la empresa colombiana Valores y Contratos S.A. (con un 13,33% de las acciones). Fue el primer contrato de APP adjudicado en Colombia en virtud de la Ley de APP N°1508 de 2012.
Fue un contrato APP de tipo diseño, construcción, financiación, operación,
mantenimiento y transferencia, que se enfocó en un tramo de 908 km entre Puerto Salgar y Bocas de Ceniza. Se trató de un enorme proyecto de dragado en el que participaron nueve gobernaciones y 57 ciudades. El valor estimado del contrato era de COP 1,3 billones (unos USD 390 millones).
La financiación del proyecto provendría del presupuesto general de la nación, de las regalías de las entidades territoriales y de otros fondos públicos. Cuando se consideraron todos los pagos a lo largo del proyecto, el costo ascendería a COP 2,5 billones (unos USD 750 millones), lo que representa un aumento del 90% del valor del contrato
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Para los expertos desde sus inicios el contrato estuvo mal planteado pues Cormagdalena asumió el riesgo de demanda, la regulación ambiental o el riesgo de variación de regulación especial, y los riesgos relacionados con la recolección arancelaria, entre otros. Además, se estableció una cláusula de “fuerza mayor” en caso de retraso o falta de obtención de licencias medioambientales por razones no atribuibles a la empresa. Las razones incluían que, si la compañía tenía que consultar con una comunidad para obtener una licencia, entonces debía ser compensada por el Estado.
Aunque el proyecto nunca llegó a la fase de construcción, se identificaron impáctos medioambientales y sociales reales y potenciales. En diciembre de 2016 la Contraloría General de la República informó que, puesto que Navelena cambió los materiales requeridos para obras públicas por materiales más baratos y de menor calidad, se ponía en riesgo la estabilidad y durabilidad de las obras.
Además, en la fase de pre construcción la empresa emprendió actividades relacionadas con el dragado entre Barrancabermeja y Barranquilla. Estas actividades tuvieron impactos medioambientales causados por la disposición inapropiada de los sedimentos tomados del río, que corrían el riesgo de secar los pantanos y de impactar negativamente en la biodiversidad. El drenaje también afectó negativamente a las comunidades pesqueras y se redujo el área de tierra en la que los campesinos desarrollan actividades agrícolas.
Algunas fuentes afirman que la construcción del proyecto alteraría el flujo del río, lo que podría impactar a miles de pescadores y familias y poner en riesgo la soberanía alimentaria de las comunidades costeras. El proyecto parecía incompatible con la pesca, dado que los principales beneficiarios del proyecto serían las empresas vinculadas al carbón y al hidrocarburo.
De Navelena y otros demonios
En 2015, cuando Navelena estaba trabajando para obtener el cierre financiero de este proyecto, el exdirector ejecutivo de Odebrecht, Marcello Odebrecht, fue condenado por cargos de corrupción. En mayo de ese año Odebrecht se propuso ceder su participación en el proyecto y, como resultado, Cormagdalena dio múltiples oportunidades para un cambio en la composición del consorcio, o para confirmar el cierre financiero. Después de un intento fallido de acceder a un préstamo de Sumitomo Mitsui Banking (el segundo banco más grande de Japón), el cierre financiero nunca se materializó y Cormagdalena declaró el contrato nulo el 24 de marzo de 2017.
El regulador de negocios colombiano Supersociedades inició el proceso de liquidación judicial de Navelena a principios de 2018.
En el 2019, Navelena demandó a Cormagdalena para que la indemnizara en $348.000 millones de pesos.
La firma exigió este pago por «todos los perjuicios, directos e indirectos, consolidados y por consolidar», por la supuesta aplicación inadecuada de la fórmula de terminación anticipada del contrato, tasado en $1,3 billones de pesos.
A esta fecha poco se sabe sobre esta demanda.
Un flotador
En cambio en agosto de este año, nuevamente el gobierno nacional, esta vez en cabeza de Iván Duque, vuelve a anunciar la estructuración de una nueva APP para recuperar la navegabilidad del río para barcos de mayor calado.
El proceso está en licitación pública y cuenta con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo, y los equipos consultores Royal Haskoning, ERM, EY y Durán & Osorio.
«Poder decir hoy que la APP del río Magdalena será pronto una realidad a través de actividades de dragado, construcción de estructuras de encauzamiento, protección de orillas, mantenimiento de obras rígidas, entre otras obras, es una excelente noticia. Se traduce en inversión, empleo y beneficio para 69 municipios desde Barrancabermeja hasta Barranquilla», aseguró la ministra de Transporte, Angela María Orozco.
De acuerdo a lo informado, para este proceso, el Gobierno destinó una inversión cercana a $ 1,5 mil millones, entre CAPEX y OPEX.
Y entonces cabe la pregunta: ¿qué garantiza que ahora sí saldrá avante el proyecto? Y sobre todo ¿qué tipo de estudios técnicos, financieros y ambientales soportan la licitación?
Las aguas del Magdalena seguirán su curso, y las inundaciones probablemente seguirán estando ahí mientras una entidad corrupta como Cormagdalena sea la que responsable de la vida del río y sus poblaciones aledañas.
