Un fuerte reproche a su corrupto comportamiento cuando fungía como funcionario público en el cargo de director de la Dirección Nacional de Estupefacientes, hizo el Juez 37 Penal de Bogotá contra Carlos Albornoz al condenarlo por los delitos de prevaricato por acción, falsedad en documento público, peculado en favor de terceros y fraude procesal, por la venta irregular del centro comercial Villa Country.
«Estamos frente a un contubernio reprochable», dijo el juez del caso tras cuestionar que el exjefe de la DNE y el exfiscal y exdepositario Camilo Bula se pusieron de acuerdo para cometer irregularidades y sacar un beneficio de la venta del predio.
El juez le dijo a Albornoz: «Usted, de forma indecorosa, de forma indecente, dispuso de bienes del Estado. Allá afuera hay miles de ciudadanos que sufren día a día buscando el pan para sus hijos y usted pensó que llegaba a un cargo público a hacerse rico».
Y añadió: «Estudiantes de derecho, si ustedes aspiran a asumir un cargo público para hacerse ricos, por favor, no se gradúen. Está la industria, está la música, están los deportes si lo que desean es esa gratificación económica, pero no en los cargos públicos. Señor Albornoz, usted defraudó esas expectativas, no supo ostentar el cargo con el que lo gratificó el Estado».
«No se puede decir que fue un hecho ajeno y que solo vinculaba a Camilo Bula», indicó el juez tras señalar que sin la participación de Albornoz Guerrero no habrían logrado el éxito del «acuerdo criminal», sostuvo.
Y cuestionó al hacer un recuento de las irregularidades: «¿En qué cueva de ladrones estamos? Bribones cuidando el patrimonio del Estado».
El proceso está relacionado con la adjudicación y venta irregular de bienes de la mafia, específicamente por el centro comercial Villa Country , ubicado en Barranquilla. Este episodio corresponde también a los predios denominados Centro Ejecutivo 2, Casa Bello Horizonte y predio de la calle 55, ubicados en la capital del Atlántico.
El juez les dio crédito a las declaraciones del exfiscal Camilo Bula Galeano, quien señaló que hizo acuerdos con Albornoz Guerrero para que se entregara ese bien y que por ese negocio se recibió una comisión de $800 millones de pesos.
El testigo dijo que para la venta de ese bien por un menor valor al real se hicieron varias reuniones y que la plata de la comisión fue entregada a Albornoz Guerrero.
El juez también dio credibilidad a Ómar Figueroa, quien fue el sucesor de Albornoz en la DNE y señaló en el juicio contra su exjefe, que por órdenes suyas se saltaron las normas para elegir depositarios y liquidadores.
Figueroa sostuvo en juicio que no se tevo en cuenta el comité de selección que debía examinar las hojas de vida de los depositarios. De hecho, sostuvo que eludir al comité de escogencia solo tenía el propósito de que Albornoz pudiera elegir a dedo a los administradores de los bienes incautados.
El juez dijo que Albornoz tenía la responsabilidad de vigilar que el proceso de entrega de los bienes se adelantara de forma transparente. Igualmente consideró que el funcionario no puede escudarse en la delegación de funciones para intentar eludir sus responsabilidades.
Así mismo, señaló que se hicieron maniobras como el cambio de resoluciones para beneficiar las intenciones del entonces director de la entidad.
«Incumplió su rol y funciones», insistió el juez del caso y cuestionó el nombramiento de Camilo Bula, quien no tenía experiencia como depositario o liquidador y fue designado por la gestión de Albornoz Guerrero.
Indicó que con las maniobra no solo sacaron provecho económico Albornoz y Bula, sino también el avaluador, el promotor y el comprador del bien.
Dijo que otras declaraciones ratifican los dichos de Bula Galeano y el plan de alejar a otros compradores para que el bien fuera comprado por quienes ellos querían.
Por ejemplo, Álvaro José Aparicio, exsubdirector de bienes, dijo que en la DNE se estableció en una época un cartel de bienes y que efectivamente en el caso de Villa Country la venta fue por un valor menor al que se tenía que vender.
Albornoz Guerrero había sido absuelto en otros dos procesos por hechos relacionados también con la adjudicación de los bienes incautados.
El exfuncionario estuvo preso casi tres años y fue llevado a juicio porque la Fiscalía encontró evidencias de que se habría beneficiado de la venta por debajo de precio de mercado de millonarias propiedades que habían sido incautadas al narcotráfico y que estaban bajo administración de la Dirección Nacional de Estupefacientes.
El próximo año, luego de que se dé a conocer el monto de la sentencia, las partes podrán interponer recurso de apelación que llegaría a segunda instancia al Tribunal Superior de Bogotá.
Que se investigue a los fiscales
El fuerte reproche del juez también estuvo dirigido a la Fiscalía General de la Nación, entidad a la que responsabilizó de la prescripción de los otros delitos imputados a Carlos Albornoz.
El togado recordó que a Albornoz le prescribieron los delitos de falsedad en documento privado, concierto para delinquir, prevaricato por omisión y obtención de documento público falso.
Y señaló que en diferentes ocasiones al fiscal general de la época, Néstor Humberto Martínez y a otros funcionarios y directivos del ente acusador, se les ofició para que designaran un fiscal especial para el caso, cosa que nunca se hizo.
Por esta razón el juez compulsó copias para que se investigue a todos los fiscales que tuvieron el caso en sus manos en el pasado por las múltiples dilaciones y aplazamientos, entre ellos al exfiscal Santiago González, quien le quitó a Albornoz tres peculados de tres bienes, predios por los que fue absuelto el acusado.
A González se le ordena investigar por depurar y quitarle tres ventas a la acusación de Albornoz, ventas por las que fue absuelto el exdirector de la DNE.
