Puerto Colombia, Distrito de tecnología: ¿progreso o más terreno para el clan Torres?

Prometen un Silicon caribeño de fibra óptica en el mismo municipio que la deuda multiplicó por siete y que la gestión dejó en 3,7 sobre 10.

Nos encontramos en el municipio de Puerto Colombia, Atlántico, el mismo territorio donde el agua que llega a los hogares de la Cuña Marina todavía sale salada, donde la cobertura de acueducto lleva dos años congelada en el 85 por ciento y donde la deuda pública se multiplicó por casi siete en apenas veinticuatro meses. Ese es el municipio que tres congresistas radicaron el 12 de agosto de 2026 para convertir, por la vía de una reforma a la Constitución, en Distrito Turístico, Cultural, Histórico y de Tecnología. La palabra que conviene subrayar es tecnología. Porque entre el municipio del comunicado y el municipio de los informes de ejecución presupuestal hay una distancia que no se mide en kilómetros, se mide en credibilidad.

El comunicado que firman los senadores Pedro Flórez y Camilo Torres Villalba, junto al representante a la Cámara Jaime Santamaría, habla de un corredor universitario de primer nivel, de cable submarino y fibra óptica que conecta a Colombia con las redes globales de telecomunicaciones, de un ecosistema de investigación, emprendimiento e innovación con impacto regional y nacional. Nada de eso es mentira. Puerto Colombia tiene la Universidad del Norte, la Libre, la San Martín y la del Atlántico a un costado de sus playas. Tiene el punto de amarre de la fibra óptica que amarra al país con el mundo. Tiene una estructura de hierro diseñada por los ingenieros de Eiffel y una historia portuaria que ningún puertocolumbino discute. El problema no es el inventario de activos. El problema es lo que el comunicado calla.

Lo que calla es que ese mismo municipio, en la radiografía forense que corrupcionaldia.com publicó en junio de 2026, obtuvo una calificación de gestión de 3,7 sobre 10. Mediocre, con nombre y apellido: la administración del alcalde Plinio Edgar Cedeño Gómez, del Partido Liberal. Un municipio de 64.226 habitantes donde el indicador de servicios públicos cayó a 2,5 sobre 10, la peor nota de todo el tablero. Donde la cobertura de alcantarillado sigue clavada en el 72 por ciento. Donde la Procuraduría General de la Nación encontró que la administración desarrolla el territorio pretermitiendo los determinantes ambientales, en violación de la Ley 388 de 1997, y poniendo en riesgo el acceso al agua potable de su propia gente. Ese es el sustrato real sobre el que se quiere edificar un distrito de tecnología. Un distrito que promete conectividad global mientras no garantiza la conexión más básica: la del agua dulce con el grifo de la casa.

Un distrito no es un adorno semántico

Aquí es donde el análisis debe ir más allá del titular. Porque un distrito no es un adorno semántico. La reforma que radicaron toca los artículos 328 y 356 de la Constitución. El 328 define el régimen de los distritos. El 356 regula el Sistema General de Participaciones, es decir, la fórmula por la cual la Nación transfiere recursos a los territorios. Y resulta que Puerto Colombia ya depende en cerca del 90 por ciento de esas transferencias nacionales, con ingresos tributarios propios que apenas alcanzan el 2,2 por ciento en 2024 y el 2,6 por ciento en 2025. Un municipio que no genera riqueza propia, que no puede caminar solo, pide reglas nuevas para acceder a más recursos e instrumentos. Antes de darle más autonomía a quien no ha demostrado que sabe administrar la que tiene, la pregunta elemental es una: ¿más herramientas para quién?

Los actores de este teatro

La respuesta obliga a mirar a los firmantes, y ahí la historia se vuelve incómoda. Camilo Torres Villalba, senador del Partido Liberal, es sobrino del megacontratista Euclides Torres. Es hijo de Camilo Torres Romero, exalcalde de Puerto Colombia, y de Martha Villalba, exrepresentante a la Cámara y exalcaldesa del municipio. La familia Torres, según La Silla Vacía y el propio archivo de corrupcionaldia.com, tiene su fortín político y familiar precisamente en Puerto Colombia. 

Pedro Flórez, senador del Pacto Histórico, está casado con Karina Llanos Torres, sobrina de Euclides Torres, y fue señalado por Nicolás Petro ante la Fiscalía como el enlace que canalizaba los recursos que el megacontratista habría entregado a la campaña presidencial de 2022. Flórez lo niega, la Corte Suprema lo citó a declarar, y sobre él pesa una presunción de inocencia que este texto respeta. El tercer firmante, el representante Jaime Santamaría, del Pacto Histórico, es oriundo de Puerto Colombia y llegó al Congreso apoyado por el clan Torres, como fórmula del propio Pedro Flórez, según reportó El Espectador.

Tres firmas. Dos partidos distintos, el Liberal y el Pacto Histórico, que en el papel son adversarios. Un solo clan detrás. Esa es la anatomía que el comunicado prefiere no dibujar. La descentralización, en la retórica oficial, suena mucho mejor que la frase que describe con precisión lo que ocurre: los tres congresistas que representan al clan cuyo fortín es Puerto Colombia proponen cambiar las reglas constitucionales para darle a Puerto Colombia más categoría, más planeación de largo plazo y mejor acceso a los recursos de la Nación. La casa que gobierna el municipio pidiendo la llave de una casa más grande.

El negocio del Clan

Y conviene recordar quién es Euclides Torres, la cabeza de esa casa, con la precisión que exige el oficio. Es un megacontratista al que la prensa apoda el zar del alumbrado y al que La Silla Vacía documentó como el mayor contratista del Fondo de Energías No Convencionales durante el gobierno Petro. Es señalado e investigado por la Fiscalía como presunto financiador de la campaña presidencial de 2022, en el marco del proceso contra Nicolás Petro. Su empresa Seguridad Tecnológica Progresiva recibió un pliego de cargos de la Superintendencia de Industria y Comercio por presunta participación en la cartelización del sistema Sicov. No hay condena en firme contra Euclides Torres, y esa presunción de inocencia también se respeta. Lo que sí hay, documentado y verificable, es un patrón: un conglomerado que combina política y contratación del Estado, con epicentro en el municipio que ahora quieren volver distrito de tecnología. La palabra tecnología, en boca de un clan cuyo negocio central es la contratación tecnológica del Estado, deja de ser inocente.

El impacto de esta desconexión no es abstracto. Mientras el comunicado promete proyectar el municipio a veinte años, hay familias en la Cuña Marina que abren la llave y reciben agua salada hoy. De los 64.226 habitantes, cerca de uno de cada siete sigue sin acueducto formal. El 58 por ciento de la población sobrevive en la informalidad laboral. La deuda pública pasó de unos $15.000 millones de pesos al cierre de 2023 a más de $103.000 millones al cierre de 2025, un salto del 587 por ciento, sin que aparezcan las obras que justifiquen semejante compromiso. Y en medio de esa estrechez, la administración firmó con la Fundación Funcovif un contrato de $430 millones de pesos ejecutado en ocho días para una Navidad cultural, sin desglose claro de beneficiarios. Ese es el municipio de carne y hueso. No se construye un ecosistema de innovación sobre una red que no entrega agua potable. La fibra óptica puede conectar a Puerto Colombia con Tokio, pero no conecta el acueducto con el barrio.

El sistema que lo permite

El sistema que permite todo esto tiene una lógica vieja y una fórmula conocida. Se llama captura institucional. No se trata de un ente oculto ni de una conspiración de novela. Se trata de una red de intereses que actúa de manera coordinada, que rota entre partidos, que coloca senadores, representantes y diputados de la misma familia, y que después escribe, desde el Congreso, las reglas del territorio que gobierna. Un distrito nuevo significa un régimen especial, más discrecionalidad, más instrumentos de gestión y, sobre todo, un acceso renovado a los recursos de la Nación. En manos de una administración calificada 3,7 sobre 10, eso no es una oportunidad de desarrollo. Es una ampliación del terreno de juego para quien ya viene perdiendo el partido de la gestión básica.

Nada de esto significa que Puerto Colombia no merezca crecer, ni que la descentralización sea mala en sí misma. Significa que el orden de los factores importa. Un municipio que no garantiza agua, alcantarillado ni vías, que depende en un 90 por ciento del bolsillo de la Nación y cuya deuda se multiplicó por siete, no necesita primero una categoría más alta: necesita primero cumplir el Plan de Desarrollo que ya tiene. La categoría sin capacidad es un traje elegante sobre un cuerpo enfermo. Y cuando el sastre que ofrece el traje es el mismo clan que administra el cuerpo, el ciudadano tiene todo el derecho a preguntar por la factura.

La corrupción no siempre llega con un maletín de billetes. A veces llega con un proyecto de acto legislativo bien redactado, con fotografías de universidades y cables submarinos, con la palabra descentralización repetida como un mantra. La pregunta que todo puertocolumbino debería hacerse no es si Puerto Colombia merece ser distrito. Es esta: cuando el agua de su casa deje de salir salada, ¿quién le va a demostrar que la nueva categoría sirvió para conectar el acueducto y no solo para ampliar el fortín?

Debate de tres expertos

James Buchanan (economía constitucional y elección pública). Mi advertencia de siempre aplica con precisión quirúrgica aquí. Las reglas del juego constitucional deben escribirse detrás de un velo, por ciudadanos constitucionales que no sepan qué posición ocuparán después. Lo que ocurre en Puerto Colombia es lo contrario exacto. Las reglas las están redactando quienes conocen perfectamente la posición que ocupan y la que van a defender. Un político es un maximizador racional de su propio interés, no un serafín del bien común. Cuando el beneficiario de una regla es también su autor, no hay descentralización, hay búsqueda de renta con papel membretado.

Alejandro Nieto (captura institucional, El desgobierno de lo público). El Estado degenera cuando lo capturan clanes que lo tratan como patrimonio familiar. La categoría de distrito, en un municipio sin capacidad fiscal propia, no acerca la administración al ciudadano. Fragmenta, duplica y abre nuevos focos de clientelismo. Yo lo llamé inflación normativa: se crean estructuras nuevas antes de que las viejas funcionen. Puerto Colombia obtuvo 3,7 sobre 10 con las herramientas que ya tenía. Darle más autonomía a quien no ejecuta lo que le corresponde no es progreso institucional, es entregar más aparato a una casta que ya demostró para qué lo usa.

Alberto Brandolini (ley de la asimetría del bullshit). Observen la economía del engaño. Producir el comunicado costó segundos: corredor universitario, cable submarino, Silicon caribeño, descentralización. Refutarlo cuesta lo que ustedes acaban de leer, con cruce de cinco fuentes, ejecución presupuestal y árbol genealógico del clan. Esa es mi ley: desmentir una afirmación exige un orden de magnitud más de energía que emitirla. Por eso el prebunking importa. Anticipen la defensa: dirán que es solo planeación, que reconocen la historia, que la oposición es mezquina. Y mientras el ciudadano procesa la palabra tecnología, el agua sigue saliendo salada. La narrativa vuela; la verdad camina con muletas.

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