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Oficiales de la Policía Nacional suministraron detalles de la situación de contratos de infraestructura para la institución, sobre todo aquellos nublados con notables descalabros económicos. Se aclaró que algunas de las obras que evidenciaron serios problemas fueron terminadas. Aunque una de ellas, estableció este medio,  hoy no cumple el objeto social para lo que se construyó.

Se habló de la situación de cada uno estos contratos, no se niega que han habido irregularidades, pero aseguraron que sí existen investigaciones. Sin embargo, en estas diligencias, se precisó, no hay ningún uniformado involucrado, que solo hay procesos en contra de civiles, entre ellos los contratistas que incumplieron.

Es el caso del malogrado Centro de Rehabilitación para los miembros de la Institución y sus familias, denominado ‘Valentina AOS’, y que terminó convertido en un ‘elefante blanco’ a la salida por el norte de Bogotá. 

De este esperanzador proyecto solo quedan unas vigas y unas paredes, levantadas en un terreno que se declaró en riesgo de inundaciones.

Este medio estableció que existe un proceso penal en contra de Édgar Oswaldo Hidalgo Acero, el ‘contratista’ responsable del descalabro económico que alcanzó los 5.774 millones de pesos. Además,  que en su contra pesa una circular azul de la Interpol porque se supo está fuera del país huyendo de la justicia.

“Está plenamente ubicado y a través de un apoderado en Colombia ya se le notificó del proceso que cursa en su contra”, explicó un abogado de la Policía.

La investigación en la Fiscalía está frenada, por eso no hay aún orden de captura en contra de Hidalgo y siendo así no podría ser extraditado a Colombia para que responda por el detrimento patrimonial.

Monumentos de la corrupción

Se trata del mismo personaje del que en su contra el mayor de la Policía, Edgar Moisés Riveros Moreno, interpuso una demanda por haberlo acusado de exigirle 200 millones de pesos a cambio de facilitar las cosas para la cesión del contrato a su nombre, la que calificó de “calumnia”.

Sin embargo, al oficial se le acusó de recibir una parte del pago con un cheque, de otros giros,  y con un vehículo Optra. Su abogado aseguró que ese dinero era de una deuda que Hidalgo Acero tenía con el mayor, totalmente ajena al millonario negociado.

Por estos señalamientos el mayor Riveros Moreno fue privado de la libertad y la Fiscalía le imputó cargos por el delito de concusión. No obstante el Juez 68 Penal Municipal de Bogotá lo benefició con libertad condicional, porque no representaba un peligro para la sociedad.

En el mismo proceso el ente investigador también lo acusó de haber solicitado el 5 por ciento del contrato para la construcción de la segunda etapa de la Clínica Regional de Occidente en Cali, contrato que se firmó por 32.950 millones de pesos.  Es decir, 1.647 millones sería el monto de la coima, de la que habría recibido un anticipo de 8 millones de pesos, le dijo la Fiscalía.

Rivero Moreno se desempañaba para ese entonces como coordinador del grupo de construcciones del Fondo Rotatorio de la Policía. En contra del oficial sí hubo un proceso disciplinario, el INSGE-2014-8, y que para el 6 de marzo del 2017 se emitió un fallo de la Inspección General en su contra, del que el oficial apeló y el 5 de mayo de ese mismo año se le asignó la diligencia al entonces subdirector de la Policía, general Ricardo Alberto Restrepo Londoño para que lo resolviera en segunda instancia.

En este proceso se menciona al entonces director del Fondo Rotatorio, Saúl Torres Mojica, quien a pesar de los cuestionamientos en  contratos  de obras fue ascendido al grado de general, es más en el 2013 ocupó el cargo de Director del Inpec.

Se observa que a este oficial nunca se le menciona en el control interno que hizo la institución por el ‘Valentina AOS’. Y si nos vamos a responsabilidades en el orden jerárquico, estas se vieron desde el momento en que se firmó el contrato con Julio Gómez, siendo director de la Policía el general Óscar Naranjo Trujillo.  De ahí en adelante se podría decir que continuó la cadena de las omisiones  con los demás directores de la Institución: general José Roberto León Riaño,  general Rodolfo Palomino.

Es más, el oficial que destapó las irregularidades no fue llamado a curso de ascenso y se encuentra que quienes conformaron la juta de generales  del 19 de mayo del 2014, en la que se le evaluó, son los altos oficiales que él mencionó en su denuncia: General Saúl Torres Mojica, general Jorge Enrique Rodríguez y general Luz Marina Bustos.

Hasta el fondo del asunto

Valdría la pena conocer la historia, del por qué Édgar Oswaldo Hidalgo Acero terminó siendo contratista del ‘elefante blanco’ llamado ‘Valentina AOS’.

El señor Hidalgo Acero era en el 2011 el maestro de obras del cuestionado contratista Julio Gómez a quien inicialmente se le había otorgado el contrato, a nombre de su firma Argo Ltda.

Pero, preciso estalló el escándalo del ‘Carrusel de los contratos en Bogotá’ en el que terminó salpicado Julio Gómez.

El 27 de octubre del 2011 se da por terminado el contrato, se constituye el siniestro por el incumplimiento de Argo Ltda, debido a que Gómez se encontraba privado de la libertad.

Es entonces cuando se adelanta en la Policía una figura de cesión del contrato, que Julio Gómez se lo cede a uno de sus empleados, y este personaje crea una empresa denominada Édgar Oswaldo Hidalgo Acero E.U. y se compromete, entonces, a reiniciar la construcción el 15 de febrero del 2012.

Pero para ese entonces hubo un inconveniente que pudo frenar el supuesto traspaso, que Hidalgo Acero estaba inhabilitado para contratar con el Estado, tenía un embargo en su contra, pero no se sabe cómo semejante negativo se obvió y a los tres meses de la alerta el entonces director del Fondo Rotatorio, coronel Saúl Torres Mojica, firmó el viciado proceso.

Empezaron los problemas, la obra siguió parada por falta de recursos porque Hidalgo no podía hacer efectivo el encargo fiduciario, el dinero del anticipo, debido a que la recién creada firma contratista no tenía ningún respaldo bancario. Además, la empresa que proveía el concreto paró el suministro.

De esto hubo una alerta del 15 de febrero del 2012 al director del Fondo Rotatorio, la que hizo un mayor de la Policía, de los problemas con el supuesto constructor.  Este mayor fue sacado de la institución y hoy está a la espera de un fallo en segunda instancia del Tribunal Contencioso de Cundinamarca, que en primera instancia jugó a su favor, por el acto administrativo con los que se ofició su salida de la Policía.

Pero volviendo al tema de fondo,  existe una conclusión, el contrato siguió en poder de Julio Gómez, porque este pasó a manos de uno de sus empleados, quien también incumplió y abandonó el país para no responder.

Según la Policía de estos dineros se recuperó una parte, que estaría desembolsando la aseguradora, la que se declaró en quiebra. Aquí se hizo una liquidación en la que se tuvo en cuenta lo que el contratista alcanzó a invertir en lo quedó de la obra o del ‘elefante blanco’. Se habla de un desembolso de 1.124 millones de pesos.

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