Tal vez deberíamos titular esta nota periodística “La hypónoia del concepto de la procuraduría ante la nulidad de la elección del rector de la Universidad del Atlántico”, pues con la ayuda de esta herramienta de los antiguos griegos, favorita de Platón para auscultar el sentido oculto, el sentido profundo de los mitos, vamos a descubrir los intríngulis de la corrupción que maneja esta institución.
El actual Rector de la Universidad del Atlántico Danilo Hernández seguramente estaba convencido que la Procuraduría en manos de Margarita Cabello Blanco, amiga del grupo político que lo impulsó al cargo, emitiría concepto a su favor en el proceso que se adelanta ante el Tribunal Administrativo del Atlántico para la nulidad de su elección bajo el supuesto de una manifiesta inhabilidad.
No midió la capacidad ética del procurador, ni se percataron, ni descartaron que tal hecho fantástico sucediera pues de haberlo previsto hubiesen adelantado todo tipo de gestiones para evitarlo.
No se trata de suspicacias, difamaciones, falsedades ni especulaciones señalar el hecho de las estrechas relaciones entre el grupo político liderado por el senador Arturo Char en el control de la Universidad del Atlántico —no por el afán de impulsar la academia, pues ese aspecto no les interesa— sino por los presupuestos que maneja y la frondosa burocracia que allí mora y da para montar concejal, asamblea y parte de cámara y senado.
Este grupo político adscrito, por lo menos en teoría, al partido Cambio Radical, es amigo de vieja data e impulsor de la Procuradora General Margarita Cabello Blanco con quién mantienen optimas relaciones.
La línea política de la Procuradora Cabello es conocida a nivel nacional. Fue apoyada por los 14 senadores del Atlántico en su elección. Ex funcionaria de Alejandro Ordoñez en su terrible paso por la Procuraduría General de la Nación y en su desempeño en el Ministerio de Justicia tras su nombramiento el 11 de junio de 2019, evaluado más tarde con un penoso balance.
En el acto de posesión como ministra, el presidente Iván Duque le encargó de tramitar la reforma a la justicia que al final terminaría con pobres resultados; diseñar una política anti drogas incluyendo las aspersiones con glifosato que también tuvo causa fallida. Ni la una ni la otra. En cuanto a la reforma se dio a la publicidad un posible borrador con 25 artículos en conversaciones con las cortes que no llegaron a ninguna parte.
Pero lo peor de su gestión en su calidad de Ministra de Justicia fue en el 2020 cuando el covid 19 contagió a los reclusos de varios centros penitenciarios, entre ellos la cárcel Modelo de Bogotá produciéndose un violento motín el 21 de marzo con las terribles consecuencias de 23 personas fallecidas y 80 heridos.
Fiel a su estilo de premiar a los colaboradores y miembros de su equipo tras soberanas metidas de pata, el presidente Iván Duque el 14 de agosto de 2020 anunció que Margarita Cabello era su candidata a la Procuraduría con una terna que completaban dos rellenos: Wilson Ruiz (ternado por la Corte Suprema de Justicia) y el exviceprocurador Juan Carlos Cortés (candidato del Consejo de Estado).
Cuatro días después Duque le acepta la renuncia a la Ministra para su campaña a la Procuraduría que fue muy rápida —por las relaciones políticas que sostenía y las garantías que ofrecía— pues los partidos de La U, el Centro Democrático, Cambio Radical, Partido Liberal, Partido Conservador, Mira y Colombia Justa Libres se pusieron de acuerdo para respaldarla. Al final fue elegida y se posesionó el 15 de enero de 2021.
Sobre su cercanía con el grupo político de los Char, controladores de la Universidad del Atlántico, hay varios eslabones claves explorados por el portal web La Silla Vacía, el 7 de agosto de 2021, relacionándola además con la Ministra de Tecnologías de la Información Mintic Karen Abudinem, quien sorteaba el inicio de un escándalo por el fallido contrato por $70.000 con el consorcio Centros Poblados y que al final terminaría con su abrupta salida en medio de un escándalo nacional aún vigente.
Según la mencionada página web Margarita Cabello tiene vínculos con el grupo político Char en grado de amistad pero no de militancia.
La Ministra Abudinem si llegó como aliada de ese grupo en una rápida carrera que incluyó en 2012 el nombramiento por la alcaldesa Elsa Noguera, charista de Cambio Radical, como Secretaría de Gestión Social, acompañando en el gabinete a Miguel Vergara Cabello, Secretario de Planeación, sobrino de Margarita. Actualmente en el gabinete de Elsa Noguera en la gobernación del Atlántico ocupa Vergara Cabello similares funciones secretariales.
Seguimos con las relaciones entre Cabello y los Char. En mayo de 2019, durante la alcaldía de Alejandro Char, su hijo Alberto Mario Caparroso Cabello firmó un contrato con la alcaldía de Barranquilla por $537.160.258 para la adecuación y mantenimiento de canchas sintéticas en los parques públicos de la ciudad. Después firmaría otro contrato con la alcaldía Char para el mantenimiento de los parques en el suroriente de Barranquilla por un valor de $280.443.496.
Despejada la duda sobre la cercanía de la Procuradora Cabello con la casa Char, es pertinente revisar los antecedentes con los cuales se eligió a Danilo Hernández como rector de la Universidad del Atlántico.
La fuente es el Observatorio de la Universidad Colombiana el 6 de octubre de 2021. El reportaje se titula: Uniatlántico: Habría movimientos del clan Char para incidir en la elección rectoral. Indica que uno de los 8 aspirantes, Danilo Hernández, a la postre elegido, sería ficha política de los Char, incluyendo a la gobernadora Noguera y la exministra Abudinem.
El aspirante Hernández fungía como asesor del rector, vicerrector de docencia, representante ante el Consejo Superior de la Universidad. El portal La Otra Cara presentó al respecto un pormenorizado informe de la estrategia para que Hernández quedara en la posición de rector elegido. Allí dice que «la saliente ministra de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), Karen Abudinen, quien dejó el cargo por el escándalo de Centros Poblados, al entregar un anticipo de $70 mil millones en un contrato con pólizas falsas, vuelve a salir a la palestra pública porque con sus influencias estaría detrás de la elección del nuevo Rector de la Universidad del Atlántico (UA), un apetecido puesto en el cual se manejan jugosos recursos del Estado».
El inicio del meollo de la elección del rector es cuando Karen Abudinem es nombrada por el alcalde Alejandro Char en la Secretaría de Educación entre 2016 y 2019. Según La Otra Cara, en ese momento se revive una vieja amistad entre la señora Abudinem y de un ambiguo personaje llamado Álvaro González, rector del colegio distrital Evardo Turizo, famoso por la excelsa lambonería de construirle un busto al alcalde Char en el 2018.
La visión parroquial de Char y Abudinem con la educación superior pública fue promocionar rectores de colegitos distritales como funcionarios de alto nivel en la Universidad del Atlántico. Ejemplo de lo anterior es Carlos Prasca sacado con supuestos méritos académicos de un colegio técnico de Soledad para salir elegido en maniobra torticera en el Consejo Superior después de varios intentos y de convertir a González, “El Escultor”, en directivo de la Universidad en pago a su redomada lambonería en el cargo de Jefe de Admisiones y luego como Vicerrector de Bienestar Universitario con un presupuesto anual de $7,200 millones, cargo en el que aterriza en el 2019.
Fue el auténtico hombre de confianza del rector Carlos Prasca que como se sabe salió en medio de un gran escándalo nacional que incluyó fotos, audios, acosando a estudiantes en medio de una retórica de corte pornográfico sobre las posibilidades del coito anal. Fue retirado del cargo el 31 de octubre de 2019.
Danilo Hernández era docente de planta en la Universidad y ficha clave, según el portal La Otra Cara, citado por el Observatorio de la Universidad Colombiana, como ficha política de Abudinem y los Char. Con González hizo una dupleta de antología logrando los dos ser miembros del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en 2017.
Las elecciones de directivas de la comunidad académica en plena pandemia fueron irregulares por varios hechos entre ellos el cambio en diversas ocasiones del cronograma de votaciones, el sitio de votación no fue en la sede principal de la Universidad en Puerto Colombia sino en un lote ubicado en Sabanalarga, Atlántico en donde en esos momentos se construía una sede para la institución. Por supuesto ganaron González y Hernández, candidatos del Rector Prasca.
González y Hernández para efectos de proselitismo entre los estudiantes implementaron una estrategia para convertirse en personajes populares entregando a estudiantes de pregrado Sim Card de datos de internet de Claro y tabletas digitales en convenio con Karen Abudinem, Ministra de Tecnologías de la Información (MINTIC) y la gobernadora del Atlántico Elsa Noguera, presidenta del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico y, según La Otra Cara, “mujer de confianza de los Char e íntima de la Ministra y de estos dos directivos de la citada Universidad”.
Todo parecía un recetario de soluciones por parte de la universidad, la gobernación y el Mintic para solucionar los problemas de conectividad de estudiantes en sus aulas virtuales. Pero detrás había un negociado pues se evidenció sobrecostos por parte del Vicerrector de Bienestar Universitario Álvaro González comprando aparatos a precios superiores a $700.000 cuando su costo comercial oscilaba entre $250.000 y $300.000. Los contratos para las tabletas fueron dos: el primero el 20 de noviembre de 2020 por $450 millones y el segundo el 24 de mayo de 2021 por $454 millones. El costo total de las tabletas fue por $903 millones.
Al proceso de la compra de las tablet solo se presentó un solo proponente, la firma Technosystem Suministro S.A. con NIT 900.224.774-9 a la que le dieron el jugoso negocio. Según señala el portal fuente «esas tablet fueron utilizadas por Álvaro González para hacer proselitismo político, porque junto con su socio Danilo Hernández y la Gobernadora Noguera se fueron con los aparatos de pueblo en pueblo de la Costa Caribe, para entregarlas personalmente cuando pudieron haberlo hecho utilizando el servicio de mensajería. González inclusive utilizó chaleco e insignia de la Misión Médica en su vehículo para hacer los recorridos, lo cual es irregular». No se conocen los criterios de escogencia para la entrega de estas tabletas a los estudiantes beneficiados.
Regresemos al actual rector Danilo Hernández que fungió de miembro del Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en dos ocasiones en representación de las directivas académicas. En esas funciones —una especie de premonición sobre la demanda de nulidad del acto administrativo que lo eligió como rector— se hizo conocido al votar en el seno del Consejo por José Rodolfo Henao Gil para rector encargado. Una vez elegido y posesionado nombró; nobleza obliga, a Hernández en el cargo de Vicerrector de Docencia en un caso claro de corrupción aplicando la puerta giratoria o carrusel de favores devueltos.
La elección de Hernández, por supuesto, fue demandada por irregular ante la justicia administrativa (Juez 13 Administrativa Oral Roxana Isabel Angulo Muñoz) que falló el 12 de enero de 2021 declarando la nulidad del nombramiento de Danilo Hernández con Vicerrector de Docencia cargo hanbía asumido asumido cinco meses atrás.
El fallo de la jueza Angulo Muñoz radicado con la denominación 08 —001 —33 —33 —013 —2020 —00143 —00, puso al descubierto este “carrusel” enquistado en la Universidad del Atlántico con la anuencia del grupo político controlador. Pues bien, Hernández salió de su posición, pero lo colocaron de asesor del rector de ese momento.
A la ley se le esquiva de alguna manera y es así como Danilo Hernández es posesionado el 19 de diciembre de 2019 en el Consejo Superior de la Universidad del Atlántico en representación de las directivas académicas. A través de Resolución rectoral No. 001465 del 11 de mayo de 2021 se da por terminada «una comisión de servicio interna al señor Danilo Rafael Hernández Rodríguez y se ordena su reincorporación al cargo de docente de carrera profesoral». Se retiró del periodo correspondiente en el Consejo Superior con la intención de aspirar a la elección del rector.
Allí se encuentra el quid de la demanda impetrada de nulidad del acto administrativo por medio del cual se eligió al rector Hernández pues según los demandantes tenía manifiesta inhabilidad ya que todavía no había pasado el año correspondiente que señala la legislación para poder acceder a la rectoría.
Al parecer, bajo la consultoría de asesores cercanos, le manifestaron que no tenía ningún problema jurídico sostenido en la tesis que los estatutos de la Universidad no contemplan estas inhabilidades, una interpretación de opereta bufa sobre los marcos de la autonomía universitaria y que la condición de docente es un blindaje que permite evadir disposiciones legales, constitucionales y estatutarias.
Es allí cuando aparece el concepto de la procuraduría PJ15-C-14 de los expedientes 08-001-2333-000-2021-00559-00 y 08-001-33-33-014-2021-00271-00, documentado minuciosamente (25 páginas) en que al final se solicita al Tribunal Administrativo del Atlántico que declare la nulidad del Acuerdo Superior número 000014 del 11 de octubre de 2021 y el consecuente restablecimiento del derecho deprecado. En síntesis, que la elección del rector Hernández carecía de un requisito legal insubsanable: se hallaba incurso en una causal de inhabilidad.
El procurador administrativo a quién descuidaron en la celosa misión de preservar al rector Hernández en su posición —luego subsanada con un fallo curioso de primera instancia del magistrado Cerra del Tribunal Administrativo del Atlántico— no es ningún especulador o ignaro en asuntos de derecho como vanamente trataron de presentarlo minimizando el estudio del concepto ofrecido con los consabidos cuentos que tanta perorata de 25 páginas cabía en tan solo dos repitiendo el esquema simplista legal que se ha impuesto en esta ciudad para definir, analizar, cotejar procesos en donde se necesita, no pasión ni pagos por defensas todo incluido, sino verdadera jurisprudencia que no la hay.
Welfran de Jesús Mendoza Osorio, el diligente Procurador 15 judicial II ante el Tribunal Administrativo del Atlántico tiene una trayectoria interesante para dilucidar si conoce lo que señaló en su libelo ante el Tribunal. Fue juez administrativo del 2006 al 2011. Magistrado del Tribunal del 2011 al 2016 y desde ese año se encuentra vinculado a la Procuraduría. Tiene varias especializaciones: derecho público, tributación y una maestría en derecho público.
En algunas conversaciones filtradas en las redes, abogados vinculados a la Universidad del Atlántico y su administración, no solo desdeñaban los argumentos del procurador ante el Tribunal Administrativo del Atlántico sino que aseguraban que el fallo ya se encontraba listo lo que constituye una verdadera prueba del poder de la adivinación, cabalístico si se quiere, de estos abogados o una prueba palpable que todo el proceso se encontraba convenientemente arreglado para que el Tribunal Administrativo del Atlántico exonerara, tal como sucedió, al rector Hernández de su inhabilidad.
Es hecho conocido por litigantes que el Tribunal Administrativo seccional del Atlántico es profundamente regresivo y se encuentra altamente influenciado por los políticos locales. Mientras en otros tribunales del país se sienta jurisprudencia certeramente sustentada en el estudio del derecho constitucional y administrativo en los fallos de Barranquilla sucede exactamente lo contrario.
A la larga estas sentencias del Tribunal Administrativo del Atlántico no funcionan pues por lo general en las apelaciones surtidas ante la segunda instancia del Consejo de Estado le contrarían sus decisiones argumentativas, lo que seguramente pasará —ahora somos los cabalísticos— con el caso de la inhabilidad del rector de la Universidad del Atlántico Danilo Hernández. Mientras tanto tiene todo el tiempo del mundo para apoltronarse por lo menos por un año más mientras se surte el proceso ante el Consejo de Estado.
Una verdadera moda de ganar tiempos que se ha impuesto desde diversas instancias del estado para aprovechar estas falencias procesales, tal como sucedió con el reciente caso de la Ley de Garantías Electorales. Mientras la Corte Constitucional lo analizaba y fallaba se ripiaron en contratos y presupuestos $2,5 billones de pesos que supuestamente deben ahora ser devueltos al erario.
Así que en la realidad pragmática el Rector Hernández sigue en el puesto, descansa de la presión a que fue sometido y debe preocuparse de asuntos muy importantes para el debido éxito de su gestión tales como arreglar el pésimo estado de las instalaciones, la modernización de laboratorios, equipos y tecnología educativa, el fomento de grupos de investigación verdaderos —no de mentiras para ganar puntos— y dilucidar las circunstancias del último informe del ranking universitario Sapiens en Colombia en que la Nacional de Bogotá va de primera, de segundo la de Antioquia de Medellín, Tercera la de Valle de Cali y en sana lógica de importancia urbana la cuarta —o quinta, sexta o séptima— debería estar en cabeza de la Universidad del Atlántico que se encuentra enclavada hace años en la posición 24.
Ahí le dejamos la tarea pendiente al señor rector Hernández y ojalá no repruebe en el intento.
