La Contraloría General inició una Actuación Especial de Fiscalización sobre la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A. –Triple A-, empresa encargada de la prestación de los servicios públicos domiciliarios de acueducto, alcantarillado y aseo en Barranquilla y otros municipios del Atlántico.
La Contraloría, a través de la Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico, y dentro del marco del control prevalente, realizó una intervención funcional y determinó para el año 2021 ejecutar esta Actuación Especial en la mencionada entidad, la cual finalizará el próximo 11 de junio.
La medida se toma justo cuando le acaban de aprobar por parte la banca nacional, un crédito por $100 mil millones de pesos a la Triple A, por el cual estaba esperando desde hace al menos año y medio y que no había conseguido por cuenta de la situación financiera y de intervención de la compañía por parte del Estado por los actos de corrupción empresarial allí develados,
No obstante, el organismo fiscalizador, apuntó a que tal intervención incluye:
La intervención de la Contraloría se da luego de que los accionistas minoritarios de la empresa, le enviaran en diciembre 28 del año pasado, una carta al contralor Carlos Felipe Córdoba, en la que solicitan intervención, investigación e informes sobre la situación de la compañía.
Esta carta la hicieron llegar días antes de que se hiciera oficial la salida del gerente general de la compañía, Guillermo Peña, la cual se cumplió el sábado 2 de enero, y quien venía ejerciendo como funcionario de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), que mantiene el control sobre la entidad.
En la carta, los socios clase B de Triple A expresaron que no van a esperar que los servicios públicos de agua, alcantarillado y aseo “entren en deterioro”, afectando a barranquilleros y atlanticenses.
“Por favor, entre usted directamente a revisar los recursos que se sustrajeron, siendo también de origen público, desde el año 2008 hasta 2016, por parte del señor gerente Ramón Navarro Pereira”, solicitaron en el documento.
Agregaron en su pedido la investigación a exfuncionarios de ese periodo y revisar lo correspondiente a 2017-2021, por lo que, según consideran, la empresa sigue en desorden y es una “rueda suelta”.
Y advierten que “No se justifica que la SAE vaya a convertir a la empresa Triple A en un fortín político para las elecciones presidenciales y se repita la historia de las antiguas Empresas Públicas Municipales en aquella época con la complicidad de la dirigencia política”, manifestaron.
La misiva fue enviada con copia a la Procuraduría, Fiscalía, Dian, Superintendencia de Servicios Públicos y Corte Suprema de Justicia.
