La nueva procuradora general de la nación, la barranquillera Margarita Cabello Blanco, en decisión de primera instancia, inhabilitó por el término de 18 años al exgerente general de la Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla (Triple A de Barranquilla ESP), Ramón Navarro Pereira, por aprobar, certificar como recibidas y disponer el pago de órdenes de servicios que no fueron prestados.
El órgano de control también impuso multa por $722 millones a Navarro Pereira, al establecer que permitió que Iarco Limitada se apropiara de $361.215.154 provenientes de Triple A, dinero que dejó de recibir el Distrito de Barranquilla por concepto de utilidades y regalías en la vigencia 2015.
La PGN demostró que las órdenes de pedido realizadas a la empresa para el transporte de carga y de residuos sólidos carecían de una necesidad real y advirtió que “no existe ninguna evidencia de que dichos servicios se hubieran prestado”.
Además, no obedecieron a requerimientos originados de las gerencias Administrativa, de Operaciones, Comercial, la Dirección de Procesos Administrativos, ni la Subgerencia de Aseo, que eran las directamente relacionadas con el objeto.
El 13 de octubre de 2020, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios le impuso una multa por $6.500 millones a la Empresa Triple A, por incluir costos administrativos en las tarifas cobradas a los usuarios en Barranquilla y municipios del Atlántico.
Triple A suministra el servicio de Acueducto en el distrito de Barranquilla y en 14 municipios: Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí, Piojó, Sabanalarga, Ponedera, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo y Palmar de Varela, con cobertura del 100%.
El servicio de alcantarillado se suministra en Barranquilla y en 11 municipios: Puerto Colombia, Soledad, Galapa, Tubará, Usiacurí, Sabanalarga, Sabanagrande, Santo Tomás, Baranoa, Polonuevo y Palmar de Varela, con cobertura de 98,32%.
En la Fiscalía
Vale recordar que, en septiembre del año pasado, el Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de Barranquilla condenó a 55 meses de prisión a Navarro Pereira, en el proceso por el desfalco de más de $27 mil millones de pesos a la empresa de servicios públicos.
Navarro, cuya condena fue conmutada por prisión domiciliaria, también fue obligado a cancelar una multa de 22.005 salarios mínimos legales mensuales vigentes, por ser responsable de los delitos de enriquecimiento ilícito en favor de terceros, administración desleal y falsedad en documento privado.
Según la Fiscalía, Navarro Pereira junto con los entonces representantes de la empresa española Inassa S.A., y de la firma Recaudos y Tributos S. A., se habrían apropiado de $27.879.761.912 durante los años 2012 y 2015.
La apropiación se hizo mediante la creación de 54 órdenes de pedido de bienes y servicios que no fueron adquiridos; y cuatro contratos de consultoría que pretendían justificar solicitudes de tarifas de acueducto y alcantarillado ante la Comisión Reguladora de Agua Potable (CRA).
Según el ente de control, estos gastos se acreditaron como operaciones normales de Triple A fueron registrados en la contabilidad y en las declaraciones de renta en los años respectivos y, finalmente, se usaron para calcular los dividendos de los accionistas (Inassa S.A., Socios Particulares y Distrito de Barranquilla) y realizar los cobros correspondientes por regalías.
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