Una acalorada discusión se registró el lunes 8 de noviembre durante la sesión plenaria de la Cámara de Representantes, durante a discusión de la propuesta que pretendía que los congresistas regresaran a las sesiones presenciales, las cuales están suspendidas desde hace un año y cinco meses, cuando se decretaron las restricciones de movilidad por cuenta de la pandemia del coronavirus.
La plenaria de la Cámara estaba citada a las 4:00 p.m., 100% presencial, pero varios congresistas se conectaron desde aeropuertos de otras ciudades.
Y aunque en el primer orden del día estaba agendado el proyecto de la reforma a la justicia, la plenaria duró dos horas y media discutiendo si retornaban a la semipresencialidad porque varios representantes se quejaron por la falta de distanciamiento físico y los problemas técnicos en el sistema de votación.
Uno de ellos fue el representante del partido Liberal por el departamento de Santander, Edgar Gómez, quien argumentaba que «aquí la gente va a hablar y lo primero que hace es quitarse el tapabocas, qué tal eso, y nos quieren obligar a que nos toca o que nos dé Covid a la fuerza, aquí la gente no respeta las normas».
En respuesta, su colega del partido Centro Democrático, Gabriel Santos, se quejó porque varios congresistas que se rehúsan a regresar a la presencialidad, por temor a contagiarse, han estado en eventos proselitistas.
«Uno ve a los otros que hoy se rasgan las vestiduras pero salen a estar en campaña con cientos de personas, abrazándolos, haciendo proselitismo político, eso es un diáfano acto de filibusterismo», dijo.
Mientras que su compañero de bancada, (Centro Democrático), César Eugenio Martínez, defendió que hay quienes no deben asistir pues poseen comorbilidades que pueden poner en riesgo su salud, en caso de contraer el virus. En medio de su intervención otro congresista le exigió a Santos que se pusiera el tapabocas, a lo que respondió: «señor, ¿cuántas veces ha venido usted para que me lo siga exigiendo?».
Una vez iniciada la sesión, se encontró que el sistema que registraba la votación electrónica no estaba funcionando, según dijo la presidenta de la corporación, Jennifer Arias, lo que afectó la votación del mismo orden del día.
Ante los hechos, la presidenta de la Cámara solicitó la autorización para que se votara de manera virtual, y aunque en el recinto estaban presentes más de 150 legisladores, representantes de la oposición como Inti Asprilla y Kátherin Miranda dijeron que esta era la manera para cambiar el sentido del regreso a la presencialidad.
Quienes de manera acalorada se oponen a volver a las sesiones presenciales en el Congreso, en cambio callaron su voz cuando hace precisamente un año, un grupo de congresistas de la oposición propuso suspender el pago de viáticos a aquellos que por cuestiones de las restricciones por el Covid-19, no podían hacer presencia en el recinto del Congreso en Bogotá, pues no estaban generando gastos para un desplazamiento.
Les pagaron viáticos sin moverse de su casa
Hace precisamente un año, en octubre, el Senado de la República aprobaba en último debate el proyecto de ley que reglamentó las sesiones virtuales y mixtas del Congreso, junto al voto remoto, por motivo del confinamiento.
Pero, ese mismo día se hundió una proposición que buscaba que no se reconocieran los gastos de representación -usados para viáticos y otros asuntos relacionados- para aquellos que no sesionaran presencial en el recinto legislativo.
En la proposición, presentada por los senadores Rodrigo Lara, Gustavo Bolívar, Angélica Lozano, entre otros, rezaba que no tendrían pago por gastos de representación los congresistas cuando las sesiones no se sean presenciales, solo se asignarán cuando se realicen sesiones presenciales en el Congreso de la República.
En ese entonces, el senador Lara (Cambio Radical), comentó «aquí no se trata de quitar los gastos de representación a quien demuestre causa justa y sesione no presencial, pero para quienes no lo hagan y no tengan causa justa no se deben reconocer esos pagos».
Por su parte, Angélica Lozano (Alianza Verde) expuso mediante su cuenta de Twitter que con 33 votos en contra de la iniciativa y 26 a favor «el Senado rechaza eliminar los #GastosDeRepresentación de $14 millones mensuales al no sesionar presencialmente».
Y como el lunes, ese día, no faltaron los que encontraron excusas para seguir exprimiendo el erario público.
La lucha por restablecer la presencialidad efectiva en el Congreso debe ser una CAUSA DE TODA LA OPOSICIÓN UNIDA!! Esa es la actitud @GustavoBolivar @AlexLopezMaya y @AngelicaLozanoC ✊🏽Fuerza✊🏽 pic.twitter.com/KM3Itp5Ch5
— Inti Asprilla (@intiasprilla) August 5, 2020
El senador Santiago Valencia (Centro Democrático), comentaba que «el problema es el populismo, esto es una ley orgánica que reforma la ley 5ta y nada tiene que ver con el salario de los congresistas, esta no es la ley pertinente para hacerlo».
Y en el mismo sentido John Milton Rodriíuez (Colombia Justa y Libres) expresó, «el tema es que estamos hablando de sesiones virtuales, presenciales y mixtas, y no del salario de los congresistas, no hay unidad de materia, no tienen consecutividad y mejor es acompañar los proyectos de ley que van en esa vía».
Acción popular para que devuelvan los viáticos
Frente a este descarado asalto a las finanzas del Estado, pues a ningún funcionario público le reconocen viáticos si no hay desplazamiento alguno, está pendiente en el Tribunal Administrativo de Antioquia una acción popular que interpuso un ciudadano para que los congresistas del país reintegren el pago que recibieron por concepto de gastos de representación durante la pandemia, bajo el argumento de que cumplieron su trabajo mayoritariamente de forma virtual y, por lo tanto, no tuvieron gastos en viáticos o desplazamientos.
Asimismo, la acción solicita, como medida cautelar, que se decrete la suspensión inmediata de dichos pagos a quienes sigan sesionando desde la virtualidad.
De acuerdo con Esteban Manco Pineda, abogado constitucionalista y docente de la Universidad Eafit, quien presentó la demanda, el objetivo es proteger los derechos e intereses colectivos de la moralidad administrativa y el patrimonio público que fueron, presuntamente, vulnerados por los demandados.
Argumenta que cada congresista recibe, dentro de su salario de $34 millones, alrededor de $14 millones por gastos de representación y que estos se siguieron entregando pese a las restricciones causadas por la llegada de la covid-19 para asistir al Congreso y para desarrollar trabajo en territorio.
«Esos $14 millones son para viáticos, tiquetes, alojamiento y movilizaciones a territorio, etc., lo cual no pudieron hacer durante la pandemia y se siguieron pagando, aunque los congresistas trabajaran desde sus casas. En mi concepto, el derecho al patrimonio público, como derecho de carácter colectivo, se vio menguado por cuanto, sin justificación, seguían recibiendo ese dinero», indicó Manco.
En la admisión de la acción popular, el magistrado Jairo Jiménez Aristizábal concluyó que no hay urgencia manifiesta para decretar la medida cautelar solicitada, por lo cual corrió traslado de la misma a los accionados para que se pronunciaran; en este momento se está a la espera de la decisión. Las entidades demandadas también debieron contestar la demanda en general.
Según cálculos de Manco, desde que se decretó la cuarentena nacional hasta junio de este año el Estado giró a los congresistas unos $59.000 millones correspondientes a gastos de representación de los 280 senadores y representantes.
