En atención a la denuncia penal instaurada por la Veeduría Ciudadana “NO MAS CORRUPCION EN COLOMBIA”, la Fiscalía General de la Nación dispuso la apertura formal de un proceso penal con la finalidad de investigar a Roberto Mario Pérez Varela, actual Alcalde de Pivijay (Magdalena), dada la probable comisión de los delitos tipificados como Prevaricato por Acción, Falsedad Ideológica en Documento Público y Fraude a Resolución Judicial en los que pudo haber incurrido el mandatario municipal al haber nombrado y posesionado a Cesar Augusto Caballero Sierra como Tesorero General de esa Entidad Territorial sin considerar la inhabilidad permanente para desempeñar funciones públicas que pesa sobre Caballero Sierra.
En este proceso ya se dispuso el correspondiente Programa Metodológico y fueron impartidas órdenes a Policía Judicial y tiene el acompañamiento de la Dirección Nacional Especializada Contra la Corrupción de la FGN.
El burgomaestre de Pivijay, “Rocho” Pérez, mediante decreto 001, de 2 de enero de 2020, nombró y posesionó a Caballero Sierra en calidad deTesorero General del Municipio de Pivijay, no obstante la inhabilidad para ejercer funciones públicas que se predica en el funcionario designado en virtud de la condena a un (1) año de prisión y pena accesoria de multa equivalente a diez (10) salarios mínimos legales mensuales impuesta por el Juez Tercero Penal del Circuito Judicial de Santa Marta, al hallarle culpable de cometer el injusto de Peculado por Aplicación Oficial Diferente cuando se desempeñó como Director del Departamento Administrativo de Salud Distrital de Santa Marta.
Valga destacar que Roberto Pérez Varela, actual Alcalde de Pivijay, también es investigado por la Fiscalía Once Seccional de Santa Marta – Unidad Seccional Administración Publica, en el proceso con noticia criminal No. 470016001020-2021-01567, por incurrir en la probable comisión de los delitos tipificados como Peculado por Apropiación, Contrato sin Cumplimiento de Requisitos Legales, Lavado de Activos, Enriquecimiento Ilícito de Particulares y otros delitos con ocasión de la ilegal adjudicación y cuestionada o simulada ejecución de reprensibles y millonarios procesos contractuales durante su administración.
