En Barranquilla, Santa Marta, La Guajira y el Cesar todavía se añora a uno de los servicios de transporte intermunicipales más puntuales, modernos y económicos de la región, pues desapareció de las carreteras de la costa Caribe de la noche a la mañana hace un año, sin ninguna explicación para los miles de usuarios que se agolpaban en las terminales de buses por un tiquete. Nos referimos al servicios de transporte de lujo Costa Line.
En Colombia se le teme más a la supuesta creencia de un gobierno que expropie empresas que a la corrupción patrocinada por gobiernos centralistas, que de facto arruina y acaba con empresas prósperas y líderes en servicio. Con la siguiente investigación demostraremos cómo la corrupción en la Superintendencia de Puertos y Transporte dejó en la calle a más de 150 familias que dependían del sustento de su trabajo directamente con Costa Line y paralizó el trabajo de un servicios ejemplar en la región. Veamos cómo.
Costa Line es una marca registrada, tal como exige el rigor de la Ley, para amparar un servicio de transporte de lujo en las rutas establecidas por el gobierno nacional a través del Ministerio de Transporte en la región Caribe. Su propietario Carlos Darío Hernández Hinojosa, con más de 46 años de experiencia en el transporte público, le propuso a la Cooperativa de Transportadores del César y La Guajira “Cootracegua”, radicada en la ciudad de Valledupar, en el año 2007, un contrato macro de vinculación con todos los parámetros para la prestación del servicio de transporte terrestre de pasajeros modalidad Premium. Así nació el servicio de transporte más puntal y eficiente jamás conocido en la Costa, en las rutas Valledupar-Barranquilla-Valledupar, Valledupar-Santa Marta-Valledupar, Fonseca-San Juan-Valledupar-Barranquilla.
| UN SERVICIO DE LUJO RECONOCIDO
Costa Line contaba con 29 vehículos de lujo con los siguientes servicios: —Baños independientes dentro del bus. —Neveras dentro de los buses para garantizar la buena calidad de los refrigerios dentro del trayecto. —Servicio “superior directo”, origen-destino, para garantizar la seguridad de los usuarios, al igual que la identificación completa de cada pasajero con registro fílmico individual. —Arco de seguridad al momento del embarque, para garantizar el no transporte de armas. —Rayos X para analizar equipajes. —Pioneros en el país con el servicio de buses de dos pisos. —Pantallas multimedia para cada pasajero en el primer piso de los buses. —Oficina móvil en los buses de dos pisos, con ambiente privado, servicio gratuito de internet, impresora y pantalla de proyección. —Buses inteligentes, capaces de realizar prueba de alcoholemia al conductor antes de poner el vehículo en marcha. |
Pero cómo es posible que una entidad de control y vigilancia como la Superintendencia de Puertos y Transporte acabe con un servicio público aplaudido y reconocido como ejemplar por los gremios económicos, administrativos y de gobierno del departamento del César (Ver imagen del reconocimiento del Concejo Municipal de Valledupar y la carta de la Cámara de Comercio dirigida a la Presidencia de la República). Lo vamos a mostrar a continuación.
SUPERTRANSPORTE INTERVIENE A COOTRACEGUA
A partir del año 2007, mientras Costa Line mostraba y prestaba un servicio ejemplar, organizado y apetecido por los usuarios, la Cooperativa de Transportadores del Cesar y La Guajira “Cootracegua” se metía cada vez más en el atolladero de malos manejos financieros y desvío de recursos intocables de “reposición”, que prendieron las alarmas en la Superintendencia de Puertos y Transportes, bajo la dirección de Javier Jaramillo Ramírez.
Se descubrieron grandes faltantes de recursos que obligatoriamente los directivos de Cootracegua debieron consignar a una fiducia por concepto de reposición, tal como lo dicta la Ley 688 de 2001, entonces el superintendente Javier Jaramillo decidió intervenir. Mediante Resolución No.12095 del 3 de julio de 2015 impuso la medida administrativa de Sometimiento a Control a esta cooperativa de transporte.
Mediante resolución 22813 del 9 de noviembre de 2015 el superintendente Jaramillo ordenó remover de su cargo al entonces representante legal de Cootracegua, Adolfo Adanías Durán Castro, y designar a Orlando de Jesús Parra Zúñiga en su reemplazo. En enero de 2016 Parra declinó el nombramiento.
De inmediato, el superintendente Jaramillo firmó la resolución 3282 del 26 de enero de 2016 para colocar a Hernando Rodríguez González al frente de la cooperativa de transportes Cootracegua, con el objeto, según se desprende de la Resolución 071688 del 9 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Puerto y Transporte, de “garantizar la permanencia de una empresa o una cooperativa en el entorno económico para el cual fueron creadas, coadyuvando a que esta no desaparezca en atención a críticos problemas de carácter financiero, administrativo o jurídico”.
Seis meses después, las denuncias sobre malos manejos administrativos y financiero crecieron, al punto de que se puso en evidencia a una empresa creada por el propio Hernando Rodríguez González para cobrar una especie de “peaje” a todos los buses que Cootracegua despachaba. El superintendente Jaramillo entró en cólera y argumentando que, pasados 6 meses, el nuevo representante legal de esta cooperativa había sido incompetente y no había cumplido con los deberes de diligencia de la intervención, ni siquiera para elaborar, hacer aprobar e iniciar una correcta ejecución del Plan de Mejoramiento, decidió entonces remover de su cargo a Rodríguez González.
Así fue que mediante la Resolución 071688 del 9 de diciembre de 2016, el superintendente Javier Jaramillo Ramírez designó a la abogada Adriana Betancourt Ortiz, exfuncionaria de la Superintendencia de Sociedades. Betancourt ofició hasta finales de febrero de 2016 como agente liquidadora de cinco empresas vinculadas con un fraude piramidal –en el que resultó enredado el exfiscal Mario Iguarán–, y como promotora de dos firmas que buscan sobreaguar la crisis económica del país (Ver https://www.elespectador.com/noticias/judicial/toco-el-carrusel-gobernacion-de-pablo-ardila-articulo-619242). El diario El Tiempo informó en ese momento de su salida y la asoció con un presunto escándalo que estaba por estallar con el carrusel de la contratación.
LO QUE SE CONOCÍA DE ADRIANA BETANCOURT ORTIZ
 El Espectador indagó y conoció que la Fiscalía investiga varios aspectos sobre la abogada Betancourt, quien es especialista en derecho administrativo. La piedra angular de sus pesquisas es una declaración que entregó en julio pasado el excontratista Julio Gómez, condenado por el cartel que desfalcó a Bogotá. En su testimonio, conocido por este diario, Gómez sostuvo que el 20 de octubre de 2006 obtuvo un contrato por $8.000 millones con la Gobernación de Cundinamarca. Para esa época Betancourt era la secretaria general de Pablo Ardila –quien todavía afronta varios expedientes en la Fiscalía–. Varias cooperativas y constructoras controladas por Gómez formaron la unión temporal Consorcio Municipios 2006. El millonario contrato se destinó para el estudio, diagnóstico, construcción y mejoramiento del parque de Fusagasugá (Cundinamarca). El lío, según el testigo, es que Betancourt intervino para asegurarle la contratación a cambio de una coima del 4% del negocio. De acuerdo con Gómez, como contraprestación por el contrato le pagó con apartamento en el sector de Quinta Paredes en Bogotá por un valor de $300 millones. |
La Resolución 071688 del 9 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Puertos y Transportes le advertía claramente a Bentancourt Ortíz cumplir estrictamente lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 222 de 1996 para una adecuada administración de la Coopertativa de Tansportadores del Cesar y La Guajira Cootracegua. Hasta el día de hoy, la nueva represetante legal designada ha venido haciendo todo lo contrario y llevando cada vez más a la quiebra y al desorden a esta cooperativa. Veamos por qué.
¿POR QUÉ ADRIANA BETANCOURT MATÓ LA GALLINA DE LOS HUEVOS DE ORO?
Muy a pesar de que Cootracegua se debatía en una crisis administrativa y financiera profunda, agudizada por las disputas intestinales entre grupos de afiliados con intereses oscuros, la nueva representante legal Adriana Betancourt Ortíz contaba con una tabla de salvamento financiero a la mano: el servicio Premium que prestaba la cooperativa con la marca Costa Line.
Las cifras que anexamos a continuación lo demuestran: Veamos cómo era el comportamiento comercial y financiero de este servicio en cada una de sus rutas, para lo cual hemos tomado un día cualquiera del año 2016.
La tabla 1 muestra que el 4 de enero de 2016, en la ciudad de Barranquilla se vendieron un total de 777 tiquetes para un total de $22.653.000, de los cuales Cootracegua recibió $1.812.240 correspondiente al 8% de comisión y $186.180 para el fondo de reposición.
Ese mismo día en la ciudad de Valledupar (Tabla 2) se vendieron 1.044 tiquetes para un total de $28.116.000, de los cuales Cootracegrua recibió $2.249.280 por concepto del 8% de comisión y $263.180 para el fondo de reposición.
Así mismo, en Santa Marta (Tabla 3), el día 15 de enero de 2016, se vendieron 337 tiquetes para un total de $7.751.000, de los cuales se le cancelaron $620.000 a Cootracegua por concepto del 8% de comisión, y $77.510 para el fondo de reposición.
Ese mismo día en el municipio de Fonseca (Tabla 4) se vendieron 5 tiquetes para un total de $170.000. Al Fondo de Reposición administrado por Cootracegua se le entregaron $13.600.
Hemos tomado estos dos últimos ejemplos de Santa Marta y Fonseca para demostrar la eficiencia del servicio en cuanto a puntualidad y responsabilidad en los despachos. A pesar de tener 5 pasajeros el servicio se prestaba sin ningún problema y con todos los requerimientos de refrigerios.
A continuación mostramos el resultado del año 2016:
Vemos como en el 2016 hubo un acumulado en venta de tiquetes de $13.157.743.000, de los cuales se le canceló a Cootracegua $1.052.619.230 por concepto de comisión del 8%, y $131.157.734 correspondiente al 1% para el fondo de reposición.
¿Qué hizo con todo este dinero Hernando Rodríguez González, el gerente impuesto por el superintendente Jaramillo? No sabemos, pero tendrá que responderle a la Fiscalía General de la República.
De todos modos las cifras hablan excelentemente de un negocio productivo y con resultados prometedores para capotear cualquier crisis financiera de los administradores de la Cootracegua. El Servicio Premium de Costa Line estaba produciendo lo suficiente para recomponer los estragos y el daño producido por la rapiña de los afiliados que dirigían la cooperativa.
No sabemos tampoco bajo qué razones la nueva gerente de Cootracegua, Adriana Betancourt Ariza, encargada por el superintendente Jaramillo, decidió acabar con este servicio y no contar con los beneficios económicos que producía Costa Line para poder cumplir con su misión de intervención como lo manda el artículo 23 de la Ley 222 de 1995, aplicable por remisión expresa del artículo 158 de la Ley 79 de 1988 para las cooperativas, en el cual se dispone lo siguiente:
“…Los administradores deben obrar de buena fe, con lealtad y con la diligencia de un buen hombre de negocios. Sus actuaciones se cumplirán en interés de la sociedad, teniendo en cuenta los intereses de sus asociados.
En el cumplimiento de su función los administradores deberán:
- Realizar los esfuerzos conducentes al adecuado desarrollo del objeto social.
- Velar por el estricto cumplimiento de las disposiciones legales o estatutarias.
- Velar porque se permita la adecuada realización de las funciones encomendadas a la revisoría fiscal.
- Guardar y proteger la reserva comercial e industrial de la sociedad.
- Abstenerse de utilizar indebidamente información privilegiada.
- Dar un trato equitativo a todos los socios y respetar el ejercicio del derecho de inspección de todos ellos.
- Abstenerse de participar por sí o por interpuesta persona en interés personal o de terceros, en actividades que impliquen competencia con la sociedad o en actos respecto de los cuales exista conflicto de intereses, salvo autorización expresa de la junta de socios o asamblea general de accionistas.
A pesar de que el superintendente fue claro en la Resolución 071688 del 9 de diciembre de 2016, en donde la nombraba como nueva representante legal de Cootracegua, subrayando que “La medida de sometimiento, y los efectos que de ella se desprenden procuran garantizar la permanencia de una empresa o cooperativa en el entorno económico para el cual fueron creados, coadyuvando a que ésta no desaparezca en atención a críticos problemas de carácter financiero, administrativo o jurídico”, Adriana Betancourt hizo todo lo contrario y hoy se encuentra inmersa en demandas penales y acusaciones de desvío de recursos como el de los fondos de reposición.
PRÓXIMA ENTREGA: EL DESASTRE DE LA INTERVENCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE PUERTOS Y TRANSPORTE EN COOTRACEGUA. II PARTE
[…] Negligencia, estados financieros incoherentes, desorden administrativo, dineros embolatados, acciones administrativas dañinas y propias de una mezquina proyección del progreso, son los referentes que la Procuraduría General de la Nación ya tiene para desarrollar la investigación sobre la conducta de Adriana Betancourt Ortíz al frente de Cootracegua. La Fiscalía, por su parte, deberá desentrañar el destino de los dineros que hasta el momento sobrepasan los $7 mil millones de pesos que la prestación del servicio modalidad Premium le había cancelado a esta cooperativa, por concepto de comisión del 8% y 1% para el fondo reposición, como lo detallamos en el informe pasado (http://corrupcionaldia.com/2018/03/12/como-la-corrupcion-en-la-supertransporte-arruino-el-mas-prospe…). […]