Adlai Stevenson Samper

Anuncios

Tras la aparatosa y estratégica renuncia de Néstor Humberto Martínez Neira a su función de Fiscal General de la Nación el 15 de mayo de 2019; días después, el 21 de mayo la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia decidió con votación mayoritaria aceptarla.

De esta forma le quedó servida al presidente Iván Duque de ternar un allegado de sus afectos estudiantiles en ese importante cargo judicial enviando tres candidatos: uno verdadero y dos señuelos. El verdadero era su compañero de aula Francisco Barbosa en la Universidad Sergio Arboleda y los señuelos Clara María González Zabala y Camilo Gómez Álzate

Barbosa subió en un alarde de engreimiento señalando que era uno de los hombres más capacitados del país, presentando su vasta producción editorial y convirtiéndose en celebre por un viaje de su familia a San Andrés en plena pandemia que es asunto de poca monta frente a sus verdaderos objetivos con la asunción al cargo: impedir que prosperaran algunas líneas de investigaciones sobre la financiación de la campaña electoral del entonces presidente Duque, la llamada Ñeñepolítica, y su trama de relaciones con un amplio espectro de la delincuencia tal como lo ha demostrado el periodista Gonzalo Guillen ampliamente en el medio digital La Nueva Prensa. 

El 4 de agosto de 2020 el expresidente Álvaro Uribe Vélez recibió la orden de detención domiciliaria en su proceso de fraude procesal y soborno en la manipulación de testigos. El 18 de agosto le envió una comunicación al presidente del Senado Arturo Char Chaljub en donde renuncia a esa corporación indicando una serie de asuntos graves de estado como el narcoterrorismo, una nueva propuesta social de empresa privada y austeridad burocrática con mayores recursos para la educación.

De más señalar que las acerves críticas o sugerencias estaban destinadas a su pupilo copartidario Iván Duque y eran oropeles frente a lo que realmente quería recalcar en el remate de la carta de renuncia previniendo que «hago votos por una reforma a la justicia que la despolitice al cambiar el sistema de elección de magistrados. Estos deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política».

Ya veremos cuál es la causa de esta perorata de Uribe en contra de la integridad ética de algunos magistrados, mientras pasaba de aforado a la competencia de la Fiscalía General de la Nación que actuó, en todas las instancias, en el rol de abogado defensor pidiendo la preclusión del proceso negada por una juez de conocimiento en Bogotá. 

Un insólito escenario político aparece con la elección de Gustavo Petro en la presidencia de la República que tiene entre sus planes la pacificación de un país controlado por grupos de guerrillas, bandas criminales y el espectro del narcotráfico permeando todas las actividades de la vida nacional. Obviamente era menester desempantanar procesos, agilizando tramites en medio de una política criminal basada en los objetivos constitucionales de buscar la paz como elemento fundamental de la convivencia.  

En junio 7 de 2022, antes que Petro asumiera funciones presidenciales, el CONPES aprobó el Plan Nacional de Política Criminal 2022-2025, una hoja de ruta que constituye la respuesta estratégica y articulada del estado colombiano (por lo menos en teoría) contra la criminalidad y las diferentes manifestaciones delincuenciales con una orientación hacia la protección de los derechos de los integrantes de la sociedad colombiana. Le dieron una asignación de $42.895 millones de pesos.​ 

Las entidades que participaron en este Documento CONPES fueron el Ministerio de Justicia y del Derecho, Ministerio de Educación, Departamento Nacional de Planeación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios, Policía Nacional, Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, Consejo Superior de la Judicatura, Fiscalía General de la Nación, Procuraduría General de la Nación, Defensoría del Pueblo y el Congreso de la República.

En otras palabras, el grueso de las instituciones del Estado formulando y suscribiendo un Plan Nacional de Política Criminal liderada por el CONPES, institución administrativa dependiente del poder ejecutivo que según la carta constitucional tiene precisas competencias en tal sentido relacionadas con los conceptos de orden público, paz y seguridad integral. 

El CONPES (Consejo Nacional de Política Económica y Social) fue creado por la Ley 19 de 1958 y es la máxima autoridad nacional en materia de planeación, desempeñándose como un organismo asesor del gobierno coordinando y aprobando estudio sobre el desarrollo de políticas generales presentados en cada una de sus sesiones. El DNP (Departamento​ Nacional de Planeación) desempeña las funciones de Secretaría Ejecutiva del CONPES​, y por lo tanto es la entidad encar​gada de coordinar y presentar todos los documentos para discutir en sesión.

Se precisa la importancia del jefe de gobierno, rama ejecutiva del poder público, en competencias relacionadas con criminología y política criminal que no es asunto potestativo, autónomo, tal como lo ha dejado ver tajantemente Francisco Barbosa, de la Fiscalía General de la Nación. Aunque parezca paradójico y no se encuentre planteado expresamente en la Constitución, sus atribuciones se encuentran subordinadas a un macro plan implementado por el jefe de gobierno. 

Tal como dijo en un trino pletórico de humor del expresidente Ernesto Samper, hay que buscar el maravilloso otorrinolaringólogo que le devolvió el sentido del habla a Francisco Barbosa, en total mudez durante el gobierno Duque. Entre otras, ninguna línea de investigación relacionada con la Ñeñepolítica avanzó. Por el contrario. Las denuncias del periodista Gonzalo Guillén apuntan a una connivencia que produjo por inoperancia 200 asesinados por organizaciones criminales y fue ese hecho el que motivó la solicitud de informes del presidente Petro al Fiscal Barbosa, que por cierto no le dio respuesta. 

Otra celebre escena de Petro y Barbosa ocurrió cuando el presidente le pidió al fiscal el inventario de bienes en extinción de dominio en poder la SAE. Todo el país vio el evidente nerviosismo, como se le caían al suelo, volaban, las páginas de un documento, tartamudeaba para al final tampoco entregar la lista actualizada que deberían tenerla dentro de la logística procesal. 

El 14 de enero de 2023 el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo presentó un duro cuestionamiento al Fiscal Barbosa acusándolo -y en eso seguiría la línea implementada por el ex fiscal Néstor Humberto Martínez Neira– de sabotear y estar en contra del proceso de paz.

El trino del mandatario seccional decía:  «!No hay duda! Decisión de FiscaliaCol de negar libertad a los jóvenes que solicitó el Gobierno Nacional para incluirlos en mesa de negociación, muestra intenciones del Fiscal Barbosa de torpedear proceso de Paz como hizo el gobierno anterior. Los colombianos estamos cansados de la guerra».

La tesis presentada por la Fiscalía es que tres de los solicitados para el otorgamiento de la libertad temporal hacían parte de la ‘Primera Línea Engativá’, quienes fueron capturados a finales de 2021 sindicados de destrucción de locales en un centro comercial con bombas cocteles Molotov. No solo hubo esa negativa. Igualmente la Fiscalía tampoco autorizó la salida de miembros de grupos ilegales que se encontraban en proceso de negociación con el gobierno Petro.

Por ello el entonces ministro de Interior Alfonso Prada le señaló a la Fiscalía el marco de las competencias legales del ‘petitum’ que están contempladas en la Ley 2272 de 2022, reglamentada por la Ley 418 de 1993, conocida como Ley de Orden Público.

La animosidad de Barbosa contra las decisiones del gobierno Petro llegaron hasta un foro en la Universidad Javeriana en donde dijo, en una forma inusual y altanera, que «no nos crea pendejo» el gobierno por las solicitudes al respecto de informaciones sobre procesos de criminalidad relacionados con la paz.

Petro riposta desde España, donde se encuentra de visita enfatizando que es el jefe de estado y por tanto superior de Barbosa, que enseguida –que para luego es tarde–, suelta una falsedad jurídica amplificada por todos, que él no tenía superiores y que Petro estaba violando la separación de poderes. 

La hermenéutica jurídica de leer en bloque la constitución parece no ser el fuerte conceptual de Barbosa ni de los que ferozmente defienden esta supuesta postura de separación en compartimientos cerrados, homogéneos, sin conectividad, de los poderes.

Según el ex fiscal Eduardo Montealegre «El presidente de la republica tiene la razón. Existen 3 casos en la Constitución en los cuales el presidente puede darle ordenes a un fiscal general: en materia de información sobre el crimen organizado, en el manejo de la paz y en el orden público. El presidente de la republica hizo una petición absolutamente legitima para no dejar en la impunidad la violación a los derechos humanos».

Sobre la tesis que el presidente Petro estaba en plan de dictador vulnerando la institucionalidad empezaron a cabalgar todos. La Corte Suprema de Justicia emite una declaración alertando sobre el hecho, mientras ha estado en perfecto silencio, comulgando en silencio con las actuaciones del Fiscal que eligió. Su presidente Aroldo Quiroz Monsalvo, severo guardián de la separación de poderes no los guarda en la práctica con sus familiares, según una investigación de Noticias Uno en donde muestra a hermanos y cuñados apoltronados en diferentes posiciones con jugosos salarios. 

Mensaje extraído del informe de Noticias Uno, difundido en las redes sociales.

Coincide lo anterior con una declaración de Uribe Vélez en la carta de renuncia al entonces presidente del Senado Arturo Char Chaljub: «Los magistrados deberían llegar a la alta corte en edad madura que haya disuelto las vanidades y afianzado el apego a la rectitud, estar allí por largo tiempo en lugar de utilizar la silla giratoria hacia los negocios o la política».

Al extraordinario “coctel” de corrupción que señala aviesamente Uribe se agrega la reciente captura del ex magistrado Jorge Pretel Chaljub vinculado al caso del llamado Cartel de la Toga condenado a once años de prisión. La majestad de la justicia actuando contra la majestad de la justicia. Asonal Judicial a través de Martha Herrera puntualiza como la procuradora Cabello y el Fiscal Barbosa se han convertido en jefes de la oposición al gobierno mientras las violaciones a los derechos humanos han sido archivadas o los fiscales que hacen bien su trabajo, como es el caso de Angelica Monsalve, son trasladados para efectos de disuasión de sus investigaciones.

Petro responde a Barbosa y a la Corte Suprema de Justicia con una declaración en que rectifica o aclara las intenciones de su jefatura y nuevamente solicita celeridad en las investigaciones y denuncias del periodista Gonzalo Guillén sobre un complejo organigrama criminal en donde participan fiscales, sicarios, grupos armados relacionados con la llamada Ñeñepolítica y que habría producido, sin intervención de protección por parte de la fiscalía, más de 200 muertos.

Recordemos que el Ñeñe Hernández fue vinculado a la compra masiva de votos en varios departamentos de la región Caribe a favor del candidato -y luego presidente- Iván Duque a quien trataba cariñosamente. Ni Martínez Neira ni Francisco Barbosa avanzaron en este caso y de allí se deriva el pedido de información, absolutamente legal, de Petro a la Fiscalía

Luego el Fiscal Barbosa monta un drama en el sentido que las actuaciones de Petro lo habían convertido en blanco para actos criminales, desvirtuada tal presunción por la fiscal Angélica Monsalve con un trino el 6 de mayo. “Irónico que con un esquema de seguridad tan robusto, Francisco Barbosa pretenda hacernos creer que lo quieren asesinar porque le piden hacer su trabajo, pero a mí, me persigue y me expone porque hago el mío, los pájaros tirándole a las escopetas”. 

La discusión de fondo, según analistas, que trata de desvirtuar el Fiscal dramáticamente con supuestos rompimientos de la institucionalidad de la separación de poderes e intentos de asesinato se debe a las denuncias sobre la infiltración del Clan de Golfo en la Fiscalía que había omitido investigar a 14 miembros de esa agrupación y con ello no impidieron el homicidio de 200 personas.

Nada menos. David Racero, presidente de la Cámara de Representantes se pregunta quién es realmente el jefe del Fiscal Barbosa: «...o el anterior gobierno Duque, Uribe o el Clan del Golfo? Es posible el encubrimiento del Fiscal Barbosa con el Clan del Golfo. El habla de separación de poderes cuando viene al congreso a amedrentar a los congresistas para que voten en contra de los proyectos del gobierno. Creo que el Fiscal tiene un gran rabo de paja y se está equivocando con esas clases de moralidad».

Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.