Adlai Stevenson Samper
El ex fiscal Humberto Martínez Neira se ha paseado con suma facilidad por diversas posiciones del engranaje del estado colombiano. En la era Santos posó de súper ministro como una especie de alter ego presidencial con don de ubicuidad y evidente mando sobre los diversos asuntos de esa gobernanza.
Pero simultáneamente era pieza clave y asesor del holding de Luis Carlos Sarmiento Angulo, sobre todo en Corficolombiana, matriz de las concesiones de vías, entre ellas la maltrecha y nefasta Ruta del Sol.
Todavía se recuerda la grabación en donde anuncia, en tono teatral, «es una coima» para referirse a pagos irregulares en esta vía que a la postre produjo la condena al presidente de Corficolombiana José Elías Melo a once años de prisión, con muertos a bordo como es el caso del ‘controller’ de la Ruta del Sol Jorge Enrique Pizano -y después su hijo- en un aparente envenenamiento.
Detrás estaba la corrupción internacional patrocinada por la compañía brasilera de infraestructura Odebretch y sus turbios negocios en Colombia donde casi todos los implicados -intelectuales y materiales- pasaron de agache ante la justicia merced a una serie de curiosas coincidencias, siendo la principal de ellas, la elección en la posición de Fiscal General de la Nación de Néstor Humberto Martínez Neira, asesor legal de Corficolombiana y miembro del consejo directivo del diario El Tiempo, dos entidades propiedad del holding de Sarmiento Angulo.
La terna enviada por el presidente Juan Manuel Santos incluía a Martínez Neira; de lejos el peor de todos los candidatos, Yesid Reyes Alvarado, ex Ministro de Justicia y Mónica Cifuentes, directora jurídica del Alto Comisionado para la Paz. El 11 de julio de 2016 la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia eligió a Martínez que venía con varias misiones; entre ellas torpedear el proceso de paz promovido por su antiguo jefe Juan Manuel Santos y cubrir las espaldas de varios implicados; entre ellos él mismo, en los escándalos de Odebrecth.
Un año antes, usando sus reconocidas habilidades tácticas, transformó su oficina de abogados nacional a una internacional con el nacimiento de DLA Piper/Martínez Neira Abogados con un formidable ágape en el Club El Nogal perfilando desde ese momento a su hijo abogado Camilo Martínez para que asumiera la dirección del nuevo bufete, mientras él diligentemente se preparaba para otras actividades dentro del alto gobierno y la justicia.
DLA Piper Martínez Neira se forma de la firma de un acuerdo de cooperación entre la firma internacional DLA Piper y la colombiana manejada por Martínez Neira a la que pronto, para evitar suspicacias maliciosas, el jueves 11 de agosto de 2016 elimina el apellido Neira de su razón social utilizando el apellido de sus hijos: DLA Piper Martínez Beltrán.
DLA Piper es una multinacional de servicios jurídicos a la que se alió estratégicamente el bufete de los Martínez Beltrán, es decir Martínez Neira. Un mes después, el 16 de septiembre de 2016, Néstor Humberto Martínez Neira se posesiona como Fiscal General de la Nación.
El 4 de octubre de 2018, después de investigaciones rocambolescas en donde apareció una prima técnica pagada a los socios españoles de la empresa de servicios públicos Triple A de Barranquilla, la Fiscalía General de la Nación embargó el 82,16% de las acciones de esa empresa relacionadas con Inassa, una filial de la empresa madrileña Canal Isabel II, con fines de aplicarles la extinción de dominio. Se anunciaron medidas de aseguramiento, pero sin detención, contra el presidente y gerente de esa empresa y ocho ex directivos. Martínez Neira, en su peculiar tono histriónico dijo entonces: «A Triple A la saquearon desde el año 2000».
Era la respuesta local al entramado de corrupción denominado por la Guardia Civil española operación Blas de Lezo que involucró a miembros del Partido Popular a la sazón en altos cargos en la comunidad territorial de Madrid. En Colombia el proceso de investigación se le otorgó el folclórico nombre de Operación Acordeón, que por cierto sonó a medias y desafinada.
Sin embargo, la gestión del Fiscal General Martínez Neira venía siendo cuestionada desde diversos frentes en lo relacionado con el caso Odebretch y sus entrampamientos al proceso de paz. El 15 de mayo de 2019, en un tono de afectación y “dolor de patria”, Néstor Humberto Martínez Neira renuncia al cargo de Fiscal General acompañado en este retiro de la vicefiscal María Paulina Riveros.
Según el medio digital Cuestión Pública, julio 8 de 2019, fue una «renuncia sospechosa». El detonante, por así decirlo, o excusa argumentativa esgrimida por Martínez fue por la indignación causada por la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) en su decisión de conceder libertad al integrante de las FARC Jesús Santrich denegando su extradición a Estados Unidos.
Señala Cuestión Pública que «resulta sumamente extraño que el Fiscal General haya decidido abandonar su cargo simplemente porque una decisión de una autoridad judicial no es de su agrado, pues en el mundo del derecho es común toparnos con decisiones que no compartimos o que consideramos equivocadas. Justamente por eso existe el principio de la doble instancia: para que otros tribunales reexaminen el caso y tomen una decisión definitiva. Las hipótesis sobre su sospechosa decisión no se han hecho esperar: se ha dicho que su renuncia hace parte de la estrategia que ciertos sectores políticos han desplegado contra del acuerdo de paz y también se ha sugerido que la Corte Suprema de Justicia estaba a punto de apartarlo de todos los casos relacionados con la trama corrupta de Odebrecht. En efecto, en los últimos días han salido a la luz nuevas pruebas que sugieren que Martínez estaba al tanto de los actos corruptos de Odebrecht mientras fue abogado de Luis Carlos Sarmiento Ángulo, pero no los denunció ni permitió que lo hiciera Jorge Pizano —quien en ese entonces estaba a cargo de la interventoría de la Ruta del Sol—. ¿Cómo olvidar la grabación entre Martínez y Pizano donde el ex Fiscal reconoce los delitos que se habían cometido y sugiere mantenerlos en la oscuridad?».
Fue una puesta en escena teatral, un socorrido recurso de Martínez Neira en sus pasos por la administración pública. Una dramática y conveniente renuncia cuando presintió una amenaza. Así pues; siguiendo con los paradigmas teatrales, sale convenientemente de escena haciendo mutis por el foro o, por lo menos eso hizo creer.
Sigamos con el 82,16% de las acciones de extinción de dominio de la empresa Triple A de Barranquilla, ahora administradas mientras se adelanta el respectivo proceso por la Sociedad de Activos Especiales (SAE). El director de esta entidad, Andrés Alberto Ávila Ávila, nombrado por el gobierno de Iván Duque, entregaría las acciones en una curiosa “venta regalo” al Distrito de Barranquilla e inversionistas privados y que después se auto nombraría en la Junta Directiva de la empresa junto a María Paula Correa, secretaria general de la presidencia para que todo quedase debidamente bajo control, decide que hacer con esas acciones de la “joya de la corona” (así llaman los españoles a la Triple A) firmando un contrato de asesoría con una firma de abogados.
Adivinen cuál fue la firma escogida? Acertaron. DLA Piper Martínez Beltrán Abogados S.A.S. el mutante de nombre y antiguo bufete de Néstor Humberto Martínez Neira que después de extinguir el dominio en calidad de funcionario público las acciones de Inassa y Canal Isabel II en la Triple A, ahora pasaba al rol de abogado asesor del administrador de esas mismas acciones. Una autentica maravilla de antología de conducta anti ética.
El contrato de asesoría entre DLA Piper Martínez Beltrán, NIT 901.039.685-2, domiciliada en Bogotá en la carrera 7 No. 71-21 TO B of. 602 representada por Néstor Camilo Martínez Beltrán, con cédula de ciudadanía 79934596 y la SAE, domiciliada en la calle 93 No. 13-47en cabeza de Andrés Alberto Ávila Ávila con cédula de ciudadanía 91532274 tenía como objeto una asesoría especial.
Especialísima. Se trataba del contrato 045 de 2021 cuyo objeto era la «prestación de servicios profesionales para asesorar a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) en la potencial enajenación del 82,16% de la participación accionaria de la Compañía Sociedad de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla E.S.P. conocida con la sigla Triple A de Barranquilla que actualmente administra la SAE y que se encuentra sujeta a un proceso de extinción de dominio, de conformidad con los estudios previos, la propuesta presente y el contrato».
Nada menos. El Fiscal que extingue con argumentos debatibles en tribunales internacionales la extinción del dominio de las acciones de la Triple A pasando a la SAE, contrata con una empresa suya la posibilidad y opciones de venta de las mismas acciones. Una verdadera puerta giratoria de intereses.
Lo maravilloso del contrato, cuyo monto parece ridículo por la cuantía de $200 millones de pesos es que trata jurídicamente de presentar una serie de probables opciones de venta sin encontrarse todavía en firme a nivel jurídico el establecimiento por sentencia ejecutoriada de la extinción de dominio. En palabras sencillas, hilan todo un entramado de cambio de propietarios de las acciones basado en la hipótesis probable de ganancia, asunto que hasta el día de hoy, en mayo de 2023, no ha ocurrido aunque así lo hayan hecho creer basados en artilugios jurídicos no aplicables al caso.
Lo que ha podido pasar es que la empresa jurídica de Martínez Neira en cabeza de su hijo, siguiendo la hipótesis de un libreto establecido, haya determinado cómo se moverían las acciones en varios escenarios de venta y quiénes podían ser beneficiarios de ello lo que explicaría los problemas posteriores del gobierno Petro en disponer de estas acciones “vendidas”, según diversos peritazgos, en una cantidad menor a su verdadero precio en el mercado de títulos valores en desmedro de la SAE con un nuevo director que por su osadía en cuestionar el negocio fue suspendido por la Procuraduría General de la Nación.
Esa explicación es también valida para el costo del contrato de asesoría entre SAE y DLA Piper Martínez Beltrán por $200 millones cuya duración de ejecución sería hasta el 31 de diciembre de 2021. Antes, el 18 de marzo de ese mismo año, el alcalde de Barranquilla Jaime Pumarejo le había solicitado a la SAE la devolución de las acciones.
La revista Semana reseñó el hecho: «Este jueves, a través de un comunicado de prensa, la administración distrital señaló que Pumarejo le pidió, por medio de una carta oficial, a Andrés Alberto Ávila, director de la SAE, plantear un memorando de entendimiento y un acuerdo de confidencialidad para “avanzar en la adquisición” de esa participación. Hace unos días, el acalde Pumarejo ya había hablado del tema, dando a entender que se debía recuperar el control de la empresa de cualquier manera. Y unas horas antes de hacer pública la petición ante la SAE, el exalcalde Álex Char, jefe político de Pumarejo, publicó un mensaje en el que se mostró en contra de la posibilidad de que Barranquilla compre la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla y de 14 municipios del departamento del Atlántico».
Antes de culminar el contrato de asesoría entre SAE y el bufete DLA Piper Martínez Beltrán el 31 de diciembre de 2021 ya empezaron a mostrarse los resultados de las consejas posibles de venta. El viernes 3 de diciembre de 2021 la página de la alcaldía de Barranquilla indicaba que «gracias a las gestiones del alcalde Jaime Pumarejo Heins, el Distrito pasa de tener el 14.5% de la empresa a ser el accionista mayoritario con el 65%, y mantiene, adicionalmente, el 30% de regalías sobre el flujo de caja libre». https://www.barranquilla.gov.co/mi-barranquilla/distrito-de-barranquilla-nuevo-socio-mayoritario-triple-a
Pero no fue propiamente una recuperación sino una venta en donde aparece de intermediaria una sociedad de economía mixta y unos inversionistas privados de servicios públicos que pagarían; a cambio de un paquete accionario, la deuda del distrito de Barranquilla con la SAE. Para mayor ilustración sobre el negociado ver: https://corrupcionaldia.com/cuales-fueron-los-motivos-para-que-el-presidente-duque-y-la-sae-no-le-devolvieran-las-acciones-de-la-triple-a-a-los-barranquilleros/
Todas las circunstancias indican que se siguió fielmente la asesoría en la venta de estas acciones contratadas con la empresa de Néstor Martínez Neira (DLA Piper Martínez Beltrán), la misma persona que en su función de fiscal general determinó la extinción de dominio del 82,16% de esas acciones y después; con una empresa jurídica controlada por un familiar, aconsejó como negociarlas.
