Adlai Stevenson Samper

Para los españoles de Canal Isabel II la empresa Triple A de Barranquilla era la joya de la corona de sus inversiones internacionales amparadas bajo esa exitosa marca con presencia en varios países. Una joya que se transformó en un barril de pólvora para los implicados en el “pelotazo”, tal como fue calificado el negocio de compra de la empresa barranquillera por los ibéricos y del cual hizo eco la prensa hispana.

La operación que develó la trama en Españpa fue denominada Blas de Lezo y en Colombia, muy musicalmente aunque nunca sonó, Acordeón. O si emitió un lúgubre chillido –para Canal Isabel II– fue cuando el Fiscal Martínez Neira decidió extinguir las acciones de los españoles (82,16%) para entregarlas en custodia provisional a la Sociedad de Activos Especiales (SAE) adscrita en ese momento al Ministerio de Hacienda regentado por el terrible Carrasquilla

En ese momento se iniciaron las conjeturas sobre cuál sería el destino final, tras el proceso de extinción, de la acciones que se encontraban en poder de los españoles.

Pronósticos iban y venían, especulaciones e hipótesis, pues es una empresa apetecida por varios grupos económicos que, desde tiempo atrás, estaban al acecho de una conjetura como la planteada por la extinción de acciones en lo que uno de los interesados en el negocio, Tomás Jaramillo –ex directivo de la defraudadora empresa Interbolsa y condenado a 7 años de cárcel- en una conversación telefónica señalaba que solo había que esperar “que las estrellas se alinearan”.

La alineación estelar de las estrellas

Tomás Jaramillo Botero está casado con Mariluz Ruano, prima de David Maestre, asesor en la primera alcaldía de Alex Char. Jaramillo poseía información privilegiada sobre la Triple A pues en noticias e informaciones recopiladas por el diario El Confidencial de Madrid de sus conversaciones telefónicas indicaba que los bonos emitidos como deuda por la Triple A «se pueden conseguir regalados».

Tomás Jaramillo Botero

En otras palabras, la tenían fácil, indicando además una fórmula perfecta para apoderarse de la empresa: «Nos interesa berracamente, pero con ustedes huevón…alinee todas las estrellas allá marica y estamos listos». Cuando dice ustedes se refiere a funcionarios de la Alcaldía de Barranquilla y algunos grupos económicos que les prestasen cobertura.

Hasta ese año 2010 un análisis de medios de comunicación españoles y colombianos indicarían que tras el control de la Triple A se encontraban el grupo Nule (cuñado del alcalde Char), postores a diversos grupos de inversionistas, como es el caso de David Maestre Castro, y algunos interesados a nivel nacional con músculo económico y agallas para el despojo a los españoles como la empresa Interbolsa y otras empresas de servicios públicos –tal como sucedió en Electricaribe con A-ire y Afinia–, interesados en ampliar su portafolio de inversiones en el sector.

En junio 4 del 2017 el diario ElEspañol.com que andaba tras las pistas de los implicados en la operación Blas de Lezo por parte de la Guardia Civil española apareció una imagen en un restaurante en donde aparece el empresario José Manuel Daes y el capturado exejecutivo español Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente de Inassa.

En el portal La Silla Vacia se indica que “El poderoso contratista barranquillero era el supuesto poder a la sombra en la Alcaldía cuando se tomó decisión clave para que a la Triple A entrara española Canal de Isabel II”. En ese momento ese portal La Silla Vacía en un reportaje de la periodista Laura Ardila indicó el perfil del empresario Daes con respecto a la fotografía. Reitero que el escrito es de junio 4 de 2017: “Se trata del empresario y megacontratista José Manuel ‘el Yuyo’ Daes, a quien justamente la Alcaldía de Álex Char escogió este año (junto al antioqueño William Vélez, también mencionado en España en este escándalo y sobre el que La Silla prepara una historia) para ser socio privado de la ciudad en una sociedad mixta que manejará el alumbrado público, en un esquema legal similar al que dio luz a la Triple A hace 26 años para el acueducto, el alcantarillado y el aseo”.

Regresemos a España donde la debacle entre miembros del Partido Popular, de tendencia conservadora, era de pánico ante este caso de Inassa y Triple A. El 29 de enero de 2020 la Fiscalía Anticorrupción de ese país pidió ocho años de cárcel y 19 de inhabilitación absoluta para el expresidente madrileño Ignacio González en el caso Lezo por fraude a la administración y malversación de caudales públicos.

El centro de la investigación fue la compra en 2013 de la empresa Emissao de Brasil, inflando los precios de compra para repartirse el botín entre los implicados. 

Fue González quien aprobó la compra del 75% de las acciones de Emissao en donde la comunidad de Madrid sacó más de $20 millones de euros y al mes había bajado misteriosamente a su verdadero nivel de $10.6 millones de euros y luego –oh desaliento madrileño- costaban apenas $5.3 millones en una depreciación real del 75%. Un auténtico robo de alto nivel por $15 millones de euros.

Señala la Fiscalía Anticorrupción española que «el acusado Jaime Ignacio González González aceptó el plan propuesto en consciente perjuicio de la Administración autonómica y contactó a tal fin con su íntimo amigo, el acusado Edmundo Rodríguez Sobrino, presidente ejecutivo de INASSA, sociedad a través de la cual el Ente Público Canal de Isabel II ejecutaba su política de expansión internacional, encomendándole la gestión de dicha operación con el encargo de que garantizara en todo caso el cobro de comisiones».

Como es hecho público conocido Edmundo Rodríguez, presidente de Inassa y Ramón Navarro, gerente de la Triple A fueron capturados, el primero en España y el segundo en Barranquilla.

En toda la trama delictiva para apoderarse, raponearle la empresa Triple A a los barranquilleros aparece de cómplice y compinche empresarial la sociedad Inassa, de Barranquilla, propietaria de la Triple A en un 82%, dirigida por Edmundo Rodríguez Sobrino.

En el mismo escrito de acusación dice la fiscalía española que «todo ello se llevaría a cabo bajo la permanente supervisión y vigilancia del acusado Jaime Ignacio González González, quien fijaría las cuantías de las comisiones, siendo la suya el doble que las de los demás, para lo cual mantuvo reuniones con algunos de los acusados en su propio despacho oficial de la Presidencia de la Comunidad de Madrid».

No tenía salida Jaime Ignacio González en el proceso pues uno de los testimonios demoledores en su contra lo dio Edmundo Rodríguez Sobrino, expresidente de Inassa, filial del Canal de Isabel II en Sudamérica. Rodríguez, viéndose perdido, con apartamentos y cuentas investigadas, decidió presentar un escrito ante la Audiencia Nacional admitiendo que recibió una comisión ilegal de 1,8 millones de dólares que tenía como último destinatario al expresidente de la Comunidad de Madrid.

Este dinero permaneció oculto en una cuenta bancaria en Colombia hasta que la Operación Lezo en abril de 2017 empezara a dar resultados palpables. Para Rodríguez Sobrino, ex presidente de Inassa, el juzgado de la Audiencia Nacional española que instruye el caso pidió 7 años de cárcel y 16 años de inhabilitación en los cargos de fraude a la administración pública y malversación de caudales públicos.

Confirmando que el concierto para delinquir era extenso y complejo, aparece la autoincriminación –buscando acuerdos en la pena- de Diego García Arias, detenido en Colombia, exdirector de Negocios y Expansión de Inassa.

Desde 2017 le dio a la fiscalía española nombres de empresas, políticos sobornados, testaferros y nominaciones de cuentas bancarias en donde se ocultaban los fondos productos de las defraudaciones. Según él, cinco personas se llevaron 5,4 millones de dólares, entre ellas Ignacio González, Edmundo Rodríguez y él mismo. Dijo la fiscalía: «Al acusado Jaime Ignacio González González, oculto bajo el apodo Conde, le correspondían 1,8 millones de dólares». 

Para el caso de García, por notoria colaboración para desatar el entramado de corrupción, la fiscalía española pidió dos años de prisión y cinco de inhabilitación.

En el testimonio de García a la Fiscalía española dijo que 2 de los $5.4 millones de dólares se entregaron a Luis Vicente Moro, exdelegado del Gobierno en Ceuta; y a Ramón Navarro Pereira, ex gerente de la Triple A en Barranquilla.

Para el primero la Fiscalía española pidió 7 años de cárcel y cinco de inhabilitación. Para Navarro 2 años de cárcel y 5 de inhabilitación. Otros encartados fueron María Fernanda Richmond, exdirectora del Canal, y Sebastiao Cristovam, exrepresentante de Emissao en Brasil.

A la primera se le atribuye un delito de malversación de caudales públicos y se enfrenta a cinco años de prisión y a doce de inhabilitación absoluta, mientras que al segundo se le atribuye tanto malversación como fraude a la administración: la Fiscalía pide para él seis años y seis meses de cárcel y quince de inhabilitación para empleo o cargo público.

Es preciso señalar que a Ramón Navarro Pereira los directivos de Canal Isabel II lo despidieron al encontrarse su nombre y el de su esposa en cuentas bancarias en paraísos fiscales, trama develada en el escándalo del bufete panameño Mossack-Fonseca, aunque en Barranquilla los medios de comunicación echaron a andar el cuento que «Navarro había renunciado». No señor. Navarro fue despedido y después capturado por la Fiscalía.

La extinción de acciones 

El 4 de octubre de 2018 la Fiscalía General de la Nación ordenó el embargo, con fines de extinción de dominio, de las acciones por $202.000 millones de pesos de la sociedad española Inassa en la empresa Triple A de Barranquilla ordenando sanciones para ocho directivos y ex directivos, entre ellos cinco españoles.

El exfiscal Martínez Neira anunciando la extinción de dominio de las acciones de Triple A pertenecientes a Inassa SA.

Señaló la Fiscalía en un comunicado que «La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio adoptó la medida cautelar de embargo y secuestro con fines de extinción de dominio de las acciones de propiedad de la sociedad Inassa S.A. en la empresa Triple A, S.A, E.S.P, las cuales corresponden al 82 % del capital de esta última».

Aquí viene un eje de la trama, importante para los desarrollos posteriores. La investigación de la Fiscalía colombiana no se refiere a la forma dolosa, criminal en que empresarios españoles y colombianos le sustrajeron ilegalmente al Distrito de Barranquilla la mayoría accionaria de la Triple A.

Ese hecho, por el cual hubo condenas en España y en la misma Colombia quedó tras bambalinas por un delito anexo al principal, es decir un derivado del famoso “pelotazo”.

El acervo probatorio presentado por la Fiscalía se encuentra relacionado con hechos ocurridos desde el año 2000 hasta el 2017 en el que se detectaron aparentes pagos fraudulentos a través de un contrato de asistencia técnica que habrían causado un detrimento patrimonial de cerca más de $236.000 millones de pesos.

Como se dice en el argot popular barranquillero un elegante plante jurídico para sacarle a la empresa dividendos vía de una supuesta asistencia.

Dijo la Fiscalía que «Dicho contrato se remonta al 4 de septiembre de 2000, cuando la empresa Inassa y Triple A S.A., acordaron la entrega del 4,5% del recaudo mensual de servicios domiciliarios de alcantarillado, acueducto y aseo, a cambio de una supuesta asistencia en gestión comercial, operativa, administrativa y técnica».

Entonces, según las investigaciones, tal contrato de asistencia técnica nunca se habría cumplido con la consecuente desviación irregular de recursos con el fin de beneficiar a terceros que según la Fiscalía era «una maniobra financiera que garantizaba que parte de los recursos quedaran entre socios y un porcentaje fuera destinado para los gastos operacionales de Inassa».

En fin, la extinción de dominio fue por un acto ilícito anexo o concomitante al robo de la capacidad accionaria del Distrito de Barranquilla en la empresa Triple A, hecho que tiene demandas, acciones populares, denuncias e informes periodísticos las cuales nunca se han dilucidado a nivel jurídico, aunque el atado de líneas de investigación presenten las verdaderas circunstancias del robo con empresarios colombianos, hispanos, empresas “off shore” en Panamá y por supuesto con la aquiescencia de la administración distrital de Barranquilla que se despreocupó de esos asuntos, aceitada convenientemente tal como dicen los españoles vinculados a Canal Isabel, Canal Extensia y la prensa española.

Las consecuencias de obviar la investigación sobre la forma torticera en que el Distrito de Barranquilla fue despojado por bandidos financieros de su empresa Triple A consiste en que le diluyó su personería de víctima del suceso, pues en este caso solo lo fue en la defraudación del 15% de sus acciones y el otro –repitamos que es un accionariado tramposo y doloso- de Inassa misma. Es decir, Inassa fue ladrón y víctima según esta descabellada teoría penal.

Por ello no aparece en la extinción de acciones como víctima el Distrito de Barranquilla ni se le da opción de recuperar lo ilícitamente sustraído de sus activos en Triple A. Muy por el contrario, en un acto de increíble volatinería jurídica, se le obliga a “comprar” nuevamente las acciones que son suyas con una jugarreta artificiosa: meter a socios privados a que paguen las acciones con el producto de las ventas anticipadas de sus ganancias como nuevos accionistas.

Según comunicado de prensa de la SAE fechado el 3 de diciembre de 2021 “Con la compañía del Presidente de la República, Iván Duque Márquez, el Alcalde de Barranquilla, Jaime Alberto Pumarejo Heins, y el Presidente de la Sociedad de Activos Especiales S.AS, Andrés Alberto Ávila Ávila, firmaron el contrato de compraventa del capital social de la Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Barranquilla S.A ESP (Triple A). Con esto, SAE S.A.S oficializó la venta del 82,16% de las acciones que se encuentran bajo su administración debido a la medida cautelar de embargo, secuestro y pérdida del poder dispositivo decretado por las autoridades competentes. Después de más de 6 meses de trabajo en valoración y negociación, SAE S.A.S consigue cerrar un negocio con la Alcaldía de Barranquilla y la Empresa de Alumbrado Público”. 

Del comunicado resaltan dos hechos anti jurídicos: Uno, indicar que la “SAE vende su participación accionaria en la Triple A” cuando se trata desde la lógica de los bienes reales o derecho de propiedad de un activo sustraído a un ente territorial con personería jurídica como el Distrito de Barranquilla y desde esa verdadera perspectiva la SAE es simple tenedor o fideicomisario del porcentaje accionario recuperado en el proceso de extinción.

Así que la venta, en su esencia es ilegal. Es, a guisa de ejemplo, como si una casa de su propiedad perdida en circunstancias dolosas en un proceso de extinción de dominio se le cobrará su venta para recuperarla. Absurdo pagar dos veces y que además se le desvié su propiedad, segundo hecho irregular, a través de una sociedad de economía mixta tal como es la Empresa de Alumbrado Público de Barranquilla (APBAQ).

El papel estratégico de la empresa de Alumbrado público en la transacción

Veamos cual era el accionariado de la Triple A cuando se inicia el proceso de extinción de dominio y su correspondiente clasificación:

Acciones tipo A: Distrito de Barranquilla14,50%
Acciones tipo B: Sector privado3,34%
cciones tipo C: Socio Calificado Inassa82,16%

Para el año 2017 estas acciones en su conjunto tenían un valor de $202.200 millones de pesos. Así que las acciones que la SAE le “vende” a APBAQ corresponden al 82,16% correspondientes a la del socio calificado Inassa.

La concesión de servicios públicos de alumbrado fue creada por el Concejo Distrital de Barranquilla con el Acuerdo 0020 de 2016 “Por medio del cual se autoriza al Alcalde de Barranquilla para la constitución de una sociedad de economía mixta por acciones para la prestación del servicio de alumbrado público en el Distrito de Barranquilla, que comprende la administración, operación, mantenimiento, modernización, reposición y expansión del sistema, la compra de energía eléctrica con destino a este sistema, y se dictan otras disposiciones”.

En el citado Acuerdo en ninguna parte de su articulado presupone expansión de actividades a servicios que no correspondan a la iluminación y sus correspondientes tecnologías lo que significa que allí no se incluyen actividades de tratamiento, distribución de aguas blancas y servidas y menos el servicio de aseo tales como los presta la empresa Triple A.

El presidente de la empresa de iluminación pública, según su artículo segundo, parágrafo primero será el Alcalde Distrital de Barranquilla, o quien el delegue. El Gerente de la Sociedad será elegido por la Junta Directiva conforme las normas del Código de Comercio y demás Disposiciones Legales Vigentes.

El artículo tercero presenta a los socios de la empresa: «El Capital inicial y/o los Aportes Accionarios de la Sociedad de Economía Mixta estará constituido por: a) El aporte del Distrito conforme la valoración de una banca de inversión, y podrá consistir en cualquiera de los tipos de aportes permitidos por la Ley 489 de 1998 o del Código de Comercio, cualquier tipo de activo e incluso la prestación del servicio público de alumbrado público, y b) Los aportes de los particulares, que podrán ser personas Naturales o Jurídicas, escogidas a través de una convocatoria pública que reúna las condiciones legales de selección objetiva y que cuente con la suficiencia económica, financiera, jurídica y técnica para participar en el desarrollo del objeto social de la Sociedad cuya creación se autoriza».

El Acuerdo se firmó el 8 de agosto de 2016 por el Presidente del Concejo Juan Ospino Acuña que curiosamente fue recién elegido para similar función en el desarrollo del actual periodo. El 17 de diciembre de ese año se conocieron los socios de la nueva empresa de alumbrado. La prensa oficial cuantificó que los barranquilleros – el Distrito- serán los socios mayoritarios de la empresa con un capital del 65% accionario con un socio estratégico que garantizaría inversiones por $85.885 millones para optimizar el servicio.

La buena nueva sobre la empresa que se llamó inicialmente Iluminamos Barranquilla S.A.S. -Ilubaq-  llegó el primero de enero de 2017 cuando el entonces gerente de ciudad Jaime Pumarejo resaltó los alcances de la sociedad con un tono optimista: «Esto le permitirá al Distrito, durante 30 años, participar en la Junta Directiva y en la elección del Gerente, saber cómo se manejan los recursos y las inversiones y especialmente garantizar la prestación de un servicio de calidad. Además, tendremos operadores de gran experiencia como Eléctricas de Medellín, una de Barranquilla como Alutrafic y también Celsa de Medellín. Realmente son socios de alta calidad. Esto abre las puertas para que la nueva sociedad de economía mixta preste otros servicios públicos como la instalación de cables de fibra óptica y antenas de telefonía celular, lo que le permitirá expandirse y ofrecer sus servicios en otros municipios. Este es el principio de una empresa con futuro promisorio».

El valor estimado del capital social inicial es la suma de $7.867 millones 720 mil pesos, representado en 7 millones 867 mil 720 acciones, de un valor nominal de $1.000 cada una. El aporte público en especie del Distrito de Barranquilla será de $5.114 millones 18 mil pesos, el cual corresponde al ejercicio monopólico del servicio de alumbrado público. Los aportes privados en dinero alcanzan los $2.753 millones 702 mil pesos, que serán utilizados para los gastos operacionales y no operacionales de la sociedad.

La composición accionaria del distrito es del 65%. El restante 35% de acciones de APBAQ, como finalmente adopta como razón social la empresa, es de carácter privado para cumplir el esquema de sociedad de economía mixta. Según estudios económicos y técnicos desarrollados por el Distrito de Barranquilla se llegó a la conclusión que para repotenciar el sistema de alumbrado público era necesaria la suma de $119.68 millones 269 mil 918 pesos, que en un gran porcentaje deben ser financiadas por el socio estratégico que se encontraba obligado a inversiones de $85.885 millones 565 mil 831, en un periodo máximo de tres años.

Los dueños del balón en la empresa APBAQ de alumbrado público y de la Triple A

La empresa socia del distrito de Barranquilla en la empresa de alumbrado público –y ahora propietaria de la Triple A-  fue registrada en la Cámara de Comercio como Barranquilla Capital de Luz S. A. S. y está conformada por: Eléctricas de Medellín Ingeniera y Servicios S.A.S; Alutrafic LED S.A.SMega Proyectos de Iluminaciones de Colombia S.A.S.; Iluminación de Villavicencio S.A.S. y Celsa S.A.S.

El empresario antioqueño William Vélez Sierra, afecto a Álvaro Uribe Vélez, un peso pesado en las concesiones de servicios públicos se encuentra presente en la sociedad con las empresas Eléctricas de Medellín con un 50%, Iluminación de Villavicencio con 10%, Megaproyecto Iluminación de Colombia con 17%, Celsa con el 3%. Por otro lado, de segundo accionista privado mayoritario se encuentra Alutrafic Led, del grupo Tecnoglass de la familia Daes.

Esta sociedad recibirá el 18 por ciento de lo recaudado anualmente por impuesto de alumbrado público de Barranquilla, que en los últimos cinco años ha sido una cifra entre los $35 mil y $39 mil millones de pesos

No se le devuelven las acciones al distrito

Pese a la insistencia de la prensa y la administración pública en señalar que Barranquilla “recobró” las acciones de la Triple A, esa información no es cierta. Primero porque la empresa que compra las acciones no es el Distrito sino APBAQ, en donde el Distrito de Barranquilla es socio directo pero en la Triple A es indirecto y además termina pagando lo que en derecho le pertenece. Un pésimo negocio por donde se le mire y un estupendo regalo a los socios de APBAQ como ya veremos.

La condición de víctima del Distrito de Barranquilla en torno al manejo accionario de la Triple A viene desde el año 1996 y se encuentra debidamente acreditada en la Fiscalía española en el marco de la Operación Blas de Lezo y en la de la Fiscalía colombiana tal como dijo inexactamente el entonces Fiscal Martínez Neira a medios de comunicación de Bogota que «la compañía fue saqueada desde el año 2000 y que, además, no se cumplió del todo el contrato de asistencia técnica con Inassa».

Debió decir desde los inicios, cuando torticeramente le sustrajeron con ardides jurídicos auspiciados por políticos locales aceitados, la mayoría accionaria al distrito de Barranquilla. https://corrupcionaldia.com/las-acciones-de-la-triple-a-que-se-tumbaron-los-espanoles-y-que-hoy-reclaman-los-barranquilleros-ahora-en-poder-de-la-sae/.

Desde la perspectiva jurídica el distrito de Barranquilla debería ser el depositario de las acciones recuperadas tras la extinción. La Ley 768 de 2002, la que adopta el Régimen Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Portuario e Industrial de Barranquilla, Turístico y Cultural de Cartagena de Indias y Turístico, Cultural e Histórico de Santa Marta, señaló en su artículo primero que el objeto de la ley «es que consagra las normas que integran el Estatuto Político, Administrativo y Fiscal de los Distritos Especiales de Barranquilla, Cartagena de Indias y Santa Marta; su objeto es dotar a estos de las facultades, instrumentos y recursos que les permitan cumplir las funciones y prestar los servicios a su cargo; promover el desarrollo integral de su territorio para contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de sus habitantes, a partir del aprovechamiento de sus recursos y ventajas derivadas de las características, condiciones y circunstancias especiales que presentan éstos, considerados en particular».

Muy claro lo dice la citada Ley 768 de 2002: «dotar de facultades e instrumentos y recursos que les permitan cumplir funciones y prestar los servicios a su cargo». 

La norma superior constitucional también lo indica en su artículo 287: «Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y dentro de los límites de la Constitución y la ley. En tal virtud tendrán los siguientes derechos: 1. Gobernarse por autoridades propias. 2. Ejercer las competencias que les correspondan. 3. Administrar los recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus funciones.  4. Participar en las rentas nacionales». 

Así que “venderles” estas acciones, en vez del distrito de Barranquilla a una empresa de servicios públicos relacionada con la gestión del agua a una sociedad de economía mixta relacionada con el manejo de la electricidad, no parece una correcta interpretación de la lógica jurídica administrativa a menos; claro, que se usen estos artilugios para elegantemente regalar una porción accionaria de la Triple A a los socios que conforman el 35% de APBAQ.

Como a Barranquilla le impusieron la “recompra” de sus acciones y no tiene capacidad económica para tal aventura financiera, allí es donde entra la estrategia de la sociedad de economía mixta y sus socios pues según los términos del fantástico negocio, serán los socios privados de APBAQ los que financien la compra de las acciones. ¿Y cómo sería este desembolso? Fácil. 

Según el gerente de ciudad Carlos Acosta “usando el mecanismo de venta anticipada, sin colocar un solo peso, a partir de la cual la enajenación se irá pagando con parte de las utilidades futuras”. Un nuevo “pelotazo”, al decir de los hispanos, pero esta vez a los afortunados socios de APBAQ que pasan, en un mágico instante, a socios accionistas proporcionales de la Triple A. Bien lo dice Acosta, gerente de ciudad: «A la Triple A no entra un nuevo operador; esta es una operación esencialmente financiera, en cuyo marco las acciones cambian de dueño». 

Por su parte el Alcalde Pumarejo aseguró que el Distrito se vuelve ahora un «custodio de largo aliento para que la Triple A siga creciendo y se fortalezca. Nuestro rol fundamental no es reemplazar a la sociedad Triple A, ni poner un operador, ni buscarle tercerizar ninguno de sus servicios».

Pero las sociedades de economía mixta, de carácter privado, si pueden hábilmente cambiar las reglas del juego tal como sucedió en el pasado con las acciones disminuidas al Distrito de Barranquilla en la Triple A quedando como accionista mayoritaria Inassa. Todo se puede hacer y deshacer en derecho.

El Alcalde Pumarejo responde a un cuestionario del diario El Heraldo. Dice: «No ponemos un peso, ni nos endeudamos ni extendimos garantías financieras. Ese es el gran logro de este proceso. Los particulares por lo general se valen de los recursos del Estado para hacer sus negocios; hoy nosotros nos valemos de ellos para volver a tener la propiedad de una empresa que nunca debimos perder».

Un optimismo parcial pues una parte de las acciones de la ciudad en la Triple A quedaron en manos de nuevos socios. En otra sección de la entrevista se le hace la pregunta del millón: ¿Cuál es la causa de la escogencia de APBAQ? Pumarejo responde:

«Antes de responder la pregunta, déjeme recordarle que hace 14 años, cuando llegamos a la Alcaldía con Álex Char, tuvimos el sueño de convertir a Barranquilla en una ciudad empresaria. Empezamos revirtiendo las concesiones que eran lesivas para los barranquilleros y revisando otras que podrían generar menores costos, mayores ingresos y mejores servicios. En este último caso estaba Alumbrado Público. Cuando la concesión acabó, creamos la empresa, con una fórmula innovadora: a cambio de una participación minoritaria, los privados pondrían la inversión inicial y se asociaban con la ciudad. Ha sido un gran negocio. Ya hemos iluminado la ciudad completa con luces LED, en una transición energética que nos pone al día con el cambio climático, y estamos impulsando la nueva empresa de energía solar que será punta de lanza en nuestra apuesta por convertirnos en la primera biodiverciudad de Colombia. ¿Por qué APBAQ? Porque es una empresa consolidada, con un esquema probado de asociación público-privada, que podríamos repetir en el nuevo negocio sin afectar nuestra intención de quedarnos con la mayoría de las acciones de la Triple A».

Pero no dijo porque se excluyó al Distrito de Barranquilla de recuperar sus acciones conculcadas dolosamente por un concierto criminal en la cual es víctima con lo que implica en materia de indemnizaciones y perjuicios. Y que el mismo esquema de pago adosado a la participación de los socios privados también lo hubiese podido adoptar el Distrito para la “recompra” de sus acciones usando el mecanismo de pago por venta anticipada.

Todo ello lleva a la conclusión que la operación de usar de mampara una sociedad de economía mixta era darle amplias garantías a unos socios privados para quedarse con un importante paquete accionario de la Triple A.

El negocio, socio, con los privados y el reparto de utilidades lo define el Alcalde Pumarejo en la entrevista aludida del diario El Heraldo: «Como miembros de la junta directiva, contaremos con su conocimiento y orientaciones, en cuyo caso serán actores importantes en el diseño del futuro de la compañía. Pero no perdamos de vista que dentro de la estructura de la empresa, serán los socios minoritarios con el 35 % de las acciones y derechos. Su apuesta es, también, que el negocio se consolide, para asegurar, de esa manera, su participación del 35 % en las utilidades. Nuestra participación en esas utilidades será del 65 %, pero además mantenemos el 30 % del flujo de caja libre sobre regalías por concepto de la concesión».

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