En Colombia, cuando se cree que en materia de corrupción y de impunidad, nada sorprende, algo nuevamente termina asombrando. 

Tal es la noticia de esta semana, en la que la Corte Suprema de Justicia, abrió una indagación previa a los congresistas Katherine Miranda Peña y León Freddy Muñoz Lopera

La decisión se tomó luego que la exministra de Tecnologías de Información Karen Abudinen los denunciara por la presunta comisión de los delitos de injuria, calumnia y fraude procesal, entre otras, porque Miranda usó su apellido en un trino que decía: #LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR

Según Karen Abudinem, Miranda y Muñoz, el 12 de agosto de 2021, suscribieron una proposición para dar inicio al trámite de moción de censura en su contra, utilizando, según Abudinen, «pruebas inexistentes para crear una situación fáctica engañosa e inducir al pleno de la Cámara de Representantes en error para que votaran afirmativamente la moción». 

La denuncia reprocha igualmente que se haya utilizado en las redes sociales el apellido Abudinen para significar la realización de “manera generalizada y sistemática”, de conductas al margen de la ley. 

En ese sentido, la denuncia cuestiona que Miranda haya dicho en su Twitter que: «#LaPalabraDelAñoEs ABUDINEAR, por demostrar cómo la clase política tradicional normaliza la corrupción y se burla de frente de la ciudadanía».

Tantos Miranda como Muñoz promovieron en el Congreso moción de censura contra la entonces MinTic, luego de que se destapara el polémico contrato suscrito entre el Gobierno y la Unión Temporal Centros Poblados para instalar centros digitales en 15 departamentos, que no se ejecutó, donde se comprobó la falta de experiencia de las firmas contratadas por casi $2 billlones de pesos y que representó para el Estado colombiano, la pérdida de unos $70 mil millones de pesos

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El escándalo se destapó luego de que varios medios de comunicación siendo uno de los primeros, Corrupción al Día, mostraran la falta de rigurosidad por parte de la entidad contratante, en este caso el Ministerio de las Tics, a la hora de adjudicar por esta abultada suma, un contrato a unas empresas que era evidente su inexperiencia. 

Varios meses después estalló el escándalo que destapó toda la corruptela que hubo alrededor de esta adjudicación y que le costó la cabeza a la ministra Karen Abudinen

Ahora, lo curioso y paradójico del caso es que, quienes desde el Congreso de la República consiguieron sentar un precedente de control político a funcionarios del alto gobierno y presionar para que Abudinen finalmente se apartara del cargo, resultan investigados por la Corte Suprema. 

Valga recordar que la única entidad de control que abrió una investigación a la exministra Abudinen fue la Procuraduría General de la Nación, donde sabiendo la cercanía que tiene Alex Char,  jefe político de la exministra, con la procuradora Margarita Cabello, lo más probable es que salga limpia de tal indagación. 

La Fiscalía General ha abierto investigaciones, por lo ocurrido con esta contratación, pero ninguna contra Karen Abudinen

Por esto, no deja de asombrar la rapidez con que el máximo tribunal penal del país, haya admitido la denuncia por delitos muchísimo menos graves contra los congresistas en cuestión. El caso contra el par de representantes a la Cámara, quedó en manos del magistrado Héctor Alarcón quien ordenó una serie de pruebas y ya comunicó a los dos congresistas de la existencia del proceso.

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