Camilo Humberto Tarquino, exmagistrado y expresidente de la Corte Suprema de Justicia, fue condenado por ser partícipe de la red de corrupción que se convirtió en el escándalo más grande en la historia, el Cartel de la Toga.

Personajes como Tarquino pululan en las oficinas judiciales, lo que nos han llevado a ser uno de los países con mayor impunidad en el mundo. Ocupamos el puesto 53 de 163 países que fueron medidos por The Chicago Council on Global Affairs, con el apoyo analítico de Eurasia Group. El 163 es el país con menos impunidad, en este caso Finlandia con un escore de 0.29.

Colombia, en el puesto 53, obtuvo un escore de 2.79; mientras que el número 1, el país con más impunidad, es Afganistan con de 4.25. Vergonzoso desde todo punto de vista, gracias a la cantidad de funcionarios judiciales como el expresidente de la Corte Suprema de Justicia Camilo Humberto Tarquino.

Mapa mundial de la impunidad.

De hecho, un juez de Bogotá lo halló responsable de participar en el llamado en esta gigantesca red de corrupción que comprometía a las más altas cabezas de la rama. En la sentencia se señala que el juzgado acogió las pruebas aportadas por la Fiscalía y encontró responsable a Tarquino del delito de concusión como interviniente.

Por dicho motivo, condenó al exmagistrado Tarquino a una pena de seis años de cárcel y al pago de una multa superior a los 58 millones de pesos.

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«La contundencia de las pruebas obtenidas por la Fiscalía General de la Nación fue determinante para que un juez penal de conocimiento de Bogotá condenara al exmagistrado Camilo Humberto Tarquino Gallego a seis años de prisión, y al pago de una multa equivalente a 50 salarios mínimos legales mensuales vigentes», señaló la Fiscalía al conocer la condena.

Asimismo, el juez ordenó la captura inmediata del exmagistrado, con el fin de que quede a disposición del Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec) y cumpla la pena en prisión.

Vale la pena mencionar que, según el material de prueba recaudado por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, Tarquino hizo parte del trío de magistrados, altos representantes de la justicia del país que terminaron investigados por hechos de corrupción en la misma justicia.

Precisamente, junto a Francisco Cifuentes y Leonidas Bustos, el nombre de Camilo Tarquino se redactó en los procesos judiciales como presuntos responsables de conformar una red criminal al interior de las altas cortes.

Además, una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia evidenció en juicio que Tarquino Gallego se tuvo cuatro reuniones con el exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons Muskus, en las cuales se discutieron asuntos relacionados con las indagaciones que se seguían por irregularidades de contratación en el departamento y la posible participación en el dominado cartel de la hemofilia.

«Los encuentros se realizaron entre septiembre y octubre de 2014, en un apartamento del norte de Bogotá. En uno de estos, el hoy procesado solicitó 60 millones de pesos para tener acercamientos con personas que podrían conocer detalles sobre los asuntos por los que era investigado el exmandatario», afirmó la Fiscalía.

Asimismo, según la línea de investigación en la cuarta y última reunión, «El exmagistrado le indicó al exgobernador que la situación judicial que enfrentaba era crítica y le pidió 20.000 millones de pesos para garantizar la mediación del entonces magistrado José Leonidas Bustos Ramírez, quien podría impedir actuaciones en su contra porque, presuntamente, tenía contactos directos con las instancias que indagaban a Lyons Muskus», se conoció tras confirmar la condena.

Cabe destacar que este fallo de condena es de primera instancia y, de ser apelado, quedará en manos de los magistrados de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá para que definan si mantienen o revocan esta sentencia.

Más sobre el Cartel de la Toga

El Cartel de la Toga se caracteriza por ser un caso de corrupción judicial y política del país, en el cual miembros de la Corte Suprema de Justicia de Colombia llevaron a cabo los delitos de cohecho y concusión. De hecho, este cartel se destapó en el año 2017, y se considera un incidente grave de corrupción, porque dejó en evidencia un entramado de desviación de la acción penal.

Según fuentes oficiales, su nombre se le debe a la prensa colombiana porque la red de corrupción era dirigida por los togados de las altas cortes, es decir, los magistrados.

Tomado en parte de El País

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