Increíble e impunemente funcionarios públicos y contratistas utilizaron $36 mil millones de pesos de nuestros bolsillos para construir un megatanque inservible, un monumento más a la corrupción en Barranquilla, a través de un contrato de obras públicas plagado de patrañas y mecanismos delincuenciales que nos proponemos describir.

Este contrato de obra pública se inició en el 2014, con una duración de 8 meses, pero hasta hoy (11 de mayo de 2022) no ha sido entregado en funcionamiento. Sin embargo, hemos descubierto un sinnúmero de procesos ilegales y corruptos que muestran un comportamiento delincuencial instaurado en la administración distrital para direccionar los dineros públicos a manos inescrupulosas.

Con mucho cuidado vamos a desatornillar todas las piezas que componen este entramado. La primera pieza es la convocatoria.

Inicio

La idea de esta obra pública nació en el seno de las necesidades del Distrito de Barranquilla, en cabeza de la entonces alcaldesa distrital (2012 – 2015) Elsa Noguera de la Espriella, quien en su plan de gobierno incluyó el proyecto denominado “Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable para la zona suroccidental de la ciudad de Barranquilla”.

Este proyecto fue presentado al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, en busca de viabilidad y financiación. Y efectivamente en 2013, Iván Fernando Mustafá Durán en calidad de Vice ministro de Vivienda; José Raúl Lacouture Daza, como alcalde encargado del Distrito de Barranquilla, y Ricardo Felipe Restrepo Roca, director del Área Metropolitana de Barranquilla AMB, firmaron un convenio interadministrativo de uso de recursos para la realización de este proyecto.

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Si seguimos usando energías no renovables

Este es el tiempo que nos queda.

En la consideración #9 de este convenio se especifica que «el Artículo 21 del Decreto 2246 de 2012 establece que: “En desarrollo de lo dispuesto en los artículos 21 y 130 de la Ley 1450 de 2011 se cuenta con tres bolsas de apoyo financiero a las entidades territoriales en el marco de la política de los PAP-PDA para el sector de agua potable y saneamiento básico, a saber (...) 3. Bolsa Proyectos Estratégicos: Es aquella a la que se le destinan recursos de apoyo financiero de la Nación que serán asignados a los municipios y departamentos por el MVCT, a aquellos proyectos que se enmarquen en las políticas estratégicas del MVCT definidas en la Ley 1450 de 2011”».

De esta manera el Ministerio de vivienda le asignó al Distrito de Barranquilla la suma de $11.604.232.831, y determinó que la ejecución del proyecto “Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable para la zona suroccidental de la ciudad de Barranquilla” se realizaría a través del Area Metropolitana de Barranquilla AMB (Resolución 0686 del MVCT, del 08 de Noviembre de 2013).

Contexto: A finales de 2013 el entonces presidente Juan Manuel Santos hacía acuerdos políticos y repartía mermelada para su campaña de reelección. Iván Fernando Mustafá Durán, uno de sus arfiles, ha sido relacionado con todo ese manejo corrupto del dinero público, al punto que la Fiscalía General de la Nación lo investigó por enriquecimiento ilícito, y por ello ha sido llamado a juicio.

Iván Fernando Mustafá Durán con el presidente Juan Manuel Santos, cuando manejaba una multimillonaria cartera de dineros públicos.

Los investigadores cuentan con material probatorio en el que Iván Mustafá, entre los años 2010 y 2018, habría incrementado su patrimonio económico de manera injustificada. En ese período el exfuncionario ocupó los cargos de: Viceministro de Agua, Director para las Regiones y Gerente del Fondo Adaptación de la Presidencia de la República.

En enero de 2022, la Procuraduría General de la Nación le formuló pliego de cargos por presuntas irregularidades en el desarrollo de un contrato para adelantar la construcción de la segunda etapa del Hospital San Francisco, en Villa de Leyva, Boyacá, cuando fungía como al gerente del Fondo Adaptación (2016 – 2018).

Hilando delgado, vemos que el proceso del Megatanque 7 de abril de Barranquilla inició en manos de personas de cuestionada reputación hoy, por lo que no se descarta desde ese momento un direccionamiento perspicaz, muy a pesar de las justificaciones legales del caso.

Pensamos que un funcionario como Mustafá Durán no iba a entregar $11.604.232.831 al Distrito de Barranquilla, sin inmiscuirse en el asunto. Ya veremos.

Segunda pieza

Los estudios previos del proceso de contratación fueron elaborados por el Departamento de Planeación del Área Metropolina de Barranquilla AMB de acuerdo a los documentos técnicos soportes entregados por la Triple A. Fueron los mismos (Estudios, planos y diseños) que se allegaron al ministerio para su viabilización.

Es decir, la Triple A con toda su capacidad técnica y experiencia aportaron los diseños y estudios del proyecto. No había duda de que se trataba de un proyecto finamente calculado y diseñado con maestría por personas experimentadas.

En la cláusula tercera (Obligaciones del Áreas Metropolitana de Barranquilla) del convenio interadministrativo de uso de recursos MVCT-Distrito de Barranquilla-AMB, para la realización de este proyecto, en el punto 2 se anota que el AMB debe «Garantizar la ejecución del proyecto denominado “Optimización del sistema de abastecimiento de agua potable para la zona suroccidental de la ciudad de Barranquilla”, de conformidad con el presupuesto y el plan del inversiones del proyecto presentado, el cual fue debidamente viabilizado y aprobado por el Ministerio».

Sin diseños ni estudios no puede haber presupuesto ni plan de inversiones. O sea que la Triple A tuvo esa responsabilidad y hasta el momento no ha entregado un informe sobre la ejecución de esos diseños y por qué no han funcionado.

Nos parece enormente importante esta aclaración que hace el Ministerio en ese punto 2: «En el evento de que se presenten modificaciones técnicas que impliquen la reprogramación total o parcial de actividades o cantidades de obras aprobadas en el proyecto al cual se le dio viabilidad y aprobación, antes de iniciar la ejecución se deberá obtener el nuevo concepto de viabilidad del Ministerio».

De acuerdo a este documento, todo estaba fríamente calculado para que la obra se llevara a cabo sin contratiempos.

En el punto 4 de esa tercera cláusula el Ministerio le exigía a el AMB llevar a cabo todo los procesos precontractuales, contractuales y postcontractuales, y por tal motivo esta entidad, mediante Resolución No.076, abrió la licitación pública AMB-LP-002 el 12 de mayo de 2014.

No entraremos en detalle sobre el proceso de selección del ganador de esta licitación, pero más adelante los resultados de algunos otros procesos demostrarán que fue amañada y dirigida para seleccionar al Consorcio Hidrotranques.

Viene la gran pregunta: ¿qué firmas conforman el Consorcio Hidrotranques?

P.V.C. SAS,  NIT 900.555.270-5 y Carlos Vengal Pérez,  CC 7.456.295-9, un famoso exjugador de basquet de Barranquilla que devino contratista de obras públicas gracias al apoyo de beneficio mutuo con políticos del Atlántico.

Lo curioso del asunto aquí es que la firma P.V.C. SAS es de propiedad de Carlos Vengal Pérez, o sea un Yo-con-Yo. No hay impedimento legal, pero no se ve bien éticamente 

Que no vio el comité evaluador

Que ni Carlos Vengal Pérez, como persona natural, ni su empresa P.V.C SAS tenían experiencia en megacontratos de hidráulica, nunca habían construido un tanque de almacenamiento de agua.

Así consta en los Registros únicos de Proponentes (RUP) aportados a la licitación. Igualmente, no hubo ningún análisis sobre la capacidad financiera de los integrantes de este consorcio. Evidentemente, como lo muestran las cifras consignadas en el RUP, este consorcio no tenía cómo responderle al Estado por el valor de ese proyecto que superaba los $23 mil millones de pesos.

Lo anterior lo corrobora el hecho de una demora larga e injustificada para comenzar la obra. No tenían el dinero para pagar los impuestos ni la respectiva coima, de lo cual entraremos en detalles más adelante.

De acuerdo a la linea de tiempo que se expone a continuación, todo estaba dado para que fuera Carlos Vengal Pérez el contratista de esta megaobra.

La falta de análisis y profesionalismo del comité evaluador de esta licitación se comprueba al observar los cambios que hizo Carlos Vengal a su empresa Carlos Vengal Pérez y Compañía Ltda, las cual inició con un aporte de cuotas de sus socios que suma $750.000 como capital social de la empresa.

Aunque la Ley le permitía incluir como socios a sus dos hijos menores de edad (solo lo prohibe en sociedades abiertas), Vengal y su esposa lo hicieron y asumieron la responsabilidad de ejercer los derechos políticos de ellos en la sociedad.

Al transformar la sociedad en compañía anónima, los socios de CPV & Cía Ltda acordaron un capital autorizado de $7.000 millones y dejar como capital suscrito y pagado los $750.000, violando el Artículo 375 del Código de Comercio que señala que el valor del capital suscrito debe ser no menor del 50% del cáptital autorizado, y el capital pagado, no menor de aun tercio del capital suscrito.

Esta violación a la Ley fue reiterativa cuando decidieron transformar la empresa a una Sociedad por Acciones Simplificadas. También cometieron el mismo error de dejar su capital autorizado en $7.000 millones y el capital suscrito y pagado en $750.000.

Se ve claramente que esta es una empresa con un capital pírrico, demasiado débil para responder por un contrato de más de $23.000 millones. Entonces, seguramente el comité evaluador se dejó descrestar por las increíbles sumas de dinero que los contratistas colocan en sus balances, especialmente en sus activos totales.

Próxima entrega: Las coimas y la evasión de impuestos

 

 

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