La corrupción es un cáncer que carcome a muchos países e instituciones gubernamentales alrededor del mundo, donde funcionarios corruptos en complicidad con empresarios de la misma calaña intentan, y en muchas ocasiones lo logran, esquilmar el erario público. 

Existen países con menor corrupción que otros, en virtud a que cuentan con organismos de justicia que hacen su tarea de manera más eficiente para atajar a los bandidos de cuello blanco. 

Colombia, obviamente no está dentro de esa categoría, todo lo contrario, sigue teniendo un alto índice de corrupción, la cual recibe oxígeno cada vez que un organismo de control o de justicia, deja impune a los corruptos. 

Para explicar esta afirmación, compararemos el accionar de las autoridades de Colombia y un país europeo, frente a un caso de corrupción y de alto impacto en la opinión pública. 

Las mascarillas del Ayuntamiento de Madrid 

El 20 de marzo de 2020 el Ayuntamiento de Madrid (España), suscribió un convenio con la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid ante la rápida evolución de la pandemia y la necesidad de adquirir material sanitario como mascarillas, guantes, batas o geles desinfectantes. 

Ambas entidades firmaron el convenio con el fin de establecer las condiciones para la compra centralizada, a través de la Empresa Municipal de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, del suministro de material sanitario y equipos de seguridad para el personal del Ayuntamiento, sus organismos autónomos y empresas públicas. 

Según la Fiscalía Anticorrupción de ese país, en torno a esa misma fecha, los comisionistas investigados Luis Medina y Alberto Luceño ofrecieron al Ayuntamiento de Madrid la posibilidad de adquirir grandes remesas de material sanitario fabricado en China «actuando de común acuerdo y con ánimo de obtener un exagerado e injustificado beneficio económico». 

Pasados apenas cuatro meses, el 23 de julio, las primeras alarmas se encienden en Anticorrupción. Un informe de los servicios antiblanqueo (SEPBLAC) llega a la Fiscalía avisando sobre el flujo de millones llegado desde Malasia a las cuentas bancarias de Luis Medina y Alberto Luceño sin justificación aparente. La investigación, eso sí, no se abre formalmente en la Fiscalía hasta el 3 de noviembre de ese año, tres meses después de la llegada del informe. 

Y el 26 de noviembre del 2020 el fiscal Luis Rodríguez Sol pone en marcha sus primeras pesquisas y se dirige al Ayuntamiento de Madrid, que desde ese día sabe que hay una causa en marcha. El Ayuntamiento contesta a este primer requerimiento el 21 de diciembre de 2020, un año y cuatro meses antes de que el alcalde reconociera en público la existencia de la investigación. 

El escándalo por sobrecostos en esta compra lo reveló en exclusiva en el 2021, ElDiario.es de Madrid y las investigaciones no han parado desde entonces. 

FOTO DE ALBERTO LUCEÑO Y LUIS MEDINA

Tres contratos inflados  

De acuerdo con el documento de la Fiscalía, quien inicialmente contactó con el Ayuntamiento de Madrid fue Luis Medina –hermano del actual duque de Feria e hijo de Naty Abascal–, a quien se le habría facilitado el nombre de la coordinadora general de Presupuestos y Recursos Humanos del área de Gobierno de Hacienda y Personal del consistorio. Anticorrupción señala, además, que Medina habría aprovechado para ello «su condición de personaje conocido en la vida pública y su amistad con un familiar del alcalde de Madrid». 

Posteriormente, la coordinadora, que también era consejera de la Empresa de Servicios Funerarios y Cementerios de Madrid, llevó a cabo las negociaciones con Alberto Luceño, que se presentó como experto en importación de productos del mercado asiático y como agente exclusivo de la empresa malaya con la que posteriormente se iba a llevar a cabo la contratación. 

Estas negociaciones se tradujeron en tres contratos, cuyo importe total ascendía en un principio a 15,9 millones de euros: 

1.000.000 de mascarillas KN95 por $6.689.300 dólares. 

2.500.000 guantes de nitrilo, por $5.000.000 dólares. 

250.000 test rápidos COVID-19, por $4.250.000 dólares.  

En la querella se indica que estos precios los fijó Alberto Luceño y los impuso al Ayuntamiento de Madrid. Para ello, se habría amparado en su falsa posición de fabricante y agente exclusivo de la compañía vendedora. Además, ocultó que una parte importante del precio ofertado correspondía a comisiones que ambos querellados iban a percibir a través del material sanitario: en torno al 60% en el caso de las mascarillas, el 81% en los guantes, y casi el 71% en los test. 

Mascarillas: 4 millones de dólares de comisión 

De los casi 6,7 millones de dólares pagados por las mascarillas, tres millones fueron transferidos por la empresa malaya contratada a otra cuyo titular es Alberto Luceño, y un millón a la de Luis Medina. Esta diferencia se debe a que Luceño contaría con una comisión adicional de la que Medina no tenía constancia.  

«De esto se infiere que el precio real de venta de las mascarillas era de $2.689.300 dólares y que los querellados lo inflaron artificialmente para llevarse como beneficio neto de la operación 4.000.000 dólares; es decir, el 148% del precio real del producto», señala el documento.  

La Fiscalía española también reveló que en cuanto a la compra de los guantes de nitrilo, Alberto Luceño había asegurado a la persona que estaba coordinando estas operaciones desde el Ayuntamiento que se trataba de guantes «de gran calidad y que cubrían la mayor parte del brazo», mientras que los que finalmente se recibieron eran «de ínfima calidad y solo llegaban hasta la muñeca». 

La coordinadora pidió a Luceño que lo solventase, y le demostró que en un supermercado se estaban ofreciendo al público con las mismas características por 0,08 euros el par, mientras que el Ayuntamiento había pagado dos dólares. 

Ante esta situación, Luceño comentó a la persona encargada de la coordinación de estas gestiones que había conseguido que la empresa contratada rebajara el precio inicial del par de guantes fijándolo en 0,38 dólares, motivo por el cual le devolvería al Ayuntamiento $4.025.000 dólares

No obstante, la Fiscalía señaló que la empresa no habría rebajado el precio del par de guantes, sino que ese era el precio fijado para la venta desde un principio, y el resto del importe hasta llegar a los dos dólares –1,62 dólares– correspondían a las comisiones pactadas a través de este material sanitario. 

En el caso de los test rápidos, una vez más, se había pactado una comisión idéntica para cada uno de los querellados de $915.000 dólares ($2.100.000 dólares en total), y otra adicional para Luceño que Medina no conocía de $1.185.000 dólares. La suma de estas era de $3.015.000 dólares, lo que supone el 244% sobre el precio real del producto. 

Además, según señala el documento, parte de los test covid que recibió el Ayuntamiento de Madrid eran defectuosos: «De los 250.000 test recibidos, solo 75.000 tenían un nivel de sensibilidad aceptable (94%); 115.000 tenían un nivel de sensibilidad del 80%, y un lote de 60.000 test tenía un nivel de sensibilidad especialmente baja, del 66,7%». 

En total, de acuerdo con el texto de la Fiscalía, las cantidades percibidas por los dos querellados a través de las comisiones se sitúan en $6.100.000 dólares. De esta cantidad, un millón se lo llevó Luis Medina, y los $5.100.000 dólares restantes los cobró Alberto Luceño. No obstante, esta cantidad podría haber sido mayor si hubieran recibido las comisiones correspondientes a los test a las que renunciaron debido al problema con la coordinadora de estas operaciones, llegando a situarse en $11.065.000 euros.  

Según recoge el escrito de la Fiscalía, y que ha sido revelado por la gran mayoría de medios de comunicación de España, con el dinero recibido por parte de la empresa malaya, Luceño pagó diferentes bienes y servicios de lujo. Algunos ejemplos de ellos son tres relojes de la marca Rolex por un total de $42.450 euros, una estancia en un hotel de Marbella durante seis días por $60.000 euros y hasta seis vehículos de alta gama –entre los que se encuentra un Aston Martin, un Ferrari y un Range Rover– por $1.034.299 euros

Por su parte, Luis Medina adquirió un yate de $325.515 euros e invirtió $200.000 euros en Bono Nota Global Dividend 10-50, y otros $200.000 en Bono Nota Phoenix MSCI World

Según reveló la agencia Efe, el Ayuntamiento de Madrid ha negado que un familiar del alcalde José Luis Martínez-Almeida conozca al empresario Luis Medina que se ha llevado parte de la comisión a través de los contratos de material sanitario, tal y como recoge la querella de la Fiscalía. El consistorio madrileño defiende que todas las empresas con las que realizaba contratación debían seguir el mismo cauce. 

Por su parte, Almeida se defiende y ha asegurado que el empresario Luis Medina contactó con el Ayuntamiento a través de dos correos electrónicos los días 18 y 19 de marzo para saber si estarían interesados en material sanitario. 

«Únicamente se formalizó un contrato con el voto a favor de todos los grupos municipales en el Consejo de la Funeraria para poder proveer de material lo antes posible en una situación como la que se estaba viviendo», sostiene Almeida, quien además, ha manifestado que le parece “indignante” dónde fue a parar el dinero de los madrileños 

Tras las pesquisas adelantadas, el juez Adolfo Carretero del Juzgado de Instrucción No. 47 de Madrid, impuso el pasado 25 de abril medidas cautelares a Alberto Luceño y Luis Medina, al aceptar la solicitud de las acusaciones populares de los partidos Podemos, PSOE y Más Madrid, que habían pedido este lunes que se les retirase el pasaporte por riesgo de fuga, así como comparecencias cada 15 días.  

Ya con anterioridad había dado la orden de embargar las cuentas de ambos personajes, las cuales, sin embargo, estaban vaciadas. La de Medina solo tenía de acuerdo al reporte bancario, 250 euros. 

Ambos están acusados de delitos de estafa agravada, falsedad documental y blanqueo de capitales por irregularidades relacionadas con tres operaciones de compraventa en material sanitario. 

El juez añadió que los implicados, se podrán enfrentar a la pena de más de 20 años de cárcel. 

En cuanto al Ayuntamiento de Madrid, se investiga la actuación de Elena Collado, responsable de compras de la entidad municipal. 

Por ahora el Juez mantiene la calidad de perjudicado al Ayuntamiento por las movidas de los dos comisionistas. 

El escándalo de Centro poblados en Colombia 

El 15 de agosto del 2020 el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, TIC, publicó el borrador del pliego de condiciones del proyecto Centros Digitales para recibir comentarios de los interesados, para contratar el servicio de instalación de internet con el objeto de «garantizar el acceso gratuito al servicio de Internet inalámbrico WiFi para hasta 10.000 comunidades rurales con una operación a largo plazo y sin interrupciones», que iba a demandar una inversión de $2,1 billones de pesos ($509,7 millones de dólares). 

Karen Abudinem,

1′300.000 estudiantes serían beneficiados. 7800 metros cuadrados de cobertura de alcance tendría cada punto para conectarse con dispositivos con Wifi. 

Para efectos de poner a operar los 10.000 sitios que, serían instalados en escuelas públicas y las comunidades aledañas con este proyecto que el Gobierno denominaba el de “conectividad rural más grande en la historia del país”, se dividió en dos: una región contemplaba 16 departamentos y la otra, 17 (contando a Bogotá como departamento). Se trataba de dejar conectadas, también, a 45.000 sedes educativas públicas que hay en el país, garantizando el servicio a 10 años. Para ese momento la ministra de TIC, Karen Abudinen, fue clara en su postura: «Dejar a todo el mundo contento es muy difícil, pero el que más centros, tiempo y velocidad ofrezca será el que podrá tener mayor oportunidad en el proceso. Estoy tranquila porque lo hemos hecho a conciencia». Según el Mintic, el proceso venía contando con el acompañamiento de la Procuraduría y la Contraloría. 

Una primera vez fue aplazada la adjudicación, porque uno de los proponentes, Unión Temporal (UT) Red Iris, aseguró que el informe de evaluación de las propuestas no había sido publicado sino hasta la medianoche anterior y que no se tuvo el tiempo suficiente para leerlo y adelantar el debido proceso.  

Luego se aplazó de nuevo porque era obligatorio dar respuestas a las observaciones hechas al informe de evaluación, pero se postergó nuevamente cuando la ciudadanía se enteró, en medio de la audiencia, de que un asesor de la ministra TIC era, a su vez, apoderado de uno de los proponentes. “El motivo de la controversia es que el apoderado de uno de los proponentes (Unión Temporal SES Inred, conformada por SES Telecomunicaciones de Colombia y Red de Ingeniería), el abogado Camilo Valencia, presta servicios de asesoría jurídica a la ministra TIC, Karen Abudinen, en el marco de un contrato con vigencia hasta el 31 de diciembre de este año”, se informaba en la sección de Economía del diario El Espectador. 

Al final y tras un consejo de ministros el 9 de noviembre fue público que Claro se quedó con la región A, y la Unión Temporal Centros Poblados, se hizo a la región B, quedando esta última con el monto mayor de la adjudicación, 1.1 billones de pesos. 

Llamo la atención que el consorcio o Unión Temporal Centros Poblados superara en la licitación a reconocidas empresas expertas en el sector, como la ETB, Hughes, China Great Wall Industry y Skynet.  

Para vencer a estos gigantes de las telecomunicaciones, la unión temporal Centros Poblados Colombia 2020 lo hizo gracias a la unión de cuatro empresas (tres de Barranquilla y una de Bogotá) identificadas como: 

1. Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e Innovación, Funtics o Novotic, con una participación del 35 %. 

2. ICM Ingenieros SAS, 35 % 

3. Intec de la Costa SAS, 15 % 

4. Omega Buildings Constructora SAS, 15 % 

Pese a las alarmas y advertencias que hicieron los proponentes perdedores y las denuncias reveladas por algunos medios de comunicación antes de la adjudicación, la ministra Karen Abudinen, barranquillera y considerada la cuota del clan de la familia Char en el gobierno del presidente Iván Duque, insistió en continuar con el proceso. 

Para ese momento se inició indagación preliminar por parte de la Procuraduría con la finalidad de entender si hubo o no conductas indebidas, que por lo visto, no pararon en nada. 

Tiempo después, medios de comunicación alternativos e independientes, como corrupciónaldia.com, entre otros, mostraron la realidad de esta Unión Temporal, donde las firmas integrantes ya traían un historial de sanciones y dudosas actuaciones. Sin contar con los movimientos que hicieron en sus juntas directivas antes de la licitación, precisamente para no levantar sospechas. 

Pasaron seis meses y para mediados de junio estalló el escándalo.  A diferencia del caso comentado en España, las alarmas no las encendieron los propios organismos de vigilancia del Estado, sino, la prensa. 

Según varias revelaciones periodísticas, el avance de obra no se estaba cumpliendo, para el 30 de abril no se había instalado ni uno solo de los puntos digitales de los 750 que deberían estar listos en igual número de escuelas.  

En junio de 2021 ya eran evidentes los incumplimientos del contratista Centros Poblados, y ya se sabía que había recibido un anticipo por 70.000 millones de pesos (alrededor de 17,5 millones de dólares). 

Durante una audiencia de seguimiento al incumplimiento del contrato, el Ministerio planteó siniestrar la póliza que garantizaba que, si no se cumplía el contrato, se devolviera el valor del anticipo, la cual supuestamente había sido emitida por el Banco Itaú Colombia, pero mayor fue la sorpresa cuando la mencionada entidad bancaria declaró que no había expedido ninguna póliza y que el papel aportado como garantía para el desembolso del anticipo era una falsificación. 

En respuesta la MinTic anunció acciones legales contra el contratista, el cual se defendió señalando que las garantías sí eran reales.  

A finales de julio de 2021, la W Radio destapó que no hubo una sola póliza falsa, como se dijo por parte del MinTic, sino que en total habían sido tres los amparos falsos presentados y aceptados por el ministerio. 

El 2 de agosto de 2021, el Banco Itaú confirmó nuevamente que todos los amparos aportados por Centros Poblados eran falsos, denunciando que estos no correspondían en ninguna forma con los documentos originales que emitía la entidad. 

Frente a las denuncias, la ministra Abudinen se defendió diciendo que ya había retirado a ocho personas del Ministerio por omitir los controles del caso.​ Semanas después se destapó que la póliza falsa, que amparaba un pago de varios millones de dólares, había sido revisada y aprobada en apenas 18 minutos, lo que aumentó la indignación nacional por este caso. A inicios de septiembre más funcionarios del ministerio fueron separados de sus cargos, pero crecía el descontento general y las solicitudes de renuncia de la ministra.

Ya desde inicios de julio de 2021, el ministerio de las TICs abrió un proceso de caducidad contra la Unión Temporal Centros Poblados, que intentó aplazar en varias ocasiones el trámite del proceso, lo que finalmente no consiguió y el 13 de agosto de 2021, se declaró la caducidad, y de inmediato se debía hacer efectiva la cláusula penal, que ascendía a treinta y nueve mil quince millones de pesos ($39.015.000.000), unos doce millones de dólares de la época. 

El 24 de agosto de 2021, el juez Alberto Mario Ospino, del Juzgado Promiscuo Municipal de Puerto Colombia, Atlántico, en el marco de una acción de tutela presentada por el abogado de Centros Poblados, ordenó suspender la caducidad y reanudar el contrato, situación que generó gran indignación en el país, y una vez tomó relevancia nacional dicha decisión judicial, el juzgado procedió a revocar el fallo y negar la tutela, declarándola improcedente un día después, por lo que desde el 25 de agosto de 2021, volvió a estar vigente la caducidad del contrato. 

Los hechos provocaron la citación al Congreso de la ministra Karen Abudinem, para adelantarle un debate de moción de censura el cual fue programado para el viernes 3 de septiembre de 2021, y se llevó a cabo con fuertes enfrentamientos entre los representantes del Partido Verde (citantes) y miembros del gobierno de Iván Duque y del Centro Democrático. 

La Ministra se defendió airadamente, diciendo que ella no tenía nada que ver con la corrupción que había acontecido y amenazó con entablar acciones legales contra los congresistas que la habían criticado, para defender su honra, aunque días después se retractó. A pesar de contar abiertamente con el respaldo del presidente Duque, poco a poco los partidos de las mayorías parlamentarias gobiernistas empezaron a apoyar la moción de censura en su contra, situación que obligó al Presidente a pedirle la renuncia a la ministra para que saliera del cargo antes de ser removida por los parlamentarios, el 9 de septiembre de 2021, un día antes de la votación, Abudinen anunció su renuncia irrevocable. 

Acciones judiciales a medias 

En cuanto a las acciones judiciales, en septiembre del 2021, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó el embargo de las cuentas bancarias de los socios de la Unión Temporal Centros Poblados; pero, en diciembre del año pasado, esta medida no había sido ejecutoriada, y a la fecha, no ha trascendido ninguna información sobre si efectivamente se cumplió o no con esta orden judicial. 

También en diciembre la Fiscalía dio captura al empresario y contratista Emilio Tapia; y a Luis Fernando Duque Torres, representante legal de la Unión Temporal Centros Poblados (UT), y a Juan José Laverde, representante de Rave Seguros, la empresa a la que Unión Temporal acudió para el trámite de las pólizas de seguro del contrato. 

Sin embargo, al igual que no se sabe si el embargo a las cuentas se hizo efectivo, lo más probable es que estos personajes, no se encuentren hoy detenidos, a excepción de Emilio Tapia, que ya purgaba condena por el caso del carrusel de la contratación en Bogotá. 

Hace apenas dos días la juez 18 Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Bogotá, declaró legal la captura de Jorge Enrique López Benavides, quien según la Fiscalía General de la Nación habría falsificado las pólizas del polémico contrato por más de un billón de pesos de los cuales se entregó un adelanto por $70.000 millones para llevar internet a los niños de las regiones más apartadas del país.  

La Fiscalía le imputará los delitos de falsedad en documento privado y fraude procesal, a López Benavides por considerar que fue fundamental para concretar el entramado de corrupción con el que finalmente se concretó el contrato entre la Unión Temporal Centros Poblados y el Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.  

En cuanto al anticipo pagado de $70 mil millones al contratista, la propia Fiscalía avaló un principio de oportunidad a los implicados y afirmó que recibirá $15.000 millones a través de varias propiedades y en efectivo. 

Según el organismo judicial, los otros $55.000 millones estarían en mercancía y equipos que, en efecto, se compraron y que en estos momentos están en poder de aduanas y la DIAN y que da por recuperados de esta manera los $70.000 millones. 

En resumen, como dicen por ahí, esa platica, se perdió. 

De cara a las elecciones presidenciales el próximo 29 de mayo, el escándalo pasó a un cuarto plano. Los medios colombianos, tal vez cansados de seguir escudriñando y no ver resultados contundentes por parte de los organismos judiciales, ya poco comentan el caso. 

Mientras tanto los miles de niños colombianos que supuestamente iban a resultar beneficiados con la billonaria inversión, siguen sin tener conectividad con el resto del mundo, en pleno siglo XXI.  

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