Mientras usted pagaba esas multas que nunca debieron existir, las alcaldías acumulaban silenciosamente más de un billón de pesos. Nadie se lo contó. Hasta ahora.
Por Hipólito Palencia | corrupcionaldia.com
Hay una ironía brutal en todo esto. Durante años, las autoridades de tránsito de Colombia les dijeron a los conductores que las fotomultas eran por su bien. Que las cámaras instaladas en esquinas, rectas y curvas de todo el país existían para reducir la accidentalidad, para proteger vidas, para hacer de las carreteras un espacio más seguro. Y usted, ciudadano responsable, pagó. Sin chistar. Porque así funciona el sistema silencioso: convierte la obediencia en automatismo y la duda en culpa.
Lo que nadie le dijo es que 12 de esos organismos iniciaron operaciones sin el concepto de desempeño obligatorio del Instituto Nacional de Metrología; 7 funcionaron con certificaciones expedidas a nombre de terceros; y 18 obtuvieron la documentación técnica después de haber comenzado a imponer comparendos. En otras palabras: cobraron primero, legalizaron después, y rezaron para que nadie se diera cuenta.
Más de 7,5 millones de comparendos están hoy bajo revisión oficial. De esos, más de 1,58 millones ya fueron pagados por colombianos de a pie, configurando una bolsa de recaudos superior a los $1,05 billones de pesos. Eso no es un error administrativo. Eso es un sistema.
El Mecanismo: Cómo Funciona el Negocio de las Fotomultas
La arquitectura del fraude vial colombiano no requirió genios. Solo requirió aprovechar tres ingredientes que el Estado colombiano ofrece en abundancia: la opacidad contractual, la complicidad burocrática y la fe ciega del ciudadano en el uniforme de autoridad.
De 216 cámaras registradas en 2018, Colombia pasó a tener 680 hoy. Entre 2022 y 2023, las infracciones detectadas mediante fotomultas crecieron 50%, pasando de 2,2 millones a 3 millones de comparendos. Una expansión vertiginosa que ningún estudio de accidentalidad justificó proporcionalmente. Porque esta no era una campaña de seguridad vial. Era una campaña de recaudo con disfraz de semáforo.
La Ley 2251 de 2022 y la Resolución 718 del Ministerio de Transporte son cristalinas: ninguna cámara de fotodetección puede operar sin el concepto de desempeño del Instituto Nacional de Metrología, un documento técnico que certifica que el equipo mide lo que dice medir con precisión verificable. Sin ese papel, la cámara es lo mismo que un ciudadano parado en la esquina tomando fotos: no tiene valor jurídico. Todo lo que produce es ruido legal.
Y aun así, las alcaldías instalaron las cámaras, las conectaron al SIMIT, expidieron los comparendos y cobraron. Porque nadie los estaba mirando. Y si te cobran con una cámara que no tiene papeles en regla, ¿quién va a saberlo? ¿A quién le vas a reclamar?
«Las fotomultas simplemente se convirtieron en un negocio y son los privados los que están facturando«, afirmó un integrante de la comisión que analiza el tema. Los operadores privados, contratados por los organismos de tránsito municipales para administrar los sistemas de fotodetección, se llevan una porción de cada comparendo cobrado. El ciudadano paga. El privado factura. El organismo de tránsito recauda. Y el Instituto Nacional de Metrología espera que alguien le pregunte si esas cámaras alguna vez tuvieron aval.
Los Actores: Sin Eufemismos
Entre los organismos investigados aparecen autoridades de tránsito de Medellín, Cali, Bogotá, Barranquilla, Villavicencio, Cartagena, Bucaramanga, Valledupar, Montería, Sincelejo, Soledad, Sabaneta y Villa del Rosario, entre otros. No estamos hablando de municipios remotos sin capacidad técnica. Estamos hablando de las principales ciudades del país, con secretarías de movilidad, subdirecciones jurídicas, equipos de tecnología y contratos millonarios firmados ante notario.
El caso de Cali es el más escandaloso en términos de volumen. La capital vallecaucana encabeza el listado con 2,7 millones de comparendos bajo sospecha, seguida por Medellín con 717.000 y Bogotá con cerca de 294.000. Barranquilla supera las 131.000 detecciones cuestionadas.
Bogotá merece párrafo aparte. En la capital, la investigación determinó que las cámaras comenzaron a operar desde diciembre de 2018, mientras que el concepto técnico de desempeño fue expedido en enero de 2020. Esto dejó bajo revisión 293.869 comparendos, de los cuales 107.326 ya fueron pagados, generando un recaudo de $70.700 millones de pesos. Catorce meses de operación ilegal en la ciudad más vigilada del país, con el mayor presupuesto de movilidad y con abogados costando decenas de millones al mes. Y aun así, nadie revisó si las cámaras tenían certificación.
Porque claro, revisar si las cámaras tenían papeles suena menos urgente cuando el dinero ya está entrando a las arcas municipales.
La defensa oficial de la Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá es un portento del derecho administrativo evasivo: emitió un comunicado explicando que el anuncio de la Superintendencia «no constituye una decisión de fondo", y que «la actuación administrativa deberá surtir todas las etapas previstas en la ley, incluyendo formulación de cargos, presentación de descargos, etapa probatoria y decisión final«. Traducción al español de la calle: todavía no pasó nada. Sigan pagando mientras tanto.
El Impacto Real: Lo que se pudo haber hecho con ese billón
$1,05 billones de pesos cobrados de manera presuntamente irregular. Pongámoslo en perspectiva.
Con $1,05 billones se financian aproximadamente 35 hospitales rurales de nivel básico en Colombia, o 420.000 becas universitarias para jóvenes de estratos 1 y 2, o la construcción de más de 1.400 kilómetros de vías secundarias en territorios donde el aislamiento alimenta la pobreza. No es una cifra abstracta. Es lo que le costó al ciudadano colombiano creerles a sus alcaldías cuando le dijeron que las cámaras eran por su bien.
Y el ciudadano que pagó esa fotomulta de $500.000 pesos, o la de $800.000, no la pagó porque quisiera. La pagó porque si no pagaba se le bloqueaba la revisión técnica del vehículo, la licencia de tránsito, cualquier trámite ante el Estado. La multa ilegal se convertía en rehén. El sistema diseñado para protegerlo lo atrapaba.
El superintendente de Transporte, Alfredo Piñeros, explicó que los afectados tendrán que presentar acciones contra el organismo que impuso la fotomulta, y sugirió que una de las alternativas podría ser la presentación de acciones populares colectivas entre ciudadanos afectados. En criollo: si quiere su plata de vuelta, demande usted. El Estado que lo cobró mal no va a llamarle para devolverlo. Infobae
El Sistema que lo permite: La impunidad tiene estructura
Este escándalo no es un accidente burocrático. Es el resultado predecible de un modelo en el que los organismos de tránsito manejan contratos multimillonarios con operadores privados, sin supervisión técnica efectiva y con incentivos perversos: a mayor número de comparendos, mayores ingresos para el municipio y para el operador privado.
El Instituto Nacional de Metrología existe precisamente para evitar esto. Su función es certificar que los equipos de medición que el Estado usa para sancionar ciudadanos funcionen correctamente. Sin esa certificación, un radar de velocidad podría marcar 80 km/h cuando usted iba a 60. ¿Cómo lo sabe? No lo sabe. Confió en que el Estado cumplió la ley antes de cobrarle.
No la cumplió.
Y la paradoja mayor es que la Superintendencia de Transporte debió ser quien ejerciera vigilancia continua sobre estos organismos. Tardó años en actuar. Mientras tanto, el sistema silencioso siguió girando. Las cámaras fotografiando. Los comparendos llegando. Los ciudadanos pagando.
Las autoridades investigadas podrían verse obligadas a devolver los recursos cobrados irregularmente y enfrentar sanciones equivalentes al doble de lo recaudado, lo que superaría los $2,1 billones, conforme a la Ley 2251 de 2022. Podría. En Colombia, «podría» es el tiempo verbal de la impunidad. Habrá recursos, habilitaciones, apelaciones, nulidades. El proceso tendrá etapas. Y en alguna etapa, alguien declarará prescripción o encontrará un tecnicismo que devuelva todo al estado original.
A menos que la ciudadanía lo impida. A menos que los 1,5 millones de colombianos que pagaron fotomultas ilegales decidan que no van a mirar hacia otro lado esta vez.
Colombia tiene 680 cámaras de fotomultas instaladas en sus vías. Treinta y siete de los organismos que las operan están hoy bajo investigación. Más de la mitad de los comparendos emitidos en los últimos seis años podrían ser papel mojado. Y el dinero de un billón de pesos cobrado sin los requisitos de ley sigue guardado en las arcas de alcaldías que ahora hablan de «debido proceso» con la soltura de quienes saben que el tiempo trabaja para ellos.
La pregunta no es si hubo irregularidades. La Superintendencia ya respondió eso. La pregunta es si el ciudadano que pagó esa multa va a organizarse para exigir su devolución, o si va a esperar que la misma institucionalidad que lo cobró mal le devuelva voluntariamente el dinero. La historia reciente de Colombia sugiere cuál de las dos opciones es más probable sin presión ciudadana.
El sistema silencioso solo se detiene cuando la ciudadanía habla más fuerte que él.
