Alcalde: Wilmar Alonso Vélez Londoño
Período: 1 de enero de 2024 – 31 de diciembre de 2025
CALIFICACIÓN FINAL: 3.9/10 – MEDIOCRE
| Indicador | ODS | Puntaje |
|---|---|---|
| 1. Seguridad y Paz Total | ODS 16 | 3.0/10 |
| 2. Pobreza y Desarrollo Rural | ODS 1/2 | 3.5/10 |
| 3. Infraestructura Vial y Conectividad | ODS 9/11 | 5.0/10 |
| 4. Educación y Alimentación Escolar | ODS 4 | 4.5/10 |
| 5. Transparencia y Buen Gobierno | ODS 16 | 3.5/10 |
Publicación: corrupcionaldia.com | Autor: Hipólito Palencia | Fecha: Mayo 2026
Metodología: Análisis forense línea por línea | Cruce de 5 fuentes independientes | Datos CHIP-CUIPO, SECOP, SGR, Contraloría, Prensa
LA DISECCIÓN COMIENZA
Nos encontramos en el municipio de Amalfi, en el corazón del Nordeste antioqueño, una tierra de montañas escarpadas, minas de oro y campesinos que han resistido décadas de violencia armada. Vamos a auscultar la gestión municipal de Amalfi, donde analizaremos exhaustivamente, a nivel forense, la gestión del alcalde Wilmar Alonso Vélez Londoño. Haremos un estudio de la administración realizada por este alcalde en sus dos primeros años de gobierno, con la ayuda de las herramientas que toda alcaldía municipal tiene para demostrar sus actividades y el desarrollo de su gestión con transparencia y obediencia a la Ley de publicidad y participación ciudadana. Porque en Amalfi, como en tantos municipios colombianos, la distancia entre lo que se promete y lo que se ejecuta no se mide en palabras, sino en vidas que siguen esperando.
Amalfi es un municipio de la subregión del Nordeste antioqueño, con una extensión de 1.210 kilómetros cuadrados que lo convierten en uno de los municipios más extensos de Antioquia, equivalente aproximadamente al 13,6% del territorio departamental. Su población, proyectada por el DANE en 27.846 habitantes para 2024, enfrenta indicadores de pobreza multidimensional que duplican el promedio nacional. Es, además, un municipio PDET (Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial), clasificado en la subregión Bajo Cauca y Nordeste Antioqueño, lo que significa que es uno de los territorios más afectados por el conflicto armado, con los índices de pobreza más altos y la presencia persistente de economías ilícitas. Aquí, la minería ilegal y las disidencias de las FARC siguen marcando la cotidianidad de sus habitantes. En agosto de 2024, la caída de un helicóptero policial, derribado por las balas del Frente 36 de las disidencias, alias «Calarcá», cobró la vida de 12 uniformados en la vereda Los Toros, recordando brutalmente que la paz en este territorio es, todavía, una promesa incumplida.
Wilmar Alonso Vélez Londoño llegó a la alcaldía el 1 de enero de 2024 con 2.649 votos, un líder comunal premiado con el «Gran Comunal de Antioquia», nacido en la vereda Boquerón y criado entre el café, la caña y el plátano. Su Plan de Desarrollo, bautizado «El Desarrollo Territorial Nos Junta«, fue aprobado por unanimidad mediante Acuerdo No. 06 de 2024 y se estructuró en cinco líneas estratégicas: Desarrollo Social, Desarrollo Rural y Ambiental, Infraestructura y Territorio, Paz Total, y Buen Gobierno. La promesa era clara: transformar las condiciones de vida de los amalfitanos a partir de una gestión participativa, transparente y comprometida con la implementación del Acuerdo de Paz. Pero dos años después, los números cuentan una historia diferente. Y los números, a diferencia de los discursos, no mienten.
Ficha Municipal
| Indicador | Dato |
|---|---|
| Población (DANE 2024) | 27.846 habitantes |
| Extensión | 1.210 km2 |
| Subregión | Nordeste Antioqueño |
| Categoría Municipal | 5ta (Decreto 091/2024) |
| Distancia a Medellín | 147 km |
| Clasificación PDET | Si – Bajo Cauca y Nordeste |
| Clasificación ZOMAC | Si |
| Alcalde 2024-2027 | Wilmar Alonso Vélez Londoño |
| Votos obtenidos | 2.649 |
| IPM Pobreza (2005) | 21% |
| Plan de Desarrollo | «El Desarrollo Territorial Nos Junta» |
| Presupuesto 2025 | $58.406 millones |
RADIOGRAFÍA FINANCIERA: VIGENCIA 2024
El año 2024 cerró con ingresos totales ejecutados de $68.039 millones, según los datos del CUIPO (Categoría Única de Información del Presupuesto Ordinario) reportados al CHIP. A primera vista, la cifra puede parecer significativa para un municipio de quinta categoría. Pero cuando se disecciona la composición de esos ingresos, la realidad es mucho más reveladora: el 54,4% de todo lo que entró a las arcas municipales provino de transferencias corrientes de la Nación, principalmente del Sistema General de Participaciones (SGP) y las transferencias del sector salud (ADRES). Es decir, más de la mitad de los recursos de Amalfi no son fruto de la gestión del alcalde, sino de fórmulas nacionales automáticas que llegan independientemente de quién gobierne.
Los ingresos tributarios propios alcanzaron apenas $8.101 millones, equivalente al 11,9% del total. Este porcentaje está muy por debajo de la meta del 15% que el DNP recomienda como mínimo para que un municipio pueda considerarse fiscalmente autónomo. La dependencia del Gobierno central es, por tanto, estructural y aplastante: por cada peso que Amalfi genera por sus propios medios, recibe casi cinco pesos de la Nación. El impuesto predial recaudó apenas $1.935 millones; el ICA, $2.340 millones; y la contribución al alumbrado público, $1.027 millones. Las cifras evidencian una base tributaria débil, propia de una economía informal dominada por la minería ilegal y una agricultura incipiente que no genera suficientes recursos para sostener la maquinaria municipal.
Tabla 1: Estructura de Ingresos 2024
| Fuente de Ingreso | Valor (Miles COP) | % del Total |
|---|---|---|
| Ingresos Tributarios | $8.101.157 | 11.9% |
| Imp. Predial | $1.935.351 | 2.8% |
| ICA | $2.339.805 | 3.4% |
| Alumbrado Publico | $1.026.998 | 1.5% |
| Contrib. Sector Eléctrico | $6.259.555 | 9.2% |
| Transferencias Corrientes | $36.992.016 | 54.4% |
| SGP Total | $18.230.675 | 26.8% |
| SGSSS (Salud) | $15.271.557 | 22.4% |
| Recursos de Capital | $6.423.110 | 9.4% |
| Recursos del Balance | $4.971.593 | 7.3% |
| Crédito Interno | $416.000 | 0.6% |
| TOTAL INGRESOS 2024 | $68.039.214 | 100% |
Figura 1: Distribución de ingresos municipales – Amalfi 2024. Fuente: CHIP-CUIPO, Datos Abiertos
Un dato particularmente llamativo es la única operación de crédito registrada en 2024: $416 millones de crédito interno con banca comercial. Si bien el monto no es exorbitante, la ausencia de información pública sobre las condiciones del crédito (tasa de interés, plazo, garantías, renta pignorada) plantea interrogantes sobre la transparencia en el manejo de la deuda pública municipal. Los formularios FUT_DEUDA_PUBLICA del CHIP, que deberían contener esta información detallada, requieren acceso institucional que no está disponible para el ciudadano común, violando el principio de publicidad consagrado en la Ley 1712 de 2014.
En cuanto a los gastos, el presupuesto aprobado para 2024 evidencia la eterna tensión entre funcionamiento e inversión. La Ley 617 de 2000 establece límites al gasto de funcionamiento según la categoría municipal, y para un municipio de quinta categoría como Amalfi, el gasto de funcionamiento no debe superar el 80% del Ingreso Corriente de Libre Destinación (ICLD). Sin embargo, la concentración de recursos en prestación de servicios (que representó el 72% de los contratos SECOP en 2024, con $5.850 millones) sugiere que una proporción significativa del gasto se destina a mantener la burocracia antes que a invertir en obras y programas que transformen las condiciones de vida de la población.
RADIOGRAFÍA FINANCIERA: VIGENCIA 2025
Los datos disponibles para 2025 (corte a septiembre 30) muestran ingresos ejecutados por $61.910 millones, una cifra que al cierre del año podría aproximarse o incluso superar los $68.000 millones de 2024. La composición, sin embargo, replica el patrón de dependencia: las transferencias corrientes representan el 54.0% del total, prácticamente la misma proporción del año anterior. Los ingresos tributarios propios alcanzan $7.562 millones (12.2%), una mejora marginal de apenas 0.3 puntos porcentuales respecto a 2024, pero todavía lejos del 15% mínimo recomendado por el DNP para la autonomía fiscal.
Lo más preocupante del ejercicio 2025 es la explosión en la contratación. Mientras que en 2024 el valor total de contratos SECOP fue de $8.237 millones, en 2025 la cifra se disparó a $29.499 millones, un incremento del 258% que no se corresponde con un aumento proporcional en la capacidad institucional para vigilar, controlar y ejecutar esos recursos. De ese total, $9.900 millones corresponden a cinco contratos bajo el Decreto 092 de 2017 (contratación directa para entidades territoriales), de los cuales tres contratos idénticos de $2.021 millones cada uno fueron adjudicados el mismo día (24 de enero de 2025) a la misma contratista: FUNDACOPPP, para la alimentación escolar (PAE). La repetición exacta del monto en tres contratos el mismo día a la misma entidad es un patrón que, en el lenguaje de la contratación pública, se conoce como «fraccionamiento presupuestal», una práctica prohibida por el artículo 29 de la Ley 80 de 1993 que busca evadir los umbrales de competencia y los procesos de selección competitiva.
Tabla 2: Estructura de Ingresos 2025 (Corte Sep 30)
| Fuente de Ingreso | Valor (Miles COP) | % del Total |
|---|---|---|
| Ingresos Tributarios | $7.562.473 | 12.2% |
| Imp. Predial | $2.351.529 | 3.8% |
| ICA | $2.151.364 | 3.5% |
| Alumbrado Publico | $826.264 | 1.3% |
| Contrib. Sector Eléctrico | $5.924.372 | 9.6% |
| Transferencias Corrientes | $33.445.374 | 54.0% |
| SGP Total | $15.793.394 | 25.5% |
| SGSSS (Salud) | $11.596.183 | 18.7% |
| Recursos de Capital | $5.136.734 | 8.3% |
| Recursos del Balance | $4.852.477 | 7.8% |
| Crédito Interno | $0 | 0.0% |
| TOTAL INGRESOS 2025* | $61.910.117 | 100% |
Figura 2: Distribución de ingresos municipales – Amalfi 2025*. Fuente: CHIP-CUIPO, Datos Abiertos
Pero no es el único señal de alarma. En junio de 2025, la alcaldía suscribió cinco contratos idénticos de $430 millones cada uno (total $2.150 millones) con la empresa VEHÍCULOS Y ADECUACIONES ESPECIALES S.A.S. para la adquisición de ambulancias TAB, todos el mismo día. Cinco contratos por el mismo valor, al mismo contratista, en la misma fecha. En el lenguaje forense, esto se llama «modalidad de fraccionamiento» y constituye una violación flagrante del principio de transparencia en la contratación estatal. La pregunta ineludible es: ¿por qué no se hizo un solo contrato por $2.150 millones sometido a un proceso competitivo? La respuesta, con toda probabilidad, es que la división en cinco contratos permitió ubicar cada uno por debajo de los umbrales que exigen licitación pública, facilitando la adjudicación directa y limitando la competencia.
Figura 3: Comparativo de fuentes de ingreso 2024 vs 2025. Fuente: CHIP-CUIPO
DEUDA PÚBLICA, VIGENCIAS FUTURAS Y RENTA PIGNORADA
La información sobre la deuda pública de Amalfi es, en el mejor de los casos, opaca. El crédito interno de $416 millones registrado en 2024 aparece como única operación de endeudamiento, pero los detalles sobre tasas de interés, plazos, garantías y destino de los recursos permanecen ocultos en los formularios FUT_DEUDA_PÚBLICA del CHIP, cuyo acceso está restringido a la institución. Esta opacidad viola directamente la Ley 1712 de 2014 (Ley de Transparencia) y el artículo 74 de la Constitución, que consagran el derecho de los ciudadanos a acceder a la información publica. Un municipio que endeuda a sus habitantes en la sombra no puede reclamarse de «buen gobierno».
El Acuerdo 009 de 2024 del Concejo Municipal autorizó vigencias futuras para el período 2024-2027, comprometiendo recursos de los próximos años fiscales para proyectos cuya ejecución y avance no han sido debidamente reportados a la ciudadanía. Las vigencias futuras son un instrumento legítimo de programación presupuestal, pero cuando se utilizan sin mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas, se convierten en una puerta abierta para comprometer recursos que las futuras administraciones tendrán que pagar, muchas veces por obras que nunca se terminan. El caso del Complejo Agro Sostenible, con cuatro contratos departamentales en diferentes estados (terminado, suspendido, en ejecución), ilustra los riesgos de comprometer recursos a largo plazo sin una gestión contractual rigurosa.
La renta pignorada, es decir, los ingresos que el municipio compromete como garantía para obtener créditos, es otro dato crítico que permanece oculto. Si Amalfi ha pignorado transferencias del SGP o recursos del sector eléctrico, estará comprometiendo su ya limitada capacidad de inversión futura. La ausencia de esta información en el dominio publico es, en si misma, un hallazgo que agrava el panorama de opacidad de esta administración.
REGALÍAS: EL DINERO QUE LLEGA PERO NO SE VE
Amalfi acumula 20 proyectos en el Sistema General de Regalias (SGR) por un valor total de $76.139 millones. Sin embargo, el análisis revela tres problemas estructurales graves. Primero, una concentración extrema en el sector transporte: 13 de los 20 proyectos (65%) están dedicados a infraestructura vial, absorbiendo más de $40.000 millones. Segundo, la ausencia total de proyectos etiquetados como PDET en la base de datos del SGR, a pesar de que Amalfi es oficialmente un municipio PDET y tiene acceso prioritario a los recursos de OCAD Paz, que disponen de $2.6 billones para la subregion. Tercero, la ejecución lentísima: el proyecto BPIN 2024003050241, para la construcción de 2 kilómetros de placa huella en la vereda Guayabito, lleva solo un 5% de ejecución física y un 48% de ejecución financiera, lo que sugiere que los recursos se están comprometiendo pero las obras no avanzan al mismo ritmo.
Tabla 3: Proyectos SGR Activos 2024-2025
| BPIN | Proyecto | Valor | Ejec. Física | Ejec. Financiera |
|---|---|---|---|---|
| 2020000040028 | Vias Rurales Amalfi/Remedios | $22.647M | 68% | 81% |
| 2024003050241 | Placa Huella Guayabito | $4.232M | 5% | 48% |
| 2024050310164 | Estudios Transporte | $1.632M | 50% | 85% |
| 2025050310001 | Estufas Eficientes | $401M | N/A | 39% |
Figura 4: Distribución de proyectos SGR por sector – Amalfi
Figura 5: Ejecución de proyectos SGR activos – Amalfi. El proyecto de placa huella Guayabito presenta solo 5% de ejecución
física.
La no presentación de proyectos PDET ante el OCAD Paz es quizás la omisión más grave de esta administración en materia de gestión de recursos. Siendo Amalfi uno de los 170 municipios PDET del país, tiene acceso prioritario a recursos de la segunda convocatoria de OCAD Paz ($2.6 billones para la subregión Bajo Cauca y Nordeste). Que ninguno de los 20 proyectos SGR este etiquetado como PDET significa que la alcaldía no esta aprovechando esta ventana de financiación, desperdiciando una oportunidad histórica para transformar el territorio. La pregunta es obvia: por que el alcalde Vélez no ha presentado proyectos PDET al OCAD? Es acaso ignorancia de los instrumentos disponibles, o es que los proyectos PDET exigen mayores niveles de transparencia y participación ciudadana que esta administración prefiere evitar?
CONTRATACIÓN PÚBLICA: LOS NUMEROS QUE GRITAN
La contratación publica es el termómetro más preciso de la gestión municipal. En Amalfi, los datos del SECOP Integrado revelan un patrón preocupante. En 2024, se registraron más de 500 contratos por un valor total de $8.237 millones, de los cuales el 72% correspondió a prestación de servicios, una proporción que sugiere una alta dependencia de contratistas para funciones que deberían ser cumplidas por servidores públicos de carrera. En 2025, la cifra se disparó a $29.499 millones en más de 500 contratos, un incremento del 258% que incluye contratos millonarios bajo la modalidad de Decreto 092 (contratación directa sin proceso competitivo).
Tabla 4: Comparativo Contratación SECOP 2024 vs 2025
| Tipo de Contrato | 2024 (COP) | 2025 (COP) | Variación |
|---|---|---|---|
| Prestación de Servicios | $5.850M | $8.790M | +50.3% |
| Obra | $719M | $5.530M | +668.8% |
| Decreto 092 (PAE) | N/A | $9.900M | Nuevo |
| Compraventa | N/A | $2.150M | Nuevo |
| Eventos/Recreación | $439M | $1.930M | +339.6% |
| Suministros | $1.145M | $1.001M | -12.6% |
| TOTAL | $8.237M | $29.499M | +258.2% |
Figura 6: Distribución de la contratación SECOP 2024 vs 2025 – Amalfi
Banderas Rojas en la Contratación
El análisis de la contratación arroja al menos cinco banderas rojas que demandan investigación por parte de los órganos de control.
- La primera: cinco contratos idénticos de $430 millones cada uno para ambulancias, adjudicados el mismo día a VEHICULOS Y ADECUACIONES ESPECIALES S.A.S., un patrón clásico de fraccionamiento presupuestal.
- La segunda: tres contratos idénticos de $2.021 millones para el PAE, adjudicados el mismo día a FUNDACOPPP, otra señal de posible fraccionamiento.
- La tercera: $1.930 millones destinados a «Juegos Deportivos» bajo la figura de «Otro Tipo de Contrato», una modalidad inusual para eventos deportivos que merece escrutinio.
- La cuarta: la concentración de contratos interadministrativos en un reducido número de entidades (ASOMUNUS, CORPOBOSQUES, PAP Minero Agroecologica), lo que podría indicar una red de favores recíprocos.
- La quinta: la calidad de los datos en el SECOP, donde múltiples registros carecen de información básica como nombre del contratista, fecha y objeto del contrato, lo que dificulta el ejercicio del control social.
Figura 7: Banderas rojas en la contratacion publica – Amalfi 2024-2025
DEPENDENCIA FISCAL: UN MUNICIPIO QUE NO PUEDE CAMINAR SOLO
El esfuerzo fiscal de un municipio se mide por la proporción de sus ingresos propios sobre el total de ingresos. En el caso de Amalfi, los ingresos tributarios representan apenas el 11.9% en 2024 y el 12.2% en 2025, cifras que no solo están por debajo de la meta del 15% del DNP, sino que evidencian una dependencia estructural del gobierno central que limita cualquier pretensión de autonomía y desarrollo. Por cada peso que Amalfi genera por impuestos, recibe casi cinco pesos de la Nación a través del SGP, las transferencias de salud y otros mecanismos. Esta dependencia no es responsabilidad exclusiva del alcalde Vélez, es un problema histórico y estructural del municipio. Pero lo que si es responsabilidad de esta administración es la falta de iniciativas para ampliar la base tributaria, combatir la evasión, formalizar la economía minera y agropecuaria, y crear mecanismos de generación de ingresos propios que reduzcan progresivamente la dependencia.
Figura 8: Autonomía fiscal vs dependencia de transferencias – Amalfi 2024-2025
La contribución del sector eléctrico, que representa el 9.2% de los ingresos en 2024 y el 9.6% en 2025, es un recurso que no depende de la gestión tributaria del municipio sino de la existencia de infraestructura energética en el territorio. Es decir, incluso el segundo renglón más importante de ingresos después de las transferencias es un ingreso pasivo que no requiere esfuerzo administrativo. Si se descuentan los ingresos pasivos (transferencias, contribución eléctrica, recursos del balance), el esfuerzo fiscal real de Amalfi se reduce a menos del 12%, una cifra que condena al municipio a la subordinación perpetua frente al gobierno central y le resta cualquier capacidad de negociación o decisión autónoma sobre sus prioridades de inversión.
LOS 5 PROBLEMAS, DOS AÑOS, UN BALANCE
A partir del Plan de Desarrollo «El Desarrollo Territorial Nos Junta», las consultas comunitarias y el diagnóstico situacional del municipio, identificamos los cinco problemas principales que preocupan a los amalfitanos y que el alcalde Vélez se comprometio a solucionar. Evaluamos cada uno con un indicador de gestión calificado de 0 a 10, siguiendo la metodología de corrupcionaldia.com.
Indicador 1: Seguridad y Paz Total (ODS 16)
Calificación: 3.0/10
La seguridad es, sin duda, el talón de Aquiles de Amalfi. La presencia de las disidencias de las FARC (Frente 36, alias «Calarcá»), del Clan del Golfo y de grupos armados vinculados a la minería ilegal convierte al municipio en un territorio donde la presencia del Estado es más nominal que real. En agosto de 2024, el derribo del helicóptero policial en la vereda Los Toros, con 12 uniformados muertos, fue el episodio más sangriento que ha vivido el municipio en años recientes, un recordatorio brutal de que la «Paz Total» prometida en el Plan de Desarrollo esta más cerca de ser una quimera que una realidad.
La administración creó mesas de seguridad con la Policía Nacional y el Concejo Municipal, pero los resultados son invisibles para la comunidad: los comunicados de alerta por confrontaciones armadas siguen siendo la norma, los habitantes de las zonas rurales siguen confinados por el miedo, y la protección de líderes sociales sigue siendo una promesa sin cumplirse. La revocatoria del mandato iniciada en febrero de 2025 es, en buena medida, una expresión de la frustración de una comunidad que siente que su alcalde no ha podido ni siquiera garantizar las condiciones mínimas de seguridad para ejercer la ciudadanía.
Indicador 2: Pobreza y Desarrollo Rural (ODS 1 y 2)
Calificación: 3.5/10
Con un IPM del 21% (dato de 2005, pero sin actualizaciones disponibles que muestren mejoras significativas), Amalfi está entre los municipios con mayor pobreza multidimensional de Antioquia. La economía depende casi exclusivamente de la minería del oro, en gran medida informal e ilegal, y de una agricultura que el propio Plan de Desarrollo califica como «incipiente». La línea estratégica «El Desarrollo Rural y Ambiental Nos Junta» prometía apoyar la producción agropecuaria, formalizar la minería y crear alternativas económicas, pero los resultados son magros. El proyecto de estufas eficientes con material vegetal ($401 millones en regalías) es una iniciativa loable pero insuficiente para transformar las condiciones estructurales de pobreza.
La no presentación de proyectos PDET al OCAD Paz significa que Amalfi esta dejando sobre la mesa miles de millones de pesos que podrían destinarse a sustitución de cultivos ilícitos, formalización minera, infraestructura productiva y programas de seguridad alimentaria. La Gobernación de Antioquia ha invertido aproximadamente $703.000 millones en la subregión, pero es difuso determinar cuanto de esa inversión llega efectivamente a Amalfi y cuanto se queda en los municipios más grandes del Bajo Cauca.
Indicador 3: Infraestructura Vial y Conectividad (ODS 9 y 11)
Calificación: 5.0/10
Este es, paradójicamente, el indicador donde la administración muestra mejores resultados, aunque con importantes matices. El alcalde logró gestionar una inversión de $13.259 millones para mejoramiento vial, y el proyecto SGR de vías rurales Amalfi/Remedios/Vegachi/Yali ($22.647 millones) avanza con un 68% de ejecución física. Además, Amalfi se beneficia del programa departamental «A toda maquina», que contempla la pavimentación de 10 kilómetros en el corredor Chorritos.
Sin embargo, la otra cara de la moneda es preocupante: el proyecto de placa huella en la vereda Guayabito ($4.232 millones) lleva solo un 5% de ejecución física, lo que sugiere serios problemas de gestión contractual o de ejecución de obra. También es notable que, de los 20 proyectos SGR, 13 estén dedicados al sector transporte, evidenciando una concentración excesiva en infraestructura vial en detrimento de otros sectores críticos como salud, educación y agua potable. La adecuación del Parque Principal por $6.566 millones, el segundo proyecto más grande, es un ejemplo de inversión en infraestructura urbana visible que beneficia al casco municipal pero deja marginadas a las comunidades rurales que representan la mayoría de la población.
Indicador 4: Educación y Alimentación Escolar (ODS 4)
Calificación: 4.5/10
La educación en Amalfi enfrenta dos desafios fundamentales: la calidad y la cobertura rural. El programa de alimentación escolar (PAE), administrado bajo la modalidad de Decreto 092, representa la mayor partida individual de contratación en 2025, con $9.900 millones adjudicados a FUNDACOPPP.
Sin embargo, la forma en que se adjudicaron estos contratos, tres contratos idénticos el mismo día a la misma entidad, levanta serias dudas sobre la transparencia del proceso. Además, la inversión en infraestructura educativa a través de regalías ha sido mínima: un único proyecto de mantenimiento por $695 millones, insuficiente para las necesidades de las escuelas rurales que carecen de dotación básica, conectividad y personal calificado.
El Plan de Desarrollo reconoce la necesidad de «formación de docentes, apoyo a estudiantes con discapacidad y dotación tecnológica», pero dos años después no hay evidencia de avances significativos en estos frentes. La inversión en deporte y recreación ($1.930 millones para Juegos Deportivos) contrasta con la ausencia de inversiones equivalentes en formacion académica y capacitación docente, revelando una priorización de lo visible sobre lo transformador.
Indicador 5: Transparencia y Buen Gobierno (ODS 16)
Calificación: 3.5/10
La transparencia es, quizás, el área donde la administración Vélez muestra sus mayores debilidades. Los datos del CHIP-CUIPO sobre gastos, deuda pública, renta pignorada y vigencias futuras no están disponibles para consulta ciudadana, violando la Ley 1712 de 2014 de Transparencia.
La contratación presenta múltiples anomalías documentadas (fraccionamiento en ambulancias y PAE, contratos de «Otro Tipo» para eventos deportivos, concentración en contratistas recurrentes). La calidad de los datos en el SECOP es deficiente, con numerosos registros sin información básica. La revocatoria del mandato, iniciada en febrero de 2025 y que llegó hasta la Registraduría Nacional (Resolución 010 de 2025), es el síntoma más evidente de la desconfianza ciudadana en la gestión del alcalde. Cuando una comunidad que eligió a su alcalde con 2.649 votos busca revocarlo apenas 14 meses después, algo ha fallado gravemente en la relación entre el gobernante y los gobernados. La administración anunció un «saneamiento» de las finanzas municipales, pero no ha publicado informes detallados que permitan verificar esta afirmación. El principio de publicidad no se satisface con comunicados de prensa: se satisface con datos, cifras y documentos accesibles para cualquier ciudadano.
Figura 9: Scorecard de gestión municipal – Amalfi 2024-2025. Calificación final: 3.9/10 (MEDIOCRE)
Tabla 5: Scorecard Global Consolidado
| Indicador | ODS | Puntaje | Calificación |
|---|---|---|---|
| 1. Seguridad y Paz Total | ODS 16 | 3.0 | MEDIOCRE |
| 2. Pobreza y Desarrollo Rural | ODS 1/2 | 3.5 | MEDIOCRE |
| 3. Infraestructura Vial | ODS 9/11 | 5.0 | REGULAR |
| 4. Educación y Alimentación | ODS 4 | 4.5 | REGULAR |
| 5. Transparencia y Buen Gobierno | ODS 16 | 3.5 | MEDIOCRE |
| PROMEDIO GLOBAL | 3.9 | MEDIOCRE |
ANÁLISIS JURÍDICO: PREVARICATO POR OMISIÓN
El artículo 414 del Código Penal colombiano tipifica el delito de prevaricato por omisión, sancionando al servidor publico que, por omisión, nocumpla con las funciones que le corresponden, siempre que dicha conducta genere un daño o un riesgo para los intereses del Estado o de los administrados. La pena oscila entre 32 y 108 meses de prisión, con inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones publicas por el mismo término.
La pregunta que debe formularse es si la gestión del alcalde Vélez Londoño configura, o no, las conductas típicas del prevaricato por omisión. Para ello, es necesario analizar cinco omisiones específicas que, consideradas en su conjunto, podrían constituir un patrón de inacción dolosa o gravemente negligente:
Primeraomisión:NopresentacióndeproyectosPDETalOCADPaz.Siendo Amalfi un municipio PDET, la alcaldía tiene la obligación legal de articular su Plan de Desarrollo con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial y de presentar proyectos ante el OCAD Paz para acceder a los recursos disponibles. La omisión de esta obligación implica que el municipio ha dejado de recibir miles de millones de pesos en inversión que hubieran beneficiado directamente a las comunidades más vulnerables. Esta omisión no es un simple error administrativo: es una decisión (o la falta de ella) que tiene consecuencias directas sobre la vida de los amalfitanos que más necesitan la acción del Estado.
Segundaomisión:Opacidadenlainformacióndedeudapúblicayrentapignorada.La Ley 1712 de 2014 y el artículo 74 de la Constitución establecen la obligación de las entidades publicas de publicar información sobre su gestión financiera. El hecho de que los datos sobre crédito interno, renta pignorada y vigencias futuras no estén disponibles para consulta ciudadana en el CHIP constituye una violación del principio de publicidad que podría configurar, en si misma, una conducta omisiva sancionable. Cuando un alcalde oculta información sobre la deuda que tendrá que pagar su municipio, no esta protegiendo la institucionalidad: está protegiéndose a sí mismo del escrutinio.
Tercera omisión: Tolerancia ante el fraccionamiento presupuestal en la contratación. Los patrones de fraccionamiento documentados en los contratos de ambulancias y PAE constituyen violaciones al artículo 29 de la Ley 80 de 1993. Si el alcalde, como máximo representante legal del municipio y primer responsable de la contratación, no adoptó medidas correctivas para evitar estas prácticas, incurrió en una omisión que favorece la adjudicación directa sin competencia, en detrimento del erario publico y de los principios de igualdad y selección objetiva. El fraccionamiento no es un accidente: es una decisión consciente de dividir un contrato grande en varios pequeños para evadir controles. Y si el alcalde no lo ordenó, tampoco lo impidió.
Cuarta omisión: Incumplimiento en la ejecución de proyectos de regalías. El proyecto BPIN 2024003050241, con solo un 5% de ejecución física, evidencia una falla grave en la gestión de los recursos de regalías que el municipio recibe para inversión social. Los recursos comprometidos pero no ejecutados generan un costo de oportunidad que recae directamente sobre la población. Cada día que la placa huella de la vereda Guayabito no se construye es un día en que los campesinos de la zona siguen sin acceso adecuado a vías que les permitan sacar sus productos, acceder a servicios de salud y ejercer su derecho a la movilidad.
Quinta omisión: Insuficiente protección de la población frente a la violencia armada. Aunque la seguridad es una responsabilidad compartida entre el orden nacional y el municipal, el alcalde tiene la obligación de adoptar medidas de protección a la población civil en su jurisdicción. Los comunicados de alerta por confrontaciones armadas, la muerte de 12 policías en el derribo del helicóptero y la persistencia del miedo en las comunidades rurales sugieren que las medidas adoptadas han sido insuficientes.
La creación de «mesas de seguridad» es un instrumento burocrático que no se traduce en resultados concretos para la población. Cuando los campesinos no pueden salir a trabajar sus tierras por temor a los grupos armados, la omisión del alcalde en garantizar condiciones mínimas de seguridad se convierte en un factor que agrava la pobreza y el desplazamiento.
En conjunto, estas cinco omisiones configuran un patrón de inacción que, si bien no constituye por si solo la prueba plena del delito de prevaricato por omisión (para lo cual se requiere una investigación judicial formal con todas las garantías procesales), si aporta elementos suficientes para que la Procuraduría General de la Nación y la Fiscalía abran investigaciones disciplinarias y penales contra el alcalde Vélez Londoño. La diferencia entre la incompetencia y el prevaricato no siempre es clara, pero cuando la omisión es sistematica, cuando se repite en múltiples frentes y cuando genera daño comprobable a los intereses del Estado y de la comunidad, la línea entre una y otro se vuelve cada vez más delgada.
ODS: COMPROMISO VS REALIDAD
| ODS | Compromiso Plan Desarrollo | Estado Real 2024-2025 |
|---|---|---|
| ODS 1 FinPobreza | Desarrollo rural, superación pobreza | IPM 21% sin reducción; 0 proyectos PDET en SGR |
| ODS 2 HambreCero | Seguridad alimentaria, PAE | PAE con anomalías contractuales; estufasinsuficientes |
| ODS 3 SaludBienestar | Fortalecimiento ESE Hospital | ESE con 366 contratos prestacion servicios; frágil |
| ODS 4 Educación | Dotación, formacion docentes | Mínima inversión regalías; sin avances en coberturarural |
| ODS 6 AguaLimpia | Saneamiento básico | 1 proyecto alcantarillado; déficit en zonas rurales |
| ODS 9 Industria/In novacion | Infraestructura vial | Avance en vias; pero 5% ejecucion Guayabito |
| ODS 11 Ciudades Sostenibles | Ordenamiento territorial | Parque Principal $6.5B vs necesidades rurales |
| ODS 16Paz/Justicia | Paz Total, transparencia | 12 policías muertos; revocatoria; opacidad datosCHIP |
La tabla anterior revela la brecha entre los compromisos asumidos en el Plan de Desarrollo y la realidad dos años después. El patrón es consistente: promesas ambiciosas en los documentos, ejecuciónes magras en la practica. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible no son adornos retóricos; son metas medibles y verificables. En Amalfi, la mayoría de los ODS comprometidos en el Plan de Desarrollo no muestran avances significativos, y en algunos casos como el ODS 16 (Paz y Justicia), la situación ha empeorado durante el período analizado. Un municipio que en 2024 perdió 12 agentes de la ley en un ataque armado no puede reclamar avances en paz; una administración que enfrenta una revocatoria del mandato no puede presumir de legitimidad; una alcaldía que oculta datos de deuda publica no puede predicar transparencia.
CONCLUSIÓN PERIODÍSTICA
La gestión de Wilmar Alonso Vélez Londoño en sus dos primeros años como alcalde de Amalfi obtiene una calificación de 3.9 sobre 10, clasificada como MEDIOCRE. Esta calificación no es un veredicto definitivo ni una condena judicial; es el resultado de un análisis forense basado en datos verificables, cruce de fuentes independientes y una metodología transparente y replicable. Pero los números hablan, y lo que dicen no es alentador.
Amalfi es un municipio que necesita transformación, no administración. Necesita valentía, no burocracia. Necesita un alcalde que se atreva a presentar proyectos PDET al OCAD Paz, que exija transparencia en la contratación, que ponga los recursos donde más duelen las necesidades, que no le tema al escrutinio ciudadano. La revocatoria del mandato, las anomalías en la contratación, la opacidad en los datos financieros, la lentitud en la ejecución de regalías y la ausencia de proyectos PDET no son casualidades: son síntomas de una gestión que confunde la presencia en redes sociales con el gobierno real, la inauguración de obras con la transformación social, y el discurso con los hechos.
La corrupción no siempre se manifiesta en maletines llenos de billetes. A veces se presenta como omisión, como inacción, como la tolerancia sistemática de practicas que desvían recursos públicos de su destino legítimo. El fraccionamiento presupuestal en los contratos de ambulancias y PAE, la concentración de la contratación en unos pocos operadores, la opacidad en la información de deuda publica y la no presentación de proyectos PDET configuran un patrón que, si no constituye delito, si evidencia una gestión que ha privilegiado la conveniencia sobre el interés público.
Los amalfitanos merecen mejor. Merecen un municipio donde los recursos de regalías se inviertan en agua potable, no solo en placa huella; donde la alimentación escolar no sea un negocio de contratos fraccionados sino un derecho garantizado con transparencia; donde la seguridad no sea una mesa de dialogo sino una realidad palpable en las veredas; donde la información publica sea verdaderamente publica, no un privilegio institucional. Merecen, en fin, que las promesas del Plan de Desarrollo «El Desarrollo Territorial Nos Junta» dejen de ser una colección de buenas intenciones en papel y se conviertan en hechos verificables en el territorio.
La pregunta que queda flotando en el aire del Nordeste antioqueño es la misma que se hacen los ciudadanos de tantos municipios colombianos: si estos son los resultados en los dos primeros años, que puede esperarse de los dos restantes? La respuesta, si algo no cambia radicalmente, es más de lo mismo: más dependencia, más opacidad, más anomalías, más omisiones. Y mientras tanto, los amalfitanos seguirán esperando esa «Paz Total» que, por ahora, es solo el nombre de una línea estratégica en un documento que nadie lee.
