La Procuraduría General de la Nación, en cabeza de Margarita Cabello, suspendió provisionalmente a Daniel Quintero, alcalde de Medellín, y al de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado Barrera, al acusarlos, sin más allá y sin más acá, de participación en política en época preelectoral. 

A Quintero, le cayó la Procuraduría, luego de que se publicara un video en Twitter que muestra al mandatario dentro de un vehículo mecánico manipulando la palanca de cambios y diciendo la frase “El cambio, en primera”, lo que se asimiló como un respaldo al candidato Gustavo Petro.

Y el de Ibagué solo respondió a una pregunta que le hizo un periodista diciendo «me identifico con la democracia», que supuestamente hacía alusión Fico Gutiérrez.

Margarita Cabello señaló que la entidad de control tiene la competencia constitucional y legal para investigar, suspender provisionalmente, y sancionar hasta con destitución e inhabilidad a todos los servidores públicos del país, incluyendo a los de elección popular. 

«La democracia tiene reglas y estas deben cumplirse; mientras no exista ley estatutaria ningún servidor público desde el menor rango y hasta mas alto nivel, puede utilizar el cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos, y en las controversias políticas sin perjuicios de los derechos previstos en la constitución y la ley», agregó. 

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Este es el tiempo que nos queda.

Según la funcionaria, la participación en política no se limita al pedido expreso de votar por un candidato, sino que contempla cualquier actuación que genere en el imaginario colectivo la realización de alianzas o apoyos que rompan con el equilibrio de la contienda electoral. «El uso de las redes sociales, de los medios de comunicación no pueden ser instrumento para afectar la imparcialidad que debe caracterizar este proceso». 

De inmediato se desató una tormenta política en el país, `pues no se trata de los únicos funcionarios que durante esta campaña han hecho cualquier cantidad de manifestación a favor o en contra de algún candidato, empezando por el propio presidente de la República, Iván Duque, quien además tiene una denuncia formal por hacer claras declaraciones en favor del candidato Federico Gutiérrez. 

La denuncia la interpuso en abril el senador Iván Cepeda, quien señaló que el jefe de Estado, habría hecho supuestos pronunciamientos públicos de manera reiterada «que evidencian, con nitidez», su intención de perjudicar electoralmente al candidato Gustavo Petro. Por ello, alegando que ha faltado a la prohibición constitucional y legal de intervenir en política, el congresista interpuso una denuncia ante la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. 

«Para eludir la acción de la justicia, Duque ha omitido de manera soterrada, mencionar el nombre del candidato por la coalición Pacto Histórico». 

El senador también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y una queja disciplinaria ante la Procuraduría General, contra siete alcaldes de los municipios de San Juan Nepomuceno (Bolívar), Wilfredo Romero; Timanaí (Huila), Marco Adrián Artunduaga; María La Baja (Bolívar), Raquel Victoria Sierra; Cicuco (Bolívar), José Nicolás Ramos; Santa Rosa de Lima (Bolívar), Mario Javier Rodríguez; Arenal (Bolívar), Eugenio Lobo y de Villanueva (Bolívar), Edwin Puerta

De acuerdo con el congresista, los mandatarios son señalados de diferentes actuaciones en política durante el Congreso Nacional de Municipios, que se realizó recientemente en Cartagena y en el que habría intervenido abiertamente en política a favor de Federico Gutiérrez (Equipo por Colombia). 

«Durante el evento, financiado con recursos públicos, los alcaldes y la alcaldesa no solo manifestaron sus simpatías públicas con el candidato de la coalición Equipo por Colombia, sino que incluso, como pasoì con el alcalde de San Juan Nepomuceno, este último se ofreció a contribuir con votos», explicó Cepeda, con base en información revelada por la emisora W Radio. 

Sin embargo, pese a estos hechos, a ninguno de estos funcionarios se les ha abierto investigación; pero solo bastó que el alcalde de Medellín, quien es opositor al gobierno de Duque, montara un video, donde ni siquiera menciona a algún candidato, para que muy presta y maja, la Procuradora decidiera su suspensión. 

«Me permito anunciar que, por la presunta y reiterada intervención en actividades y controversias políticas, la Procuraduría General de la Nación ordenó la apertura de investigación disciplinaria y la suspensión provisional de sus cargos a los siguientes funcionarios: Daniel Quintero Calle, alcalde de Medellín, Antioquia; Andrés Fabián Hurtado Barrera, alcalde de Ibagué, Tolima; Gustavo Adolfo Herrera Zapata, concejal del municipio de Calarcá, Quindío; y Grenfel Lozano Guerrero, personero de Nataga, Huila», anunció la procuradora 

Abundan ejemplos de concejales que “con todas las letras bien claras” intervienen en política en favor de un candidato, como este que publicó el semanario La Calle, de Valledupar:

Ya varios expertos constitucionalistas han declarado la inconstitucionalidad de lo actuado por Cabello, pues los derechos políticos establecidos en el artículo 40 de nuestra Constitución Política, son derechos humanos definidos y protegidos por artículo 23 de la Convención Americana de Derechos Humanos suscrita y ratificada por Colombia, que estableció como mecanismo de protección que los derechos políticos solo puede ser restringirlos por un Juez Penal mediante sentencia ejecutoriada. 

Colombia ya fue condenada en el pasado por casos similares, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos, mediante sentencia del 8 de julio de 2020 en el caso Petro Urrego VS. Colombia, reiteró que la Procuraduría no tiene la facultad, mediante actos administrativos de restringir derechos políticos y ordenó adecuar la normatividad interna para evitar que autoridades administrativas restrinjan tales derechos. 

Por iniciativa de la Procuraduría, el Congreso de la República aprobó la Ley 2094 de 2021 mediante la cual modifica el Código General Disciplinario, estableciendo funciones jurisdiccionales para la cabeza del Ministerio Público, creando una Sala Disciplinaria de Juzgamiento de los Servidores Públicos de Elección Popular, transgrediendo la Convención Americana de Derechos Humanos, anticipando desde ya, que la Corte Constitucional lo va a declarar inconvencional e inconstitucional

Por su parte la representante a la Cámara Juanita Goebertus escribió en Twitter: “La CIDH ha sido clara: la Procuraduría General de la Nación no puede suspender a funcionarios de elección popular. La participación electoral de Daniel Quintero -y de Iván Duque- han sido claras. Pero son los jueces los que pueden sancionarlos. ¡No sigan poniendo en riesgo el Estado de derecho!”. 

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