El juez noveno de Bogotá, emitió un fallo condenatorio en contra de los expresidentes de la Refineria de Cartagena, Reficar, Felipe Castilla Canales y Orlando Cabrales Martínez, al encontrarlos penalmente responsables por el delito de contrato sin cumplimiento de requisitos legales.

En los argumentos expuestos por la Fiscalía, y que acogió el juez, Castilla y Cabrales habrían entregado “a dedo” contratos de ampliación, modernización, mantenimiento y puesta en marcha de la refinería a los consorcios Foster Wheeler y Process Consultant de forma directa y sin haber convocado un concurso público para ampliar las posibilidades de otras empresas. 

La investigación permitió conocer que Castilla Canales, presidente de Reficar entre el 29 de abril y el 1 de octubre de 2009; y Cabrales Martínez, quien estuvo a cargo de esta empresa entre el 2 de octubre de 2009 y el 21 de noviembre de 2012, intervinieron en el direccionamiento del contrato. 

Adicionalmente, la Fiscalía estableció que los expresidentes facultaron al contratista para asumir el control y gerencia del megaproyecto, el cual tuvo un valor US$95 millones

En agosto se conocerá en firme la condena, puesto que para ese mes el juzgado citó a las partes para dar lectura al fallo. 

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Si seguimos usando energías no renovables

Este es el tiempo que nos queda.

Este fallo del Juez, contradice totalmente lo actuado sobre el caso por parte de la Procuraduría General de la Nación que en mayo del año pasado archivó investigaciones contra dos exministros de Hacienda, un expresidente de Ecopetrol y otros siete exmiembros de la Junta Directiva por el caso de Reficar. 

Tal como lo informó corrupcionaldia.com, en mayo del año pasado la procuradora Margarita Cabello archivó la investigación argumentando que no se encontraron méritos para sancionar disciplinariamente a los nueve integrantes de la junta directiva de Ecopetrol.  

Para la Procuraduría la responsabilidad sobre esto recae exclusivamente en el contratista.  

«(Los sobrecostos) no se generaron por la actuación indebida de los aquí investigados, sino por el contrario, fue consecuencia de una proyección de presupuesto equivocada por parte de la empresa CB&I», señala el fallo.  

Se investigaba el aumento del presupuesto para la ejecución del proyecto de ampliación y modernización de la Refinería entre el año 2011 y el año 2015 que pasó de $3.777 millones a $8.016 millones. Así como a retrasos en el cronograma de terminación del proyecto.  

El proceso se inició en febrero de 2016 contra Juan Carlos Echeverry Garzón, Javier Genaro Gutiérrez, Joaquín Moreno, Mauricio Cárdenas Santamaría, Hernando José Gómez, Federico Rengifo, Manuel Fabio Echeverry Correa, Henry Medina González, Amilkar Acosta Medina y Roberto Steiner Sampedro.  

Y aunque la decisión no cobijaba a Cabrales y Castilla, se trataba del mismo caso. 

Luego deja mucho que pensar lo actuado por la Procuraduría, que en efecto contribuye más a mantener en la impunidad a los corruptos, que a castigarlos. 

En cuanto a la Contraloría General de la República vale recordar que, en febrero de este año, dentro de un proceso distinto a aquel en que se profirió fallo con responsabilidad fiscal por $2.9 billones contra 12 exmiembros de la plana directiva de Reficar y 4 contratistas, determinó, con base en un informe técnico, que el atraso en la entrada en funcionamiento de la Refinería no se tradujo en una falta de ingreso de las utilidades o beneficios empresariales, sino en “un flujo adverso en la operación del activo. 

Con fundamento es esta conclusión, la Unidad de Investigaciones Especiales Contra la Corrupción de la CGR, ordenó el archivo del proceso ordinario de responsabilidad fiscal a favor de 12 personas naturales y jurídicas, por los hechos relacionados con un presunto lucro cesante por la entrada tardía en la operación de la Refinería de Cartagena. 

Quienes quedaron exentos de este proceso de responsabilidad fiscal fueron: Felipe Castilla Canales ,vicepresidente financiero de Reficar para la época de los hechos. Carlos Felipe Bustillo, vicepresidente de proyecto de Reficar para la época, así como Reyes Reynoso, presidente de Reficar en ese entonces y Orlando Cabrales, representante legal de Reficar para la época de los hechos y las compañías Liberty Seguros, Seguros Colpatria, Mapfre, Chubb de Colombia Compañía de Seguros S.A. 

En octubre del año pasado la misma Contraloría dejó en firme el fallo con responsabilidad fiscal, por un total de $2.9 billones, que profirió la Unidad de Investigaciones Especiales contra cinco ex funcionarios de Reficar, siete miembros de su Junta Directiva y cuatro contratistas, en razón a los mayores valores invertidos en la modernización de la refinería. 

Al quedar en firme este fallo deben responder fiscalmente cinco exfuncionarios de Reficar: los presidentes Reyes Reinoso Yanes y Orlando José Cabrales Martínez y los vicepresidentes Carlos Eduardo Bustillo Lacayo, Andrés Virgilio Riera Burelli Y Magda Nancy Manosalva Cely. 

Los miembros de la Junta Directiva confirmados como declarados responsables fiscales fueron: Javier Genaro Gutiérrez Pemberthy, Pedro Alfonso Rosales Navarro, Diana Constanza Calixto Hernández, Henry Medina González, Hernando José Gómez Restrepo, Natalia Gutiérrez Jaramillo y Uriel Salazar Duque. 

Y los contratistas: Chicago Bridge & Iron Company Cb&I Uk Limited, CBI Colombiana S.A. (en liquidación), Foster Wheeler USA Corporation y Process Consultants Inc. 

El caso del contrato de la ampliación de la Refinería de Cartagena, así como su puesta en funcionamiento, ha sido catalogado como uno de los mayores casos de corrupción y robo al erario público en el país. 

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