Recientemente el Superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, en una entrevista con más visos de publireportaje que de entrevista, criticó en el noticiero de Caracol Televisión, la decisión judicial que había emitido un juez de la República, en la cual ordenaba revivir jurídicamente a la EPS Barrios Unidos de Quibdó (Ambuq).
El fallo del Tribunal Superior de Barranquilla le dio 48 horas al Gobierno Nacional para que devuelva a la EPS todos los afiliados que fueron trasladados a otras entidades que sí les están prestando los servicios de salud.
En la entrevista Aristizábal se pregunta, cómo hará la Superintendencia para recuperar los dineros que le fueron pagados a 750 trabajadores que fueron indemnizados y liquidados, así como a los proveedores.
Además, impostando de víctima del sistema judicial, dijo estar dispuesto a cumplir una orden de arresto porque no acatará la tutela del tribunal de Barranquilla, pues su tarea está encaminada a luchar contra la corrupción de los actores del sistema de salud.
De inmediato, ex funcionarios de la EPS salieron a desmentir al Supersalud, aclarando que, desde el 8 de febrero, cuando fue emitida la resolución de liquidación de la EPS, no han recibido un solo peso de liquidación y mucho menos de indemnización.
«Ese señor es un cínico, en ningún momento a nosotros nos han liquidado y más bien que nos diga, qué hicieron los liquidadores que nombraron con los $15 mil millones de pesos que encontraron en la EPS, y que alcanzaba para liquidar a todos los empleados y sobraba», se atrevió a decir uno de los ex trabajadores que consideró un atropello lo expresado por el Superintendente.
Marlin Ortiz Oliveros, otra ex empleada de Ambuq, quien se desempeñaba como promotora de salud en La Loma (Cesar), dijo encontrarse en la misma situación, al igual que su compañera, Yesenia Liñán Padilla, quien como profesional universitario de la regional Cesar tampoco ha recibido un solo peso de su liquidación.
Pero los ex trabajadores de Ambuq son apenas cientos de los miles de ex empleados que han resultado afectados y a quienes nadie les responde por sus liquidaciones e indemnizaciones, tras las decisiones de cierre y salida del sistema de salud de varias EPS, cuyos liquidadores, nombrados por la Supersalud, terminan argumentando la iliquidez de las entidades, dejando de pagar a proveedores y trabajadores.
Uno de los casos más sonados fue el de la EPS Solsalud, que meses antes de ser liquidada por la Supersalud en el 2014, adelantó una masacre laboral con sus empleados.
Luego de la liquidación, quienes adelantaron el proceso simplemente argumentaron que la entidad no contaba con activos suficientes para saldar deudas con sus acreedores, entre los que se contaban sus extrabajadores, pasando por IPS (Clínicas y hospitales públicos) y proveedores de medicamentos y tecnologías.
Igual ocurrió en Caprecom, cuyas deudas terminó pagando el mismo Gobierno. Un año después de su liquidación, en el 2016, el sindicato de Caprecom daba cuenta que no había un acuerdo con el liquidador Felipe Negret (nombrado por la Supersalud) para conocer el proceso de pagos de liquidaciones.
En esa entidad fueron 520 empleados de planta y mil 800 por contrato que quedaron en el limbo tras su liquidación.Sin embargo, el caso que revela la inoperancia, desfachatez y corruptela que han rodeado los procesos de liquidación de las Empresas Promotoras de Salud (EPS), por orden de la Supersalud y el grado de afectación que han generado tales decisiones a personal sanitario y administrativo, es el de Saludcoop.
La entidad fue liquidada por orden de la Super en el 2011, tras develarse un entramado de corrupción al interior de la misma en la que al menos $600 mil millones de pesos, correspondientes al pago que el Gobierno hace por aseguramiento de usuarios del sistema de salud, habrían sido desviados por los socios de Saludcoop a otros objetivos.
En principio se consideró que el Estado estaba actuando de manera lógica al intervenir a Salducoop; sin embargo, lo que el tiempo ha demostrado es que tal liquidación solo se convirtió en la mejor excusa para «entregar» a otros el negocio.
La sindicalista Diana Vargas, ha vivido por dentro la crisis del sistema de salud, y especialmente las secuelas del mal servicio, la corrupción y el atropello laboral en el caso del Grupo Saludcoop, ayer Cafesalud, y hoy Medimás.
Comentó que empresas como Epsifarma una de las tantas que conformaba el Grupo Saludcoop, solicitó permiso en el 2019 al Ministerio para despedir a sus 1.300 trabajadores, con quienes aún no llega a un arreglo.
Bioimagen, empresa de ayudas diagnósticas y laboratorios, tenía entonces 500 empleados y personal paramédico.
Y el caso de Epsimed, la empresa que manejaba las clínicas, la más grande del Grupo Saludcoop (hoy Medimás), donde 3 mil trabajadores tampoco tenían clara su suerte.
La sindicalista comentó que desde cuando empezó la intervención estatal del Grupo Saludcoop, también los trabajadores y organizaciones sindicales empezaron la batalla para que en el proceso de liquidación y reorganización de los servicios no se afectaran los derechos de los 36 mil trabajadores que llegó a tener el Grupo en sus 34 empresas filiales.
Pero esa batalla ha sido inútil. «Nunca hemos tenido respuesta del Ministerio de Trabajo ni de los entes de control, y hemos recurrido a todos. Pusimos más de 300 querellas, tutelas por cientos, protestas y manifestaciones, y muchas reuniones con el Gobierno. Para los trabajadores no ha habido respuestas», afirmó en el 2019.
Y entonces caben varias preguntas: ¿con qué recursos, patrimonio y activos fue vendida Cafesalud?, ¿había entonces el dinero suficiente para liquidar a los trabajadores del Grupo Saludcoop?, o es que ¿en las decisiones de liquidación el interés se centra en a qué EPS les serán adjudicados los afiliados, es decir, el interesante pago de la UPC por cada uno de ellos?
Para conocedores del tema, las intervenciones y liquidaciones que adelanta la Supersalud de EPS, en últimas han conseguido sacar del sistema de salud a entidades que aparentemente prestan un mal servicio a sus afiliados, pero poco o nada han contribuido a mejorar el sistema de salud y por el contrario, lo que ha sucedido es que el negocio del aseguramiento va quedando en manos de pocos, y de paso ha generado una grave crisis laboral en detrimento de las condiciones de los trabajadores del sector salud.
De hecho, cada vez que la Supersalud decide liquidar una EPS, lo que sigue es una interminable batalla jurídica entre la entidad de vigilancia y su contraparte que no es solo la EPS afectada, sino sus afiliados, los empleados de la misma, los prestadores del servicio a quienes les adeudan dineros (hospitales, clínicas y demás IPS) y sus proveedores, que saben de antemano el calvario que les espera.
Por ejemplo, desde el 2018, en Antioquia, algunos hospitales públicos demandaron a la Supersalud, «las demandas que se están poniendo tienen un fundamento y es la omisión en las funciones de inspección, vigilancia y control que tuvo la Superintendencia Nacional de Salud a nombre del estado, esa omisión de las funciones es la que ha dejado que las EPS entren en crisis y que luego sean intervenidas incluso por la misma Supersalud, pero además, que luego de la intervención se deterioren aún más su funcionamiento para que la misma Superintendencia declare su liquidación», señaló Luis Alberto Martínez, director ejecutivo de la Asociación de Empresas Sociales del Estado de Antioquia.
Mientras que el abogado César Augusto Arroyave, especialista en derecho administrativo y que en la actualidad se encarga de recuperar cartera de algunas entidades, dice que los hospitales sí pueden iniciar una acción de reparación directa vinculando a la Superintendencia Nacional de Salud por error en la vigilancia.
Y recordó que una sentencia del Concejo de Estado en la clínica Chicamocha contra la EPS Solsalud en liquidación, respondió al Tribunal de Santander que «debe vincular a la Super como codemandado porque esta entidad tiene el deber de vigilancia y de supervención del flujo de recursos de las entidades de salud, y por dicha omisión fue que se presentó la crisis, porque si la Supersalud hubiera ejercido adecuadamente la supervisión institucional, no hubiera ocurrido el detrimento en contra del hospital».
Entonces, ¿de qué se queja el superintendente Fabio Aristizábal?, ¿por qué sale a impostar de funcionario preocupado por el funcionamiento del sistema de salud, si él desde su cargo tampoco hace su labor?
El especialista en derecho administrativo advierte que la Supersalud no está realizando bien su papel, «es un ente que le faltan dientes, se dedica desde el nivel central a pedir, pero no vigila el adecuado uso de los recursos, esto genera que los más débiles en la cadena que son las ESE y las IPS terminen reventándose y quebrándose porque no pueden negar una atención a un usuario, mientras que las EPS se escudan en glosas y en negar pagos que llevan al traste a las IPS. Si ellos hicieran una adecuada vigilancia de los recursos las entidades no estarían tan quebradas, ni la deuda estaría en los $7 billones. Hay unas normas muy claras que blindan a las entidades, el hecho que si usted no glosó como entidad debe pagar mínimo el 50 por ciento, esto ni se cumple, lo mismo la radicación, hay gente que se ha inventado software y cosas para dilatar los pagos y simplemente no pagar».
Adicional a este panorama, llama la atención, por ejemplo, que una de las EPS con más quejas en su haber por parte de sus afiliados desde hace ya bastantes años como es Coomeva EPS, estuvo bajo vigilancia especial de la Supersalud por cuatro años y medio y en mayo de este año fue intervenida, es decir se nombró a un agente especial por parte de la Supersalud, que hace las veces de representante legal.
Quiere decir que en casi cinco años que la entidad estuvo de alguna manera recibiendo el acompañamiento de la Supersalud, supuestamente para mejorar sus indicadores financieros y de gestión, no pasó nada y por el contrario empeoraron.
¿Entonces, qué es lo que hace la Supersalud o qué es lo que hacen sus funcionarios?Valdría la pena que el superintendente Aristizábal diera cuenta de por qué no funcionan las intervenciones previas que realiza la entidad que dirige en las EPS y por qué no funciona la labor de vigilancia que ejerce.
Y porqué, a la hora de ordenar una liquidación, lo último a entrar a considerar son los trabajadores y acreedores de dicha EPS.
Como colorario vale recordar que Aristizábal ha sido denunciado por supuestos actos de corrupción, relacionados precisamente con el traslado de afiliados de EPS liquidadas.
Además ha resultado muy prolífico a la hora de mostrarse como el defensor de los usuarios del sistema de salud, pero muy silencioso frente a todo lo ocurrido durante la pandemia del Covid-19, las fallas en la atención de esos mismos usuarios que dice defender y los inconvenientes y retrasos en el proceso de vacunación.
