Como si no fuera poco el escándalo que se generó alrededor del famoso contrato del Ministerio de las Tecnologías y las Comunicaciones que pretendía llevar el servicio de internet a todas las instituciones educativas del país, y que le costó el puesto a la ministra Karen Abudinem, el alcalde de Uribia (La Guajira), Bonifacio Henríquez, abrió una convocatoria pública para «implementar ambientes tecnológicos de aprendizaje en las sedes educativas públicas del municipio de Uribia».

En esta “loable” iniciativa de Henríquez, conocido en su municipio como «el Bony» la administración local invertirá, de acuerdo al pliego de condiciones reportado en el Secop, la bicoca de $2.193.491.804, de donde el objeto principal es «Adelantar las obras de mejoramiento de la infraestructura existentes en las tres sedes educativas a intervenir, a razón de un aula por sede».

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Es decir, que a vuelo de pájaro y sin ahondar en detalles, el alcalde de Uribia, población guajira donde los niños indígenas mueren de física desnutrición y las muertes maternas siguen ocurriendo; pretende gastar palabras más, palabras menos, más de $2 mil millones de pesos en habilitar tres aulas escolares para que alumnos y docentes tengan acceso a internet.

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Si seguimos usando energías no renovables

Este es el tiempo que nos queda.

Según los cálculos de la administración municipal, para este propósito se necesitan $700 millones de pesos por aula, para contratar un operador de Internet, comprar unos computadores (no se mencionan cuántos en el pliego de condiciones), mobiliario y echar algo de pintura a los salones de clases.

Comparando con convocatorias similares, la cifra es escandalosamente exagerada. En el año 2019, se adelantó el proyecto entre la alcaldía de Puerto Gaitán en el departamento del Meta y la empresa Frontera Energy para dotar la totalidad de las sedes educativas de ese municipio, así como un internado.

Se intervinieron seis instituciones educativas, y sus 20 sedes ubicadas en zonas rural y urbana de esa población. El proyecto incluyó la dotación de no menos de 32 computadores portátiles por sede a intervenir, equipos tecnológicos, de audio, video impresoras, proyectores, televisores, etc, para impactar en más de 10 mil estudiantes, incluyendo comunidad indígena.

La ejecución de este proyecto, que evidentemente requirió más dinero, tuvo un costo total de $3.732’213.329. Pero el componente de dotación de tecnología en 15 sedes educativas que contó la entrega de 259 computadores portátiles, tuvo un costo total de $841’042.912.

Luego la alcaldía de Uribia, municipio cuyos recursos son escasos, se gastará en la “adecuación” de una sola aula escolar con ambiente tecnológico, lo que invirtió el municipio de Puerto Gaitán en hacer prácticamente lo mismo, en 15 sedes educativas.

Y es que como lo informó recientemente corrupcionaldia.com, el tema de llevar conectividad a zonas apartadas del país, en particular a las instituciones educativas, está siendo utilizado por los corruptos para seguir esquilmando el erario.

Como ya ocurrió en el 2020, cuando la Contraloría General de la República informó sobre hallazgos por el orden de los $55.195 millones contra en los procesos de contratación de conectividad en las instituciones educativas de 6 departamentos del país (La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Norte de Santander y Santander), así como el municipio de Acacías (Meta) y la Empresa de Telecomunicaciones de Popayán (EMTEL).

Adicionalmente, se envió a indagación preliminar lo relacionado con 3 contratos, desarrollados en los departamentos de Magdalena y Norte de Santander, donde se evidencian presuntas situaciones irregulares hasta por un valor de $11 mil millones.

Y más recientemente se conoció la investigación que adelanta la Contraloría General de la República contra la alcaldía de Dos Quebradas (Risaralda)y su secretario de Educación, Celso Omar Parra Sierra, por el contrato 1487 del 20 de septiembre de 2020 por $449.268.936, con Imprenta Departamental Soluciones Integrales y de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones – Impretics E.I.C.E (una empresa de la Gobernación del Valle), para implementar el servicio de internet en las Instituciones Educativas del Municipio de Dosquebradas, en tiempos de pandemia.

Según la Contraloría se hallaron inconsistencias en la ejecución del contrato como el poco alcance de la señal, los equipos instalados no funcionan todos, las especificaciones de las antenas no concuerdan con las ofrecidas, y no hay pruebas de que el contratista cumplió con los radios de cobertura mínimos y en algunos casos no se cumplió con el ancho de banda establecido, también incumplimiento de los planes móviles, se firmó en septiembre y solo el 4 de noviembre entregan contraseñas.

En el caso de la licitación pública abierta por la Alcaldía de Uribia, los interesados tienen plazo hasta el 22 de noviembre para presentar sus propuestas.

Las sedes donde se “reparará” un salón de clases para habilitarlo como tecnológico son: Institución Educativa Normal Superior Indígena, sede principal, Institución Educativa Julio Sierra Iguarán, sede principal y la Institución Educativa Alfonso López Pumarejo.

Estas sedes cuentan con 5.137 alumnos matriculados. Sin embargo, de esos, 3.960 están en un rango de edad entre los 0 y 14 años, y no se especifica cuántos en edades aptas para tener acceso a las tecnologías digitales.

Por esto, el escándalo ocurrido con el contrato del Ministerio de las Tics, no es más que una réplica en tamaño gigante, de lo que viene ocurriendo desde hace ya algunos años en las entidades territoriales con la contratación de servicios de conectividad.

La escasez de empresas o entidades capacitadas o dispuestas a hacer seguimiento a los contratos; y todavía peor, la falta de veedurías con conocimientos suficientes sobre estos temas, convierten a la necesidad de conectividad en un “algodón de azúcar en la puerta del colegio” para los corruptos.

Y lo más reprochable: lo ocurrido en el Mintic, no ha conseguido prender las alarmas de los organismos de vigilancia y control, para la muestra, la escandalosa licitación pública en Uribia.

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