Hacía apenas 12 días que el presidente de la República, Iván Duque había inaugurado con bombos y platillos 25 kilómetros de la vía Bucaramanga-Barrancabermeja-Yondó, conocida como Ruta del Cacao y que demandó una inversión de $2,5 billones de pesos

En el evento que se llevó a cabo en Lebrija (Santander) además de Duque, estuvieron presentes el gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado, y la Ministra de Transporte Ángela María Orozco.  

Para el momento de esta entrega, el proyecto tiene un avance del 90 por ciento y se espera que sea entregada en su totalidad en julio próximo.  

Sin embargo, pasados diez días de ese acto, la banca de la vía colapsó y 100 metros de la vía nueva carretera en el sector entre Puente La Paz y Lisboa, se hundieron, dejando además a la vista que estaba rellenada con pura arena sobre una vía vieja.

German Rueda, de la veeduría Ruta del Cacao, denunció ante medios de comunicación que entidades del gobierno Nacional como la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, alcaldes y la misma Gobernación de Santander, hicieron caso omiso a las advertencias que realizaron por el riesgo debido a la inestabilidad del terreno y acumulaciones de agua en el sector, desde hace ya varios años. 

«Estuvimos en dos audiencias de la ANLA cuando hicieron el cambio de trazado para la unidad funcional ocho, que en estos momentos está en construcción, desafortunadamente la ANLA no hizo caso al final, al principio nos dio la razón y luego terminó cambiando lo que ellos habían dicho, y no solamente es este tramo sino todo el tramo sufre de muchas afectaciones aparte del Líbano que fue donde construyeron los túneles», manifestó el veedor ciudadano en la emisora Blu Radio. 

Asegura el veedor que antes de aprobarse el último trazado, había dos opciones más para la construcción de los 25 kilómetros. 

«No han tenido en cuenta que en la zona de coluviones no se debe construir, había otros posibles trazados y no entendemos porque cambiaron el trazado inicial. Esos son coluviones que son como un merengue tienen esa agua y cuando se corta el agua porque se quita entonces se presenta el fenómeno de remoción en masa se dañan los acuíferos están dañando las cuencas hidrográficas», indicó. 

El proyecto arrancó obra en noviembre de 2016, y tenía cierre financiero y contó con $1,7 billones para ejecutar obra y $1 billón para la operación y mantenimiento entre el año 2021 y 2041 que es el tiempo de concesión, es decir 20 años.  

El Concesionario está conformada por la firma española Cintra Infraestructuras Colombia SAS, cuyo porcentaje de participación al momento de licitar la obra, en el consorcio fue del 40%, y dos firmas nacionales: RM Holdings SAS y MC Victorias Tempranas, cada de las cuales tiene un porcentaje de 30%. Cintra en consorcio con el fondo de inversiones Ashmore y el grupo local Colpatria, lideraron el diseño, construcción, financiación, operación y mantenimiento de “Ruta del Cacao”; mientras que el constructor (EPC) es Ferrovial Agromán (FERROCOL). 

Desde el 2018, comunidades de la zona venían manifestando su desacuerdo con el nuevo trazado que según afectaría 25 cuerpos de agua, por lo que la entidad encargada de las licencias negó a principios de ese año la modificación argumentando que la calzada quedaría a 100 metros de los nacederos, situación que restringe y limita las condiciones actuales de flujo, accesibilidad y calidad de los cuerpos de agua; incidiendo directamente en la desmejora de la calidad de vida de los habitantes. 

Sin embargo, luego de varias reuniones y de audiencias públicas, en el 2019, el trazadao inexplicablemente fue cambiado. 

Desde entonces, y no solo por parte de los integrantes de la veeduría, sino desde distintos escenarios, se denunciaron supuestas irregularidades que se dieron durante el proceso de construcción de esta vía.

En medios de comunicación locales como el periódico El Frente, se habló de “Aberraciones ambientales y daños fiscales” podían producirse por los cambios del trazado de la vía adjudicada al Consorcio Español Ferrocol

Según medios locales en la modificación del trazado hubo intereses de propietarios de fincas consiguieron lucrarse de una mayor valorización de sus propiedades de mayor extensión ubicadas en la zona de influencia del embalse de Hidrosogamoso y de la nueva vía, donde las obras públicas quintuplicaron el valor de la tierra, estriba en el pretexto de eludir unos coluviones o desplazamientos de la corteza terrestre en el kilómetro 100+500 de la vía Barrancabermeja – Bucaramanga y en el sitio denominado “La Guitarra”, incrementando los costos del proyecto en ciento dieciséis mil millones de pesos, como consecuencia de los trabajos adicionales que implicarían el traslado de las redes del oleoducto, las redes de alta tensión de la electrificadora Santander y de las redes de fibra óptica.   

La Veeduría Ciudadana, acreditada ante la personería del municipio de Lebrija (Santander), aseguró en ese entonces que se ejerció presión ante las autoridades nacionales del ministerio del Transporte, ante la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y ante el Ministerio del Medio Ambiente, para conseguir el cambio de ruta del nuevo carril de la carretera Bucaramanga – Barrancabermeja, porque existe el interés de revaluar una amplia zona turística que estaría ubicada entre el corregimiento de Portugal y la nueva vía construida por ISAGEN hacia San Vicente de Chucurí, donde la gobernación de Santander ha autorizado las ubicación del puerto fluvial, que explotarán los particulares en la represa del Topocoro, que surte de agua a la Hidroeléctrica del Río Sogamoso. 

«Múltiples intereses se han movido desde despachos públicos, donde reconocidos empresarios y propietarios de la tierra tienen entronques familiares para conseguir la valorización de sus fincas», advertía la Veeduría Ciudadana. 

ANLA aprueba licencia ambiental

El Concesionario finalmente consiguió que en el 2019 la ANLA le aprobara la licencia ambiental de la nueva ruta de la construcción. 

Desde entonces fueron casi que semanales las protestas de los habitantes de varios municipios que comenzaron a ver cómo se iban afectando nacimientos de agua en la medida en que avanzaba la vía. 

Los delizamientos fueron constantes envarios tramos durante todo el proceso de construcción como lo constata en su página da Facebook la veeduría. 

Finalmente en septiembre del 2020, tras las permanentes denuncias de la comunidad al proyecto vial Ruta del Cacao, con relación a afectaciones a daños ambientales, exactamente al nuevo trazado que tendrá la Unidad Funcional 8 y 9; la Procuraduría General de la Nación inició acción preventiva. 

«Por lo anterior, una vez se realicen las acciones correspondientes dentro del marco legal de las competencias otorgadas a la Procuraduría General de la Nación y se finalice el trámite de la presente actuación, se le comunicará el resultado para su conocimiento y fines pertinentes», le informaron a Fabián Díaz Plata, Representante a la Cámara por Santander, denunciante de estos hechos. 

De acuerdo con Díaz Plata, desde hace tiempo atrás venían denunciando afectaciones ambientales generadas por el trazado de la vía como tala indiscriminada de árboles y afectaciones a cuerpos de agua

«Estas denuncias fueron enviadas a la ANLA, solicitando una visita técnica para evaluar los impactos ambientales, respuesta que fue negativa y por esta razón denunciamos a la Procuraduría, quien inició la acción preventiva», aseguró el congresista santandereano. 

Según Díaz, los trabajos en la UF 8 y 9 pasarán por varios nacimientos de agua y fuentes hídricas que son esenciales para la supervivencia de la comunidad residente de las veredas Sardinas, Buena Vista y San Joaquín. 

En ese momento Díaz alertó que “Este nuevo trazado va a generar un impacto ambiental mucho más dañino para el ecosistema, debido a que el trazado inicial estaba proyectado para realizarse por la carretera antigua, en cambio este nuevo trazado va a intervenir toda la vereda de San Joaquín, lo que va a generar la intervención de nacimientos de agua y excavación en las montañas que quedan en esta vereda», explicó Díaz al órgano de control. 

La contratista insistió en que sí había un control ambiental sobre el proyecto, a pesar de los impactos que se generan con la vía BBY, sobre la vegetación y el recurso hídrico en la zona. 

Pasados casi dos años, y tras su inauguración por parte del presidente Duque y el derrumbamiento de una parte de la nueva vía, apenas a 10 días de puesta en servicio, pareciera que la veeduría y los habitantes de la región, tenían razón, con respecto a la posible corrupción que hubo alrededor del proyecto, para favorecer intereses de unos cuantos pasando por encima del bienestar general. 

Ahora los dueños de la concesión son ingleses

Como corolario vale informar que, una vez aprobado el cambio del trazado, en agosto del 2019, Cintra, filial de Ferrovial, la multinacional española vendió un 11,7% de la sociedad Ruta del Cacao, por $28,6 millones de euros (102.698 millones de pesos colombianos). 

Tras esta operación, que le generó una plusvalía de $10,69 millones de euros para Ferrovial, la participación del grupo español en la empresa concesionaria pasó a ser del 30%. 

El comprador fue la compañía británica de infraestructuras John Laing, que adquiere en total un 30% de las acciones, ya que los otros dos socios del consorcio, Colpatria y Ashmore, vendieron también parte de sus títulos. 

Cabe recordar también que la concesión tendrá una duración de 25 años desde la firma del contrato, con posibilidad de extenderse por otros cuatro adicionales. 

El cierre financiero del proyecto se produjo en noviembre de 2018 y participaron seis entidades en un crédito sindicado como BBVA Colombia, Bancolombia, Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), Banco Interamericano de Desarrollo (IDB Invest), Fondo de Deuda BlackRock y Fondo de Deuda Unión para la Infraestructura (UPLI). 

Ferrovial, a través de su filial Cintra, es una de las compañías líder en la promoción privada de infraestructuras de transporte en todo el mundo, por número de proyectos y volumen de inversión, ha destacado el grupo español en la nota. 

Actualmente, gestiona más de 1.468 kilómetros de autopistas, repartidos en 24 concesiones en Canadá, Estados Unidos, Europa, Australia y Colombia 

En resumen, con la construcción y entrega en concesión de las famosas vías 4G en Colombia, por lo visto, ganan unos cuantos, y pierden, la mayoría, que no solo terminan siendo víctimas de daños ambientales, sino que, además, tendrán que pagar cinco peajes, para poder movilizarse por la vía

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