Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia solicitó audiencia de imputación y de medida de aseguramiento de detención domiciliaria, en contra del gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalve Gnecco, por su presunta responsabilidad en irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE). 

La Fiscalía General de la Nación le imputará los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación a favor de terceros en calidad de coautor. 

El ente investigador cuenta con evidencia que indicaría que Monsalve Gnecco, en su primer periodo como gobernador del departamento, entre 2012 y 2015, habría participado en irregularidades en la firma del contrato de este programa. 

El material de prueba daría cuenta que este contrato, firmado en el primer semestre de 2015, habría violado los principios de transparencia, selección objetiva, entre otros requisitos de la contratación pública en el país. 

También se logró establecer que, al parecer, no se realizaron los estudios previos; además, los pliegos de condiciones no estaban ajustados al objeto contractual, lo que habría conducido a la apropiación indebida de dineros públicos a favor de terceros por más de $2.900 millones de pesos. 

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Este es el tiempo que nos queda.

Otra de las irregularidades que logró detectar la Fiscalía fue la posible falta de seguimiento y control al contrato, hecho que vulneró los derechos de los estudiantes de colegios públicos del departamento. 

En la mañana de este 15 de junio, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá negó por cuarta oportunidad la libertad al gobernador en otra investigación que se le adelanta en su contra. 

En este último proceso, el mandatario es investigado por presunta corrupción en un contrato del Programa de Alimentación Escolar, (PAE), en el departamento del Cesar por más de $17.000 millones de pesos, en el año  

Cabe recordar que en agosto del año pasado el Tribunal de Bogotá impuso medida de aseguramiento en detención domiciliaria, en calidad preventiva, contra Monsalvo, por los delitos de peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales

El contrato cuestionado fue suscrito entre la Gobernación del Cesar y el consorcio Alimentación Escolar A Salvo en agosto de 2015.  

Con anterioridad, en septiembre de 2020, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió tumbar la sentencia que condenó a cinco años de prisión al suspendido gobernador a Monsalve Gnecco por delitos electorales. 

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