Por: Jorge Vergara Carbó

El gobierno de Duque con su ministro “Bonos de Agua” Carrasquilla, por fin presentaron al Congreso la tan cacareada tercera  reforma tributaria  de este gobierno bajo el sofisma de distracción de “Ley de Transformación Social y Solidaria”, con la cual se aspira a recaudar adicionalmente $30.1 billones, que saldrán principalmente del IVA ($10.5), rentas de trabajo y pensiones)$17.1), y personas jurídicas ($3).

De esos recursos le ofrecen una mermelada a las entidades territoriales para que presionen a sus parlamentarios de $5.1 billón, por eso hablan de un recaudo neto de $26.2 billones, y no de $30.1.

El proyecto de ley presentado al Congreso, en sus 163 artículos, distribuidos en 116 páginas no incluye las propuestas que nos permitimos presentar en la Crónica I , las cuales apuntan a prohibir la casa por cárcel a quienes evaden o eluden impuestos, incluyendo a los  lavadores de dinero, a los contrabandistas –quienes se llevan el capital para los paraísos fiscales– y a los funcionarios y privados que realizan actos de corrupción.

Según la misma DIAN  y el BIRF la evasión del impuesto a la renta y al IVA, nos cuesta anualmente $44.5 billones. La corrupción nos cuesta $50 billones.

Por otra parte las exenciones al impuesto a la renta y a las ventas, nos cuesta $85 billones, según Fedesarrollo. Estos tres rubros suman $179.5 billones, seis punto nueve (6.9) veces lo que espera el gobierno recaudar con su tercera reforma tributaria ($26.2).

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Desde hace años, se pretende plantear una reforma tributaria estructural que contribuya a resolver el déficit fiscal que venimos arrastrando desde hace años y que ahora con la pandemia se ha  agravado más, hasta el punto de llegar este año al 8.6% del PIB.

Por los intereses que están en juego y dado el lobby que ejercen los gremios del sector productivo y los grandes grupos económicos que financian en gran parte las campañas políticas, lo intentos de acabar con los privilegios otorgados con argumentos como “la seguridad inversionista”, la generación de empleo y otros mecanismos, el Congreso decide no aprobar los cambios para acabar con esos privilegios y el gobierno se niega incluirlos en sus propuestas. Por eso nuestro nivel de recaudo tributario en el año 2020, fue del 13.5 del PIB del 2019.

El país requiere de  una reforma tributaria que mejore la distribución del ingreso, que impulse la generación de empleo, que reduzca el déficit fiscal y el endeudamiento e impulse el desarrollo económico y social de las zonas costeras del país, hoy deprimidas por unas políticas públicas erradas, cuando son las llamadas a desarrollarse por su ubicación geográfica que la sitúa más cerca del mundo.

La reforma debe servir para cambiar el modelo económico y no depender del precio del petróleo y el carbón, impulsando a las empresas exportadoras que se ubiquen en las costas del país. Igualmente debe servir para gravar fuertemente a las tierras que no se explotan adecuadamente aumentando el impuesto predial rural, y por supuesto incrementar el impuesto a la renta a los altos salarios, al igual que a los dividendos y al patrimonio.

Para poder entender la intención del gobierno con su reforma tributaria, y debatir cada una de sus propuestas vale la pena conocer la siguiente información:

  1. Solo declaran impuesto sobre la renta 549.575 personas jurídicas, que aportan al fisco nacional $51 billones
  2.  Las personas naturales que declaran(>$3.500.000), son 4.360.104,que aportan $12.9 billones
  3. El país tiene 2.5 millones de pensionados, de los cuales el 56%, están con Colpensiones, unos 1.4 millones, el resto en los Fondos Privados u otros regímenes.
  4. El 92.1%, de los pensionados ganan entre 1 y 4 SMLV ,o sea 1.325.200 beneficiarios
  5. El 7.9%, gana entre 4 >20 SMLV
  6. Del total de pensionados dos millones y medio,  solo el 1.2 %, gana más de $7 millones. O sea  29.534  que serían gravados
  7. Los pensionados en los Fondos privados u otros, son 1.1 millones, de los cuales el 50%, gana un SMLV, el 27%, gana entre 1 y 2 SMLV, y solo el 13%, gana más de 2 SMLV.
  8.  El número de empleados a febrero de 2021, fueron 20.8 millones, de personas, de los cuales el 48.1%, son trabajadores informales. De los trabajadores informales según la ex ministra Cecilia Arango el 44%, gana menos de un SMLV.
  9. De los 10.8 millones de empleados formales, el 63.6%,  gana un SMLV, o sea 6.9 millones de personas. Un 16.3%, gana entre uno y 2.5  SMLV, equivalente a 1.8 millones de personas. El 20.1% , gana más de 2.5 SMLV
  10. El costo de la canasta básica familiar a marzo del 2021, es de $3.700.000. Se necesitan cuatro SMLV para que una familia la adquiera.
  11. La unidad de valor tributario(UVT), para el 2021, es de $36.308.

Con base a esta información pasamos a analizar el proyecto de ley presentado el 15 de abril de este año, por el gobierno nacional al Congreso de la República bajo el nombre de “LEY DE TRANSFORMCIÓN SOCIAL Y SOLIDARIA “

El proyecto de ley, pretende gravar a las pensiones superiores a $4.5 millones, a los salarios superiores a $1.6 millones; imponer un impuesto de solidaridad del 10%, a las pensiones mayores de $10 millones, por seis meses; aumentar el pago por  dividendos del 10% al 15%; gravar con el 19% los servicios públicos domiciliarios a estratos 4, 5 y 6; aumentar al 2%, el ingreso a patrimonios superiores a 402.000 UVT; cambiar el cobro al impuesto vehicular incluyendo una tarifa como costa de contaminación; incluir nuevos productos con el IVA del 19%.

Vuelve a darle gabelas a quienes se han llevado los capitales para los paraísos fiscales, para que los declaren pagando un 17%, sin derecho a prisión e investigación, al igual a quienes no han declarado todos sus activos; como premio a los pobres del país le devolverán $50.000 mensuales por el IVA, incremento de la tarifa al impuesto a las personas naturales que van desde el 10% al 41%, fijando la retefuente del 10% al 37%.

Modifica el impuesto a la gasolina y el ACPM; fija un impuesto al carbono, siendo el principal al carbón en $41.861 por tonelada; le da facultades a los concejos para que establezcan peajes al interior de las ciudades capitales. Por supuesto que concede una serie de privilegios a las empresas que según ellos clasifica como “economía naranja”, a las que contraten a mayores de 28 años; se establecen dos tarifas para las empresas, el 24% a las que vendan hasta 13.770 UVT, y el 30%, a las que superan ese monto, pero para los años 2022-2023, se les cobrará el 27% y el 33%; a quienes donen recursos para las bibliotecas públicas tendrán derecho a descontar de la renta el 25%, de lo donado; eliminan los programas sociales del sector eléctrico como el PRONE, FAER, y crean un fondo llamado “Fondo Único de Soluciones Energéticas” FONOENERGÍA.

Por último se le conceden facultades extraordinarias por seis meses al presidente para que reestructure las entidades públicas del orden nacional, e incluyen, como siempre lo hacen, artículos que nada tienen que ver con una reforma fiscal, solicitando autorización para realizar una adición presupuestal por $11.753 millones.

Como pueden apreciar, esta es una reforma que atenta contra la clase media al golpearla no solo con el impuesto a la renta y las pensiones, sino también con el IVA, y los servicios públicos domiciliarios cuyo costo se incrementará de un solo golpe en el 19%. Si usted pagaba un millón de pesos, en todos los servicios con esta reforma, ahora pagará $1.190.000,

Como me dice un amigo que vive en los estados Unidos, “votaron por  Duque, entonces chupen”.

Ante esta reforma, no queda más sino protestar así estemos en cuarentena, porque el gobierno con la mermelada ya convenció a los gremios, y a nuestros parlamentarios con contadas excepciones  les da flojera leer y estudiar el articulado, serán como lo han hecho con otras iniciativas premiados con varios tarros de mermelada.

Solamente falta esperar que tanto César Gaviria y Germán Vargas reculen como el ovejo y decidan apoyar esta reforma que calificaron como “un conejo” y que “va a acabar con la economía colombiana”. Gaviria afirmó también que el gobierno no va a manejar al partido liberal a través de mermeladas. Ya el Centro Democrático se pronunció apoyando la reforma, y por supuesto el Polo democrático, la Colombia Humana se niegan a respaldar dicha propuesta, lo mismo que las centrales obreras.

Pero lamentablemente pueden más las firmas calificadoras, si esas mismas que contribuyeron a la crisis financieras de los años 2008-2009, al otorgarle a esas empresas involucradas en las hipotecas subprime caso Lehman Brothers que recibió calificación AAA y a los tres meses se declararon en quiebra al igual que otras firmas generando la peor crisis que hemos vivido, superada en parte por la pandemia y por supuesto las recomendaciones de la  OCDE y el banco Mundial, que el sentir del pueblo colombiano, que apoya una reforma tributaria estructural que haga justicia y el rico pague sus impuestos así como las grandes empresas que si bien tienen una tasa del 32%, en la práctica por los privilegios pagan entre el 7% y el 9%, tal como lo denunció Salomón kalmonovitz.

Pensar gravar a los que ganan $1.6 millones, y a los que tienen pensión de $4.8 millones, es un exabrupto. Se le olvida al de los “Bonos Agua” que el costo de la canasta familiar en Colombia es de $3.700.000, según el DANE, por lo que una familia de cuatro personas necesitan ganarse cada uno un SMLV, para poderla alcanzar y al grabarlos menos les alcanzará.  También se les olvida que las pensiones son un derecho fundamental garantizado por la Constitución (art 53), y la  Ley 100/93, como en diferentes sentencias  las altas cortes se han pronunciado sobre los derechos adquiridos de los pensionados.

Ante los reparos que por diversos actores se le han hecho al proyecto de ley, por golpear a la clase trabajadora y pensionados, surge la pregunta que muchos se hacen ¿Qué pasa si el Congreso no aprueba la reforma tributaria?

Una muy buena pregunta, que tratare de responder de la manera más sencilla posible para que la puedan entender.

Lo primero es que de no aprobarse lo más probable es que las firmas calificadoras le otorgarán al país una baja calificación que implicaría dificultades para conseguir nuevos créditos, y de conseguirlos sería a un costo más alto.

Igualmente veríamos disminuidos el flujo de capitales externos, lo que a su vez incidirá en la tasa representativa del mercado (TRM) porque nos convertimos en país riesgo. En segundo lugar, continuaremos con el déficit fiscal, el cual hay que solucionar, y para lograrlo se necesitan tres cosas: aumentar los ingresos, disminuir los gastos o endeudarse.

Los ingresos solo se pueden aumentar disminuyendo la evasión y elusión tributaria en renta e IVA, eliminando o reduciendo las exenciones en renta e IVA, o disminuyendo la corrupción. También es posible aumentarlos vía incremento del precio del petróleo y el carbón, y por supuesto con una reactivación económica alta. Pero la realidad es que se logra aumentando las tarifas impositivas a la renta y al IVA, como al patrimonio y los dividendos.

La otra alternativa es disminuir el tamaño del Estado. Tarea que no es fácil por las connotaciones políticas que conlleva. Disminuir el gasto público no es fácil y cuando deciden hacerlo el gran sacrificado es el pueblo al no invertir en obras sociales.

Como pueden ver, estamos en el peor de los mundos, con un déficit fiscal del 8.6%, del PIB de 2019, un déficit en cuenta corriente, en recesión económica 6.8%, del PIB, bajos precios de los commodites, un alto endeudamiento 61.4%, del PIB, unos US$180.000 millones, niveles de desempleo del 20%,  informalidad del 48.1%, y niveles de pobreza por encima del 50%.

Ante ese panorama oscuro, se requieren varias soluciones, muchas de las cuales la planteamos en la Crónica uno, que es disminuir los grados de evasión y corrupción, eliminar los privilegios al sector empresarial y eliminar las exenciones al IVA, sin afectar a la canasta familiar mínima que se decida. Lo primero se logra endureciendo las penas a los evasores y corruptos, enviándolos a la cárcel cualquiera sea su rango. Lo segundo a través de una negociación del gobierno con los gremios y el Congreso, y en tercer lugar imponer una mayor tasa a los salarios altos, como a las pensiones mayores de 1000 UVT ($36.8 millones), y en cuarto lugar disminuir los gastos de funcionamiento para incrementar la inversión social.

Como pueden ver, mis queridos lectores, la cosa no es fácil. Pero eso no implica que tengan que golpear a la clase media con mayores impuestos directos e indirectos.

Parece ser que al gobierno se le olvida que estamos en recesión, y que la recesión se debe a la baja demanda, la gente no tiene plata para comprar bienes y servicios.

En la Crónica tres (3), analizaremos este proyecto de ley con sus implicaciones y  demostraremos  porque es inconveniente para el país.

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