Definitivamente los contratistas corruptos encontraron un buen escampadero en las proveedurías de raciones alimenticias que destina el Estado para población vulnerable, bien sean los niños y adolescentes que estudian en instituciones oficiales o las personas privadas de la libertad en las cárceles del país.
Desde hace varios años estallaron escándalos por la corruptela que carcomió al Programa de Alimentación Escolar (PAE) en distintos departamentos del país.
Ahora están en el ojo del huracán los contratistas que suministran la alimentación a los presos de distintos centros penitenciarios.
La denuncia se hizo pública a través del portal periodístico Pacifista! que reveló un informe del Instituto Nacional Penitenciario Y Carcelario (Inpec), donde la misma entidad señala inconsistencias y fallas en la alimentación de los reclusos en Colombia.
De acuerdo con el portal, que tuvo acceso al documento, el texto fue firmado por Martha Isabel Gómez Mahecha, Subdirectora de Atención en Salud de esa entidad, que hace seguimiento al mes de enero de este año.
El informe, que se hizo con base en actas donde los internos registran el estado en el que recibieron los alimentos, en visitas del Inpec a las penitenciarías y en reportes de las secretarías de salud municipales, da cuenta de que, por ejemplo, “el 80% de los establecimientos reportan problemas con la calidad de la materia prima usada para la preparación de los alimentos”. Además, la entidad calificó a 21 establecimientos como de alto riesgo por los incumplimientos de contratistas que manejan la alimentación.
Los operadores en esos 21 establecimientos son: la Unión Temporal Eficiente (Cúcuta, Norte de Santander); Unión Temporal Alimentos Saludables (Florencia, Caquetá; La Picota, Bogotá; La Mesa, Cundinamarca); Unión Temporal Duflo Uspec 2020 (Puerto Triunfo, Antioquia); Jhon Jairo García (Itsmina, Chocó); Servicios y Suministros CJVN SAS (San Andrés; Santa Marta, Magdalena); DNP Servicios SAS (Valledupar, Cesar; Tierralta, Córdoba); Unión Temporal Green Food (Popayán, Cauca); Proalimentos Liber (Tunja, Cómbita y Sogamoso, Boyacá; Buga, Valle del Cauca, y Manizales, Caldas) y la Organización Nueva Aurora (Andes, La Ceja, Yarumal y Pedregal, en Antioquia).
El portal Pacifista! destaca en su informe que el Inpec denunció que las últimas dos empresas, Proalimentos Liber y Organización Nueva Aurora presentan altas tasas de incumplimiento. Esta última, por ejemplo, es señalada de incumplir en el 90% de los establecimientos carcelarios donde tiene contratos.
La representante legal de esa empresa es Luz Stella Chaverra Bedoya. Ella y su esposo, John Jairo García Pinzón, fueron denunciados en 2018 por el concejal de Medellín, por el Partido Liberal, Bernardo Alejandro Guerra Hoyos. Según él, la pareja fue responsable de la intoxicación de 1.423 personas en la cárcel Pedregal de Medellín. Nueva Aurora, de acuerdo a un listado que le envió la Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec) a Pacifista!, opera en 48 establecimientos de reclusión.
Proalimentos Liber SAS es una empresa señalada por el Inpec de incumplir en el 60% de establecimientos en donde tiene contratos. La firma ha tenido inconvenientes con la justicia. Por ejemplo, el 21 de octubre de 2019, el juzgado Tercero Municipal de Pequeñas Causas Laborales sentenció que: “se está suministrando a las reclusas de la cárcel el Buen Pastor, así como a los menores que se encuentran conviviendo con sus progenitoras, alimentos en deplorables condiciones sanitarias”. Sin embargo, la empresa sigue proveyendo los alimentos en ese penal.
Proalimentos Liber S.A.S es presidida por Jairo Humberto Becerra Rojas (El sancionado operador del PAE que volvió a ser contratado en Santa Marta). Según un documento del Ministerio de Industria y Comercio, esa empresa fue adjudicataria de más de $ 137.000 millones entre 2007 y 2016, en Bogotá. La Superintendencia de Industria y Comercio investiga si esa corporación hizo parte de un cartel en 2018 para obtener contratos del Programa de Refrigerios Escolares de la Secretaría Distrital de Educación, por eso fueron imputados Jairo Humberto y Beatriz Becerra Rojas, representante legal suplente de la misma empresa, a quien se le señala de presuntamente intentar reunirse con concejales de la capital para manipular adiciones en contratos.
Jairo Andrés Becerra, gerente de Proalimentos Liber, defendió a la empresa: “eso es una investigación preliminar, donde no han fallado absolutamente nada en contra de nosotros y es un proceso donde no estamos solo nosotros, sino que hay 19 contratistas más”.
A lo anterior se suma la revelación hecha por el periódico El Tiempo el año pasado, en la que empleados de Proalimentos Liber intentaron entrar a la cárcel de máxima seguridad de Combita (Boyacá) 52 celulares, 68 cargadores, 52 manos libres, 54 cables USB y 5 baterías. Un hecho similar, con la misma corporación, se dio en El Buen Pastor.
“Eso fue un hecho aislado de unos empleados, que incluso estaban en vacaciones y otros empleados que no trabajaban con nosotros, eran contratistas externos. No se pudo probar que era responsabilidad de la empresa”, replicó Jairo Andrés Becerra.
En todo caso, el Inpec advirtió sus inconformidades con ambos contratistas: “Organización Nueva Aurora y Proalimentos Liber son los operadores que durante los años 2019 y 2020 más incumplen con sus obligaciones contractuales y pese a eso la Uspec (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios) sigue asignando establecimientos”, denuncia el informe.
El informe del Inpec se centró en 41 centros penitenciarios y carcelarios. Los hallazgos revelan la mala calidad de la comida que llega a las mesas de las personas privadas de la libertad y el incumplimiento de los operadores a los documentos técnicos de la Bolsa Mercantil de Colombia, entidad que hace los contratos con las empresas. La Uspec, por su parte, tiene la obligación de vigilar a los contratistas.
La peor situación de los establecimientos carcelarios de la regional central la viven los internos de La Picota, en Bogotá. “No se cumple con las características organolépticas de los alimentos suministrados”, se lee en el documento, es decir, la comida no es agradable a los sentidos. A eso se suma que los gramajes son menores a los establecidos.
El documento señala que el operador no garantiza la limpieza de los vasos y las cucharas a los internos, no tiene un chef (como lo estipula la norma), las personas que trabajan en la cocina tienen jornadas más largas que las legales y los alimentos no cumplen con las temperaturas de cocción y refrigeración, entre otros incuplimientos. El proveedor de la alimentación en La Picota es la Unión Temporal Alimentos Saludables, conformada por la empresa Jesmar Hurtado y Compañía S. en C. (con registro en Caquetá) y por la Fundación Ecológica y Social La Esperanza (con registro en Huila).
Desde agosto de 2020, la Secretaría de Salud de Bogotá dio un concepto desfavorable al suministro de alimentos en La Picota. “En visita reciente se constató que aún no han terminado ese proceso, por lo cual no se ha podido levantar la medida”, le dijo a este medio la oficina de prensa de esa entidad.
La protesta de los internos
Por lo anterior, ocho delegados de derechos humanos de diferentes patios de La Picota hicieron un derecho de petición dirigido a Andrés Díaz Hernández, director general de la Uspec. “Solicitamos cese la violación de los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad en la Picota por parte de la entidad que usted representa”, puntualizaron.
Otro penal donde el riesgo de incumplimiento es alto es el de La Mesa (Cundinamarca), a cargo de la misma Unión Temporal. El Inpec señaló al operador de no cumplir los gramajes, no entregar soportes de seguimiento a privadas de la libertad lactantes o con patologías que requieren una dieta especial, no dar fruta con el desayuno y no contratar una nutricionista, obligaciones previstas por los documentos que rigen la alimentación para los internos.
La Unión Temporal también es señalada de incumplimientos en la cárcel de Florencia. La comida no cumple con las condiciones organolépticas (no es agradable a los sentidos), no se suministran las cantidades estipuladas, no dan postre con el almuerzo y tampoco muestran registros de los pagos de las Aseguradoras de Riesgos Laborales a los privados de la libertad que hacen labores de cocina.
Pacifista! contactó a José Honorio Ríos Sierra, quien figura como representante legal de la Fundación Ecológica y Social La Esperanza, pero aseguró que ya no tenía nada que ver con esa entidad. También llamamos al celular de Nelson Hurtado, representante legal de Jesmar Hurtado y Compañía, pero estaba apagado.
Al conocer el informe del Inpec, el ministro de Justicia, Wilson Ruiz, rechazó la situación y dio un ultimátum a los operadores, pidió acompañamiento de la Procuraduría para garantizar la calidad en el servicio de comida dentro de los establecimientos carcelarios. Asimismo manifestó que las personas privadas de la Libertad deben tratarse con dignidad.
Llama la atención el llamado que hace el Ministro a la Procuraduría, pues la entidad ahora está bajo el mando de Margarita Cabello, a quien él reemplazó en el Ministerio de Justicia, y quien seguramente estaba al tanto de lo que ocurre en las cárceles, pues es evidente que la situación no es nueva.
Por lo pronto se anunció un seguimiento a los operadores de los contratos, pero ninguna sanción por incumplir con lo pactado.
