La Corporación Autónoma Regional del Atlántico es un campo minado por la corrupción.  Siempre lo ha estado, pues desde la misma elección del director administrativo, quien adquiere multimillonarios compromisos para poder ser nombrado, él mismo se encarga de colocar esas trampas contra la decencia, la honestidad y el buen gobierno.

El actual director, Jesús León Insignares, lo sabe muy bien, e igualmente sabe qué compromisos tiene y con quién.  Para ser elegido Director de la CRA, se necesita tener la mayor cantidad de votos de un Consejo Directivo, conformado por 4 alcaldes de municipios del departamento del Atlántico, el (la) gobernador(a) del departamento, 1 representante del presidente, 1 representante del ministerio de Ambiente, 2 representantes de las ONG ambientales, 2 representante del sector privado, 1 representante de las comunidades indígenas, 1 representantes de las comunidades negras.

Hay dos maneras de conseguir esos votos en este país carcomido por la corrupción: 

  1. Pagando una gruesa suma de dinero (recordemos que esos Consejos Directivos no están conformadas por ángeles), y 
  2. Haciendo compromisos con futuros contratos para cada uno de los miembros del Consejo Directivo que así lo acuerden.

En plata blanca, para elegirse director de la CRA hay que tener en efectivo unos $2 mil millones de pesos, pues los cuatro alcaldes que conforman este Consejo saben que es su oportunidad para obtener utilidades de la inversión realizada en procura de la alcaldía de su municipio.  Igualmente, los otros consejeros saben que es su oportunidad para tener acceso a los millonarios contratos que maneja la corporación.

El punto anterior hay que tenerlo bien claro para entender la pregunta del título: ¿Qué hace la Contraloría dentro de la CRA?

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Una de las cosas que Jesús León aprendió en sus años como Secretario General de la CRA es que la Contraloría  es que una de esas minas que instala la corrupción y que tiene sus costos para que no explote.  Por eso, como todos los años, una comisión de la Contraloría, a pesar de instalarse cómodamente en una oficina exclusiva en la CRA, con tinto, jugo y refrigerios, no ha descubierto nada.  Absolutamente nada raro pasa en la CRA para la Contraloría.

La comisión de la Contraloría llega todas las mañana a las instalaciones de la CRA en sus lujosos vehículos, se encierran en su exclusiva oficina, piden tinto, refrigerios, y de vez en cuando llaman al Jefe de Planeación Germán Scaff Payares para que les explique o le anexe documentación a algún folder con lo pormenores de un contrato.

Los funcionarios de la Contraloría no se han dado a la tarea de investigar por qué Germán Scaff Payares pasó de contratista de obras de la corporación a ser el jefe de planeación de la misma.  Scaff siempre ha estado rondando la CRA como contratista de dragado y como funcionario desde la administración pasada.

La plana mayor de la CRA con el líder ambientalista Ricardo Manjarrez (de sombrero), quien ha sido un acérrimo crítico de la pobre gestión de esta corporación. Al lado de Manjarrez está Germán Scaff, sigue el director Jesús León y alto consejo para loa dirección, Pedro Cepeda Anaya.

¿Por qué León Insignares colocó a Scaff en ese puesto clave para el trámite de la mayor parte de la contratación de la CRA?  Scaff no es de la entrañas de León, no es su pana siquiera, pero fue el aliado clave que consiguió para su elección como director.  Esto explica el contenido de nuestra investigación https://corrupcionaldia.com/la-corrupcion-descarada-no-para-en-la-cra-atlantico/.

Esto explica por qué contra viento y marea el pasado 30 de diciembre de 2020 Jesús León Insignares contrató los trabajos de “Dragado de mantenimiento y disposición de sedimentos del Embalse el Guájaro para la sostenibilidad y recuperación de la hidrodinámica del ecosistema estratégico en jurisdicción del municipio de Repelón en el departamento del Atlántico”, con el Consorcio Dragados del Atlántico por valor de $8,122,523,386.

Nos parece delicado y misterioso por qué la Contraloría, que vive metida en las instalaciones de la CRA, no se haya pronunciado al respecto de los desafueros de este contrato, que se otorgó pese a las fallas e ilegalidades del consorcio ganador.

Invitamos a la Contraloría General de la Nación que se pronuncie y explique su punto de vista con respecto a las irregularidades de este jugoso contrato.

Las coimas en un contrato como este no baja del 20% de su valor, o sea que estamos hablando de $1.600 millones de pesos. Suficiente dinero para …

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