Por: Jorge Vergara carbó

A pesar que el contrato contó con una firma interventora, “PE2020 C Digitales”, y una firma especializada en riesgos, “SES Colombia SAS”.   La primera, contratada para garantizar la ejecución del contrato, y la segunda para conceptuar sobre las pólizas de garantías exigidas en el contrato, ambas no cumplieron con el objeto de su contrato.

La firma interventora avaló no solo el pago del anticipo por $70.243 millones, sino que también autorizó otro pago por $21.000 millones, el cual no se hizo efectivo. SES Colombia SAS, sí que lo hizo peor, aprobó las pólizas presentadas por el representante legal de “Centros poblados” Luís Fernando Duque Torres. A la firma SES, se le adjudicó un contrato por $400 millones, de pesos, para evaluar el riesgo, ya tiene años vinculada con contrato en  Mintic.

Con base a esos dos conceptos, y el visto bueno del personal a cargo del control del contrato,  procedió la ministra a ordenar el giro del anticipo por $70.243 millones, a la Fiducia abierta por los contratistas en el Banco BBVA. 

Insisto en que ni el ministerio, ni la Procuraduría que  acompañó el proceso de licitación y adjudicación, le prestaron atención a la denuncia del portal “Corrupción al Día”, el 20 de diciembre de 2020, sobre la falta de experiencia de las firmas que conformaban la Unión Temporal, y en especial el hecho de que la empresa NOVATIC, es la misma empresa FUNTIC.

Ambas están radicadas en Barranquilla, con el mismo NIT. El cambio de nombre se da por los problemas jurídicos que enfrenta FUNTIC, por los contratos de Bilingüismo en La Guajira,,  Magdalena, Norte de Santander y Córdoba. El representante legal de FUNTIC  es Juan Cáceres Bayona, casualmente el dueño del 70%, de la empresa Nuovo Securrity , a la que le consignaron $58.302 millones, en una cuenta del banco CITIBANK en Delaware.

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El escándalo de la ilegalidad de las pólizas, se descubre por pura casualidad, debido a que como el contratista estaba incumpliendo el cronograma de trabajo acordado en el contrato, citaron a la UT “Centros Poblados” a una reunión de trabajo para que explicaran los incumplimientos, invitando a dicha reunión al Banco ITAU.

Fue en esa reunión donde ardió Troya, al revelar el gerente del Banco ITAU, que su entidad no había expedido ninguna póliza a “Centros Poblados”, y que las pólizas mostradas son ilegales. Esa confesión originó un escándalo que sale a la luz pública, por denuncia inicial de  la periodista Pola Herrera de Blu Radio. Denuncia que fue cogida por la mayoría de medios de comunicación, en especial el diario El Tiempo y El Espectador, que autorizaron a su equipo de investigación a ahondar en el tema. Una vez convertido en la noticia del día, la ministra Karen Abudinen procedió a presentar denuncia ante la Fiscalía y proceder con la declaración de la caducidad.

¿Por qué sucedió este hecho?, es lo que debe investigar los organismos de control, ya que los errores se empezaron a cometer desde el principio al no evaluar a las firmas participantes, y no revisar la primera póliza que es la de la seriedad de la propuesta, porque las otras pólizas se causan cuando se le adjudica el contrato, y al legalizarlo tiene que anexar las pólizas que se exijan en los pliegos de condiciones.

¿Cuándo se contrató a la firma SES Colombia SAS? Si fue contratada antes de la adjudicación del contrato con el fin específico de evaluar los riesgos, garantías y seguros de los contratos a la UT Centros Poblados y Comcel, es directamente responsable por su negligencia al no detectar que la póliza de seriedad de la propuesta era ilegal. Por ese hecho. “Centros Poblados” debería ser eliminada de la licitación y el ministerio proceder a presentar la denuncia ante la Fiscalía.

Pero si el contrato con SES Colombia SAS fue después de adjudicado el contrato, tal como parece sucedió, ya que según declaraciones de la ministra a los medios de comunicación, ella les entregó las pólizas el 29 de diciembre para que las revisaran, lo cual hicieron, entregando el concepto el día 30 de diciembre, afirmando que todo estaba legal. Solo un día le bastó a la empresa SES, para estudiar la legalidad o ilegalidad de las pólizas. Se supone que el ministerio contrató a esta firma por su experiencia en este tipo de contratos, a un costo de $400 millones (deberían publicar el contrato con SES Colombia y con PE2020 C Digitales). 

En entrevista publicada el 26 de agosto en el periódico El Heraldo, la Ministra de Mintic afirmaba lo siguiente: “Es importante aclarar que aquí lo que ocurrió fue un delito cometido por bandas de contratistas corruptos, y que, al parecer, lo vienen haciendo desde tiempo atrás. Se ha conocido y se comenta que existe una especie de mercado negro de garantías bancarias falsas, y es posible que haya otros casos similares en el pasado, en otras instituciones. No lo sabemos, pero la Fiscalía investiga todo eso.

Sus declaraciones son graves pero todo lo sucedido se ha podido evitar si le hubieran prestado atención a las denuncias del portal “Corrupción al Día”  en su artículo titulado “El Descaro de la Mintic: revivir la antigua empresa FUNTIC camuflada como NOVATIC”. Publicación del 20 de diciembre, a los once días de haberse adjudicado ese contrato.

LA INTERVENTORIA “YO CON YO”

¿Por qué SES Colombia, Secretaría General, Jurídica y Control Interno no detectaron la ilegalidad de las pólizas?

Lo que uno no puede entender, es como  el Departamento Jurídico,  la oficina de Control Interno, el equipo evaluador y la Procuraduría no se les ocurrió llamar al Banco ITAU para confirmar que las pólizas presentadas por “Centros Poblados” eran legales. Tampoco lo hizo la firma SES Colombia, ni la firma interventora PE2020 C Digitales, firmas que deberían responder por su negligencia.

Lo que sucedió, en este contrato, es lo que pasa en la mayoría de los contratos en este país. Se contratan firmas interventoras muy ligadas con el contratista, y muchas veces son firmas del mismo contratista. O se contrata y el mismo contratista supervisa el contrato. Hay muchas concesiones y contratos con esas irregularidades, en todo el país. Es lo que se conoce “yo con yo”. Valdría la pena, que se revisaran en el país varias pólizas en la mayoría de los contratos, es posible que existan contratistas que presentaron pólizas falsas. Debe tenerse en cuenta que muchos contratistas tienen problemas para que las firmas aseguradoras o los bancos les otorguen esas pólizas, por el riesgo en que incurren, en el caso de presentarse problemas en la ejecución del contrato.

¿Será esto último lo que sucedió, que la UT, no consiguió quién le expidiera las  pólizas?. Los organismos de control deberían solicitarle a las entidades que contrataron con  FUNTIC, en los últimos 10 años.

Son varios los casos de “YO con YO” en las interventorías, que se han dado en el país, en otras ocasiones nos hemos referido a ese problema, que anteriormente no se veía en el país. Hoy parece ser que sucede con frecuencia.

Para reafirmar lo expresado en este escrito, me permito transcribir parte de la columna habitual del día domingo 15 de agosto en El Tiempo, de Germán Vargas Lleras: «Cada día se conocen nuevos hallazgos en torno a la adjudicación del contrato por más de un billón de pesos al tristemente famoso consorcio Centros Poblados. Ya empiezan a aparecer los verdaderos socios de este escandaloso atraco a la nación. Todos, viejos conocidos de los estrados judiciales. Así como no revisaron las pólizas, tampoco les interesó indagar por ninguno de los partícipes de este entramado

Continúa diciendo: «Este viernes, por fortuna, quedó en firme la caducidad del contrato. Como era de esperarse, Pino Ricci interpuso el recurso extraordinario de revocatoria directa y pidió acreditar a sus clientes como víctimas. Anuncia pleitos interminables en los que ojalá la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y su director, Camilo Gómez, se apersonen. Imposible dejar en manos de los abogados del Ministerio semejante pleito. Pero ahora lo importante es saber a las cuentas de quiénes fueron a parar los $70.342 millones del anticipo que nunca se recuperarán. ¿A alguien se le ha ocurrido preguntar por qué escogieron como epicentro internacional de esta operación el estado de Delaware, en Estados Unidos? Aquí no estamos tratando con principiantes, sino con verdaderos profesionales».

A QUIÉNES LE CONSIGNARON EL ANTICIPO

Del anticipo, por $70.243 millones, se consignaron $58.302 millones, al Citibank en una cuenta de la empresa “NUOVO SECURITY LLC” en el paraíso fiscal de Delaware, EEUU, una firma cuyo representante legal es el  contador “Diego Benjamín Aronis”, que hace de testaferro, porque los verdaderos dueños de esa firma son los colombianos Juan Carlos Ángel Cáceres Bayona, persona implicada en los actos de corrupción con el contrato de bilingüismo, en los Departamentos de la Guajira, Magdalena, Norte de Santander, Lorica y otros, por más de $22.823 millones, a través de la firma FUNTIC. Denuncias hechas por el portal “La Silla Vacía” y “Corrupción al Día”.

El otro socio propietario es Efraín Humberto González Hamburger,  (denuncia hecha por El Tiempo agosto 18/21).  Con ese mismo nombre aparece una firma en Barranquilla en la calle 75 No 58-52 piso 2, teléfono 3562984 y 3562985. Ahora el señor González Hamburger oriundo de Barranquilla, en entrevista que le hiciera el periódico El Tiempo, afirma que a él, le falsificaron la firma y fue engañado por su socio mayoritario y por  Robert Gómez, representante legal de la Fundación de Telecomunicaciones, Ingeniería, Seguridad e innovación(NOVOTIC), la antigua FUNTIC, señalada anteriormente.

El resto del anticipo de $11.941 millones, se lo giraron a la empresa “INCELSA SAS” de Barranquilla, cuya dirección es calle 77 No 59-35 oficina 1101, celular No 3004518779.una empresa que tiene de capital unos $600 millones, y ventas inferiores a mil millones anuales.

¿RECUPERARÁN LA PLATA DEL ANTICIPO?

Lo más seguro es  que el dinero depositado en el Estado de Delaware, deba encontrarse en otro paraíso fiscal.

Declararles la caducidad a los contratistas, y ponerles una multa de $39.400 millones, no garantiza para nada la recuperación de los $70.243 millones, y el pago de la multa. Tampoco lo recuperaran con el embargo de las cuentas de las empresas asociadas, no creo que alcancen a embargar $20.000 millones. Debe tenerse en cuenta que la plata que se perdió en los contratos de bilingüismo no se recuperaron, hablamos de más de $25.000 millones. Pero sin embargo el 25 de este mes, la ministra en el Congreso, afirmó que ya se han recuperad $40.000 millones, $15.000 por la CGR y $25.000 millones, por el ministerio. 

Esperamos que esta licitación y adjudicación, sirva de lección para el  gobierno nacional y las entidades territoriales en sus procesos licitatorios para que no vuelvan a cometerse tanto errores como los cometidos en este contrato (1043). El peso de la ley, debe caer sobre los responsables que en una u otra forma intervinieron en la licitación y adjudicación de ese contrato, como de la firma “Centros Poblados”, PE2020 C Digitales y SES Colombia SAS.

Uno no puede entender cómo se dejaron engañar de NOVATIC y FUNTIC, que si bien es legal utilizar el mismo NIT, eso significaba que eran la misma empresa con otro nombre. Especialmente teniendo en cuenta que ambas firmas están radicadas en Barranquilla, y el equipo directivo del ministerio son barranquilleros. Una ciudad grande donde nos conocemos todos. Su persona de confianza es Adriana Vanessa Meza Consuegra que desempeña el cargo de Secretaria General del Ministerio. En la subdirección de Gestión Contractual Sandra Orjuela Méndez. En la Dirección Jurídica Manuel Domingo Abello. En la Dirección de Industrias de las Comunicaciones Talía Mejía Ahcar y como viceministro de Conectividad desde febrero 12 de 2021, Walil David Jalil Nascer.

Todos estos funcionarios entraron al ministerio Con Karen Abudinen, en junio de 2020, y se caracterizan por haber trabajado con ella, en los cargos que ha desempeñado. Pero es necesario reconocer, que la ministra le ha puesto el pecho a este escándalo, que recayó sobre ella, y por supuesto se ha sabido defender tanto en el Congreso como en los medios de comunicación Su actuación ha sido acertada ha tomado, como impetrar las denuncias penales respectivas, declararle la caducidad al contrato, embargar a las empresas que conforman la UT, citar a audiencia a la firma SES y a la interventora y por supuesto dejar en manos de las autoridades las investigaciones respectivas para aclarar todo este entuerto. Por último decidir entregarle el contrato para no perjudicar a los niños de las zonas rurales el contrato a la empresa ETB.

Finalmente,  comparto con Germán Vargas Lleras, que de presentarse una posible demanda al decretarles la caducidad, la defensa haga  la Oficina de Defensa Jurídica del Estado, o  en su defecto contratar los mejores abogados del país.


Presidente Iván  Duque, los colombianos tenemos derecho a conocer la verdad sobre lo sucedido en el contrato de Mintic y sobre el monto de la venta de Electricaribe  a las empresas AIRE y AFINIA. No más secretos.

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