En una auditoría de cumplimiento practicada a la Sociedad de Activos Especiales (SAE), la Contraloría General de la República encontró un presunto detrimento patrimonial por $45 mil 992 millones de pesos en la administración de sociedades y establecimientos de comercio embargados a la mafia o a estructuras criminales. 

En la auditoría revelada por NotiCentro1 CM& a la administración que la SAE le ha dado a estas sociedades y negocios, la Contraloría emitió un “concepto adverso” y encontró un presunto detrimento patrimonial por más de $45 mil millones en la revisión efectuada entre 2014 y el 31 de diciembre de 2020. 

El principal hallazgo por $42 mil 928 millones recae sobre la administración de los Supermercados Cundinamarca, Supercundi, que pertenecieron a una familia investigada por presunto testaferrato con las Farc. 

Se ha presentado “pérdida de los bienes y un posible detrimento al Estado (…) La SAE no cumplió con sus obligaciones de seguir cancelando los pasivos financieros que registraba“, dice la auditoría. 

También certificaron la pérdida de 1821 cabezas de ganado, por $1.150 millones, de la sociedad inversiones Rodríguez Fuentes, entre otros hallazgos. 

Publicidad

El vicepresidente jurídico de la SAE, Luis Miguel Martínez, advierte que han estado colaborando con la Contraloría en estas auditorías; que la relacionada con Supercundi fue solicitada por ellos y que la idea es recuperar los recursos comprometidos. 

Con cerca de 46.000 activos bajo su tutela -muebles, inmuebles y empresas incautadas a quienes actúan al margen de la ley- valorados en unos $8,3 billones de pesos, la Sociedad de Activos Especiales (SAE) está hoy en el radar de quienes buscan recursos que permitan subsanar parte de los daños económicos y sociales causados al país por la pandemia. 


Sin embargo, a lo largo del tiempo desde que ha funcionado, la SAE no se ha caracterizado previamente por su pulcritud, sino todo lo contrario, ha sido blanco de cuestionamientos por presuntas actuaciones corruptas que han incluso generado demandas hasta de sus propios perseguidos. 

Desde el 2019 la entidad viene haciendo una purga de sus funcionarios o conocidos como depositarios a quienes se les encarga la adinistración y puesta en venta o entrega de los bienes incautados a quienes se les aplica la extinción de dominio de sus propiedades. 

Según la propia SAE, que afirma estar colaborando con las auditorias que realiza la Contraloría, se han encontrado administradores que llevaban hasta 10 años a cargo de ‘narco bienes’ incautados con los que no generaron ningún tipo de rentabilidad, por lo que fueron removidos de sus cargos varios depositarios de fincas, inmuebles y varias sociedades activas. 

Para corregir la corruptela, la entidad emprendió un cambio en la forma de administrar tales propiedades. Indicando que no se designará a una sola persona, sino que contarán con una especie de junta directiva que los administrará, para que de esa forma se prevengan hechos de corrupción. 


Incluso a finales del 2019 la SAE, denunció las irregularidades y demandó a los depositarios de bienes por más de $80 mil millones de pesos. 

Y entre el 2015 y 2019 fueron removidos más de 400 depositarios provisionales que tenían bajo su administración cerca de 13 mil inmuebles. 

Como quien dice, los ratones cuidando el queso.

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.