Definitivamente a los valduparenses les interesa más conocer cuándo es el próximo lanzamiento del nuevo trabajo discográfico de su cantante vallenato preferido, que saber si su alcalde está haciendo bien su trabajo. Nadie en esta ciudad se ha pronunciado por la ineficiencia, inoperancia y “perrateo” a la Ley por parte del Mello Castro, al negarse a firmar la suscripción de los contratos para el Suministro de energía eléctrica regulada con destino al servicio de alumbrado público municipal y la facturación y recaudo del tributo de alumbrado público. 

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Se trata de una negativa ilógica, estúpida, y que refleja la mediocridad de la gestión municipal.  Por no firmar estos contratos de suministro, el municipio de Valledupar deja de recibir importantes recursos que se invertirían en la mejoría y expansión de su alumbrado público.

Esto último, sin duda, significa una mayor iluminación de las calles de la ciudad, mejorando la seguridad y la convivencia ciudadana.

Esta negativa del Mello Castro viene desde miércoles 15 de Julio de 2020, cuando el entonces Gerente Territorial de Electricaribe, Jorge Alberto Rivero Cuadro le envió una petición, con el radicado Radicado No. 2020034200068291, para «la suscripción inmediata del contrato de suministro de energía con destino al servicio de alumbrado público, con la finalidad de garantizar su continuidad y, además, la suscripción inmediata del contrato de facturación y recaudo del impuesto de alumbrado público, con la finalidad de que ELECTRICARIBE como particular pueda seguir ejerciendo esta función administrativa que le ha sido conferida».

Entre Electricaribe S.A E.S.P, el municipio de Valledupar y el Concesionario del servicio de Alumbrado Público, existió el convenio AP 02 de 1999 para el Suministro de energía eléctrica regulada, en donde el Concesionario fungió como CLIENTE y garante de las obligaciones del Municipio ante la Electrificadora. 

Dicho convenio venció en el año 2013. Para esa fecha estaba vigente la Resolución CREG N. 122 de 2011, la cual establece que son partes de ese contrato la empresa comercializadora de energía y el respectivo Municipio, excluyendo a un tercero. 

Desde entonces Electricaribe S.A E.S.P le estuvo informando al municipio de Valledupar para que se suscribiera un nuevo convenio y no lo hizo.  Por ejemplo, Electricaribe le solicitó al anterior alcalde, en comunicación del 26 de noviembre de 2019 (radicado 2019034200001121), suscribir el convenio, pero Augusto Daniel Ramírez Uhía lo archivó.

Ahora, parece que el alcalde Castro no sabe que el Alumbrado Público es un servicio de vital importancia municipal, y que es un deber legal establecido en el artículo 10 del Decreto 2424 de 2006, el artículo 29 de la Ley 1150 de 2007, los artículos 7 y 18 de la Resolución CREG 123 de 2011, modificado por la Resolución CREG 114 de 2012, el artículo 2.2.3.6.1.5.  del Decreto 1073 de 2015, modificado por el Decreto 943 de 2018 y las Leyes 142 y 143 de 1994.

La conveniencia de firmar

Aunque actualmente no se hayan firmado estos contratos, el servicio de Alumbrado Público se está prestando, pues la Ley permite que la empresa prestadora del servicio de energía en el municipio continúe recaudando el impuesto de alumbrado público y cobrarle por derecha el costo de esta energía a la concesión que aún sigue vigente.

El parágrafo primero de la Cláusula Tercera (Facturación del Tributo de Alumbrado Público) del CONTRATO DE FACTURACIÓN Y RECAUDO DEL TRIBUTO DE ALUMBRADO PÚBLICO que el municipio de Valledupar había firmado con Electricaribe y que se había vencido, dice que 

Si EL MUNICIPIO no entrega de manera oportuna los acuerdos municipales que sustentan el cobro del tributo de alumbrado público, ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. continuará dando aplicación al Acuerdo Municipal anterior en caso que exista, sin que haya lugar a reconocer al MUNICIPIO perjuicios o indemnización alguna, por inexistencia de responsabilidad en cabeza de ELECTRICARIBE S.A. E.S.P. derivada de este hecho”. 

Sinembargo, hay un detalle importante que el alcalde Mello Castro no ve. Al firmar el contrato para el suministro de la energía eléctrica regulada con destino al servicio de alumbrado público municipal, el costo del kilovatio para estos menesteres es más baratos y por lo tanto al final de ejercicio se obtiene un descuento considerable para invertir en la mejora de este servicio.

Además, sin este convenio se arriesga el municipio a que se origine un desequilibrio económico del contrato con el concesionario de alumbrado público, lo que llevaría a que el ente territorial utilice otros recursos de otras fuentes para cubrir ese desequilibrio. Es decir, si el recaudo neto no cubre los costos de la operación del concesionario, el municipio debe pagar el faltante.

Se calcula que con la firma de este contrato el municipio se economizaría más de $2.000 millones anuales en el pago del suministro de energía para este fin. Miremos. 

En el año 2019 el valor del recaudo del impuesto de alumbrado público ascendía a $22.985.619.667, pero hubo un recaudo neto de $15.719.498.257, de los cuales se pagaron $7.266.121.410 para cubrir los costos de la energía eléctrica que suministraba Electricaribe.

Como no hay convenio firmado, el costo del kilovatio es pleno, igual al regulado por la CREG para los usuarios de estas compañía distribuidoras de energía.  Con el convenio firmado de Suministro de Energía Eléctrica Regulada con destino al servicio de alumbrado público municipal, el precio del kilovatio debe bajar un porcentaje considerable hasta de un 20%.

Es decir que en el año 2019, el municipio de Valledupar solo le debió pagar a Electricaribe un poco más de $5.800.000.000 millones y no $7.266.121.410, lo que significa un detrimento patrimonial para la ciudad a raíz de la negligencia del alcalde.

De igual manera en el 2020 y 2021 se pagó una tarifa plena para el alumbrado público y no la regulada, lo que significó dejar de ahorrar más de $4.000 millones de pesos. 

La Ley es clara: es de obligatorio cumplimiento la suscripción del Contrato de Suministro de Energía con destino al Alumbrado Público que desde el pasado el mes de noviembre de 2019 reposa en el despacho del alcalde.

El balón está en la cancha de la nueva contralora

Viendo esta indignante actitud del alcalde Mello Castro, es claro que la nueva contralora municipal, elegida casi por unanimidad (con 17 votos de 19), Angélica Olarte Becerra, debe tomar cartas en el asunto. Con este tema le mediremos el pulso para ver hasta qué punto está comprometida con una gestión anticorrupción

Angélica Olarte Becerra

El balón está en su cancha, están todas las pruebas, solo falta que comience realmente hacer su trabajo y no lo que le conviene a los que la eligieron.  

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