La Corte Constitucional determinó que el trámite que surtió la reforma a la Ley de Garantías en el Congreso tenía vicios de trámite y, en consecuencia, la tumbó con efectos retroactivos.  

Tras el estudio de unas 40 demandas y una solicitud de la procuradora General de la Nación, la Corte decidió revertir la polémica reforma a dicha Ley, aprobado en el Congreso en octubre del año pasado. 

Dicha ley se creó para prohibir la celebración de contratos entre la nación y las regiones, con el fin de evitar que se utilizara para favorecimiento electoral de los mandatarios.  

El argumento del tribunal constitucional para tumbar esta disposición es que no se pueden modificar normas estatutarias mediante leyes anuales de presupuesto, y una de las que entrarían en esa categoría es la Ley de Garantías Electorales. No obstante, en el Congreso se le dio manejo de ley ordinaria para intervenirlo con el recurso mencionado en octubre de 2021. Al hacerlo, incurrió en una acción inconstitucional

Según el comunicado oficial, «la Corte Constitucional, con ponencia del magistrado Alejandro Linares, declaró la inconstitucionalidad, por vicios de procedimiento en su trámite en el Congreso, del proyecto de ley estatutaria número 234 de 2020 Senado, 409 de 2020 Cámara, ‘por la cual se expide el Código Electoral Colombiano y se dictan otras disposiciones’». 

Con ocho votos a favor y uno en contra la Sala Plena de la Corte Constitucional tomó la decisión de derogar esta reforma, sancionada en noviembre por el presidente de la República, Iván Duque

El tribunal recibió varios conceptos sobre esta reforma, los cuales tuvo en cuenta para hacer su veredicto. Uno de ellos fue de la procuradora Margarita Cabello Blanco, quien expresó a la Corte que «Debido a la especial fuerza que caracteriza a las normas estatutarias (como lo es la Ley de Garantías Electorales), no es posible constitucionalmente su modificación por medio de una disposición contenida en una ley anual de presupuesto». 

Y añadió que «las prohibiciones presupuestarias que están estipuladas en el artículo 38 de la Ley 996 de 2005, tienen la finalidad de permitir un desarrollo transparente y no parcializado de una contienda electoral: En particular la moralidad, la imparcialidad y la eficacia en el cumplimiento de las funciones». 

También hizo reparos el contralor General de la República, Carlos Felipe Córdoba, quien había detectado una feria de contrataciones directas en la víspera del 13 de marzo, fecha de las elecciones legislativas. Estas asignaciones representaban, al menos, $54 billones de pesos del erario. 

La Contraloría revisó miles de contratos en todo el país y han hallado irregularidades que generan “preocupación”. Por ejemplo, según expuso Córdoba, un día antes de empezar a regir la norma, una sola empresa recibió un contrato por $400 mil millones de pesos, y no tenía los certificados de disponibilidad presupuestal de Colombia Compra Eficiente; aunque por reserva de la investigación, no reveló en qué departamento. 

El contralor Córdoba expuso que desde la entrada en vigencia de la Ley de Garantías (noviembre 13 del 2021 y hasta la fecha) se han suscrito 645.495 contratos por más de 52.3 billones de pesos en los 32 departamentos del país y Bogotá. 

Vale recordar que esta Ley se creó como un obstáculo a la corrupción en tiempos de campañas electorales, para que los dineros de la contratación pública no fueran destinados en favorecer a ningún candidato. Su contenido prohibía dos escenarios en los cuatro meses previos a unas elecciones: que se llevara a cabo contratación directa por parte de las entidades del Estado y la celebración de contratos interadministrativos entre las mismas. Este último fue el que resultó suspendido con la firma de Duque.  

Es decir, las instituciones públicas siguieron impedidas para contratar a dedo, pero sí estaban facultadas para hacerlo con otras entidades. Esto implica que los convenios interadministrativos celebrados en los meses recientes quedarán sin ningún vigor.  Pero, no está claro cómo se disolverán estas obligaciones y qué pasará con los dineros involucrados. 

El trámite 

La reforma fue presentada ante el Senado por el Gobierno nacional en octubre del año pasado y tuvo 54 votos a favor y 30 en contra.  

Luego el 12 de noviembre el presidente Iván Duque firmó el proyecto de ley que suspendía la Ley de Garantías. Su decisión lo convirtió en el blanco de una lluvia de críticas.  

Según el mandatario la suspensión de la Ley facilitaría los procesos de “desarrollo de infraestructura e inversiones” en medio de la crisis económica ocasionada por la pandemia. Sin embargo, hay un antecedente que demuestra cómo para su partido, el Centro Democrático, y su líder político, el expresidente Álvaro Uribe, años atrás, estos argumentos no resultaban válidos. 

En sus últimos cuatro años como presidente, Juan Manuel Santos planteó la posibilidad –así como Duque– de suspender la Ley de Garantías.  

Incluso, el mismo Duque, que fungía como senador, escribió una columna para el periódico El Colombiano en la que calificó el accionar de Santos como un intento por “incidir en los procesos electorales”. El texto se tituló “Mermelada con sabor a paz”. 

Duque también dejó sentada su posición en el Congreso en medio de un debate en el que afirmó que la «Ley de Garantías era necesaria para impedir que el partido de Gobierno se perpetuara en el poder». 

Entonces, además de este giro que dio el Duque senador, al Duque presidente, lo que queda claro es la evidente nueva derrota judicial que enfrenta el mandatario de los colombianos, poniendo en duda el asesoramiento jurídico que tiene la Casa de Nariño en la antesala de presentar proyectos legislativos en el Congreso. 

O se pone de manifiesto una vez más, la violación o transgresión de la norma jurídica a la que ya nos tiene acostumbrados el presidente Duque, que generalmente termina favoreciendo actos de corrupción. 

«Por ahora es imposible saber. Lo único que sabemos es que esto tendrá efecto retroactivo, pero sin certeza de qué sucederá con la plata. No sabemos si deberá devolverse o si los contratos se liquidarán. Sabemos que hay interventorías andando y contratos en ejecución. Habrá que esperar a que se publique el fallo de la Corte», señaló al portal Cambio el representante a la Cámara José Daniel López, uno de los congresistas que más se opuso a la reforma. 

¿Te gustó el articulo? Tomate un momento para apoyar la lucha contra la corrupción en Patreon.
Publicidad ver mapa

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.