Adlai Stevenson Samper
A propósito de la crisis de la infraestructura cultural de Barranquilla, un grupo de ciudadanos —entre los que me cuento— preocupados por esa perjudicial y anómala situación decidimos crear la veeduría Lira Cultural del Atlántico. La idea, acorde con la Ley 850 de 2003 fue según el artículo 1° “ejercer vigilancia sobre la gestión pública, respecto a las autoridades, administrativas, políticas, judiciales, electorales, legislativas y órganos de control, así como de las entidades públicas o privadas, organizaciones no gubernamentales de carácter nacional o internacional que operen en el país, encargadas de la ejecución de un programa, proyecto, contrato o de la prestación de un servicio público”.
En el caso de la infraestructura cultural de Barranquilla; pese a los afanes de la administración pública distrital y departamental en presentar un panorama alentador con puntuales obras, varios hechos palpables de público conocimiento mostraban la magnitud de la crisis. Entre ellos el cierre por mas de 7 años del teatro Amira de la Rosa, la parálisis en la construcción del edificio del Museo de Arte Moderno de Barranquilla y el posterior colapso del Parque Cultural del Caribe ente administrativo de este edificio al que se sumaría la obsolescencia y cierre del Museo del Caribe y el deterioro —en puntuales casos con la destrucción de sus componentes— de las instalaciones técnicas internas y externas; la carencia de un sistema de bibliotecas públicas muy a pesar que el Concejo Distrital aprobó en Acuerdo de diciembre de 2020 cinco para las respectivas localidades, el cierre de más de dos años y medio de la Biblioteca Departamental Meira Delmar, la carencia de orquesta filarmónica, de fototeca, sonoteca y cinemateca distrital, de centros culturales barriales o por localidad, de la caída de parte del edificio de Bellas Artes de la Universidad del Atlántico hecho previsto y anunciado desde hace más de 4 décadas. En fin, un panorama aterrador que contrasta con los procesos administrativos sobre la cultura implementados en otras ciudades y poblaciones del país.
La función de una veeduría la señala la citada Ley 850 de 2003: «Las veedurías ejercen vigilancia preventiva y posterior del proceso de gestión haciendo recomendaciones escritas y oportunas ante las entidades que ejecutan el programa, proyecto o contrato y ante los organismos de control del Estado para mejorar la eficiencia institucional y la actuación de los funcionarios públicos».
Constituida la veeduría cultural Lira del Atlántico y contando con el apoyo de la Contraloría delegada del Atlántico, recabamos una serie de pruebas y documentos en torno a varios ejes entre ellos la paralización de las obras del Museo de Arte Moderno, el cierre del edificio de Bellas Artes por caída de la techumbre, el cierre indefinido del teatro Amira de la Rosa y el abandono —pese a la declaratoria de bien de interés cultural de la nación— del Centro de Barranquilla.
Al final nos concentramos en el misterioso cese de actividades de construcción del Museo de Arte Moderno cuya administración delegada financiera se encontraba en cabeza del ente Parque Cultural del Caribe. Para ello la Contraloría delegada, a instancias de la veeduría, realizó una audiencia en donde participaron el Ministerio de Cultura, Secretarías distrital y departamental de cultura, Findeter, representantes de la veeduría —fui uno de los ponentes— y por supuesto la Contraloría General de la Nación.
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Mostramos el estado de deterioro del edificio con sótanos inundados, deterioro de secciones estructurales expuestas a la corrosión y heces de las palomas y señalábamos que se estaba repitiendo el caso de la construcción sin las debidas protecciones cuando se paraliza abruptamente un edificio, del teatro Amira de la Rosa con las fallas posteriores de la estructura por corrosión interna y la consiguiente falta de resistencia estructural con los peligros que conlleva para los usuarios.
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El foro sobre los procesos de crisis de infraestructura cultural contó con participación calificada y se desarrolló en un ambiente de respeto y optimismo sobre las denuncias presentadas. Sin embargo, nadie explicó cuál era la especifica situación de parálisis, aunque algunos mencionaron que no se había podido cuadrar el cierre financiero en debida forma. Se mencionaron embargos por cuentas no pagadas y además algunos de los ‘socios’ aportantes al proyecto eran solo de papel, es decir que cuando les tocó financiar su parte hicieron subrepticio mutis por el foro. Todo eso se dijo en la audiencia pero lo más importante —y eso que todavía no había cerrado el Museo del Caribe— era que evidentemente esta parálisis de la obra perjudicaba no solo al sector cultural usuario de los servicios que prometía el edificio sino al desarrollo urbano del Centro y sus planes de recuperación. Señalamos que el edificio había entrado en la fantástica categoría estética y ética de “elefante blanco”.
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Ninguno de los entes que asistió al foro puso en duda la crisis del edificio y de la infraestructura cultural, prometiendo algunos piadosos alivios y soluciones sobre el edificio que a fin de cuentas fueron retórica para impresionar a la Contraloría General de la Nación y al Ministerio de Cultura, pues dos años después nada ha pasado y el edificio sigue en su estado de abandono total, sin protección, sin cerramientos, sin poder colocar en su interior el mural Cosas del Aire de Alejandro Obregón donado por la Roberto Manzur, propietario del antiguo edificio del banco Ganadero en la calle San Blas en donde se encontraba instalado y tampoco para emplazar en su pedestal correspondiente la escultura Telecóndor de Obregón que estuvo ubicada en la plazoleta del antiguo edificio de Telecom.
Parálisis total del ente administrativo Parque Cultural del Caribe con suspensión de servicios de energía y agua, deudas con proveedores y un pasivo laboral galopante con sus trabajadores, daños en los equipos de aire acondicionado y en general en la tecnología interna del Museo del Caribe que se había convertido en obsoleta tras años de uso. Ya no era uno sino dos edificios culturales a escasos metros uno del otro en estado de abandono, recordando que este proyecto del edificio del Museo del Caribe fue financiado y auxiliado, en diversas oportunidades, con recursos provenientes de entidades del estado colombiano.
Detrimento patrimonial, detrimento social, detrimento arquitectónico cultural y mala administración. Todas conjugadas en este fallido proyecto de reivindicación de la cultura de Barranquilla. Esperábamos; ante tantas evidencias presentadas ante la Contraloría General de la Nación que esta aplicase los correctivos necesarios para sancionar a los culpables del desmadre y se pudiera pensar en un reacomodo administrativo para desajustar el nudo que permitiría reanudar las obras fallidas.
Estábamos equivocados. Casi al año después del foro, una fuente de la Contraloría en Bogotá nos alertó sobre el proceso de verificación de lo denunciado y la correspondiente resolución de la Contraloría conceptuando que tras investigación y peritazgo en la obra no encontraron ninguna anormalidad y por tanto se abstenían de pronunciarse sobre el detrimento patrimonial evidente de la obra. Ni siquiera consideraron que el solo hecho que estuviese en estado de abandono y sin uso por parte de la comunidad era motivo suficiente de alarma.
Parecerá increíble pero ante la contundencia de pruebas testimoniales y graficas —vídeos, fotos y recortes de prensa— la Contraloría General de la Nación ni siquiera se tomó el trabajo de comisionar investigadores para apreciar in situ el estado general de la obra en Barranquilla. Una especie de fallo sin contactar con peritos ingenieros sobre la precariedad del estado de la construcción sin la debida protección a sus diferentes elementos constructivos y si en realidad los dineros girados para la obra estaban invertidos allí, aunque la Contraloría desde Bogotá asombrosamente dijo que sí. Allí desconocieron los objetivos de las veedurías inscritos en el artículo 6° de la Ley 850 de 2003:
a) Fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción en la gestión pública y la contratación estatal.
b) Fortalecer los procesos de participación ciudadana y comunitaria en la toma de decisiones, en la gestión de los asuntos que les atañen y en el seguimiento y control de los proyectos de inversión.
Todo lo contrario. Se desalentó la función de la veeduría con una resolución sin mayor soporte investigativo en el seguimiento y control de este proyecto de inversión cultural. Lo curioso y paradójico del caso, una especie de corolario patético, es que en la tercera semana de abril del 2022 la veeduría, al igual que otras organizaciones culturales fuimos citados por la Contraloría General de la Nación a una reunión sobre el estado de la cultura. Enviaron un camión especial desde Bogotá que no fue usado, con computadores a bordo y una parafernalia impresionante para presentar un “film” de descentralización administrativa y eficiencia en sus funciones constitucionales.
Pocos actores y promotores culturales atendieron el llamado. Así que tras la firma de rigor de asistencia donde no se dijo ni se debatió nada —una simple y protocolaria función de asistencia— se me invito a dar un testimonio audiovisual sobre nuestra experiencia de la veeduría cultural Lira del Atlántico con la Contraloría en la que por supuesto, en unos cinco minutos, conté la increíble y triste historia de la veeduría y de la contraloría des—almada.
Dos días después desde Bogotá recibo una llamada, sospecho que del departamento de comunicaciones de la Contraloría para que diera vía whatsapp mi asentimiento al uso de imagen para el programa televisivo institucional por el canal de televisión oficial del sistema de medios públicos. Por supuesto envié la respectiva aprobación.
La sorpresa inusitada es que al día siguiente, recibo una comunicación telefónica de un funcionario apellido Parra que explica que lo grabado en Barranquilla no servía para efectos de edición pues tenía ruido ambiente y era muy largo. Me pidió que lo repitiera en 40 segundos, asunto imposible dada la complejidad del caso expuesto y le señalé el hecho del obvio incumplimiento de las funciones de la Contraloría en el petitum de denuncia de la veeduría resolviendo en la practica en contra de lo expuesto en el foro y de la función de vigilancia y control de la veeduría. Fue entonces cuando sugirió un libreto que debería leer alabando o dando gracias o algo por el estilo a los buenos auspicios de la contraloría en relación a la veeduría a los que tajantemente me negué.
Otra vez el teléfono con el funcionario Parra tratando de convencerme que era importante mi testimonio en tal sentido. Que saldría en televisión en canal institucional —como si estuviera sediento de esas apariciones fugaces— y que podría extenderme por 60 segundos. Me regaló 20 más. Nuevamente le reitere mi negativa en alabar a la Contraloría al considerar que lejos de alentar y promover la función de las veedurías de tipo cultural en la práctica hacía exactamente todo lo contrario. El tipo, evidentemente enojado con la negativa a su pretensión, remató la conversación con esta frase lapidaria que sintetiza todo:
—Oiga, usted es un tipo complicado.
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