A paciencia del gobierno colombiano y la Superintendencia de Servicios Públicos, la empresa Electricaribe bajo directriz de sus socios españoles propuso un modelo de prestación de servicio pésimo, descuidando inversiones en infraestructura deliberadamente bajo la mampara que existía una cultura del no pago que impedía el normal desarrollo de sus actividades operativas. Protestas, apagones, mítines e incluso quemas de sus sedes por parte de sus enardecidos usuarios que soportaban estoicamente sus desafueros, mientras el gobierno colombiano ante sus requerimientos, le daba subsidios y recursos para las debidas inversiones que eran birladas con toda clase de estratagemas.
Antes y después de la intervención, Electricaribe sigue siendo una empresa tragaldabas que devora presupuestos, prestamos, subsidios y que de contera, cuando la entregan dividida a otros concesionarios privados, plantean el negocio de traspaso con misterios de confidencialidad en una especie de golpe de estado legal a la transparencia administrativa que motiva todo tipo de sospechas.
Para los involucrados, todo funciona con absoluta perfección. El 4 de agosto de 2020, la agente especial de Electricaribe, Ángela Patricia Rojas Combariza indica que todos los procesos han sido transparentes con el debido acompañamiento de la Contraloría General de la República y que desde el 17 de febrero de 2020 se adelanta un auditoría a la gestión especial –a ella misma, en otras palabras- dentro de los cuales se ha revisado el proceso de contratación de $860.000 millones destinados para inversiones en la red con el propósito de evitar su deterioro fortaleciendo la infraestructura. Eso dicen.
Esto no significa otra cosa más que adecuarle la empresa y todos sus equipamientos a los operadores Caribe Sol y Caribe Mar, quienes se encuentran obligados, por lo menos en papel, en invertir en los próximos años en similares operaciones de inversiones en infraestructura de $8.7 billones de pesos.
¿Cuánto costó la operación de la concesión del servicio que implica tales inversiones por parte de sus operadores? No se sabe por la cláusula de confidencialidad, así que cualquier escenario hipotético constituye especulación sin fundamento.
Los préstamos
El 28 de mayo de 2020, el gobierno nacional, a través de la Resolución 1161, autorizó al Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios a “celebrar un crédito de tesorería con el Ministerio de Hacienda por valor de $515.446 millones”.
El documento indica que tales recursos son de absoluta necesidad para garantizar la continuidad en la prestación del servicio de energía en la región Caribe, soslayando de paso que los nuevos operadores tienen esa precisa obligación a los cuales releva o “ayuda” con recursos del gobierno.
Desde la intervención hace cuatro años, en el 2016, por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos de esta empresa de energía eléctrica a causa de la desastrosa gestión española, el gobierno le ha “inyectado” recursos que a corte de inicios del 2020, iban en $2 billones.
En la respectiva Resolución señala que Superservicios, una entidad cuestionable y permisiva en lo referente a la vigilancia y control de estas empresas, debe asegurar que con el dinero “prestado” se garantice la normal prestación del servicio.
El primer desembolso se entregó el 22 de mayo. Pero Superservicios es la interventora, en este caso, es la que vigila los procesos y además funge de administradora. Tres funciones y un solo ente verdadero.
Determina la Resolución que la Superservicios deberá asegurar que ese dinero garantice la prestación del servicio. Ese es el objeto del crédito. Que el servicio se continúe prestando tal como lo conocemos y padecemos. Entre las condiciones del crédito quedó establecido que el crédito se entregará en un desembolso (otorgado el pasado 22 de mayo) con una fecha de vencimiento del crédito en 12 meses.
Raro que una entidad estatal plantee semejante operación para que unos operadores privados sean los que terminen pagando el préstamo. Y más raro todavía que los operadores que reciben a la fragmentada empresa, no hayan impuesto condicionantes y alertas ante una operación que “terminaran” pagando en su administración.
El 5 de agosto de 2020, por intermedio de la Resolución 1521, el Ministerio de Hacienda autorizó que el Fondo Empresarial de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios otorgue un crédito por $186.730 millones para “seguir garantizando el servicio de energía de Electricaribe”, en un solo desembolso con fecha de vencimiento a 12 meses a partir del 30 de julio. Se repite la misma historia de préstamos para que los paguen los nuevos operadores: Consorcio General de la Costa, del grupo de Alberto Ríos Velilla y las EPM de Medellín.
Por supuesto que todas estas operaciones crediticias provocan, en las actuales coyunturas de nuevos operadores, todo tipo de suspicacias. Una de estas voces en desacuerdo con tal política de girarle recursos a la empresa de energía es la del senador José David Name que en declaraciones a diversos medios de comunicación señaló que “El Estado sigue invirtiendo dineros en Electricaribe, que nunca va a recuperar. Solo durante este año (2020) el Gobierno le ha girado más de $2 billones en préstamos a la empresa, y continúan anunciando nuevos desembolsos, que sabemos de sobra nunca retornarán y terminaremos pagando los colombianos. No hemos visto una solución definitiva para la problemática de Electricaribe, solo hubo un cambio de dueños, pero el Gobierno sigue echando dinero en el saco roto de una empresa que está desangrando al Estado”.
No solo los españoles de Gas Natural Fenosa fueron pésimos administradores, saqueadores de subsidios, descuidando a conciencia plena la infraestructura eléctrica de la región Caribe. En esa tarea, en dónde salimos perjudicados todos los usuarios, le acompañaron las omisiones del gobierno colombiano mientras estos hacían de las suyas y la intervención, igual desastre, de la Superintendencia de Servicios Públicos a cargo de la empresa se convirtió en un barril sin fondo que engulle recursos del estado colombiano negociando activos a puerta cerrada controles aparentes.
Lo peor. Los que vienen de nuevos operadores no ofrecen garantías dadas las condiciones de invisibilidad de cláusulas y costos en donde no se sabe qué reciben, qué dan y cómo lo piensan recuperar. Un panorama difuso y pesimista en materia energética para la región Caribe en donde seguirán los “prestamos” para garantizar la continuidad del servicio.
