El estallido social de finales de abril, que tuvo su génesis en el proyecto de reforma tributaria propuesto por el Gobierno de Iván Duque y provocó un paro que duró más de 40 días, finalmente fue completamente ignorado por el Gobierno Nacional, que nuevamente engañó a los ciudadanos diciendo que estaba dispuesto a escuchar y dar respuesta a sus solicitudes, pero terminó haciendo con la complicidad del Congreso de la República, todo lo contrario. 

Poco le importaron a Duque e incluso a los organismos encargados de impartir justicia y proteger los derechos de los colombianos, las decenas de asesinados presuntamente a manos de uniformados y civiles; tampoco los cientos de lesionados, ni la represión en su máxima expresión contra manifestantes; ni las cuantiosas pérdidas económicas, daños en bienes privados y públicos, y hasta el crecimiento exponencial de casos de Covid-19 en el país. Nada importó a la hora de contradecir el sentir ciudadano y en cambio sin sonrojarse fueron aprobadas reformas y leyes que ratificaron el talante autoritario y totalitario que sigue caracterizando el actual Gobierno en Colombia. 

Para corroborarlo, sólo basta dar un repaso por lo ocurrido en el Congreso el último mes, y cuando falta muy poco para que termine el actual período legislativo. 

Uno de los proyectos de ley que dejaron más que claro la costumbre de engañar del Gobierno Duque (Así como aquel lema de campaña de menos impuestos más empleo), fue el que el propio Iván Duque presentó supuestamente para dar gratuidad en la educación tanto colegial como superior a los jóvenes de estratos 1, 2 y 3 del país. 

Cuando el paro estaba en su máxima tensión, el 11 de mayo, el presidente Duque anunciaba al país que a partir del segundo semestre del 2021 habría gratuidad en matrículas para estudiantes de universidades e instituciones públicas, de los estratos 1, 2 y 3 con lo cual se beneficiaría a 97% de los alumnos. 

Toca decir que el anuncio de Duque, ya había sido considerado desde el año pasado, es más, lo que hizo el paro fue presionar para que el Presidente cumpliera una promesa incumplida que ya tenía reserva presupuestal desde el año pasado y no la había hecho efectiva. 

De otro lado, para no dejarse “robar” los créditos, los legisladores de partidos adeptos a Duque, empezando por el propio, el Centro Democrático,  junto a Cambio Radical y Liberal, se encargaron de hundir un proyecto de ley que garantizaba más a fondo el concepto de gratuidad educativa que había sido presentado por partidos de la oposición. 

Bajo la excusa de que no había recursos para este proyecto, la semana pasada hundieron la iniciativa en el Congreso, los legisladores Antonio Zabaraín y Ana María Castañeda de Cambio Radical; Ruby Chagui Spath del Centro Democrático y los liberales Horacio Serpa Moncada (quien en campaña decía que había que fortalecer la educación pública) y Julián Bedoya (el mismo al que le anularon su título universitario porque era falso). 

También fue archivado en la Comisión Quinta de la Cámara de Representantes el proyecto que prohibía el fracking en Colombia, pues de los 20 congresistas que debían asistir tan solo se presentaron ocho a la votación, es decir utilizaron la vieja y ya conocida estrategia de no conseguir quórum. 

El proyecto que buscaba la protección y conservación de la biodiversidad del país fue presentado por más de 45 congresistas de siete partidos diferentes, quienes consideraban altamente peligrosa esta actividad para los ecosistemas colombianos. 

La Alianza Colombia Libre de Fracking manifestó sus descontento: “es vergonzoso que en medio de la crisis climática que vivimos y contra toda la evidencia científica que demuestra los riesgos e impactos del fracking, el Congreso le dé la espalda al país en este debate tan importante para las presentes y futuras generaciones y hunda estas iniciativas con la excusa de aplazarlo para escuchar al gobierno, cuando se realizaron audiencias y reuniones en las que participaron ministros y directores de entidades“. 

Como era de esperarse, en esta ocasión tampoco se le dio trámite al proyecto de ley que ha presentado varias veces el senador Gustavo Bolívar, de Colombia Humana, para que los congresistas no reciban el pago durante el período de tres meses que dura el descanso de los legisladores. “A nosotros los congresistas nos mandan a descansar tres meses, con más de 100 millones de pesos en estos tres meses, esto es una injusticia que hay que subsanar”. 

En cambio, no les tembló la mano a los congresistas para aprobar por ejemplo el proyecto de ley que mantuvo y estandarizó la sobretasa a la gasolina y el ACPM. La Corte Constitucional había declarado inconstitucional el cobro por no haber claridad en su reglamentación y así se lo hizo saber al Congreso.   

Pero, el legislativo, en vez de ordenar la suspensión de esta sobretasa, lo que hizo fue presentar una propuesta para “corregir” la falta y ratificó su cobro, dejando estipulado que aumentará de acuerdo al IPC anual y que los $2,7 billones que se aspiran con este cobro, serán distribuidos 50% a entidades territoriales y 50% a la Nación. Recalcando que una considerable porción de los recursos se destinará al financiamiento del Metro de Medellín y la construcción del de Bogotá. 

Tampoco tuvieron inconvenientes en aprobar la reforma al Código Disciplinario presentada por la procuradora Margarita Cabello, que nunca ha escondido su cercanía con el Gobierno de Duque, y la reforma a la Justicia. 

No se entiende como los congresistas un día insisten en que hay un déficit fiscal de preocupantes dimensiones, (es decir cuando los recursos son para gastos sociales), pero al día siguiente, con la mayor tranquilidad aprueban facultades extraordinarias al presidente Duque, para que modifique la estructura del organismo y amplíe hasta en 500 nuevos cargos su planta de personal. 

El mismo ex candidato presidencial Germán Vargas Lleras, que vale recordar es el líder de Cambio Radical partido que apoyó tales iniciativas, criticó la creación de más puestos en la Defensoría del Pueblo. Según sus cuentas, actualmente, los gastos de Fiscalía, Contraloría, Procuraduría y Defensoría llegan a 7,3 billones de pesos para atender a más 40.000 empleados al año. De acuerdo con el exvicepresidente, la Procuraduría y sus 4.300 funcionarios le cuestan al país anualmente 910.000 millones de pesos. 

“Miles de nuevos empleos se crean en la Defensoría del Pueblo, que ya gasta más de 700.000 millones de pesos en una nómina de 5.700 empleados. Ahora en cada municipio se creará una oficina permanente de la Defensoría. ¿Cuánto va a costar? ¿No existen ya los personeros municipales? La ley también crea nuevas plazas de magistrados y jueces itinerantes. El MinHacienda dio concepto negativo a este nuevo gasto, pero al MinJusticia le importó cinco y archivó la carta. ¿Y las promesas de austeridad? ¿Con qué cara nos van a presentar la nueva reforma tributaria?”, escribió en su columna habitual de los domingos. 

Pero no hay que dar muchas vueltas para encontrar la respuesta: más burocracia y clientelismo, lo que se traduce en más votos para el partido de Gobierno y sus aliados, de cara a las próximas elecciones del 2022. 

La misma razón le cabe al proyecto de ley que a principios de año aprobó también el Congreso para ampliar la planta de personal de la Superintendencia nacional de Salud; y vuelve y juega entonces la pregunta: ¿Hay o no hay déficit fiscal?  

Mientras tanto, el Gobierno y los congresistas siguen legislando con engaños y de espaldas a los reclamos sociales y económicos de los colombianos. 

Publicidad ver mapa

Artículos relacionadosMás del autor

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.