Sin siquiera dar la oportunidad de plantearlo, se hundió en la Comisión Segunda del Senado el proyecto de ley que ratificaría a Colombia como parte del Acuerdo de Escazú. 

Desde que el proyecto tuvo mensaje de urgencia, las bancadas de oposición alertaron sobre estrategias dilatorias por parte de los congresistas adeptos al oficialismo para discutir el proyecto, entre ellas, la exigencia de las mayorías para convocar dos audiencias; la falta de agendamiento del proyecto para discusión y votación por parte de la Mesa Directiva, motivo por el cual la oposición se vio obligada a hacer uso del estatuto de la oposición y obligar su agendamiento; la omisión de la Comisión Segunda de Cámara en anunciar el proyecto para la sesión del otro día; y la extensión en las intervenciones de los congresistas que coincidieron con el llamado a lista en las plenarias, por lo que se levantó la sesión sin lograr votar la iniciativa. 

El Acuerdo de Escazú fue suscrito por Colombia en las Naciones Unidas en diciembre del 2019, con el compromiso de que para su implementación final debía ser firmado por al menos 11 de los 28 países que lo suscribieron, entre esos Colombia. 

Sin embargo, el Congreso, y el propio Gobierno colombiano no han permitido su ratificación pues no ha habido voluntad política para que se cristalice. 

Buena parte de congresistas amigos del Gobierno, pero también de multinacionales mineras, empresarios agroindustriales, se han opuesto porque, según defienden, representa un riesgo grave para los intereses de algunas economías del país. 

“A pesar del compromiso del Gobierno nacional, en las últimas audiencias públicas celebradas el 3 y 14 de septiembre en el Senado de República y la Cámara de Representantes del Congreso, respectivamente, diversos congresistas y los sectores productivos manifestaron abiertamente su rechazo al Acuerdo. Estas declaraciones y manifestaciones que argumentan los parlamentarios se basan, en esencia, en la inexistente contradicción entre el desarrollo sostenible y el desarrollo económico, las cuales además han sido replicadas en medios de comunicación generando un cuestionamiento sobre la conveniencia de avanzar en este proceso”, afirmaron el pasado octubre más de 130 organizaciones ambientales del país en una carta dirigida al presidente Duque. 

A pesar del aparente compromiso del Gobierno para que Colombia logre ser parte de este primer tratado regional ambientalista; ha sido el mismo partido de gobierno (el Centro Democrático) unido a los partidos Cambio Radical y Conservador los que se han opuesto y dilatado el camino hacia ratificación final de Escazú. 

Uno de los principales argumentos ha sido la instrumentalización de los discursos y el rechazo al Acuerdo por parte de los Gobiernos de Chile y Perú. El primero en rechazarlo fue el presidente Sebastián Piñera, quien sostuvo que intercedía directamente en la legislación ambiental del país. Mientras tanto, el Congreso de Perú dio su negativa abdicando su soberanía del territorio. Con estos mismos argumentos, congresistas colombianos y personas del sector privado han impedido el avance de dicho acuerdo. 

En la otra orilla, quienes lo defienden, muestran con hechos que Colombia es uno de los países más afectados por la violencia desmedida ensañada contra la naturaleza y por quienes la protegen. En el informe del 2020 realizado por Global Witness 2020 y nombrado “Defender el mañana: crisis climática y amenazas contra las personas defensoras de la tierra y del medioambiente”, se relata que entre diciembre de 2015 y 2019, cuatro defensores y defensoras ambientales son asesinados cada semana. 

Por este motivo, Colombia es considerado el país más violento para ambientalistas. Esta nación también ocupó el segundo lugar (después de Brasil) con más conflictos socioambientales, según el Atlas de Justicia Ambiental en Latinoamérica. 

Como respuesta a esta situación, se considera que el Acuerdo de Escazú otorgaría “seguridad jurídica para las inversiones y el desarrollo de proyectos en Colombia”, según afirman la Asociación Ambiente y Sociedad, la Red por la Justicia Ambiental, la Corporación Reiniciar, la Fundación Alma, la Fundación Omacha, Fridays for Future Bogotá, la Fundación FIC Amazonia, El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), entre otros. 

Estas organizaciones redactaron de conjunto una carta de petición al Presidente en el 2020 donde también dicen que la firma de este acuerdo sería una oportunidad para mejorar la democracia ambiental. “La protección de las personas defensoras del ambiente es urgente” y en este sentido también afirmaron que “el Acuerdo de Escazú es un instrumento importante para reducir los conflictos ambientales y disminuir su judicialización en Colombia”. 

Por su parte, el senador Iván Cepeda (Polo Democrático) dijo que informará al secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, sobre la omisión del Gobierno y su coalición en el Legislativo para tramitarlo. 

“(El presidente) Duque incumplió el compromiso ante la Asamblea General (de Naciones Unidas) de hacer que el Congreso aprobara el Acuerdo de Escazú. En su convocatoria a sesiones extras no incluyó este tema”, señaló Cepeda. 

Por eso, la oposición esperaba que este tema, junto al proyecto que regula la sobretasa de la gasolina, fuera convocado para las sesiones extraordinarias. “¿Por qué el presidente no cita a sesiones extraordinarias al Congreso para aprobar Escazú? Su compromiso con la defensa del medio ambiente es solo discurso para agradar a la comunidad internacional y a las Naciones Unidas. Lo suyo no es ecología, sino cosmetología”, comentó Cepeda.  

Aunque no es vinculante esta diligencia que hará Cepeda, lo que pretende el senador es dejar un precedente sobre lo que considera un incumplimiento del primer mandatario. “Esto va a demostrar la absoluta falta de seriedad de un Gobierno. Cómo es posible que el presidente aparezca en el 75 aniversario de la ONU y le diga a la comunidad internacional que va a hacer todo lo necesario para que el Acuerdo sea aprobado y después aparezca el show de dilaciones del Centro Democrático y otras bancadas para que no se apruebe”. 

Aunque esta acción puede generar algún tipo de presión en la comunidad internacional, Cepeda junto a Antonio Sanguino (Alianza Verde) radicarán un derecho de petición solicitando al presidente que vuelva a radicar el proyecto de ratificación y comprometerse para que se dé su trámite. El Gobierno es el único con capacidad de radicar iniciativas legislativas para ratificar compromisos internacionales, por ende, que se ratifique o no Escazú en estos momentos está bajo supeditación del mismo Duque. 

Pese a la no ratificación de Colombia, el Acuerdo entró en vigor el 22 de abril de este año luego de pasados los 90 días después del depósito del instrumento de ratificación de 12 países, a saber: Argentina, México, Guyana, Uruguay, Bolivia, San Vicente y las Granadinas, Saint Kitts y Nevis, Antigua y Barbuda, Nicaragua, Panamá, Ecuador, y Santa Lucía.

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