El pasado 11 de octubre los 29 alcaldes del departamento del Magdalena, la única ausente fue la alcaldesa del Distrito de Santa Marta, Virna Jhonson, se reunieron en Ciénaga, para estructurar la idea de conformar una asociación de municipios bajo el lema ‘Para el Desarrollo del Magdalena’. 

Según dijeron pretenden “unir esfuerzos encaminados a gestionar recursos con el Gobierno de la República y el Fondo de Regalías, para la realización de proyectos que impulsen el progreso en sus regiones y el Departamento”. 

A la cumbre “cayeron en paracaídas” los senadores:

Eduardo Pulgar

Partido de la U, del Atlántico. Senador

Actualmente investigado por la Corte Suprema de Justicia por soborno a un juez de la República.

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Honorio Henriquez

Centro Democrático del Magdalena. Senador

Representa los intereses de los grandes terratenientes del Magdalena, entre ellos los Dávila Abondano.

Fabián Castillo

Cambio Radical. Senador

Senador sin ninguna trascendencia en la lucha contra la corrupción.

Kelyn González

Partido Liberal. Representante

Esposa de Rodrigo Roncallo Fandiño, ex representante por el Magdalena , procesado por paramilitarismo.

Hernando Guida

Partido de la U. Representante

Representante sin ninguna trascendencia en la lucha contra la corrupción.

Carlos Mario Farelo

Cambio Radical. Representante

Representante sin ninguna trascendencia en la lucha contra la corrupción.

Ese mismo día se definieron las rutas a seguir en la formulación y presentación de los proyectos ante el OCAD regional encargado de estudiar los proyectos para su financiación y que demandarían recursos del Fondo de Regalías, por $122 mil millones. 

Casi que de inmediato, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, cuestionó la reunión a la que llamó “El Pacto de Ciénaga” y que calificó como “una ruin y despreciable componenda política establecida entre reconocidos políticos corruptos para repartirse más de $320 mil millones de pesos de las regalías que corresponden al departamento”. 

En distintas declaraciones Caicedo ha dicho que esta estrategia en la cual según afirma está participando el Departamento de Planeación Nacional (DNP), busca “aislar la acción institucional del gobernador Caicedo, impedir que las propuestas hechas en campaña y contenidas en el plan de desarrollo Magdalena Renace se le cumpla a los magdalenenses, y evitar que su gobierno prospere como una alternativa real y efectiva de cambio”. 

Para muchos analistas, el gobernador del Magdalena, Carlos Caicedo, mantiene las puertas cerradas a todos los alcaldes del departamento, no los atiende, ni los visita para concertar acciones conjuntas. “Su prepotencia y altivez” fueron el caldo de cultivo para que los mandatarios locales se unieran a crear una asociación de municipios.

Y agregó que “En realidad esta asociación (que se creará) malévola liderada por Luis Tete Samper -alcalde de Ciénaga y con quien Caicedo mantiene fuertes enfrentamientos- y presuntamente apoyada por el Director del DNP, no busca impulsar los proyectos de alto impacto social o económico que tanto requiere la región, sino que lo busca es saquear recursos de las regalías para que sus impulsores y padrinos puedan financiar sus próximas campañas electorales”. 

Pero, ¿qué hay de cierto en que se pretende desconocer la rectoría que en este campo cumplen los Departamentos? ¿qué tan cierta es la acusación de Caicedo? 

Lo primero por decir es que le asiste la razón cuando advierte que hay un interés por evadir el paso por el OCAD departamental para apropiarse de los recursos de las regalías y lo segundo es que buena o no, tal decisión, es legítima, pero evidentemente con un innegable interés político pues todos los congresistas que asistieron a la reunión son reconocidos contradictores y acérrimos enemigos de Carlos Caicedo. 

Resulta que la Ley de Regalías y su manejo se da a través de varios fondos, dos de ellos destinan ciertos porcentajes a las entidades territoriales, el Fondo de Desarrollo Regional y el Fondo de Compensación Regional. 

Concretamente el Fondo de Desarrollo Regional tiene como objetivo mejorar la competitividad de la economía, así como promover el desarrollo social, económico, institucional y ambiental de las entidades territoriales, mediante la financiación de proyectos de inversión de impacto regional, acordados entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales en el marco de los esquemas de asociación que se creen de acuerdo a como versa el artículo 33 de la Ley 1530 del 2012. Y dichos recursos son distribuidos entre los departamentos, atendiendo a criterios de población y pobreza relativa. Estos recursos equivalen al 40% de lo que se destina a los fondos. 


Mientras que el Fondo de Compensación Regional le corresponde un 60% para financiar proyectos de impacto regional o local de desarrollo en las entidades territoriales más pobres del país, de donde el 60% de ese rubro se distribuye a los departamentos, un 30% a proyectos de impacto local en los municipios más pobres y un 10% para proyectos de municipios de cuarta, quinta y sexta categoría. 

Bajo estas condiciones, los 29 municipios del Magdalena efectivamente apuntan ganarle por partida doble el pulso a Caicedo, conformando una asociación y así entenderse directamente con el Gobierno central para arrebatarle dineros de regalías a lo que le correspondería al Departamento y por otro, en bloque harían fuerza en el OCAD regional para presentar allí otros proyectos y arañar otros tantos recursos. 

No les quedará nada difícil a los alcaldes satisfacer sus pretensiones en el OCAD regional, teniendo en cuenta que el Movimiento Fuerza Ciudadana no cuenta con ningún congresista y los partidos Cambio Radical y de la U, tienen una representación robusta a nivel regional.  

Por eso es que, desde el Congreso, los movimientos alternativos y allegados al gobernador del Magdalena han levantado su voz de protesta contra la famosa reunión de Ciénaga, pero lo cierto es que nada les impide a los alcaldes asociarse. 

Lo malo y realmente nefasto más que para Caicedo, para el Magdalena es que estos millonarios recursos, enarbolando las banderas de la oposición, terminen siendo dilapidados y esquilmados por grupos políticos que de vieja data han estado en la picota pública por actuaciones corruptas que ningún progreso le han traído al golpeado departamento del Magdalena y sus municipios. 

Para la muestra la famosa Vía de la Prosperidad, donde recientemente la Procuraduría General de la Nación emitió un fallo condenatorio contra los exgobernadores Rosa Cotes y Luis Cotes, por detrimento patrimonial, cuando gobernaron en dos períodos como militantes del partido Cambio Radical. 

Y en cuanto al tema de la conformación de una asociación de municipios, ejemplos hay a lo largo y ancho del país sobre los intereses políticos con que se crean y que terminan direccionando recursos para favorecer a sus padrinos. 

En el caso de la que se conformaría en el Magdalena, quien la lidera, Luis Tete Samper, alcalde de Ciénaga, mantiene varias investigaciones abiertas por actos de corrupción y conductas ilícitas que le siguen organismos de control y disciplinarios del Estado, lo cual no es un buen augurio para la naciente organización.

Por lo pronto la puja entre alcaldes y gobernador inclina la balanza a favor de los primeros, falta ver hasta dónde realmente tal inclinación les conviene a las gentes del Magdalena. 

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