El enfrentamiento verbal que este martes tuvieron el gobernador del Magdalena Carlos Caicedo y el superintendente Nacional de Salud, Fabio Aristizábal, en las afueras de la ESE Hospital Julio Méndez Barraneche en Santa Marta, más que un simple rifirrafe, lo que dejó al descubierto fue el inconformismo que desde hace meses atrás venía expresando el mandatario del Magdalena con las actuaciones de la Supersalud.
El cruce de palabras se presentó luego de que el Supersalud llegara a Santa Marta a informar al gerente del hospital, Jairo Romo, que a partir de ese momento quedaba relevado del cargo y la ESE entraba a ser intervenida por el organismo de supervisión.
Según la Supersalud, tras la auditoría realizada en octubre y noviembre del año pasado, se decidió expedir la Resolución 2304 del 11 de mayo de 2020, para intervenir el centro asistencial público más grande del Magdalena para corregir los 59 hallazgos de distinto orden.
Entre estos hallazgos se mencionan que el hospital no cumple con las condiciones para el funcionamiento de los equipos biomédicos, eléctricos o mecánicos, como se requiere para una efectiva atención de los usuarios. Que presenta fallas en el cumplimiento de las condiciones y requisitos exigidos en el proceso de esterilización, lo cual atenta contra la seguridad del paciente y que no realiza un control de vencimientos ni organiza los medicamentos, lo que puede generar confusión; además no los clasifica por vencidos, rechazados, deteriorados o retirados del mercado; esto en la parte de prestación de servicios.
En los aspectos financieros la Superintendencia señaló que “no cuenta con estudios técnicos y de costos que justifiquen la contratación del personal acorde con la demanda de la institución. Mientras el valor de la contratación por este concepto en 2018 fue de $26.515 millones, en 2019 ascendió a $29.612 millones, es decir un incremento del 11,68%.
“El hospital ha prestado servicios de salud a 21.826 usuarios por la suma de $21.247 millones, que no han sido facturados. La efectividad en la gestión de cobro no llega al 50% de las ventas, y cerca del 35% de los servicios prestados no son facturados”.
Y en cuanto a temas administrativos el organismo de vigilancia alega que la ESE no garantiza el cumplimiento de sus responsabilidades, relacionadas con la inscripción y habilitación de los servicios ante la entidad territorial, en el Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPS); registra 146 procesos en su contra, por más de $63.000 millones y el 95% del talento humano está por contrato y solo el 5% está bajo la modalidad de planta. Registra deudas con Especialistas por 3 meses y con personal asistencial 2 meses.
Frente a la decisión, Caicedo le reclamó a Aristizábal el por qué no le había informado, pues él personalmente le había solicitado en enero de este año que, en caso de ser intervenido el hospital, le avisara, a lo cual había accedido el Super.
“Usted me dijo que me informaba. Usted va a hacer entrega del hospital a una cuota de Honorio Henríquez Pinedo (actual senador del Centro Democrático del Magdalena). Está actuando arbitrariamente para entregar este hospital a la clase politiquera. ¿Por qué no hizo la intervención en estos cinco años? ¿O por qué no la hizo en noviembre, enero o febrero?”, expresó Caicedo con un tono desafiante, una argumentación con la que afirmó que la decisión se da como un golpe político en contra de su gobierno.
En una entrevista con un medio nacional Caicedo se ratificó en sus denuncias: “Cuando yo llegué a la Gobernación y salieron derrotados en los urnas, sí se decidió la intervención, no antes, y lo hacen ahora porque hace 40 días pusimos un gerente y claro nos encontramos con todo lo que dice el informe de la Superintendencia y eso se llama peculado porque hay recursos que se recaudaban por estampilla, estamos hablando de unos $21.000 millones que no giraron y hay un déficit de caja de casi $24.000 millones porque no facturaban, y un déficit acumulado de $54.000 millones y una nómina administrativa mucho más abultada que la nómina de personal sanitario”.
Y añadió que la decisión va en contra del plan de manejo y recuperación del hospital del cual ya tenía conocimiento la propia Supersalud.
En el brusco intercambio de mensajes, Aristizábal le aclaró en el mismo tono que una superintendencia (al igual que otros entes de control y seguimiento), no debe informar de una intervención y que, si tiene denuncias, que las presente a las autoridades encargadas. Lo señaló, también, de agredirlo con esas declaraciones en su contra.
“El hospital se interviene para recuperarlo y esa es la información que tiene que tener el departamento. No me suba la voz ni me agreda. Gobernador, las intervenciones no se informan, qué no entiende. Si lo quiere recuperar, bienvenido. El Gobierno tiene toda la intención de salvarlo. No se le va a entregar a ningún político, traigo una persona que acaba de devolver un hospital recuperado. Si usted tiene las denuncias, hágalas. Yo no me voy a desgastar con su show”, le respondió a Caicedo.
De vieja data
Lo cierto es que el incidente parece ser la gota que rebosó la copa de Caicedo.
La disputa empieza en la ESE distrital Alejandro Próspero Reberend, la cual curiosamente también está intervenida por la Supersalud desde el 19 de julio del 2019, cuando fungía siendo alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, quien es militante del movimiento de Caicedo, Fuerza Ciudadana.
La Entidad presta servicios de salud de primer nivel en promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación en salud con una red de 25 puntos de atención ubicados en la zona urbana y rural del Distrito de Santa Marta.
En ese entonces la Supersalud señaló que entre los hallazgos se encuentran debilidades de tipo administrativo, técnico asistencial y financiero por las cuales no garantiza una atención oportuna y efectiva a la población, específicamente en las actividades de atención primaria en salud y actividades de promoción y prevención.
El asunto es que dicha intervención se dio después de largos y extenuantes señalamientos sobre el mal manejo de la ESE por parte del gerente Omar Suárez Prasca, quien estuvo en el cargo desde el 2016 hasta el 2018, cuando por un fallo de la Personería asume el puesto el médico Jaime Romo, quien había ganado el concurso de méritos en el 2012, pero nunca fue posesionado mientras Caicedo estuvo de Alcalde distrital.
En adelante la ESE pasó 2017 y 2018 entre disputas jurídicas, que terminaron afectando las inversiones en puestos de salud y el deterioro del servicio de primer nivel. Incluso en noviembre de 2017, se dictó orden de captura contra Caicedo, quien ya no ostentaba ningún cargo público y el entonces alcalde Rafael Martínez por presunta contratación irregular en la Alcaldía, obras que tenían que ver con trabajos inconclusos, en los centros de salud de La Paz, Taganga y el IPC La Candelaria, que fueron demolidos hacía casi 3 años, durante la administración de Caicedo, sin que se hubieran terminado, pese a la inversión por 6.537 millones de pesos.
Si bien ambos fueron dejados en libertad, el conflicto creció y el alcalde Rafael Martínez acusaba directamente a Suárez Prasca del desgreño de la ESE; Suárez volvió a la gerencia de la ESE luego de que la Procuraduría Provincial de Santa Marta, decidiera que la Personería le había violado el debido proceso en la investigación disciplinaria por supuestos malos manejos en la administración de la Salud Pública y al mismo tiempo lo suspendió sin notificarle del proceso ni darle la oportunidad de defenderse.
Pese a todo este panorama, y a la solicitud que en una ocasión le hizo el alcalde de Santa Marta Rafael Martínez, para que interviniera en la ESE, la Supersalud, solo vino a efectiva su presencia en la entidad en julio del año pasado.
Es decir que pasaron tres años en que la Superintendencia no tomó cartas en el asunto.
En los corrillos políticos del Magdalena se dijo entonces que detrás del tema estaba el senador Honorio Henríquez.
Y de hecho fuentes consultadas por corrupcionaldia.com, expresaron que en este período de tira y afloje casi todos los contratistas y funcionarios identificados como “caicedistas” fueron retirados de la entidad de salud y que en reuniones previas a la intervención de la Supersalud, era frecuente ver al Senador del Centro Democrático en la ESE.
Aterrizando en el hospital Julio Méndez Barreneche, que estuvo un buen período bajo el dominio de la casa política de los Diazgranados, durante los mandatos de Luis Miguel Cotes Habeych y posteriormente su tía Rosa Cotes Vives, tampoco la Supersalud intervino, sino hasta este año justo cuando la casa Cotes perdió la Gobernación.
En cuanto al cuestionamiento de Caicedo al interventor designado por el Supersalud, vale recordar que en efecto en abril del año pasado el propio procurador General de la Nación, Fernando Carrillo Flórez, indicó que el hospital Departamental de Villavicencio se había convertido en “un monumento a la ineficiencia y al desgreño administrativo”, y anunció investigaciones disciplinarias a los funcionarios designados para la inspección, vigilancia y control de la intervención forzosa para administrar el centro asistencial.
Y recalcó en ese entonces que “la intervención del hospital no ha servido para nada, el hospital mantiene la calificación de riesgo alto, después de 3 años y cuatro o cinco meses de tener una intervención por la Superintendencia Nacional de Salud”.
Para la época abrió investigación a la superintendente delegada para Medidas Especiales de la Superintendencia de Salud, Edna Paola Najar Rodríguez, y el exsuperintendente de esa misma delegada, Javier Antonio Villarreal Villaquirán. Además, al agente especial interventor del hospital, Luis Óscar Gálvez Mateus (quién fue nombrado ayer como agente interventor de la ESE del Magdalena), y al representante legal de la Sociedad SAC Consulting SAS, Never Enrique Mejía Matute.
Curiosamente, después de estos señalamientos, en enero pasado la Supersalud decidió levantar la intervención y “devolver” el hospital al departamento del Meta.
Así las cosas lo más probable es que esta reyerta entre Caicedo y Aristizábal apenas esté empezando.
