Sorprendidos y hasta incrédulos recibieron los habitantes de Lorica, y municipios vecinos, en febrero pasado, la noticia de que la cuestionada empresa de servicios públicos Aguas del Sinú SA ESP, ya no sería la que iba a suministrar el servicio, sino que luego de una negociación de la que muchos ni supieron, la empresa Aqualia, filial de la multinacional FCC y del fondo de inversión IFM, sería la que ahora hiciera esa tarea.

Se nos metió otra empresa española a operar servicios de acueductos en Colombia. ¿Vendrán con las mismas intenciones de Aguas de Barcelona o Canal de Isabel II?

Se trata de una transacción de cuyos antecedentes prácticamente no trascendió mayor información y los registros de prensa dieron cuenta del hecho solo cuando ya estaba consumada.

En efecto el pasado mes de febrero, la mencionada multinacional cerró su primera gran operación en Latinoamérica asociada al ciclo integral del agua con la compra de tres grupos locales que gestionan 12 concesiones.

Por un lado estuvo la adjudicación del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de Villa del Rosario (Norte de Santander), por 14 años y con una inversión de $384.000 millones de pesos y que se espera beneficie a Cúcuta, Los Patios y Villa del Rosario, en la cláusula 27 del contrato se establece la terminación de mutuo acuerdo, siempre y cuando hayan transcurrido al menos 8 años de ejecución.

Además, el nuevo operador deberá realizar aportes de capital por $5.800 millones de pesos, para inversiones en control de pérdidas  e infraestructura y capital de trabajo, al igual que garantizar la contratación del mayor número posible de los actuales empleados de Eicviro, que es el operador saliente.

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Dentro de este paquete de intromisión de capital extranjero donde una de sus cabezas visibles es el mexicano multimillonario es Carlos Slim, también se negoció la bastante cuestionada Aguas del Sinú, que gestiona el servicio en siete municipios (Santa Cruz de Lorica, Chima, Momil, Purísima, Tuchín, San Antero y San Andrés de Sotavento); Uniaguas, que opera los servicios en otras cinco localidades (Cereté, Ciénaga de Oro, Sahagún y San Carlos); y Opsa, que atendía las necesidades del municipio de Planeta Rica. De esta manera, Aqualia prestará servicio a más de 360.000 habitantes de este departamento. El valor de cartera del proyecto es de $324 millones de euros.

Se trata entonces de concesiones de servicios públicos que en su momento, la mayoría duraron más de 12 años, prometían ser la redención para la prestación del servicio de agua potable y alcantarillado, que a la postre resultaron siendo un barril sin fondo, donde los recursos fluían pero no el agua.

En el caso de Aguas del Sinú, una empresa con capital privado y estatal, empezó a operar en el 2008, con el gestor Aguas de Córdoba como su contraparte estatal, la misma que se encargó de hacer el plan departamental de aguas y que fraccionó el departamento de Córdoba en varias subregiones supuestamente para manejar de mejor manera las plantas de tratamiento y el suministro del líquido.

A los dos años Aguas del Sinú ya presentaba deficiencias en su gestión financiera y de operaciones.

A Aguas de Sinú además le entregaron para su manejo el servicio de aseo, el cual terminó cediendo en el 2018 a la empresa Seacor luego de que en el 2018 la Superintendencia Nacional de Servicios Públicos le aplicara un pliego de cargos por el incumplimiento constante en la operación del servicio, y que generó para esa época una crisis ambiental y sanitaria en los municipios de Purísima de la Concepción, Santa Cruz de Lorica, Chima, San Andrés de Sotavento, San Antero, Momil y Tuchín.

Ya en septiembre del 2009, una auditoría con enfoque integral que llevó a cabo la Contraloría General de Córdoba, daba cuenta de los incumplimientos en que venía incurriendo el operador con las obligaciones consignadas en el contrato, como giro de recursos para pagos de pasivos, la no presentación del plan de inversiones y la demora en pagos con tiempos estipulados.

Aún así y los malos resultados operaciones, financieros y el aumento de las quejas de las comunidades atendidas, en 2013, la gobernación de Córdoba en cabeza de Alejandro Lyons suscribió un convenio interadministrativo con Aguas de Córdoba para la “Construcción y optimización del acueducto regional del Bajo Sinú, que integran los municipios de Lorica, Purísima, Momil, Chimá y Tuchin”, donde la Gobernación dispuso $17.753 millones de pesos y Aguas del Sinú un aporte de $1.500 millones para la interventoría.

Aguas de Córdoba abrió una licitación para tales efectos, la cual fue adjudicada en enero del 2014 al Consorcio Bajo Sinú, cuyo representante legal es Juan Carlos Ríos Urueta.

Los trabajos tenían un tiempo de duración de ocho meses. Sin embargo, los trabajos solo se culminaron en septiembre del 2015 y la fecha de recibo y de 4 acta de liquidación sólo se levantó en febrero del 2017, es decir dos años y varios meses después de suscribirse el contrato.

Mientras esto ocurría los pobladores de esta parte de Córdoba seguían padeciendo el mal servicio y pagando los recibos que llegaban a sus casas.

En el 2016 varias alcaldías cuestionaron a la empresa que seguía mostrando una deficiente gestión.

No obstante las grandes inversiones que se le hicieron al acueducto, el servicio nunca mejoró y por el contrario, este año la empresa, ante su evidente incapacidad para seguir prestando el servicio y ante el cúmulo de malos manejos tanto económicos como logísticos, terminó cediendo el contrasto, no sin antes cerrar una negociación que le representó ingresos antes de abandonar el barco.

Y unas vez más compañías extranjeras llegan a sacar provecho de lo que bien podría representar ingresos a las arcas municipales y departamentales, como as la operación de los acueductos locales y regionales.

También quedó en entredicho la labor que cumplen los organismos de control porque en 12 años de concesión no lograron recuperar la empresa o al menos conseguir un mejoramiento sustancial del servicio, todo lo contrario, miles de millones de pesos del Estado se fueron a un barril sin fondo, del que las únicos perdedores son las arcas del erario y los usuarios.

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