Días atrás, las autoridades españolas daban cuenta de la captura en la ciudad de Barcelona (España), del ex gobernador de Cundinamarca, Pablo Ardila Sierra.
Ardila está acusado por la justicia ibérica de varios delitos entre los que figuran, trata de personas, abuso sexual, blanqueo de capitales, delitos contra la hacienda pública, medio ambiente y seguridad vial.
Esta investigación fue desarrollada durante varios meses por la Unidad Central de redes de inmigración ilegal y falsedades documentales de la policía de España.
Al llegar a la casa en donde vivían Ardila y su esposa, en una exclusiva urbanización de Castelldefels, en inmediaciones de Barcelona, además de varios vehículos, todos ellos de alta gama, valorados en cerca de 300.000 euros (más de $1.300 millones), los funcionarios de la Policía de esa zona de España, encontraron once relojes de alta gama valorados en 700.000 euros (unos $3 mil millones), joyas preciosas, más de mil municiones y sustancias estupefacientes.
Pero lo que más les llamó la atención fueron 23 piezas de animales disecados, incluidos un león y un oso de grandes dimensiones, así como patas de elefante y rinoceronte en forma de sillas y taburetes.
Por eso, además de los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente y contrabando por los que serán investigados Ardila y su esposa, los lujos en su casa llevaron a las autoridades españolas a sospechar que podrían estar vinculados en delitos de blanqueo de capitales y contra la hacienda pública.
De acuerdo con la investigación Ardila y su esposa captaban presuntamente mujeres en Colombia mediante engaños y bajo la promesa de una vida mejor las llevaban a Barcelona, en donde eran explotadas laboralmente en el servicio doméstico, para lo cual les facilitaban toda la documentación necesaria.
También utilizaban empresas pantalla sin actividad real con las que compraban solares (terrenos edificables) que, posteriormente vendían a un precio mucho mayor. Estas adquisiciones se realizaban a través de empresas con domicilio social en paraísos fiscales como Panamá y a través de cuentas bancarias radicadas en Suiza, lo que indicaría actividades relacionadas con el blanqueo de dinero.
La esposa de Ardila está siendo investigada además como presunta autora de un delito de intrusismo profesional, porque presuntamente se hacía pasar como doctora especializada en cirugía estética para ejercer la profesión sin tener el título correspondiente en un hospital a donde acudía habitualmente. Por este delito, ya tenía varias denuncias previas.
Pero no es la primera ni única vez que el exgobernador de Cundinamarca enfrenta la justicia, la que había logrado evadir en Colombia.
De hecho su vida pública ha estado siempre en el ojo del huracán por su ya recurrente conducta punitiva.
Antes de emigrar a España, Ardila enfrentó diversos procesos por presuntos raponeos al erario cuando fue funcionario del Estado.
Con apenas 35 años en el 2004, Ardila logró arrebatarle el poder a los varones electorales de Cundinamarca encabezados por el entonces gobernador Álvaro Cruz Vargas, hoy preso por el carrusel de la contratación en Bogotá y su entonces candidato Fernando Ramírez considerado amo y señor de Soacha, Cundinamarca.
Pablo Ardila consiguió derrotar a pesos pesados de la época como Leonor Serrano de Camargo, Carlina Rodríguez, Miltón Rodríguez, Nancy Patricia Gutiérrez y Fernando Ramírez. Sin lugar a dudas lo ayudó no solo su juventud sino ser el propietario del medio de comunicación más popular de la época, El Espacio y un importante músculo financiero propio.
Ya en su cargo, este aventajado joven, terminó envuelto en múltiples procesos por enriquecimiento ilícito, celebración indebida de contratos y hasta paramilitarismo.
Uno de los expedientes stuvo relacionado con un convenio que pactó durante su mandato con la Universidad de Cartagena para diseñar y construir unos distritos de riego en Ubaque, Fómeque y Beltrán. En 2014 se pidió escucharlo en indagatoria por este caso, pero su respuesta, desde entonces, ha sido la misma cada vez que lo contactan: dice que quiere cooperar con la justicia, pero que, al vivir en el exterior, le resulta imposible.
También se le acusó por las licitaciones que abrió para sistematizar colegios de varios municipios y para prestar el servicio de seguridad dentro de los mismos. Y se le indagó si tuvo o no nexos con grupos paramilitares de Cundinamarca y de Bogotá.
La Fiscalía también le abrió investigación por el incremento de forma injustificada de su patrimonio mientras ocupaba la Gobernación. Y por posibles anomalías en la inversión de utilidades de la Empresa de Licores de Cundinamarca. Según la Superintendencia de Salud, en 2007 se debieron transferir más de $9.000 millones al sector salud que nunca llegaron. Por ese caso, la Fiscalía indaga si acaso Pablo Ardila incurrió en los delitos de peculado y prevaricato. Por último, enfrenta aún investigaciones por irregularidades en los convenios entre la Gobernación de Cundinamarca y Ricaurte y Cota para el mantenimiento de vías. En el proceso de Cota aparecieron empresas del Grupo Nule.
El ex mandatario además habría hecho negociaciones en las que participaron sus familiares, amigos y varios funcionarios de la Gobernación. Incluso siendo gobernador le registraron depósitos en efectivo en sus cuentas por valores superiores a tres mil millones de pesos y era titular de 14 productos financieros entre cuentas corrientes, de ahorro y tarjetas de crédito.
Tras ser detenido, en el 2018, areneros del municipio de Ricaurte en Cundinamarca, denunciaron a Ardila por estafa. Durante décadas 51 familias sacaban la arena en el río Magdalena, pero dejaron de hacerlo luego de que la empresa SAP agregados propiedad del ex gobernador, cuyas siglas significan Sierra Ardila Pablo, se adueñó de la explotación del río. Ellos perdieron cualquier derecho sobre la arena y nunca fueron indemnizados por Ardila.
Entre el 2007 y 2010, Ardila estuvo detenido, pero luego tras conseguir su libertad, y pese a todas estas investigaciones, el Tribunal de Cundinamarca les ordenó a la Fiscalía y la Rama Judicial pagar casi $250 millones por indemnización.
El ex funcionario quería que el Estado le reconociera una indemnización de $3.961 millones por haber estado privado de la libertad desde el 27 de diciembre de 2007 hasta el 10 de septiembre de 2010. Y aunque no recibió la cantidad de dinero que demandó para él, su padre y su esposa, el Tribunal sí le dio la razón: la Fiscalía, al solicitar su detención, le causó un daño que debe ser reparado.
Un fallo de la Sección Tercera de ese tribunal, expedido el 20 de enero del 2016 señaló que la indemnización por “perjuicios materiales”.
El flamante exgobernador emigró a España en el 2012 con su familia, y ahora vuelve a estar en la picota pública, pero en el país europeo tal vez las cosas le resulten, a otro precio.
