La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra el exgobernador de Arauca, José Facundo Castillo Cisneros, por posibles irregularidades en un contrato de más de $ 4 mil millones para la entrega de 33.437 ayudas alimentarias para la atención de la población afectada durante la emergencia sanitaria de Covid-19.
El pliego también cobija a los secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana, Luis Medardo Tovar Altuna, y de Desarrollo Social, Carolina Muriel Zea, respectivamente.
El ente de control señaló que en los documentos precontractuales, que sirvieron como base para establecer el presupuesto, no se habrían utilizado las cotizaciones más económicas ni se habría realizado el análisis del costo de transporte y logística, ya que el valor establecido por kit se realizó de forma global, sin atender las verdaderas necesidades y costos de estos.
Además, advirtió el Ministerio Público que solo en la ejecución final y liquidación del contrato, la cual se efectuó una vez la Contraloría emitió informe sobre el sobrecosto encontrado (que según este organismo supera los $ 620 millones), se ajustaron los valores finales a cancelar.
La entidad también formuló cargos a los entonces secretarios de Gobierno y Seguridad Ciudadana y de Desarrollo Social quienes durante la etapa precontractual habrían suscrito uno de los documentos que sirvieron como fundamento para establecer el cuestionado presupuesto del contrato.
Las conductas fueron calificadas provisionalmente como gravísimas a título de culpa gravísima. Valga recordar que ya Castillo Cisneros había sido destituido e inhabilitado por 9 años para ejercer cargos públicos por parte de la misma Procuraduría por irregularidades cometidas cuando también era gobernador del Arauca entre 2012 y 2015.
El Ministerio público lo halló culpable de irregularidades en la celebración de un convenio con la Caja de Compensación Familiar de ese departamento (Comfiar) para la construcción de 240 viviendas de interés prioritario en esa zona del país.
Concretamente, la entidad también halló anomalías en la ejecución de un proyecto de urbanización, para el que no se realizaron los estudios previos sobre la red sanitaria e hidráulica, afectando la disponibilidad de estos servicios públicos dentro del lote usado para esa construcción.
Sin embargo Castillo volvió a presentarse a las lecciones del 2019.
Adicionalmente la Fiscalía General de la Nación, le abrió proceso en el 2021 por haber recibido apoyo en su campaña política para aspirar a la Gobernación de Arauca, entregando parte de la contratación del departamento a integrantes del Frente Domingo Laín Sáenz del ELN.
Según las investigaciones, esto ocurrió entre 2012 y 2021, cuando Castillo Cisneros adjudicó contratos al grupo guerrillero a cambio de recibir apoyo político en varios municipios.
Le imputaron los delitos de financiación del terrorismo y de grupos de delincuencia organizada y administración de recursos relacionados con actividades terroristas y de la delincuencia organizada; contrato sin cumplimiento de requisitos legales; peculado por apropiación en favor de terceros agravado; y concierto para delinquir agravado.
Castillo Cisneros fue capturado el 20 de octubre de 2021 y el 8 de noviembre del mismo año se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. Pero el pasado agosto de este año, logró su libertad por vencimiento de términos, es decir, que finalmente nunca fue llamado a juicio.
Esto, a pesar de que el exmandatario tiene otro proceso pendiente en su contra, luego de que el pasado 3 de agosto de 2023 la Fiscalía lo acusara de favorecer a una sola empresa con un contrato por $4.463 millones, para la logística, el suministro y la entrega de kits de ayuda alimentaria a la población afectada por la emergencia sanitaria del Covid-19, es decir el mismo contrato por el que hoy lo sanciona la Procuraduría.
