Arauca es uno de los departamentos colombianos que mayores recursos por regalías ha recibido a lo largo de su historia por ser zona de explotación petrolera. 

Sin embargo, así como ha recibido, así ha malgastado e invertido recursos que han ido a parar a los bolsillos de corruptos que por décadas en contubernio con grupos guerrilleros y paramilitares saquearon de manera inmisericorde las arcas municipales y departamentales. 

Varios de estos proyectos y obras, a través de los cuales esquilmaron las finanzas públicas, ni siquiera solucionaban problemas vitales y reales para la población araucana en temas de salud, saneamiento básico o educación. 

Uno de esos es el famoso velódromo de Arauca, un escenario que no terminó de construirse y que contaba con diseños de la Federación Colombiana de Ciclismo. Tenía una pista de 250 metros, especificaciones técnicas requeridas por la Unión Ciclística Internacional y un aforo para más de 4.000 espectadores. 

Desde hace más de 20 años se encuentra abandonado y terminó siendo utilizado solo para fiestas patronales. 

Del velódromo que fue bautizado Miguel Ángel Bermúdez, el contrato de obra (1989) no reposa en los archivos de la Alcaldía de Arauca; sin embargo, se estima que la inversión fue de $ 1.500 millones de la época. El contrato de interventoría fue firmado inicialmente por $ 25 millones. Actualmente, no se utiliza para nada, está completamente abandonado y gravemente deteriorado. A su lado está el patinódromo Los Alcaravanes o lo que se suponía que era. Las dos obras forman parte de la villa olímpica, cuya construcción se inició en el año 1989 con recursos de regalías.  

Otra de las obras que por aquella época se proyectó fue la piscina de olas que demoró más de seis años para ser entregada. Fue inaugurada finalmente en 1996 y tuvo una inversión de $1.400 millones de pesos, que casi dobló los 900 millones de pesos que inicialmente costaría. 

El proyecto fue investigado por la Contraloría General de la República, la Procuraduría y la Fiscalía Militar. 

Estas obras tienen un común denominador: su ejecutor

Se trata del exalcalde de Arauca Julio Acosta Bernal, quien hoy permanece detenido por otros delitos de corrupción. 

Julio Acosta Bernal

Hoy día Acosta purga todavía una condena de seis años y medio de prisión por contratación irregular y peculado por apropiación, en hechos que ocurrieron mientras se desempeñaba como máxima autoridad del departamento. Esta vez, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de justicia confirmó la decisión del juez de ejecución de penas que lleva el caso de no concederle la libertad a Acosta, pese a que este ya cumplió las tres quintas partes de su condena. 

Los hechos de este caso se remontan al año 2006 cuando el exfuncionario firmó un contrato con el consorcio ECO-PARK, para la construcción de la primera etapa del parque histórico y ecoturístico “Los Libertadores”, en el municipio de Tame, por más de $3.800 millones.

Aunque el proyecto resultaba pintoresco para la comunidad, la investigación reveló que el contrato fue celebrado sin que existieran planos arquitectónicos, constructivos, estructurales, ni de manejo ambiental. Además, durante su ejecución se modificó el objeto del contrato y hubo incumplimientos por parte del contratista sin que el gobernador tomara medida alguna para controlar la situación. 

Su “trayectoria” 

Julio Acosta Bernal inició su trayectoria política al amparo del liberal  Alfonso Latorre Gómez, gran elector de los Llanos, fue elegido primer alcalde de Arauca por voto popular (1988-1990), diputado a la Asamblea (1992), representante a la Cámara (1994), candidato al Senado (1998) y a la Gobernación (1991, 2003), se mantuvo en la actualidad política del departamento por más de veinte años y fue jefe de una corriente, “Nueva Generación Liberal” que se apartó, por momentos, del oficialismo liberal.  

Durante su mandato como alcalde fue acusado de promover el despilfarro de los recursos públicos y ser uno de los precursores de la corrupción administrativa en el departamento; enemigo de la guerrilla, aseguraba haber sido víctima de ocho atentados, desde 1990. Se le adjudica ser responsable del auge de Cambio Radical entre 2002 y 2007.  

Según fuentes investigativas fue cercano a los paramilitares Mejía Múnera, del Bloque Vencedores de Arauca, de quienes se dice compraron para Acosta la franquicia de Cambio Radical y apoyaron su elección a la Gobernación de Arauca, en 2002.  

Ese mismo año, Acosta Bernal impulsó el triunfo de Alfredo Iván Guzmán a la alcaldía de Tame y de Juan Pablo Estrada y Julio César Barrera a la Asamblea. Para 2006, Acosta contribuyó, desde Arauca, a la elección de Germán Vargas al Senado y de Néstor Homero Cotrina a la Cámara de Representantes.  

Las supuestas alianzas de Julio Acosta con el Bloque Vencedores consistieron en un intercambio de favores: los hermanos Mejía Múnera, financiaban la campaña de Acosta; a cambio, éste entregaría recursos públicos e información privilegiada al Bloque Vencedores, además de establecer una red de comunicación con otros líderes políticos de Arauca.  

En 2008 la Procuraduría le levantó cargos junto con otras 13 personas, entre ellos varios diputados, el ex secretario de Hacienda y el presidente de la Comisión de Presupuesto. Se le acusaba de exceder sus funciones al tramitar ordenanzas para crear una tasa especial del 4,5 por ciento sobre cada contrato departamental, supuestamente para gastos administrativos. En respuesta a una acción popular, en 2007 el Consejo de Estado derogó las ordenanzas y la tasa. 

En el 2012 Acosta fue suspendido por  irregularidades en la firma de convenios con una ONG y en 2013 fue condenado a 28 años de prisión por homicidio y concierto para delinquir con los paramilitares.

Además de la muerte del registrador de Arauca, Juan Alejandro Plazas Lamónaco, en el 2003, Acosta fue acusado de los homicidios de dos periodistas de “meridiano 70”, una emisora local que denunciaba actos de corrupción. Según la Fiscalía, algunos testigos fueron intimidados y otros fueron asesinados por las autodefensas.  

Acosta se acogió a sentencia anticipada por el delito de concierto para delinquir con los paramilitares, pero esta decisión fue anulada en el 2016 por un error de forma (la competencia debió estar en cabeza del fiscal general de la Nación) y el acusado quedó en libertad provisional. El proceso fue reiniciado pero Acosta no quedó en libertad porque tenía  otra medida de detención preventiva dentro del juicio por los delitos de  peculado por apropiación y contrato sin cumplimiento de requisitos legales.  

Y para completar su largo prontuario, siendo cónsul de Colombia en Singapur en el año 2001, Acosta Bernal, fue acusado en ese país de causar un accidente y dejar herida a una persona cuando conducía en estado de embriaguez. 

Finalmente el ex gobernador ha pedido ser admitido en la Justicia Especial para la PAZ (JEP), pero hasta febrero de este año aún no había sido admitido, pues no habría aún aportado las pruebas para conseguirlo. 

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