En el 2013 se firmó el convenio interadministrativo #758, entre la Alcaldía de Neiva, la Gobernación del Huila y Juan Carlos Peña Quintero, subdirector de Coldeportes de la época.
El convenio permitió la cofinanciación de la remodelación por $21.200 millones de pesos del estadio de fútbol municipal Guillermo Plazas Alcid; pero pasados siete años de la firma del contrato, el estadio sigue en remodelación, los recursos se agotaron y lo que hay es una mano de procesos judiciales en que las partes involucradas se acusan mutuamente de incumplimientos y abusos de poder.
Recientemente el contralor general, Carlos Felipe Córdoba, después de realizar una inspección, anunció que los responsables de este descalabro, el consorcio constructor y funcionarios de entonces, fueron responsabilizados fiscalmente por $ 15.000 millones: o pagan o van por ellos.
Por un lado el ahora Ministerio del Deportes (antes Coldeportes) busca por sus propios medios recuperar los dineros que invirtió en la fallida remodelación del escenario, argumentando el incumplimiento del convenio de cooperación que permitió la cofinanciación de las obras.
Y en contravía, la administración municipal demandó la liquidación del convenio interadministrativo No. 758 de 2013 suscrito con Coldeportes para evitar el reintegro de los dineros.
El Municipio también demandó a los contratistas encargados de la obra para que le cancelen los daños y perjuicios, derivados del incumplimiento que generó la caducidad del contrato de obra pública 1758 de 2014, hace tres años. La demanda acaba de ser admitida.
La demanda fue radicada el 14 de enero de 2020, dos semanas después de haber asumido el cargo el alcalde Gorki Muñoz. En marzo fue subsanada. El abogado José William Sánchez asumió el poder para actuar en representación de la Alcaldía de Neiva.
La caducidad fue declarada el 4 de octubre de 2018 mediante la Resolución 399 en la fase final del proceso sancionatorio, iniciado en octubre del 2016, dos meses después de que se presentara el desplome de la estructura que se estaba construyendo y que dejó cuatro muertos y diez heridos.
La administración concluyó que el consorcio “incumplió de manera grave sus obligaciones legales y contractuales esenciales pactadas en el contrato de obra pública”.
Paralelamente, declaró el siniestro de incumplimiento e hizo efectiva la cláusula penal cubierta por la garantía única de cumplimiento de la compañía aseguradora de fianzas Confianza.
En el mismo proceso dio por terminado el vínculo contractual con el consorcio Estadio 2014; ordenó la liquidación en el estado en que se encontraba y dispuso el pago solidario de los perjuicios materiales ocasionados por los incumplimientos que originó la parálisis del proyecto.
La decisión fue confirmada mediante Resolución 461 del 8 de noviembre del mismo año.
La sanción fue decretada por el jefe de contratación Ad hoc, German Gonzalo Barón.
La caducidad del contrato de obra fue decretada el 4 de octubre de 2018 en audiencia pública.
Según el expediente, base de la caducidad, las obras civiles proyectadas necesariamente partían del reforzamiento de la edificación, sin embargo, lo que se encontró fue que los contratistas omitieron, sin razones, las obras de reforzamiento estructural, esencia del contrato. Y en consecuencia, no se realizaron por parte del Consorcio Estadio 2014 las actividades necesarias para garantizar que la estructura cumpliera con los mandatos de la norma NSR-10.
“Los recursos asignados originalmente para el reforzamiento de la estructura fueron redistribuidos en otras actividades que no garantizaban el comportamiento estructural adecuado de la gradería existente”, reseñó el documento.
A su vez, el consorcio encargado de la interventoría demandó la nulidad de los actos administrativos de la caducidad por falsa motivación al considerar que no es cierto que se haya incumplido el contrato de interventoría No. 1760 de 2014 y por violación del debido proceso. La demanda fue admitida el 20 de noviembre del año pasado.
Según el interventor “la administración municipal incumplió dicho contrato y que el consorcio por el contrario lo cumplió y se ordene la liquidación de mismo, condenándose al ente territorial al pago de los saldos a favor del contratista, a la devolución de lo cancelado por concepto de perjuicios en virtud de los actos administrativos señalados y al reconocimiento de costas y agencias en derecho”.
Pero, a esta demanda del interventor se salió al paso la Contraloría General de la República, que indicó que “El consorcio interventor no sólo incumplió su deber de advertir, prevenir y exigir al contratista que corrigiera dicha situación, sino que certificó que el constructor seguía las normas de seguridad industrial, a pesar de ser esto contrario a la realidad”.
Y añadió que la interventoría no habría tomado todas las medidas técnicas y conforme a las mejores prácticas, en la aprobación, revisión y control del proceso constructivo por parte del contratista, necesarias para prevenir el siniestro del 19 de agosto donde perdieron la vida cuatro trabajadores.
Tampoco se garantizaron durante el proceso las normas de seguridad industrial mínimas necesarias para proteger la integridad de los trabajadores.
La firma, según el organismo fiscalizador, no advirtió ninguna de estas situaciones, ni desplegó acciones tendientes a prevenir y corregir la conducta negligente del constructor.
“Es claro que el interventor consintió los graves defectos en el proceso constructivo, pues certificó que el proceso constructivo venía siendo adelantado de forma idónea, no obstante, el abundante material probatorio analizado demuestra lo contrario”.
Con todo y esto, Neiva sigue sin un escenario deportivo, cuatro familias quedaron sin sus seres queridos, millonarios recursos están embolatados, los estrados judiciales atendiendo a las partes en conflicto y de remate, ahora se necesitan $23.000 millones más para reconstruir el estadio.
