En primera instancia, la Corte Suprema de Justicia falló en contra de Luis Alberto Monsalvo Gnecco, gobernador del Cesar al encontrarlo culpable de orquestar actos de corrupción en las elecciones del año 2011 en algunas invasiones de Valledupar.
A continuación mostraremos que también su fórmula a la alcaldía para esa época, Augusto Daniel Ramírez Uhía, y quien cuatro años más tarde ocupó ese primer cargo de la ciudad de Valledupar, también realizó compromisos violando la Ley para obtener votos y constreñir al sufragante.
Monsalvo fue declarado culpable por el delito de corrupción al sufragante en una audiencia de sentido de fallo virtual.
Para la Corte Suprema de Justicia, no hay duda alguna de que Monsalvo Gnecco llegó a convertirse gobernador del Cesar en 2011 con una jugada ilegal y corrupta y, en unas semanas, se sabrá el número de meses que deberá permanecer en la cárcel por estos hechos.
Así mismo, en esa campaña política, Ramírez Uhía, como candidato a la Alcaldía de Valledupar, incurrió en la comisión del delito tipificado como corrupción de sufragante al suscribir compromisos, con potenciales electores, de no desalojar a cientos de familias residentes en asentamientos irregulares, localizados en el municipio de Valledupar, a cambio de que sufragaran por su nombre en la elección que se efectuaría el 30 de octubre de 2011.
De igual manera, el candidato Ramírez Uhía hizo otros compromisos para no desalojar a ocupantes de predios ajenos a cambio de obtener, a manera de contraprestación anticipada, el favor electoral de “invasores de tierras”; así mismo, se comprometió a construir, cuando se estuviera desempeñando como mandatario municipal, soluciones de vivienda para aquellas familias y desarrollar programas de legalización y titulación y de mejoramiento de viviendas. Esos ilegales compromisos quedaron plasmados en dos documentos, suscritos en septiembre de 2011 y autenticados ante notario público.
En el proceso del gobernador Monsalvo, el alto tribunal consideró que la Fiscalía Tercera delegada ante la Corte logró demostrar que el hoy mandatario desarrolló actividades proselitistas, igual que su fórmula a la alcaldía, en las invasiones de la ciudad para lo cual se presentaron unos 13 elementos materiales probatorios entre los que se encuentran evidencias físicas y los testimonios de Mauricio Pimienta, Martha Figueroa y Orlando Granados, el exalcalde Freddy Socarrás, entre otros.
No es casualidad que entre los compromisos que adquirió Ramírez Uhía, el primero de fue rubricado con los invasores de la finca Sabana 1, propiedad del mayor (r) Alberto Pimienta, donde se formaron los asentamientos ilegales “Altos de Pimienta”, “Bello Horizonte II” y “Guasimales”, ubicados al noroccidente de Valledupar.
En ese documento, Ramírez Uhía también se comprometió, con las familias invasoras, a incluirlas en su programa de gobierno para beneficiarlas con la construcción de más de dos mil (2.000) viviendas dignas a cambio de que votaran por El. El otro compromiso fue rubricado con los invasores del predio conocido como “Tierra Prometida”, cuyo propietario es el constructor Oscar Guerra Bonilla, en la zona sur de Valledupar.
Los incumplimientos
“Todos en la ciudad sabían que Monsalvo tenía que cumplir con los invasores los compromisos de la campaña”, dijo uno de los testigos en el proceso contra Monsalvo.
Según la investigación, el gobernador firmó, igual que Ramírez Uhía, unos pactos con los invasores para ganar votos y salir victorioso en la campaña política de 2011.
En total fueron tres los documentos que realizó cuando era candidato: uno con los invasores de Tierra Prometida, uno con la invasión Emmanuel y finalmente otro con la población de Guasimales.
Ambos candidatos hicieron promesas ilegales a una comunidad de familias desplazadas: les aseguraron su permanencia en un barrio de invasión ilegal a cambio de sus votos.
Uno de los más claros fue el documento que firmaron durante la campaña con líderes comunales de Valledupar en el que les prometieron que los iban a mantener “quieta y pasivamente” en un terreno conocido como Tierra Prometida. A cambio de mantenerlos “quietos”, sus habitantes, que eran por lo menos 800 habilitados para votar, tenían que marcar en el tarjetón el nombre de Monsalvo Gnecco para gobernador y Augusto Daniel Ramírez Uhía para alcalde.
El gobernador ganó las elecciones y en 2012 arrancó su mandato. Augusto Daniel Ramírez Uhía perdió y por lo tanto su compromisos se diluyeron y se fueron con las corrientes del río Hurtado.
Con la victoria de Luis Alberto Monsalvo Gnecco vinieron los enredos. Durante los primeros meses de trabajo, Monsalvo Gnecco recibió un fallo de tutela de la Corte Constitucional en el que ordenaba el desalojo de las comunidades con las que había firmado la promesa. La razón: que todos los habitantes, víctimas de la violencia, se habían asentado en un barrio de invasión sin la autorización de su verdadero dueño, Alberto Pimienta Cotes.
El alto tribunal le ordenó a la gobernación la ubicación inmediata de todas las familias en lugares de vivienda digna. Pero ellos, con la firma del gobernador Monsalvo Gnecco entre sus papeles, exigieron que se les cumpliera la promesa.
Marcharon hasta la gobernación para pedirle que cumpliera su palabra y así se supo la historia. La Fiscalía le puso la lupa a lo ocurrido y decidió comenzar el proceso penal que hoy tuvo su primera decisión clave en la Corte Suprema. Para el alto tribunal, Monsalve Gnecco, al firmar la promesa, “canjeó su apoyo electoral de personas necesitas e interesadas en permanecer en ese lugar, a cambio de que sufragaran en su favor”.
“Al ser el aspirante con mayor opción, (Monsalvo Gnecco) acudió a ciudadanos desprotegidos, víctimas del entonces conflicto armado, en una condición manifiesta de marginalidad, con la intención dolosa de alcanzar el falso favor de los electores merced a la prebenda corruptora manifestada en la promesa de dádiva analizada (…) es incuestionable la responsabilidad penal de Luis Alberto Monsalvo Gnecco como autor del delito de corrupción al sufragante”, señala el fallo.
La Corte hizo esta advertencia pues el gobernador asistió a todas las audiencias dentro del proceso y siempre expresó y demostró su ánimo de colaborar en todas las etapas del juicio. Por ahora, añadió el alto tribunal, no es necesario ordenar su captura y, en consecuencia, Monsalvo Gnecco permanecerá en libertad, por lo menos hasta que se conozca la sentencia en su contra. Con esta decisión, el funcionario tendrá que dejar su cargo como gobernador y el Gobierno deberá convocar a unas elecciones atípicas para encontrar su reemplazo, una convocatoria electoral problemática en plena pandemia por el Covid-19.
El ex alcalde Tuto Uhía
El 12 de junio de 2019, la Fiscalía General de la Nación acusó formalmente al Alcalde de Valledupar, Augusto Daniel Ramírez Uhía, como presunto responsable del delito tipificado como corrupción de sufragante, dentro del proceso penal aperturado con ocasión de los ilegales compromisos políticos suscritos en septiembre de 2011, en los que se comprometió, en el evento en que fuere elegido como alcalde municipal de Valledupar, a no desalojar a más de 800 familias invasoras de predios localizados en el municipio y a mantenerlas en esos sitios, mediante la implementación de programas de viviendas dignas, con la condición de que sufragaran por él, como candidato a la alcaldía de la capital cesarense, en los comicios del 30 de octubre de 2011.
La Fiscalía Doce Seccional de Valledupar concluyó que “dichos compromisos fueron firmados en dos oportunidades, la primera el 11 de septiembre de 2011, frente a los moradores de Altos de Pimienta, Bello Horizonte y Los Guasimales, y la segundo, el 29 de ese mismo mes frente a los moradores de la invasión Tierra Prometida, donde Augusto Ramírez suscribió, con su cédula, en calidad de candidato y la junta directiva provisional de los barrios mencionados.”
El Fiscal Doce Seccional de Valledupar solicitó, ante el Centro de Servicios Judiciales de Valledupar, la realización de una Audiencia de Imputación de cargos al mandatario Ramírez Uhía, la cual se efectuó el 7 de marzo de 2019 ante el Juez Segundo Penal Municipal de Valledupar, con funciones de control de garantías, imputándole, a título de AUTOR, la comisión del delito tipificado como CORRUPCIÓN DE SUFRAGANTE.
