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Hacia un nuevo pacto social cesarense

“Un imperio que no puede aguantar un golpe y seguir de pie no es realmente un imperio”.  Yuval Noah Harari, De animales a dioses.

En primer lugar, cabe decir que nadie sabe con certeza qué pueda pasar en el escenario político del Cesar. Hay muchas fuerzas en juego en el ajedrez del poder y sus interacciones son tan complejas que pueden darse distintos resultados, dependiendo de cómo los múltiples jugadores muevan sus fichas. La historia no es unívoca, no avanza en una sola dirección. Mucho menos es determinista. Por lo general es caótica y llena de giros inesperados.

El siguiente texto es un intento por entender cómo el grupo político dominante (Cielo Gnecco & Cía.) ha perdido terreno, así como los posibles escenarios que pueden surgir en adelante. También es un mero borrador para construir un pacto social en El Cesar mucho más incluyente y progresista, que no repita los errores del pasado.

1. El ascenso al poder

Es obvio que en el Cesar, antes de los Gnecco, han existido otros grupos políticos –de origen familiar– que han detentado el poder político en el departamento (incluso antes de su creación). La lista es larga: Castro, Quintero, Murgas, Villazón, Cuello, Araújo, Martínez, Namen, entre otros. Con la excepción de los Castro en la era Pedro Castro Monsalvo, tal vez, ninguno de estos grupos ejerció el poder en forma exclusiva. Por lo general, había coexistencia de poderes, en forma similar a lo que los franceses denominan ‘cohabitación’.

A guisa de ejemplo, un grupo político (verbigratia, el más fuerte del momento) ganaba el Senado, otro grupo ganaba una Cámara (vg. los liberales), otro ganaba la otra (vg. los conservadores), y dependiendo de la filiación del presidente en ejercicio, se designaba a un gobernador propuesto por la dirigencia local, que, la mayoría de las veces, respetaba la importancia de cada grupo político en la asignación de los institutos descentralizados del orden nacional (léase ICBF, SENA, INVIAS, antiguo INCORA, etc.). En otras palabras, cada grupo tenía asegurado un pedazo de la torta.

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Sin embargo, la elección popular de gobernadores cambió la ecuación política en el país y, por supuesto, en el departamento. El lema vigente desde entonces en El Cesar es “quien gana la gobernación, gana todo” (o la mayor parte: el pedazo más grande y jugoso de la torta). En efecto, por la falta de un sector privado industrializado y desarrollado, la gobernación pesa demasiado en el contexto local. Es uno de los mayores empleadores del departamento y uno de las mayores demandantes de bienes y servicios, y con las cuantiosas regalías que recibe por la explotación del carbón tiene la capacidad de someter a los alcaldes de los 24 municipios, con la excepción del alcalde capital que –sin regalías– tiene un mayor margen de acción.

La elección popular, primero, de gobernadores, y luego, de alcaldes disparó el costo del ejercicio de la política, abriendo con ello la puerta a una peligrosa danza de capitales non sancto que entraron a financiar la política. Allí los Gnecco encontraron el terreno abonado para reinar. Por eso no es coincidencia que de nueve elecciones a gobernación han ganado seis: Lucas Gnecco (2 veces), Rafael Bolaños, Luis Alberto Monsalvo (2 veces) y Franco Ovalle.

Parte del secreto del éxito de dicho grupo ha sido que, a diferencia de los otros grupos políticos que funcionan más con bases en alianzas (frágiles y coyunturales, las más de las veces) con otros grupos minoritarios, los Gnecco han funcionado como un verdadero clan, entendiendo por tal la segunda acepción del RAE: “Grupo, predominantemente familiar, unido por fuertes vínculos y con tendencia exclusivista”. Al interior del grupo siempre ha existido un líder visible que ejerce el poder en forma omnímoda e incuestionable, y quien tiene la última capacidad decisoria. Primero dicho poder recayó en don Jorge Gnecco, y ahora recae en doña Cielo. En segundo lugar, desde su ascenso al poder, los Gnecco han establecido una relación jerárquica con sus aliados. Formalmente son aliados, pero en el fondo éstos son tratados como súbditos. ¡Ay, de aquel que se atreva a desafiar la orden del jefe del clan!

Finalmente, en una versión ítalo-guajira del pensamiento del jurista británico John Austin que decía que “el derecho no es más que órdenes respaldadas por amenazas”, los Gnecco han tenido ciertamente la capacidad real de infundir temor a sus aliados y gobernados de que habrá graves consecuencias para aquellos que desafíen su hegemonía o se atrevan a denunciar sus entuertos. Con eso han garantizado una especie de omertá criolla que ha dejado en el silencio gran parte de su historial.

2. Los errores del clan

Ahora bien, esos mismos elementos (unidad monolítica del clan, jerarquización de sus relaciones con sus aliados y la amenaza de represalias) que en su momento fueron claves para alcanzar el poder y detentarlo por casi nueve años consecutivos (4 de Monsalvo I, 4 de Ovalle), hoy le están pasando factura.

Adicionalmente, hay un cuarto elemento que terminó por rebosar la copa: su ambición desmedida por controlar todo, particularmente, en materia económica.

En la política siempre ha habido mercaderes que ven dicha actividad como un negocio más: “si invierto tanto en una campaña, debo obtener el capital invertido más las utilidades”. El punto es que los Gnecco han tenido una visión empresarial del Estado según la cual cada actividad estatal debe producirles utilidad, bien sea las obras públicas, la implementación de las fotomultas, ora el programa de alimentación, o la atención del adulto mayor. Bajo su reinado no hay sector público (Salud, Educación, Infraestructura, Ambiental, Agricultura, etc.) ni actividad del estado que se salve de su explotación económica. Si el aire que respiramos los cesarenses se pudiera cobrar, ya doña Cielo o Popo Barros (el primer primo del departamento) habrían montado una alcabala aerífera.

Dirán que exagero, pero miremos el panorama: la primera gobernación de Luis Alberto fue de aprendizaje. En esa primera gobernación cobraron coimas exorbitantes a contratistas de obras civiles (20% y 30%) que impactaban la ecuación financiera de los contratos y dejaban desfinanciada las obras. Eso explica porqué el estadio de fútbol es hoy un elefante blanco, pese a dos adiciones y un costo que supera los $60.000 millones. Lo mismo puede decirse del CDT pesquero y del CDT ganadero. Explica también porque varias obras tuvieron serios tropiezos para su culminación como el hospital de Aguachica, la vía a Pueblo Bello y la universidad nacional. Si a una obra le quitan el 30% del capital de trabajo, es muy difícil que sea culminada con la calidad requerida.

El aprendizaje en los primeros años de Monsalvo I les permitió perfeccionar el esquema y de cobrar coimas a contratistas, ellos mismos se volvieron contratistas a través de un tinglado de empresas que prestan su experiencia pero que están bajo su directo control. Este esquema vivió su apogeo durante el mandato de Ovalle. El PAE lo dividieron en dos zonas, no para un mejor servicio, sino para poder repartirlo mejor. El programa de adulto mayor lo controla directamente doña Cielo a través de una serie de fundaciones que maneja muy bien Karen Becerra Blanco, esposa del defenestrado director de Corpocesar John Valle Cuello. En el PAE aún tiene sus tentáculos Katya Rosado (antes contratista que pagaba coima y ahora socia de Cielo). El SIVA es una secretaría de obras paralela a través de la cual se han adjudicado grandes y cuestionables contratos de malla vial, canales de desagüe y de redes húmedas, pero ninguno para la misión de poner a rodar el cacareado sistema estratégico de transporte público de Valledupar. ¿Alguien ha visto pasar por nuestras calles los buses del SIVA? Por favor, tómenle una foto y me la envían.

Y así sucesivamente.

Sus ramificaciones se extienden al sector Privado que contrata con el Estado: los contratistas de obras civiles son presionados para adquirir el material de relleno en las canteras de la familia.

En la pasada campaña importaron una moderna máquina de plotter de Italia para imprimir localmente la publicidad política propia y la de los alcaldes aliados, con lo que redujeron sustancialmente los costos de la campaña. ¿Qué hacer luego con esa máquina? No hay problema. Prestarle servicios publicitarios a la gobernación, con lo cual Fabio Torres y similares empresa publicitarias tiemblan ante la posibilidad de que los excluyan del negocio.

Hasta en la radio han incursionado adquiriendo dos emisoras que se suman a la preexistente Maravilla Stereo (la frecuencia 1380 AM en Valledupar y la frecuencia 101.7 en Codazzi) con lo cual buscan emular a los Char de Barranquilla y su éxitosa fórmula radial Olímpica. Sus emisoras son favorecidas con los más jugosos contratos publicitarios. Quien tenga dudas, que revise los contratos que ha recibido Maravilla Stereo en estos últimos ocho años, tanto de la gobernación como del SIVA y otros institutos descentralizados. No obstante, se han tropezado con que en la radio no basta con tener emisoras, hay que crear audiencias, proceso que toma décadas y tener un equipo profesional detrás.

Siguiendo a los Char también se les dio por interesarse en el fútbol y desde la primera administración han sometido al equipo local, Valledupar Fútbol Club, a una constante presión consistente en negarle apoyo económico con la intención de ahogarlo financieramente para  luego comprarlo a precio de huevo.

Alcaldías y hospitales

Este esquema de pulpo de mil tentáculos no sólo se extiende en los negocios que provee la gobernación del Cesar directamente. Es replicado con mucho menos visibilidad, pero con mayor eficiencia, en las alcaldías locales y en la red de hospitales.

Chiriguaná es el antiejemplo. El hospital regional San Andrés de Chiriguaná era controlado por Viviana Monsalvo, hermana del gobernador. La voracidad en la contratación unida a una mala administración lo llevó al borde de la quiebra. Por fortuna, una intervención forzosa de la SuperSalud evitó el colapso y hoy se encuentra en vía de recuperación.

También en Chiriguaná, Popo Barros controla la principal empresa de concreto del municipio de carácter privado, pero que provee material de construcción a los contratistas locales de obras públicas. Y tiene intereses en varios contratos de obra (alcantarillado de la Aurora y uno del casco urbano, por $8.000 millones cada uno) cuyos contratistas le compran el material que produce su empresa. ¡Negocio redondísimo!

Con el mismo criterio mercantilista han manejado el hospital de Aguachica José David Padilla Villafañe y el Rosario Pumarejo de López, puestos ambos al servicio del zar de la salud Jaime Arce. En el primero le otorgaron una concesión disfrazada por 20 años para operar la unidad de cuidados intensivos. En el segundo le nombraron a una persona de su confianza como gerente Jackeline Henríquez Hernández, que mantiene la misma línea establecida por el gerente anterior Armando Almeira de privilegiar el pago a los proveedores que el pago al personal médico y auxiliar, al que le adeudan varios meses de sueldo. Mientras a los dueños de los contratos en el Rosario les va bien (pregúntele a los señores José Leal y Angélica Gutiérrez Guerra y su empresa ANASAC), a los empleados les va muy mal. Ni el último paro en medio de la pandemia ha logrado que le abonen un mes de sueldo.

3. Los errores propios de Luis Alberto

No puede causar sorpresa, entonces, que un sistema tan opresivo y tan asfixiante tanto en lo político como en lo económico genere rechazo, hastío y físico cansancio. A los pocos afortunados de estar en la exclusiva rosca gubernamental les ha ido muy bien. Sino pregúntenle a Bonny Rodríguez, Katrizza Morelli, Federico Martínez, Jorge Araújo, Jaime Luis Fuentes, César Cerchiaro, Luis Mendoza, William Romero y otros que forman parte del primer anillo del régimen. O a los contratistas consentidos.

Pero el resto del Cesar está pasando penurias. Así lo confirman estudios socioeconómicos serios como los realizados por el economista Fernando Herrera, director del Cesore, que dan cuenta de la llamada década perdida en El Cesar, en particular, recomiendo el estudio “Impactos socioeconómicos de las regalías del carbón en el Cesar 2012 – 2018”. En el mismo sentido también recomiendo el análisis de Gabriel Campillo “Cesar… década perdida”.

A los errores propios del clan como grupo político y su régimen opresor que dan lugar a la llamada ‘fatiga del metal’, se suman los errores propios de Luis Alberto, quien, como líder político, ha sufrido una curiosa metamorfosis. De ese muchacho tímido, con buena imagen, con fama de estudioso y planificador, y de buenas maneras que nos mostraron en la primera administración, encontramos hoy una versión distinta que desdibuja la primera versión aparentemente positiva.

En el primer periodo Luis Alberto era la cara amable de un régimen opresor, en este él es el símbolo de la tiranía. Cuando esperábamos encontrar a un hombre curtido por los años, con la experiencia de su primer gobierno y la sensatez necesaria para manejar la cosa pública, nos hemos tropezado con un mandatario arrogante, malgeniado, altivo y tosco con sus subalternos. ¿No han notado que a diferencia, del primer periodo, no han contratado en éste ni una sola encuesta con el Centro Nacional de Consultoría en las que antes no dejaba de figurar como uno de los gobernadores más populares de Colombia?

El primer gran error que cometió Luis Alberto fue haber aspirado a sabiendas de que tenía un proceso judicial pendiente nada más y nada menos que en la Corte Suprema. En septiembre de 2017 la Fiscalía formuló acusación en su contra. Luego, no era desconocido ni para él ni para su grupo que su proceso iría al alto tribunal, un tribunal que estaba en pleno proceso de depuración interna por los costos en imagen del escándalo del cartel de la toga. Enseña la hípica que no se debe ir a la competencia principal con un caballo cojo.

El segundo error fue haber maltratado a sus principales aliados, en particular a Ape Cuello y a los De La Peña, y posteriormente a Sergio Araújo. Cuello Baute había sido hasta antes de campaña un aliado leal y efectivo. Con sus buenas relaciones en el gobierno y en los altos círculos de poder capitalino, les había resuelto numerosos problemas y había gestionado valiosos recursos para invertir en el departamento. En vez de valorar a este aliado, le jugaron la judía en las elecciones: una parte del clan respaldaba formalmente a Ernesto Orozco (Cielo y Popo aparecían en las fotos), pero la orden bajo cuerda era apoyar al Mello. Todos conocen el desenlace.

El problema no radica en eso, al menos, no totalmente. Aunque de malas pulgas, Cuello aceptó la contienda electoral en esos términos. Después de las elecciones, Cuello esperaba que se le valorara su aporte a la elección de Luis Alberto. Ni Luis Alberto ni Cielo lo llamaron ni lo invitaron a conformar gabinete. Como tampoco llamaron a ningún grupo político que respaldó su elección. Como si los 270.000 votos que obtuvo Monsalvo Gnecco le pertenecieran a él en su totalidad y no fuera -como lo es- la sumatoria de distintas fuerzas políticas y una que otra ayudita en la Registraduría vía Carlos Ariel Sánchez. Tal vez por eso el gabinete de Monsalvo parece más el de una alcaldía de pueblo que el de una gobernación. Es mucho mejor  –sin ser extraordinario– el gabinete del Mello.

El tercer yerro inexplicable de Monsalvo II fue haber apartado a asesores claves de su primera administración. En especial a Luz Marina Gnecco Plá y a su hermano José Jorge Monsalvo. Luz Marina es una mujer inteligente, estudiosa y rigurosa en sus análisis. Además con el temple suficiente de prender alarmas y decirle a Luis Alberto los riesgos de tomar una determinada decisión. Como asesora de su primera administración, muchas veces evitó que el gobernador se metiera en líos. Ella –o alguien que cumpla este papel– le está haciendo mucha falta al gobernador. Hoy Luis Alberto está rodeado de asesores tipo ‘yes, sir’, incapaces de advertirle al mandatario los errores de una u otra decisión. Para la muestra un botón: ¿cómo se explica que un joven inexperto como Eduardo Campo Corrales sea hoy el secretario de gobierno del departamento, cuando en su hoja de vida solo figuran un par de contratos menores de asesoría conseguidos por su padre Eduardo Campo Soto, lobista profesional? ¿Cómo pudo Luis Alberto dejarle el manejo de la política del departamento a semejante despistado que probablemente confunde a Chiriguaná con Chimichagua?

De otra parte, el gobernador no tiene escuderos. Los secretarios no cumplen su función de ser fusibles para preservar y proteger la investidura del mandatario. En todos estos incendios (contratos de pandemia, crisis del hospital Rosario, matrícula cero en la UPC), Monsalvo Gnecco ha estado sólo, sin ningún funcionario que ponga el pecho por él. Ni Lucho Mendoza ha salido a capotear el temporal. Como estaría tan mal asesorado, que luego del allanamiento de los entes de control a la gobernación tuvo que salir Arturo Calderón a defender a la administración. Arturo, otrora, su más acérrimo crítico. Vivir para ver.

Finalmente, haber apartado a su hermano José Jorge fue un craso error. He interactuado con él en pocas ocasiones y en ellas me sorprendió su inteligencia, su agudeza y su sentido pragmático de la política. José Jorge es el verdadero cerebro de su familia tanto en la política como en los negocios. Tenía claro desde antes de la elección que la permanencia en el poder de su grupo político dependía de ampliar la alianza política de base. En otras palabras, compartir el poder vinculando a otras fuerzas excluidas para aumentar su legitimidad y su gobernabilidad.

En un símil del comercio, Luis Alberto era el producto a vender. José Jorge el hábil comerciante encargado de su mercadeo,  distribución, venta al por mayor, pago a proveedores, encargado de negociar descuentos en los insumos y la ubicación del producto en los mejores estantes del supermercado. Adicionalmente, José Jorge es respetado por los aliados políticos con los que resolvía el quehacer cotidiano. Él era el encargado de atender alcaldes, contratistas y socios políticos con los que definía los detalles de los acuerdos, que su hermano usualmente refrendaba sin mayores aspavientos.

La fórmula funcionó relativamente bien en la primera administración. En la de Franco, José Jorge tuvo un papel más protagónico como garante de que Franco respetara los acuerdos celebrados con su grupo político. No sé que pudo haber molestado a Luis Alberto para prescindir de su hermano. Ante su ausencia otros miembros del grupo quisieron ocupar su lugar y a la primera oportunidad (los contratos de pandemia) hicieron su agosto, tan burdamente que lo que antes era una operación quirúrgica de la mayor precisión, terminó convertida en un vulgar descuartizamiento de contratos.

4. Posibles escenarios 

Muchos se han alegrado del revés jurídico sufrido por el gobernador y, con base en ello, han vaticinado la caída del imperio. (En ese sentido ver videocolumna de Katya Ospino “La estocada final al clan Gnecco).

La alegría es comprensible. Un pueblo sometido siempre se alegrará cuando soplan vientos contrarios a su opresor y surgen luces de esperanza que vaticinan su final. No obstante, no podemos equivocarnos en el análisis. No creo que dicho revés sea el final. Es, en el mejor de los casos, el principio del fin, pero no el fin en sí mismo.

El régimen tiene aún muchas fortalezas: controla la mayor parte de la clase parlamentaria del departamento con dos senadores (Didier Lobo y José Alfredo Gnecco) y dos representantes (Eliécer Salazar y Chichí Quintero, que aún no se ha volteado). Esta clase parlamentaria, si se sabe mover, es moneda de trueque para pedirle recursos al gobierno nacional a cambio de votarle los proyectos de interés del gobierno en el congreso. Jugará un papel clave en el posible encargo de gobernador que se avecina.

Controla también varios institutos descentralizados (Aguas del Cesar, Idecesar, el CDT ganadero, el recién creado Instituto de Tránsito departamental, entre otros). Tienen fuertes alianzas con la gran mayoría de los alcaldes que aspiran a ser beneficiados con recursos de la gobernación.

Tienen, además, una gran caja propia (léase dinero en efectivo) capaz de comprar lealtades y asegurar apoyos dubitativos. Y que les será muy útil en una eventual elección atípica.

Ante la sentencia de primera instancia, acaban de llamar de emergencia al hermano apartado (José Jorge) para que les ayude a resolver los múltiples problemas que enfrentan en diferentes frentes.

Así las cosas, es claro que han recibido un duro golpe en un primer round, y aunque el monarca quedó groggy, aún no ha caído.

4.1  Desvinculación del cargo

Teniendo en cuenta que el pasado 16 de julio, tanto la Fiscalía como la Procuraduría pidieron la desvinculación del cargo de gobernador, creo que es lo más probable que esto ocurra, bien el próximo 27 de julio, día en que se conocerá la sentencia completa y el quantum de la pena a la que será condenado Luis Alberto en primera instancia, o bien meses más tarde, en la sentencia de segunda instancia, de ser confirmatoria.

Si miramos los antecedentes de otros gobernadores cuyos procesos han llegado a la Corte Suprema –Hernando Deluque (Guajira), José Luis González (Guajira), Hugo Aguilar (Santander), Kiko Gómez (Guajira), Edwin Besaile (Córdoba), Wilmer Gonzalez Brito (Guajira), entre otros–, en la mayoría de los casos el alto tribunal ha dispuesto la separación del cargo, porque ha ordenado su captura. La única excepción que conozco (puedo estar equivocado y haber otras) es la del gobernador de Córdoba Edwin Besaile, cuyo caso la Corte tramitó sin ordenar su captura ni la separación del cargo. No tuvo que hacerlo, se le adelantó la Procuraduría que destituyó al gobernador en el camino.

De hecho, muchas veces que un gobernador es procesado por la Corte Suprema, pareciera que los otros entes de control (Procuraduría y Contraloría) se llenaran de valor para procesarlo. Hay un efecto dominó que activa las otras instancias investigativas como en una especie de judicialismo biológico que actúa similarmente a cuando un animal está herido: sus depredadores naturales huelen la sangre, lo cercan y lo atacan. Si se salva de la herida del león, abajo está el tigre y/o la pantera esperándolo.

El derecho no es una ciencia exacta. Es una ciencia social con un amplio margen para el error y la interpretación. Sin embargo, el modelo anglosajón, amante de las estadísticas, establece la probabilidad de una decisión judicial con base en los antecedentes previos de casos similares. Así las cosas, es altamente probable que la segunda instancia de la Corte Suprema de Justicia confirme el fallo de primera instancia. Las probabilidades de un fallo absolutorio en segunda instancia en este caso son mínimas. La defensa de Monsalvo podrá dilatar el proceso para ganar tiempo y margen de maniobra, pero salvo que vuelva a haber otro holocausto en el palacio de Justicia (Dios no lo permita), no observo cómo podrá evitar la confirmación del fallo.

En este escenario, ante la desvinculación del gobernador del cargo, viene la figura del encargo.

2.2  Encargo: evitar la Patria boba

La historia está repleta de ejemplos de peleas intestinas entre distintas facciones cuando hay vacíos de poder. El caso más ilustrativo en Colombia es la llamada patria boba: una vez se declaró la independencia del gobierno español (1810), los criollos se trenzaron en disputas internas que debilitó a las fuerzas independentistas y permitieron la reconquista española a manos del sanguinario Pablo Morillo, hasta que, por fin, se liberó al país del dominio español (1819). Pero fueron diez años de agonía, incertidumbre y zozobra, y de mucha sangre derramada.

Este error no lo puede cometer la dirigencia cesarense. Desde ya debe empezarse a construirse una gran alianza, una gran concertación que involucre a sectores tradicionalmente excluidos del poder: indígenas de las dos sierras (Nevada y Perijá), comunidades negras, estudiantes, docentes, sindicatos, funcionarios de la rama judicial, movimientos de izquierda (Polo, Verde, MOIR, etc.). Y, por supuesto, a las FARC. Desde que firmaron la paz y depusieron las armas, son un actor político legítimo que tiene asiento en El Cesar y debe ser tenido en cuenta en este gran acuerdo. Ignorarlas y/o excluirlas será un yerro que nos puede salir caro más tarde. En ese gran acuerdo deben tener cabida todos los sectores políticos -incluidos los Gnecco, siempre y cuando respeten unas nuevas reglas de juego.

No podemos como departamento cometer el error de cambiar a unos opresores (Gnecco) por otros (Araújo, Cuello, Castro, Quintero, Campo, u otro apellido tradicional o no). El Cesar no puede seguirse manejando con una visión semifeudal en donde existen unos clanes o familia que se reparten el poder como parcelas. Al Cesar hay que modernizarlo cambiando la manera del ejercicio del poder.

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Ya empiezan a sonar varios nombre como posibles gobernadores encargados: el viceministro Daniel Palacios Martínez (ex concejal de Bogotá, politólogo, con maestría), Camilo Quiroz (asesor del ministerio de Vivienda), Alfonso Campo Martínez (ex personero de Valledupar y actual director de la Unidad Nacional de Protección). Todos nombres respetables, preparados, oriundos de esta tierra y vinculados al gobierno nacional.

Sin embargo, considero que para el momento crucial que vivimos se requiere un nombre que le brinde garantías no tanto al gobierno nacional sino al pueblo cesarense. No necesitamos un subalterno del gobierno nacional, sino un gobernador que se deba al Cesar, conozca sus problemas y tenga la serenidad para garantizar una transición de poder lo menos traumática posible hasta que hayan nuevas elecciones. Me atrevo a soltar varios nombres para esa tarea pensando en estas calidades: Carlos Morón Cuello, rector de la UDES, hombre probo y de carácter. Juan Carlos Quintero Castro, ex gobernador encargado, director de El Pilón y con gran sentido democrático. ¿Por qué no repetir a Guille Castro Daza, quien ya demostró haber sido un buen gobernador encargado? Seguramente hay otros nombres valiosos pero no quiere extenderme más en este ya larguísimo artículo.

​​​​​​​4.3  Elecciones atípicas

Habiendo separación definitiva del cargo, el siguiente paso es la convocatoria a elecciones atípicas por haber ocurrido la separación antes de que transcurriera la mitad del mandato.

¿Quiénes serían los candidatos? Debe reconocerse que en la fila india está en primer lugar la actual diputada Claudia Margarita Zuleta Daza, quien en las pasadas elecciones obtuvo casi cien mil votos. En segundo lugar, estaría Kaleb Villalobos, quien obtuvo 50.000 votos. Pero podría surgir una tercería.

Claudia es una mujer combativa. Tiene discurso, carácter y conocimiento. Debe despejar desde ya las dudas jurídicas sobre si está o no inhabilitada para aspirar a una elección atípica, porque -insisto- enseña la hípica que no es bueno llevar caballos cojos a la carrera principal.

Kaleb es un gran ser humano. Hábil estratega y conciliador que demostró que la inteligencia (bien usada) vence al dinero, ya que le ha ganado no una, ni dos, sino tres veces la elección de director de Corpocesar a los Gnecco (su reelección, la de Julio Suárez y la reciente de Yolanda Martínez). Para una eventual campaña debería atezar el discurso y transmitir más emociones. Y no importar costosos asesores externos que no conocen ni nuestra idiosincrasia ni nuestra costumbres políticas.

Aunque en política, uno más uno no es necesariamente dos, no puede perderse de vista que sumadas las fuerzas de Claudia y Kaleb escasamente llegan a los 150.000 votos. Luis Alberto -repito- obtuvo 270.000 votos. Es decir que harían falta cien mil votos para evitar que la casa Gnecco mantenga el poder.

Es cierto que están debilitados, pero no vencidos. Puede pasar que aún con Luis Alberto condenado ganen las elecciones. Repito: la historia está llena de giros inesperados y la sagacidad de esa casa política podría llevarlos hasta terminar haciendo un pacto con el candidato que, en apariencia, se presente como anti-régimen (¿un caballo de Troya?)

Por ello, debe evitarse incurrir en el error de dividir las fuerzas anti-establecimiento. Si repetimos el sainete de llevar varios candidatos frente a uno solo de los Gnecco, le estaremos facilitando el camino para que vuelvan a ganar. Hay que unir las fuerzas en torno a un único candidato para enfrentarlo al de ellos. Y ampliar las fundamentos sobre las bases de la coalición. ¿El poder para qué?, preguntaba el maestro Darío Echandía, lo que me lleva al último punto.

Otro pacto social por el Cesar

He adelantado a lo largo de este extenso escrito varios puntos de lo que, en mi opinión, debe contener un nuevo pacto social por el Cesar. Con la advertencia de que este escrito no es más que un simple borrador de un proyecto en construcción, susceptible de ser mejorado, enriquecido y corregido por otros actores, creo que, gane quien gane, o incluso, si los Gnecco se mantienen en el poder, el departamento debe procurar establecer otro modelo de ejercicio de la política que contenga, como mínimo, los siguientes elementos:

  • La Constitución es nuestro contrato social mayor, pero el Cesar puede construir uno propio, que dentro del marco constitucional, incluya la priorización de los recursos públicos hacia la atención de las necesidades básicas insatisfechas, particularmente en educación, salud, e infraestructura vital (agua potable, saneamiento básico). Más inversión social y menos cemento dicen ahora. De acuerdo, con esta salvedad: cemento sí en infraestructura vital y menos en obras no prioritarias.
  • Mayor inclusión política: un nuevo gobierno debería reflejar en la composición del gabinete y de los altos cargos del nivel ejecutivo departamental la realidad política del departamento. Es decir, más cargos para los habitantes del sur y centro del departamento, mayor equidad de género, y por lo menos un cargo para cada minoría (indígenas y comunidades negras). Pero no sólo cargos, también políticas públicas orientadas a saldar las deudas históricas con dichas comunidades.
  • Reorientación de la actividad económica del Cesar: la industria del carbón no pasa por su mejor momento. Prodeco amenaza con irse del departamento. Llegó el momento inaplazable de empezar a hacer la transición hacia otras actividades económicas (turismo, agroindustria, servicios, u otras) que compensen en parte la pérdida de dinamismo de la minería. En cuanto a la reactivación del campo puede empezar a promover alianzas para que los supermercados asentados en el departamento (Olímpica, Éxito, Metro, Jumbo, Mi Futuro) adquieran sus productos con proveedores locales para establecer cadenas productivas. Gran parte de la canasta alimentaria que consume el Cesar es “importada” de otros departamentos cuando bien podría ser producida aquí.
  • Política especial para la juventud: debemos parar las altas tasas de embarazos en adolescentes. Estudios demuestran que las mujeres que quedan en embarazo antes de cumplir la mayoría de edad tienen menos probabilidad de terminar sus estudios y de romper el círculo de pobreza. Esto se logra con una adecuada educación sexual y con oportunidades para los jóvenes. Hay que crear a nivel local políticas de primer empleo con beneficios tributarios para las empresas que los implementen.
  • Recursos sagrados: Todos los recursos públicos son sagrados, pero como dirían los franceses hay unos más sagrados que otros:  los recursos del PAE ni los de la Salud se tocan. Las licitaciones del PAE deberían privilegiar el empleo de mano de obra local y la adquisición de proveedores locales de alimentos (leches, cárnicos, frutas).
  • Internacionalización del aeropuerto: El Cesar es un departamento semiaislado. No tenemos salida propia al mar y la navegabilidad de sus ríos es limitada. Hay que promover que el aeropuerto de Valledupar opere como puerto internacional, más que para personas, para el transporte de carga. Para ello se requiere ampliar la pista y las instalaciones del aeropuerto. La idea es establecer una zona franca industrial y establecer un nodo portuario que descongestione aeropuertos con alto tráfico como Cartagena y Barranquilla.
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