Medios nacionales como caracol Radio y el periódico El Espectador revelaron hoy que la Contraloría General de la República y la Fiscalía General de la Nación firmaron cuatro contratos, por cerca de $1.300 millones de pesos, con la compañía Bon Sante para adquirir adquirir elementos de bioseguridad en el marco de la pandemia del coronavirus.
En el caso de la Fiscalía adquirió cerca de 290.000 tapabocas y alcohol y en el caso de la Contraloría no es claro qué fue lo que se adquirió.
Caracol Radio reveló que Fiscalía y Contraloría firmaron de manera directa los contratos con la empresa Bon Santé que vende productos de belleza y complementos nutricionales por cerca de $1.300 millones de pesos. Esta compañía se constituyó en 2018 y el representante es Andrés Hernando Torres Toro. La emisora radial constató que la dirección que aparece en los documentos de la empresa “solo hay talleres de reparación de motocicletas”.
Lo llamativo y sorprendente del caso es que justo estos dos organismos de judicialización vigilancia, en coordinación con la Procuraduría General de la Nación, han hecho un seguimiento con bastante despliegue mediático de las investigaciones e imputaciones que han hecho a mandatarios regionales y locales que terminaron con procesos penales, disciplinarios y fiscales por la forma en cómo contrataron alimentos y elementos de bioseguridad (aparentemente de manera irregular) para combatir la crisis sanitaria; es decir este par de entidades de control estarían cometiendo las mismas irregularidades por las que ellos han venido cuestionando a alcaldes y gobernadores.
Según revelaron los medios nacionales la empresa Bon Santé le vendió a la Fiscalía, a través de varios contratos un total de 290.000 tapabocas. El primero de ellos fue el 17 de marzo de 2017 por un valor de $121 millones de pesos; el segundo fue por $415 millones de pesos y el tercero, de mayo pasado, por $87 millones de pesos.
Según la página de Bon Santé es “una marca basada en el bienestar, la salud y la belleza. Usamos la innovación y tecnología para brindar una experiencia y mentalidad orientada a la buena salud de nuestros consumidores”.
El documento revelado por Caracol Radio da cuenta que el primer contrato, el del 17 de marzo, fue firmado por Marcela Yepes quien acaba de renunciar a la Fiscalía. Fuentes cercanas a Yepes aseguran que su renuncia no tuvo nada que ver con el polémico viaje a San Andrés durante el último puente de junio, que puso en la mira los viajes del fiscal Barbosa y la cercanía entre su familia y la del contralor. Al parecer, la exdirectora aceptó una propuesta laboral en el sector privado y el pasado 15 de julio le presentó su renuncia irrevocable al fiscal general.
En el contrato de la Contraloría, que fue por $722 millones de pesos, se lee que “Se obtuvo cotización por parte de la firma comparando los precios establecidos por Colombia Compra Eficiente en su catálogo. Con respecto a la cotización allegada esta última sigue siendo la propuesta más favorable, adicional, ofrece la totalidad de elementos para suplir la necesidad y su disponibilidad es inmediata”.
Aunque el convenio no hace precisión sobre qué era lo que se iba comprar, el documento también señala que se requiere urgentemente la adquisición de bienes y servicios para el nivel central y para las 31 gerencias departamentales de la Contraloría. “Entre ellos, elementos de Bioseguridad para el personal de la entidad, con el fin de prevenir, contener y mitigar los efectos de la Pandemia del coronavirus Covid-19 al interior de la institución”.
