Lo primero por decir de la convocatoria de subasta pública abreviada que ha abierto la Alcaldía de Uribia para adelantar este contrato, cuyo período de ejecución es de escasos 2 meses, es que falta a la verdad en su justificación, pues la población beneficiaria real de este proyecto no son los 44.300 indígenas que según el censo habitan en este municipio de La Guajira, sino muchos menos.
La convocatoria, para la cual se recibirán propuesta hasta el 22 de octubre del 2021, contempla como población afectada a la totalidad de la población aborigen en Uribia, incluso a recién nacidos; cuando en realidad los insumos a entregar en las jornadas de capacitación no superan los 5.500.
De los $6.993,6 millones de pesos por contratar, solo $1.136,4 millones de pesos se destinarán al componente de suministros y $63.957.800 para el de capacitación y logística. el resto del presupuesto estimado, es decir unos $5.800 millones, no se especifica en qué serán invertidos.
El pliego de condiciones tampoco especifica ni discrimina las comunidades a las cuales se llegará con las actividades del contrato a suscribir cuyo objeto es: «SERVICIOS Y SUMINISTRO DE MATERIALES E INSUMOS PARA EL APOYO A LAS ACTIVIDADES DEL SECTOR CULTURA SGP DEL RESGUARDO INDÍGENA DE LA ALTA Y MEDIA GUAJIRA DEL MUNICIPIO DE URIBIA».
Entre sus objetivos específicos se detalla el fortalecimiento cultural de las comunidades indígenas de esta región del país a través de la capacitación de técnicas de tejidos tradicionales, así como buscar el bienestar económico y generar fuentes sostenibles de empleo e ingresos que motiven a las jóvenes artesanas a preservar su cultura y saberes ancestrales.
Sin embargo, en ninguno de los prepliegos, pliegos o anexos técnicos relacionados en la plataforma del Secop de esta convocatoria, solo se menciona una capacitación sobre mercadeo o algún tipo de aprendizaje relacionado con economía o ventas o áreas similares.
En cambio, sí se espera invertir dinero en la elaboración de al menos 7 mil folletos a color sobre técnicas de tejidos. Es decir, el gobierno de Uribia, donde la mayoría de su población es indígena, donde la escasez de agua es uno de sus grandes problemas, donde mueren niños por desnutrición, donde habita una comunidad especialmente protegida, su Secretaría de Asuntos Indígenas, se dará el lujo de gastar casi 7 mil millones de pesos correspondientes al Sistema General de Participación, en actividades que, de acuerdo a lo que se lee en los pliegos de condiciones y anexos técnicos, podrían terminar fácilmente en los bolsillos de los corruptos de siempre
Este municipio de La Guajira, el segundo departamento más pobre del país, tiene unos 8.200 km². La atención en salud es deficiente, las vías son regulares, la cobertura celular es pobre y la señal de televisión nacional no llega.
En el pliego de condiciones no se detalla cuáles serán exactamente los beneficiarios del programa, ni las comunidades. Tampoco se discrimina el tipo de capacitaciones que supuestamente recibirán las beneficiarias, ni qué insumos en concreto se les entregarán, ni qué elementos son los que se entregarán en los «Kits de apoyo logístico para la formación de Artesanos y Artesanas», conforme se describe en el anexo técnico.
Sin embargo, no es de extrañar que se abran este tipo de ‘folclóricas y ligeras’ convocatorias, sabiendo en manos de quién están los destinos de esta población guajira.
Su actual alcalde, Bonifacio Henríquez, tiene un historial de transfuguismo político y de acusaciones de corrupción. Inició su vida pública en 2008 como enlace indígena con el programa Familias en Acción.
De allí se impulsó para ser elegido representante único del resguardo, en 2010, donde manejó recursos por $24.000 millones de pesos.
Su meta desde entonces fue llegar a la alcaldía y creyó no estar solo en ese propósito. Como parte del movimiento de la exalcaldesa Cielo Redondo —procesada por la justicia por actos de corrupción y cuyo clan gobernó al municipio 20 años—, Henríquez hizo fila para aspirar en 2015. Ella no lo postuló y la relación se rompió.
Bonifacio se lanzó solo al Concejo y se convirtió en su más férreo opositor. Desde ese cargo, según denuncias, tuvo influjo sobre las transferencias del PAE y la educación. Lo cierto es que amasó suficiente capital y poder para hacerse con los apoyos necesarios para llegar al palacio municipal.
En el 2018, puso ya su propio andamiaje al servicio de los representantes Alfredo Deluque (La U) y María Cristina Soto (conservadora). En las elecciones de 2019, con los avales de La U y el conservadurismo, Bonifacio se impuso. Al asumir se mostró como la cara de la renovación política, pero tres meses después ya respondía ante los entes de control por aparentes sobrecostos en kits de alimentos y aseo entregados por la pandemia.
Así fue también con un contrato supuestamente irregular por $11.000 millones de pesos para optimizar las redes de acueducto, que decidió liquidar a las volandas, tras una severa advertencia del procurador general Fernando Carrillo.
Herníquez además se ha visto envuelto en una disputa por el manejo del del hospital Perpetuo Socorro de Uribia. El mandatario buscó remover a como diera lugar a la gerente Melba Cortés, que lo entuteló. Un juez le halló la razón a la funcionaria, pero la orden ni el incidente de desacato fallado a favor se cumplieron. Entretanto, la gestión del hospital está paralizada y sus cuentas congeladas.
En resumen, parece ser que a Bonifacio Henríquez, lo que menos le importa es el mejor vivir de sus paisanos, en cambio sí que ha aprendido a aprovechar su origen indígena para abrirse campo en la política, y por ahí derecho, en movidas corruptas.
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